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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2010. · Registro digital (IUS): 22613
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 1143.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, pues el asunto pertenece a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, autoridad señalada como responsable en los juicios de amparo directo cuyas ejecutorias se estiman opuestas.

TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis, es preciso conocer los criterios que emitieron los órganos colegiados en cuestión.

El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el veinte de agosto de dos mil nueve el amparo directo **********, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Por razón de técnica jurídica del juicio de amparo, se procede a examinar la causal de improcedencia que hace valer al Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo responsable en el informe justificado, por ser esa cuestión de orden público que merece estudio preferente, atento a lo previsto por el último párrafo del artículo 73 de la ley de la materia. Al efecto se alega que la autoridad quejosa carece de legitimación para promover el juicio de amparo, porque fue parte demandada en el juicio administrativo de responsabilidad patrimonial expediente número **********, que promovió en su contra **********, apoderado de **********, parte tercero perjudicada; que la sentencia reclamada que se dictó en ese juicio no afecta sus intereses patrimoniales, y por ello se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones V y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 9o. de la misma ley. En la especie, no se actualiza la citada causal de improcedencia hecha valer, porque si bien, por una parte, según se anotó en los antecedentes del asunto (considerando segundo), la autoridad quejosa es parte demandada en el juicio administrativo expediente número **********, y este Primer Tribunal Colegiado ha sustentado que con las resoluciones que nulifican actos en un juicio administrativo no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, que permite a las personas morales oficiales ocurrir en demanda de amparo cuando el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, es de hacer notar que, en el caso, la sentencia reclamada no se dictó en un juicio administrativo de nulidad de actos de autoridad, sino en un diverso, o sea, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, en el que las autoridades demandadas no actúan provistas de jus imperium, sino en el mismo plano de un particular en defensa de sus intereses y toda vez que en dicho juicio se determinó responsabilidad a cargo de la autoridad quejosa, estableciéndose a favor de la tercero perjudicada, **********, una indemnización por la cantidad de $**********, por concepto del daño material, es por lo que resulta evidente que el acto reclamado afecta el interés patrimonial de la autoridad quejosa y, por ende, en la especie, se está en el caso de excepción contenido en el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que permite a las personas morales oficiales ocurrir en demanda de amparo, cuando, como en el caso, el acto reclamado afecte su interés patrimonial. Por otra parte, cabe agregar que en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí se establece el derecho del Estado de repetir (sic) contra los servidores públicos, y por ello, el arquitecto **********, director de Administración y Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí, igualmente promueve la demanda de amparo en su propio derecho. En este orden de ideas, no operando la causal de improcedencia del juicio de amparo aducida por la autoridad responsable y toda vez que este Primer Tribunal Colegiado tampoco advierte alguna que hacer valer de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación transcritos. SEXTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación. En efecto, el apoderado de la tercero perjudicada **********, demandó al Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí y al titular de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano del propio Ayuntamiento, por la reparación del daño patrimonial que dijo se originó por retardar la expedición de la autorización para iniciar los trabajos de construcción del condominio denominado ‘**********’, señalando que el doce de enero de dos mil cuatro, encomendó al ingeniero **********, que realizara trámites ante la dirección demandada, para la construcción de dicho complejo habitacional bajo el régimen de condominio horizontal. Que el proyecto relativo se aceptó desde el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, otorgándole constancia municipal de compatibilidad urbanística y la licencia de uso de suelo; que conforme a dicha licencia y las recomendaciones del titular de la dirección, redujo la densidad habitacional que originalmente se había autorizado, mejorando áreas verdes y vialidades interiores, por lo que en el mes de diciembre del año dos mil tres, resolvió reanudar el desarrollo del proyecto habitacional denominado ‘**********’ que ya se había autorizado. Que la autoridad municipal se conduce irregularmente, por exigir la realización de trámites y requisitos que había satisfecho, propiciando un retraso injustificado de cincuenta y un meses en la ejecución del proyecto habitacional, con lo que le han ocasionado daños y perjuicios económicos, porque los profesionistas encargados de desarrollarlo fueron contratados para ese fin, conviniendo en pagarles honorarios en forma mensual y en efectivo, los que ha cubierto, y ello constituye el daño patrimonial que se actualiza mes con mes (f. 1 a 16). El arquitecto **********, director de Administración y Desarrollo Urbano controvirtió los hechos de la