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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO LABORAL DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO SÓLO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE EL LAUDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2010. · Registro digital (IUS): 22513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, , Pág. 197.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema de la contradicción de tesis corresponde a la materia de trabajo en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, quienes sustentaron varios de los criterios que se denuncian como opositores.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo AD. 131/2010, promovido por **********, en la parte que interesa, consideró:

"SEXTO. Suplido en su deficiencia, en términos de la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, y conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’(1), resulta fundado el primer concepto de violación en el que el quejoso aduce que la responsable transgredió en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal al no haber observado lo dispuesto por los artículos 84 y 87 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; en razón a que no cumplió con su obligación de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia, lo cual correspondía a la responsable, dado que el trabajador actor no estaba obligado a solicitarlo.

"En efecto, quienes ahora resuelven estiman que la resolución reclamada transgrede la garantía de debido proceso, prevista en el artículo 14 de la Norma Suprema, pues aquélla se dictó en contravención a las disposiciones que regulan el procedimiento laboral, previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.

"En efecto, de lo dispuesto en el artículo 97, primer párrafo, de la ley burocrática local, se infiere que, la caducidad de la instancia en el procedimiento laboral opera por la falta de promoción de la parte actora por un lapso de tres meses; empero, además de la ausencia de esa actividad, la disposición normativa referida exige que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento.

"Esto es, la caducidad de la instancia será procedente si la continuación del procedimiento depende de promoción que deba realizar la parte actora y no lo hace en un periodo de tres meses; lo que resulta lógico, pues su actuación impulsa la prosecución del procedimiento.

"En la especie, si bien es cierto el trabajador (actor), ahora quejoso, dejó de promover por un término mayor de tres meses, como lo sostuvo la responsable, también es verdad que la continuación del procedimiento laboral no estaba condicionada a la promoción del operario.

"Lo anterior se puede advertir de las constancias del expediente laboral de marras, del índice de la responsable, de las cuales se destacan las que a continuación se reseñan:

"Acuerdo de admisión de demanda, de once de julio de dos mil ocho, en el que se ordenó emplazar a la parte demandada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación.

"Contestación de la demanda, misma que se acordó favorable mediante proveído de veintidós de julio de dos mil ocho; y, se ordenó dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte reo.

"Audiencia de conciliación de trece de octubre del año en cita, en la cual se hizo constar la comparecencia de la parte actora e incomparecencia de la demandada, por lo que se determinó la imposibilidad de conciliación; y, se ordenó remitir los autos del juicio laboral a la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal responsable para la continuación del procedimiento de arbitraje, en términos del artículo 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.

"Acuerdo de veinte de noviembre de dos mil ocho, mediante el cual el secretario de Acuerdos de la Primera Sala tiene a la demandada inconforme con todo arreglo; y, se ordenó dar trámite al incidente de falta de personalidad de los apoderados legales de la demandada.

"Proveído de ocho de enero de dos mil nueve, por el cual se desechó el incidente referido, al considerarse notoriamente improcedente por extemporáneo; y

"Auto de ocho de diciembre de dos mil nueve, en el cual se decretó la caducidad de la instancia, actuación que constituye ahora el acto reclamado.

"Conforme a lo reseñado se obtiene, entre otras cosas, que el trece de octubre de dos mil ocho, en la audiencia de conciliación, el secretario conciliador acordó la devolución del expediente laboral a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de ese tribunal, para los efectos legales correspondientes, conforme al artículo 84 de la legislación burocrática de la entidad.

"Derivado de lo anterior, mediante proveído de veinte de noviembre de dos mil ocho, la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala de ese tribunal, hace efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia de conciliación y tiene a la demandada inconforme con todo arreglo.

"Empero, después de esa actuación no obra diversa en la cual se hubiera continuado con la etapa de arbitraje correspondiente, tal y como lo establece el citado numeral 84.

"De tal manera que en el caso, la continuación del procedimiento no se encontraba sujeta a que la actora realizara alguna promoción, pues de la interpretación conjunta y sistemática de los ordinales 84, segundo párrafo, y 87 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se infiere que, concluida la diligencia de conciliación sin que las partes hubieran llegado a un arreglo, el secretario conciliador remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos para que proceda con el arbitraje correspondiente; por lo tanto, la Secretaría de Acuerdos al recibir el expediente, en los casos en que la demanda ya ha sido contestada, como aconteció en la especie, necesariamente tiene que proceder a señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; lo cual no hizo.

