CONFLICTOS PARCELARIOS DE PROPIEDAD O POSESIÓN. NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO QUE PREVIAMENTE SE PLANTEEN ANTE EL ÓRGANO INTERNO DEL EJIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 178/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia agraria, cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, en el amparo directo administrativo 259/2010, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"CUARTO. ... Sentado lo anterior, es de indicarse que lo pretendido por el tercero perjudicado (accionante en el juicio agrario de origen) es su reconocimiento como propietario y ejidatario titular de los derechos sobre una parcela ubicada en el ejido del Huixmí, Municipio de Pachuca, Hidalgo. Basó su pretensión en el hecho de ser sucesor preferente de su extinta progenitora **********, a cuyo nombre había sido expedido el certificado de derechos agrarios 159526; ello, derivado del juicio sucesorio agrario 624/2005-14, del índice del Tribunal Unitario responsable. Asimismo, adujo que la aludida parcela se encontraba amparada por el señalado certificado de derechos agrarios, de ahí que, en su opinión, al haber fallecido la titular y ser él su sucesor en primer orden, por ley debían serle reconocidos los derechos de la parcela; siendo que la demandada (hoy quejosa) carecía de documento que acreditara su derecho a poseer la unidad de dotación en mérito. Luego, el reclamo sobre la parcela en conflicto realizado por el tercero perjudicado, parte de la premisa de ser sucesor preferente de la extinta ejidataria titular **********, y que el certificado de derechos agrarios en cita amparaba derechos ejidales respecto de tal unidad de dotación. En ese contexto, en la sentencia reclamada se tuvo por acreditado ese extremo con la copia certificada de la resolución emitida en el juicio sucesorio 624/2005-14, promovido por el tercero perjudicado, en el que se le reconocieron los derechos agrarios -en su calidad de sucesor preferente- de los que correspondieron a la extinta ejidataria **********. De igual forma, en opinión del tribunal responsable, lo resuelto en la sentencia mencionada en el párrafo anterior, se encuentra robustecido con la testimonial a cargo de ********** y **********, quienes señalaron que en dicho fallo se reconocieron al tercero perjudicado derechos agrarios sobre la unidad de dotación en comento. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo señalado en el numeral 2 de esta última legislación, constituye un hecho notorio para los Magistrados integrantes de este Tribunal Colegiado, la existencia del amparo en revisión administrativo 157/2008, derivado del juicio de amparo indirecto 153/2008-3, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, promovido por la hoy quejosa, contra la sentencia dictada en el juicio sucesorio agrario 624/2005-14; el cual se tiene a la vista. Fortalece a esta determinación, la tesis VI.2o.C. J/211, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, página 939, de rubro y texto siguientes: ‘HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.’. Dicho recurso de revisión (157/2008), fue resuelto en sesión de doce de junio de dos mil ocho, sobreseyéndose en el juicio de amparo al estimarse que la hoy peticionaria de garantías carecía de interés jurídico para combatir el fallo reclamado, en razón de que el juicio sucesorio del cual derivó, únicamente versó sobre la adjudicación de los derechos agrarios que en vida correspondieron a la extinta ejidataria **********, a favor del aquí tercero perjudicado, así como la cancelación y expedición de los certificados de derechos agrarios correspondientes. Sin que en dicho juicio sucesorio se hubiere realizado pronunciamiento alguno respecto a la asignación o adjudicación de parcela alguna a favor del referido sucesor preferente, ni existió litis de ninguna índole; por lo cual, la sentencia dictada en tal juicio sucesorio agrario, no afectaba el interés jurídico de la quejosa. En las apuntadas condiciones, es inexacto que con la citada sentencia el actor en el juicio posesorio de origen hubiere acreditado su titularidad sobre la parcela controvertida, pues lo único que evidenció con la misma, es que le fueron adjudicados los derechos agrarios de la fallecida ejidataria **********, amparados con el certificado 159526, pero no que tales derechos agrarios incluyeran la unidad de dotación en disputa. Siendo que los testimonios rendidos por ********** y **********, tampoco aportan dato alguno que permita concluir válidamente que el tercero perjudicado sea el titular de la mencionada parcela, pues aquéllos parten de que tal extremo le fue reconocido al actor mediante una resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario; ello, a pesar de que, como se ha visto, no se demostró la existencia de ningún fallo en ese sentido. Además de las anteriores probanzas, en autos obra la confesional a cargo del tercero perjudicado **********, quien medularmente adujo, por una parte, contar con la titularidad de la parcela en comento y, por otra, sostuvo lo opuesto. Lo cual es inconducente para evidenciar que los derechos agrarios que le fueron adjudicados, incluían la parcela cuya devolución reclama. De igual manera, existe en el expediente de origen el testimonio de **********, ********** y **********, quienes en esencia indicaron, el ejido del Huixmí no se ha fraccionado, que los ejidatarios carecen de documentos con medidas y colindancias ciertas, que la asamblea no ha dado títulos en lo individual, y que la impetrante de amparo es la posesionaria del predio controvertido. Lo cual es insuficiente para establecer a verdad sabida (artículo 189 de la Ley Agraria), a quién corresponde la parcela en controversia. Mereciendo el mismo pronunciamiento las periciales en topografía practicadas sobre