demanda, expresando, entre otras cosas: ‘... los multicitados documentos referentes a la licencia de uso de suelo y constancia de compatibilidad urbanística emitidos en el año 1994, solamente constituyen dos de los requisitos a cumplir de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones del Municipio, y de ninguna manera representan una autorización de un fraccionamiento, ya que las mismas le fueron reconocidas como válidas al demandante, a petición de él mismo y para no transgredir sus derechos, pero como él mismo lo ha manifestado, la solicitud de reiniciar con los trabajos de construcción del fraccionamiento, o más bien iniciarlos, porque nunca se comenzaron en años anteriores, lo realizaron en el año 2004, para lo cual es aplicable y vigente la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí, que constituyen disposiciones normativas de la materia, luego entonces es totalmente falso que el hoy actor hubiere satisfecho los requisitos en el año 1994, dándonos como resultado que si el proyecto habitacional propuesto por **********, no ha sido autorizado a la fecha, no ha tenido otro motivo que el propietario y sus gestores no han querido, toda vez que no entregan la documentación completa para posteriormente sea aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de esta capital, con lo anterior queda plenamente demostrado que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se ha retrasado injustificadamente su aprobación u obstaculizado la misma, no configurándose bajo ese tenor una actividad administrativa irregular y, en consecuencia, no existe el retraso injustificado ni obstáculo al trámite solicitado, más bien, es de reiterar que el aquí actor no ha cumplido a la fecha con los requisitos a que se refiere la legislación vigente para la integración del expediente respectivo, no existiendo entonces por consecuencia los daños y perjuicios económicos que según ha convenido con diversos profesionales por pagos de honorarios, los cuales fueron celebrados por su libre arbitrio, toda vez que en ningún momento acredita que para llevar a cabo la celebración de los mismos haya tenido previamente la autorización referida, ya que si bien es cierto de su anexo identificado con el número 5, se contiene la fecha en que inicia los trámites para la autorización de que aquí se duele, la cual es, por mucho, posterior al contrato que señala celebró el día 12 del mes de enero del año 2004, y que acompaña en su anexo 11, dejando entrever únicamente que ha actuado de forma dolosa, pretendiendo atribuir una obligación a esta dirección municipal que únicamente le corresponde responder al aquí actor por la misma, puesto que el contrato de prestación de servicios que celebró fue realizado premeditadamente y con pleno conocimiento de que no existía una autorización por parte de este Ayuntamiento para la prestación de los servicios contenidos en el mismo. ... hago míos los anexos marcados con el número 5 únicamente por lo que hace a la fecha de presentación de diversa documentación tendente a la autorización del desarrollo habitacional pretendido, la cual es de 17 de marzo de 2004 y, asimismo, hago mío el anexo 11 el cual consiste en contrato privado de urbanización únicamente por lo que hace a la fecha de celebración del mismo, es decir, 12 (doce) de enero del año 2004, documentos con los cuales se pretende acreditar que la celebración del citado convenio es anterior a la solicitud de iniciación de la gestión relativa al citado desarrollo habitacional, acreditándose de igual manera que la relación contractual entre el apoderado de la quejosa y sus gestores no se originó con motivo del trámite del fraccionamiento denominado ********** ...’ (f. 213, 214 y 222). Como lo alega la parte quejosa, el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí previene que la lesión patrimonial que sea consecuencia de la actividad administrativa irregular, deberá acreditarse tomando en consideración, entre otras cosas, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la patrimonial, debiendo acreditarse a través de la identificación precisa de los hechos relevantes para la producción del resultado final. Sin embargo, de la lectura de la sentencia reclamada no se advierte que el tribunal responsable hubiera tomado en cuenta la defensa opuesta por la autoridad quejosa al contestar la demanda natural, en el sentido de que los daños o perjuicios que, en su caso, se hubieran ocasionado a la actora, fue por causas imputables a ella misma, por una parte, porque no había cumplido con los requisitos legales para obtener la licencia y, por otra, porque contrató con profesionistas el pago de honorarios para la realización del proyecto, sin contar con la licencia que para ese efecto se requiere legalmente, e inclusive, previamente a la fecha en que reanudó los trámites para obtener la autorización respectiva. Ahora bien, la omisión de un pronunciamiento por el tribunal responsable respecto de las defensas opuestas por la quejosa en el juicio natural, transgrede los principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe contener, previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo, según lo dispone el artículo 32 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí y, por ende, resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, razón suficiente para conceder el amparo a la parte quejosa. En este orden de ideas, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción estudie todas las pruebas de autos, determinando su alcance demostrativo, su trascendencia en relación con los hechos que fundan la demanda, las contestaciones y las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes en el juicio natural, haciendo el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, resolviendo lo que en derecho proceda."