"Por ende, la continuación del procedimiento no dependía de la promoción de la parte actora, sino que por disposición expresa del artículo 87 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, era la autoridad responsable quien tenía la ineludible obligación de señalar día y hora para que se llevara a cabo la audiencia referida.

"De ahí que si transcurrió término mayor a tres meses, sin que la parte actora hubiera hecho promoción alguna, tal inactividad procesal no conduce a la caducidad de la instancia, como lo apreció la responsable, pues no se requería de la promoción de la operaria para continuar con el procedimiento, merced a que era el tribunal responsable el que debía proveer al respecto.

"Por tanto, se estima que la caducidad de la instancia decretada por la autoridad responsable en la resolución reclamada es transgresora de derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa.

"En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, reponga el procedimiento y señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de ley prevista por el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, y en su oportunidad, continúe con el proceso respectivo conforme a derecho.

"Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver los amparos directos 550/2009 y 834/2009, en sesiones de dieciocho de septiembre y diecinueve de noviembre de dos mil nueve, respectivamente.

"En las relatadas circunstancias, siendo fundado el concepto de violación analizado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, resulta inoficioso ocuparse del análisis de los restantes conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, de rubro y texto.

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’" (la transcribe)

El propio órgano colegiado, esto es, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver el AD. 336/2010, promovido por ********** también sostuvo idénticas consideraciones que en el asunto anterior, sólo que con base en un supuesto fáctico distinto, por tal razón, se considera pertinente la transcripción de esta ejecutoria:

"QUINTO. ... Suplido en su deficiencia, en términos de la fracción IV, del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo y conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’(2), resulta fundado el concepto de violación antes sintetizado.

"En efecto, quienes ahora resuelven estiman que la resolución reclamada transgrede la garantía de debido proceso, prevista en el artículo 14 de la Norma Suprema, pues aquélla se dictó en contravención a las disposiciones que regulan el procedimiento laboral, previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.

"De lo dispuesto en el artículo 97, primer párrafo, de la ley burocrática local, se infiere que la caducidad de la instancia en el procedimiento laboral opera por la falta de promoción de la parte actora por un lapso de tres meses; empero, además de la ausencia de esa actividad, la disposición normativa referida exige que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento.

"Esto es, la caducidad de la instancia será procedente si la continuación del procedimiento depende de promoción que deba realizar la parte actora y no lo hace en un periodo de tres meses; lo que resulta lógico, pues su actuación impulsa la prosecución del procedimiento.

"En la especie, si bien es cierto el trabajador (actor) ahora quejoso, dejó de promover por un término mayor de tres meses, como lo sostuvo la responsable, también es verdad que la continuación del procedimiento laboral no estaba condicionada a la promoción del operario.

"Lo anterior se puede advertir de las constancias del expediente laboral de origen, del índice de la responsable, donde se destacan las que a continuación se reseñan:

"A) Acuerdo de admisión de demanda de veintiocho de abril de dos mil ocho, en el que se ordenó emplazar a la parte demandada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación;

"B) Audiencia de conciliación de dieciocho de junio del año en cita; en la cual se hizo constar la inasistencia de la parte actora y titular demandado, por lo que se determinó la imposibilidad de conciliación; y, se ordenó remitir los autos del juicio laboral a la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal responsable para la continuación del procedimiento de arbitraje, en términos del artículo 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas;

"C) Contestación de la demanda, misma que se acordó favorable mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil ocho; en el cual se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución.

"D) Audiencia de pruebas, alegatos y resolución de tres de octubre de dos mil ocho, en la que se hizo constar la incomparecencia del actor y su apoderado legal; y la asistencia del demandado. Así también se acordó sobre la admisión de las pruebas ofertadas por las partes y se procedió a su desahogo; y finalmente se pasó a la fase de alegatos.

"E) Proveído de cuatro de noviembre de dos mil ocho, en el que se tuvo por recibido el oficio mediante el cual rindió informe el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, y se dio vista a la parte demandada Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas.

"F) En proveído de once de noviembre de dos mil ocho, se recibió el escrito del presidente municipal de Ayuntamiento demandado, mediante el cual dio contestación al pliego de posiciones formulados por el actor, y como consecuencia se tuvo por desahogada la prueba confesional.