El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el veintinueve de octubre de dos mil ocho el amparo directo **********, en la parte que interesa, determinó:

"QUINTO. En principio, se procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías por ser de orden público y, por ende, su estudio es preferente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, última parte, de la Ley de Amparo. En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o. de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se reclama no afecta intereses patrimoniales de la persona moral oficial quejosa, según lo que a continuación se expone. Las disposiciones legales citadas, por su orden, literalmente disponen lo siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). De los citados numerales se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando quien promueve el amparo es una persona moral oficial y no defiende intereses patrimoniales y, a contrario sensu, el juicio de amparo será procedente cuando la persona moral oficial quejosa defienda intereses patrimoniales, es decir, actúe como ente de derecho privado. Por otro lado, en el juicio génesis, la parte actora **********, por conducto de su apoderado, promovió el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el que señaló como autoridades demandadas y pretensiones, las siguientes: Autoridades demandadas: 1. Presidente municipal del Ayuntamiento de la capital. 2. Director de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal del Estado. 3. Coordinadora administrativa del Centro de Operaciones en la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal del Estado. 4. Director del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. 5. Subdirector operativo del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Las pretensiones deducidas en el juicio consisten en lo siguiente: ‘A) La declaración por parte de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado que reconozca el derecho a la indemnización de mi representada **********, ya que ha sufrido lesión en sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Municipio de la capital del Estado y sus entidades, específicamente el organismo público descentralizado denominado Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Interapas), ya que no existe fundamento legal alguno o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trata. B) Como consecuencia de la prestación anterior, se condene a mis demandadas para que cubran a mi representada los daños y perjuicios que le han causado por concepto de indemnización, ya que su responsabilidad patrimonial es objetiva y directa, y los daños y perjuicios son reales, cuantificables en dinero y directamente relacionados con una o varias personas. C) Como consecuencia de las dos prestaciones anteriores y ya que no es posible la restitución de las cosas propiedad de mi representada, ya que las mismas han sido cubiertas por esta última por la urgente necesidad de seguir operando la unidad dañada, el pago de la indemnización por daños materiales, que se deberá calcular en los términos del artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y que a las facturas y documentos que acompaño, alcanzan la cantidad de $**********. D) Por el pago de la cantidad que resulte por concepto de perjuicios que se han causado a mi representada.’. En resumen, la parte actora señala como acto génesis del procedimiento de responsabilidad, el consistente en los daños que sufrió su vehículo, tipo **********, al circular sobre la avenida **********, en virtud de que sin existir algún aviso o señalamiento precautorio al dar vuelta por la calle **********, sintió un impacto en el vehículo y al bajarse se dio cuenta que era una alcantarilla que tenía un enrejado roto. Pretensión que resultó procedente. Ahora bien, es de explorado derecho que el principal objetivo del juicio de garantías es dirimir cualquier controversia que se suscite por leyes o actos del orden público que violen las garantías individuales, y que éstas, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas. La anterior regla admite como excepción el supuesto contenido en el reproducido artículo 9o. de la Ley de Amparo, que faculta a las personas morales oficiales a ocurrir en demanda de amparo; pese a ello, esa reserva está condicionada a que la afectación que resienta el organismo oficial comprenda única y exclusivamente los intereses patrimoniales del Estado o Municipio, lo que se actualiza únicamente cuando actúa como persona de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando el organismo ya sea estatal o municipal, pretenda, a través de éste, defender actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, en razón de que en ese supuesto actúa como autoridad, dado que su actuar se produjo de manera unilateral e imperativa, o bien, como en el caso sucede que pretende defender un interés patrimonial, pero generado por su actuar omisivo al no atender eficientemente la alcantarilla rota, lo que se traduce en la actividad administrativa irregular. Luego, resulta jurídicamente inaceptable que las oficinas públicas o dependencias del Gobierno Federal, Estatal o municipal, o bien, los organismos públicos descentralizados, a quienes se les encomienda la prestación de servicios públicos, invoquen violación de garantías individuales cuando los actos que se defienden derivan de su actuar como autoridad, lo que conduce a estimar que, en el caso, el organismo público descentralizado intermunicipal denominado Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, carece de legitimación para impugnar a través del juicio de amparo la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que declaró procedentes las pretensiones del actor, porque los actos que le dieron origen (actividad administrativa irregular) tienen su génesis en el propio actuar del promovente pero como autoridad y no como particular, pues no es posible conceder a tal órgano la protección de la Justicia Federal por los actos del mismo Estado, dado que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quien se señaló como responsable, actúa como órgano también del Estado y, por consiguiente, no puede llegarse al extremo de establecerse una contienda entre los mismos sujetos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de garantías, supuesto que, como se dijo, el quejoso ocurre como persona moral oficial de derecho público y no como persona moral de derecho privado, circunstancias éstas por las que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, y 1o., 4o. y 9o. de la citada ley reglamentaria del juicio de garantías. En efecto, el acto que dio origen a la formulación de la demanda de nulidad, consistente en los daños causados al vehículo propiedad de la parte actora, a consecuencia del actuar omisivo (actividad administrativa irregular) de aquél en su carácter de autoridad, es decir, las acciones u omisiones que generaron los daños nacen de la actuación de la parte demandada en su carácter de autoridad y, por ello, no puede considerarse que ahora pretenda defender intereses patrimoniales como persona de derecho privado. Se dice que el acto impugnado fue causado por el ente moral oficial, como autoridad, porque esa es una función propia del organismo público descentralizado, según se advierte de los siguientes numerales del Decreto 642 de fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el cual se crea el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí y de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 46.’ (se transcribe). ‘Artículo 47.’ (se transcribe). ‘Artículo 88.’ (se transcribe). ‘Artículo 89.’ (se transcribe). ‘Artículo 91.’ (se transcribe). ‘Artículo 92.’ (se transcribe). Del contenido de los referidos numerales se obtiene que estos preceptos legales facultan al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Interapas), para efectuar toda actividad tendente al ejercicio de la actividad sustancial que es la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y asentamientos humanos de las zonas urbanas de sus jurisdicciones. En consecuencia, al ser el alcantarillado un servicio que legalmente debe prestar el organismo quejoso, por ende, los actos u omisiones ocasionados por la prestación de ese servicio son en carácter de autoridad y no de particular. De ahí que no pueda considerarse que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo defienda intereses particulares so pretexto de que se trata del patrimonio del referido organismo público descentralizado intermunicipal, pues, como ya se dijo, los daños del vehículo del actor surgen como consecuencia de su actitud omisiva como autoridad y no como particular. En consecuencia, al ser el acto impugnado una consecuencia inmediata de la actuación del ente moral oficial como autoridad, entonces, carece de legitimación para promover el juicio de amparo porque no actuó como persona moral de derecho privado. Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, publicada en la página doscientos cincuenta y cuatro del Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (se transcribe). La jurisprudencia de referencia hace alusión a las personas morales oficiales como parte demandada, quienes carecen de legitimación para instaurar el juicio constitucional cuando hayan actuado como autoridad. Esto es así, porque de la ejecutoria se desprenden los siguientes elementos esenciales: 1) La autoridad demandada en el juicio ordinario no puede promover juicio de amparo porque no lo hace en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis en que ello es posible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo. 2) Si en dichas controversias la actuación de la autoridad es como tal, entonces no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de que acuda al juicio ordinario no le da legitimación para promover amparo, al no concretarse la hipótesis del artículo 9o. de la Ley de Amparo, ya que el objeto del procedimiento constitucional es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales establecidas para proteger los derechos de las personas físicas o morales, las que no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, máxime cuando no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, ya que no actúa como persona moral de derecho privado, sino como ente público. 