"G) En auto de tres de febrero de dos mil nueve, se acordó la promoción presentada por la parte actora, a quien se le dijo que por el momento no era procedente dictar el laudo respectivo, por no ser el estado procesal oportuno.

"H) En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, se ordenó regularizar el procedimiento, a efecto de notificar a la demandada el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil ocho.

"I) Acuerdo de catorce de octubre de dos mil nueve, mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de la parte demandada, y se declaró desierta la prueba documental ofrecida en el punto IV del capítulo de pruebas del escrito de contestación de demanda.

"J) Proveído de cinco de febrero de dos mil nueve, en el que se decretó la caducidad de la instancia; actuación que constituye ahora el acto reclamado.

"Conforme a lo reseñado se obtiene, entre otras cosas, que el tres de octubre de dos mil ocho, se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en la que se ordenó el desahogo de pruebas fuera del local del tribunal, y se solicitó informes al titular del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

"Empero, después de haberse desahogado esas pruebas no se dictó la resolución correspondiente, tal y como lo establece el citado numeral 84.

"De tal manera que en el caso, la continuación del procedimiento (dictado del laudo), no se encontraba sujeta a que el actor realizara alguna promoción, pues de la interpretación del ordinal 84, primer párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas se infiere que, concluida la audiencia de pruebas, alegatos, o bien, desahogada las pruebas ordenadas, se emitirá la resolución que corresponda, sin que en el caso se hubiese emitido el laudo correspondiente.

"Por ende, la continuación del procedimiento no dependía de la promoción de la parte actora, sino que por disposición expresa del artículo 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, era la autoridad responsable quien tenía la ineludible obligación de emitir el laudo que en derecho procediera.

"De ahí que si transcurrió término mayor a tres meses sin que la parte actora hubiera hecho promoción alguna, tal inactividad procesal no conduce a la caducidad de la instancia como lo apreció la responsable, pues no se requería de la promoción del operario para continuar con el procedimiento, merced a que era el tribunal responsable el que debía resolver el asunto sometido a su potestad.

"Por tanto, se estima que la caducidad de la instancia decretada por la autoridad responsable en la resolución reclamada, es transgresora de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso.

"En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, y proceda a dictar el laudo que en derecho corresponda.

"Similares criterios sostuvo este tribunal, al resolver los amparos directos 550/2009, 834/2009, 860/2009, 118/2009, 131/2010, 169/2010 y 193/2010 en sesiones de dieciocho de septiembre, once y diecinueve de noviembre, diez de diciembre de dos mil nueve, diecinueve de marzo, nueve y dieciséis de abril de dos mil diez.

"Finalmente, cabe destacar que por las razones asentadas, este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito ..."

Como se observa de la parte final de la reproducción anterior, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver el AD. 336/2010, citó por error, entre otros precedentes el AD. 118/2009, promovido por **********, donde se reclamó una sentencia dictada en un juicio de nulidad emitido por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa; sin embargo, dado que se trata de un asunto fiscal las consideraciones de este último juicio de garantías son ajenas al tema que es materia de la denuncia de la presente contradicción de tesis, por tal razón, se considera innecesario realizar la transcripción de la referida ejecutoria, dado que el señalamiento del acto reclamado y la autoridad responsable son elementos bastantes para deducir que la materia de estudio fue diversa a la laboral.

Finalmente, el mencionado Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostuvo similares consideraciones que las expuestas en el AD. 336/2010, y con un marco fáctico idéntico al resolver los diversos amparos directos identificados con los números AD. 550/2009, 834/2009, 860/2009, 169/2010 y 193/2010, de ahí que se considere innecesaria la transcripción de las consideraciones de estos cinco precedentes.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver el juicio de amparo directo laboral ADL. 74/2010, donde figuró como quejosa **********, en sesión de quince de abril de dos mil diez, en lo que interesa a la presente contradicción sostuvo:

"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados.

"Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar los antecedentes del mismo, que se pueden resumir de la siguiente manera:

"Por escrito de tres de marzo de dos mil ocho, ... por conducto de sus apoderados ... demandaron del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, el pago de las siguientes prestaciones: la reinstalación al puesto que la trabajadora desempeñaba para el demandado, ... (fojas 3 a 7 del expediente laboral).

"El nueve de mayo siguiente, el tribunal del trabajo burocrático del Poder Judicial del Estado admitió la demanda y ordenó correr traslado a la parte demandada (foja 11).