3) De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación necesaria por carecer de interés suficiente para acudir al juicio de amparo directo, porque no lo hace defendiendo derechos patrimoniales. Como se ve, tratándose de personas morales oficiales que fueron parte demandada en un juicio ordinario, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo directo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, habida cuenta que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que le ocasione el acto o la ley que reclamen. Por otro lado, también sirve de sustento a lo expuesto en esta ejecutoria la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado que literalmente señala: ‘AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Respecto de este tema existen varios criterios vinculados, establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en síntesis, pueden reseñarse en la forma siguiente: a) Las garantías individuales son propias de los individuos y no de la sociedad, y que ésta, en su conjunto, no puede tener derechos particulares heridos y, por lo mismo, garantías individuales; b) Que de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que para la procedencia del juicio de garantías es necesario, que quien lo promueva sea capaz de gozar de tales garantías; c) Que el amparo es una contienda entre la persona que se queja de una violación de garantías y la autoridad que la cometió, sin que sea factible que tal contienda quepa entre autoridad y autoridad, pues para esos casos las leyes previenen la vía correspondiente; d) Que la autoridad, para defender un acto que emitió con ese carácter, no puede constitucionalmente entablar el juicio de amparo; e) Que el simple significado de la palabra amparo, que es favor, protección, abrigo, defensa, está indicando que se concede al débil contra el fuerte, contra el que puede otorgar; por ello, cuando la potestad pública en un acto clásico y típico del ejercicio de su soberanía ocurre en demanda de amparo por conducto de uno de sus órganos, en demanda de protección y amparo de la Justicia Federal, contra actos de una autoridad que dicta sus fallos en representación del mismo poder, no procede el respectivo juicio de garantías; f) Que el fisco, cuando ejercita su facultad soberana de cobrar impuestos, obra ejercitando una prerrogativa inherente a su soberanía, por lo cual no puede concebirse que el poder pida amparo en defensa de un acto del propio poder. Con base en estos principios se puede considerar que si una autoridad administrativa con motivo del quehacer legítimo de sus facultades emite determinado acto, contra el cual el particular promueve ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado juicio de nulidad que culmina con una sentencia adversa a la indicada autoridad, debe concluirse que ésta no pierde tal carácter a pesar de que tal resolución no haya favorecido a sus intereses, puesto que no existe razón jurídica alguna que permita considerar que por el dictado de esa clase de resolución dicha autoridad hubiere perdido la mencionada calidad para adquirir automáticamente la de particular y, por tanto, de titular de garantías individuales; consecuentemente, al no tener el carácter de agraviada, a la luz de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 1o. fracción I, de la Ley de Amparo, carece de legitimación para promover juicio de amparo.’ (Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, tesis IX.2o. J/7, página 1013). De igual forma, sirve de sustento la siguiente jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuya literalidad es la siguiente: ‘AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como su consejo de administración, sí son autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues aun cuando se trate de una persona moral, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción II, del Código Civil para esta entidad federativa; sin embargo, la Ley de Hacienda para los Municipios consid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22613-0152cbd3/responsabilidad-patrimonial-del-estado-la-sentencia-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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