"El ocho de septiembre del año en cita, se llevó a cabo el emplazamiento respectivo, mediante despacho 517/2a. S/2008, mismo que desahogó el actuario del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas (fojas 27 a 38).

"Mediante escrito de veinticinco del mes y año en cita, el Ayuntamiento enjuiciado contestó la demanda; por tanto, en proveído de catorce de octubre siguiente, la autoridad responsable la tuvo por contestada en tiempo y forma, asimismo, señaló las diez horas del nueve de abril de dos mil nueve, para efectos de llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución (fojas 39 y 40).

"En proveído de once de diciembre de dos mil ocho, la autoridad responsable indicó que la fecha aludida en último término en el párrafo que antecede, era inhábil, según ‘el calendario regional’, por lo que, para no dejar en estado de indefensión a los contendientes, señaló las diez horas con treinta minutos del dieciséis de abril posterior, para que se llevara a cabo al referida audiencia (foja 48).

"En la fecha y hora señalada precedentemente, con la asistencia de la actora, su apoderado legal y el síndico de la demandada, se llevó a cabo la multirreferida audiencia (fojas 77 a 79). Posteriormente, mediante escrito de treinta de septiembre de dos mil nueve, el apoderado legal de la aquí quejosa solicitó a la autoridad responsable que turnara los autos al Magistrado ponente para el dictado del laudo, en términos de los artículos 84 y 95, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas (foja 81).

"Así las cosas, el siete de octubre siguiente, la potestad de instancia sostuvo que el procedimiento quedó paralizado durante el lapso de cinco meses, nueve días, por falta de impulso procesal de la parte actora, lo cual excedía del plazo de tres meses que instaura el numeral 97 del cuerpo normativo en comento, por ende, de oficio decretó la caducidad del juicio laboral 419/E/2008, lo cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.

"Pues bien, contrario a lo sustentado por la quejosa, en el procedimiento de origen se cumplió con la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues del análisis que se realiza al expediente 419/E/2008, del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se advierte que la autoridad responsable se apegó a las formalidades establecidas en los numerales 83 a 106 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, pues otorgó a la gobernada la posibilidad de plantear las pretensiones que expuso en su escrito de demanda, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que la parte actora fincó su acción, de formular las alegaciones que estimó pertinentes y el dictado de una resolución que aun cuando no dirimió la cuestión debatida, puso fin al juicio, misma que fue acorde con las normas sustantivas que rigen al acto reclamado; luego, es patente que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento.

"Lo anterior de conformidad con los lineamientos de la jurisprudencia 218, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 260, cuyo rubro y texto dicen:

"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (la transcribe).

"Tampoco asiste razón a la solicitante de la protección federal, al aducir que se vulneró el ordinal 16 de la Carta Magna, toda vez que de la lectura a la parte considerativa de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable citó el precepto legal que consideró aplicable al caso concreto, como es el normativo 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; asimismo, expuso los razonamientos lógico-jurídicos en los que se apoyó para decretar la caducidad en el juicio por inactividad procesal; por tanto, resulta evidente que satisfizo los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el dígito 16 constitucional.

"Es acorde con esta situación, la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 166, cuyo epígrafe y texto rezan:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (la transcribe).

"En otro de sus motivos de queja, la solicitante de la protección constitucional afirma que el referido artículo 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, ‘es muy claro y contundente’ en su contenido; asimismo, el artículo 87 del cuerpo normativo en comento, señala que el tribunal, tan pronto como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, señalará fecha y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, es decir, la referida audiencia está compuesta de tres etapas, con base en lo cual, la autoridad responsable celebró la audiencia de que se trata el dieciséis de abril de dos mil nueve, en la que se desahogaron todas las pruebas que las partes contendientes ofrecieron, acto continuo, se procedió a la segunda etapa, relativa a los alegatos, en la cual, la hoy quejosa formuló los suyos y el demandado se abstuvo de hacerlo por así convenir a sus intereses.

"Agrega que por lo anterior, la Sala del conocimiento, al terminar la segunda etapa, esto es, la de ‘alegatos’, debió inmediatamente, pasar a la tercera fase, consistente en ‘la resolución’, es decir, turnar los autos al ponente para la formulación del laudo respectivo, pues no existía prueba alguna pendiente por desahogar, ello con base en lo dispuesto por el ordinal 95 de la ley de la materia y fuero.

"Añade que tal como lo indica la parte final del multicitado artículo 97, y como se desprende del expediente 419/E/2008, la inactividad procesal a que alude la responsable, no obedece a que se encuentre pendiente el desahogo de alguna diligencia, recibo de informes o copias que se hayan solicitado, pues el acto procesal que estaba pendiente, consistente en el dictado del laudo, era imputable a la potestad de instancia; es por ello, que solicita que se deje insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar se dicte otro proveído en el que se turnen los autos del juicio de origen al Magistrado ponente para que proceda a dictar el laudo correspondiente.

"Son infundados los resumidos conceptos de violación, los cuales serán analizados en su conjunto por la estrecha vinculación que guardan entre sí.

"En efecto, los artículos 87, 95 y 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, a que alude la disconforme son del tenor siguiente:

"‘Artículo 87. El tribunal, tan pronto como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, señalará fecha y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución.’

"‘Artículo 95. Antes de pronunciarse el laudo, los Magistrados representantes podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso el tribunal acordara la práctica de las diligencias necesarias.

"‘El tribunal deberá emitir el laudo o resolución en un plazo que no podrá exceder de 180 días contados a partir del momento en que se celebre la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista en el artículo 84 de esta ley.’

"‘Artículo 97. Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna, en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido ese término, declarará la caducidad.

"‘No opera la caducidad, aun cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, o por estar pendientes de recibirse informes, o copias certificadas que hayan sido solicitadas.’

"Con base en la transcripción que antecede, se evidencia que si bien es cierto, la audiencia que celebra la autoridad responsable se denomina de ‘pruebas, alegatos y resolución’, contrario a lo que afirma la quejosa, ello no significa que la citada en último término, deba pronunciarse en aquélla, pues el invocado numeral 95, párrafo segundo, del cuerpo normativo en comento, estatuye que el tribunal deberá emitir el laudo o resolución en un plazo que no podrá exceder de ciento ochenta días contados a partir del momento en que se celebre la multirreferida audiencia, lo cual demuestra que la potestad de instancia tiene aproximadamente seis meses, para el dictado de su veredicto.

"Ello es así, pues la circunstancia a que se refiere la disconforme consistente en que no existía ninguna prueba por desahogar y que la etapa de alegatos ya se había desahogado, no impedía que la responsable declarara de oficio la caducidad de la instancia, pues el segundo párrafo del numeral 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, inserto en líneas que anteceden, prevé que no opera tal figura jurídica, aun cuando transcurra el plazo legal estipulado, solamente por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o por estar pendiente de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas.

"En relación con lo anterior, se aprecia que la falta de pronunciamiento del fallo respectivo, no impedía que se decretara la caducidad aludida, pues no se trata de ninguno de los casos de excepción que establece la norma aplicable al caso concreto, y en todo caso, estaba en la quejosa la posibilidad de solicitar oportunamente que se turnaran los autos al magistrado relator para la formulación del laudo correspondiente.

"No obsta para resolver en el sentido en que se hace, lo que se advierte de la foja 81, del expediente laboral de origen, consistente en que mediante escrito presentado por la parte actora el treinta de septiembre de dos mil nueve, hubiese solicitado que se llevara a cabo lo expuesto en la parte final del párrafo que antecede, esto es, el dictado del fallo respectivo, pues la misma se presentó con posterioridad al lapso durante el cual operó la caducidad de la instancia, ya que la última actuación que impulsó el procedimiento fue precisamente la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución que se llevó a cabo el dieciséis de abril anterior, la cual surtió sus efectos el veintiocho siguiente, tal como se advierte de la notificación que aparece inserta en la parte final de la foja 79 vuelta; por tanto, el plazo de tres meses para que operara la caducidad, transcurrió del veintinueve del referido mes de abril, al veintiocho de julio posterior. Por ende, si entre aquélla y la fecha del acto reclamado (siete de octubre de dos mil nueve) transcurrió con exceso dicho intervalo, sin que la parte actora hubiera presentado en ese lapso, alguna promoción para impulsar el procedimiento, se afirma que la caducidad de la acción decretada por la responsable fue apegada a derecho, al no actualizarse alguno de los casos de excepción contemplados en el último párrafo del normativo 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, indicado en párrafos precedentes.

"Cobra aplicación al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22513-22848d35/caducidad-de-la-accion-en-el-juicio-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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