la ubicación e identidad de la unidad de dotación en conflicto; pues ello no evidencia si la misma se encontraba o no dentro de los derechos agrarios adjudicados al tercero perjudicado. De tal suerte que en el expediente primigenio no consta documentación alguna que permita establecer que la parcela en disputa en realidad hubiere formado parte de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a la extinta ejidataria **********, amparados con el certificado de derechos agrarios 159526. Por lo que era necesario requerir a las autoridades involucradas a fin de conocer si la titular del aludido certificado tenía, con base en él, derecho a usufructuar la parcela materia del juicio de origen, pues de ese modo se conocería si el actor tenía derecho a ella en términos de la sucesión agraria de que es beneficiario y, así, el tribunal responsable determinara si procedía o no la acción posesoria instada por el tercero perjudicado. Lo que no aconteció en la especie, pues el tribunal responsable omitió requerir la información respectiva, razón por la cual la sentencia reclamada es inconstitucional porque transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados como garantías individuales en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En efecto, es verdad que de los documentos reseñados por la responsable en su sentencia, no se advierte que el certificado de derechos agrarios en comento se encuentre vinculado a una específica unidad de dotación ejidal, ni en autos existe prueba fehaciente de tal circunstancia. Asimismo, es un hecho que los certificados de derechos agrarios expedidos con anterioridad a la nueva Ley Agraria, eran omisos en hacer constar la unidad parcelaria amparada, como ocurre en la especie con el certificado de derechos agrarios 159526, por lo que a lo más que puede llegar dicho documento era demostrar que su destinataria (**********) es ejidataria del conglomerado agrario denominado Huixmí, pero no titular de la parcela de la cual su sucesor preferente pretende su entrega. Sin embargo, también lo es que ello no implicaba para las autoridades agrarias en el ámbito de su competencia, estar impedidas para determinar cuál es la unidad parcelaria o de dotación correspondiente a la ejidataria a cuyo favor se expidió un certificado de derechos agrarios, cuando se presentaba un conflicto posesorio entre sujetos pertenecientes a un ejido. Pues para dicho problema de identidad se recurría a los antecedentes que dieron lugar a la expedición del certificado agrario; por lo que el tribunal responsable estaba en la posibilidad de recabar la información relativa a la resolución presidencial correspondiente, para poder determinar la superficie de la parcela amparada por dicho certificado, respecto de la cual se reconocieron derechos agrarios a **********, como ejidataria, y a su fallecimiento, a **********. Por otro lado, el tribunal del conocimiento estuvo en posibilidad de recabar las investigaciones de usufructo parcelario, practicadas por las entonces autoridades agrarias a los núcleos de población ejidal, a fin de constatar la situación interna que guardan los ejidos en relación con las parcelas. Es decir, se practicaban con el objeto de constatar si efectivamente los ejidatarios se encontraban explotando sus unidades de dotación, las superficies que amparan, y en algunos casos, incluso los cultivos a cuya siembra se dedicaban o, en su defecto, si no habían incurrido en una causal de privación de derechos agrarios que diera lugar a tal efecto, y la adjudicación de la unidad de dotación a otra persona, miembro del ejido que no tuviera derechos agrarios reconocidos. Así las cosas, el Tribunal Unitario Agrario se encontraba obligado, a fin de dictar una resolución a verdad sabida apreciando los hechos y los documentos en conciencia, a recabar los medios de prueba idóneos para determinar si la unidad de dotación controvertida formó parte de los derechos agrarios que en vida correspondieron a **********, en términos de los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria. Preceptos legales que otorgan a la responsable una facultad, no necesariamente discrecional sino impositiva, a fin de resolver con apego a la justicia; al no hacerlo, su proceder pugna con la intención del legislador prevista en el artículo 189 de la ley de la materia y, por ende, se torna violatoria de las garantías otorgadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Es aplicable a lo anterior la tesis 2a./J. 54/97, emitida durante la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, página 212, que a la letra dice: ‘JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA. Con base en lo establecido en la tesis de esta Sala, LXXXVI/97, con rubro: «PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.», debe interpretarse que si el artículo 189 de la Ley Agraria dispone que las sentencias se dicten a verdad sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según se estime debido en conciencia, motivo por el cual no puede aceptarse que el juzgador, percatándose de que carece de los elementos indispensables para resolver con apego a la justicia, quede en plena libertad de decidir si se allega o no esos elementos, sólo porque los artículos 186 y 187 de la ley citada utilicen el vocablo «podrán» en vez de «deberán», al regular lo relativo a la práctica, ampliación o perfeccionamiento de diligencias y a la obtención oficiosa de pruebas, ya que ello pugna con la intención del legislador, con la regulación del juicio agrario ausente de formulismos y con el logro de una auténtica justicia agraria.’. El haber arribado a la anterior conclusión, hace innecesario ocuparse del análisis de los restantes conceptos de violación, pues en los mismos se alega, toralmente, la improcedencia de la acción posesoria dada la inacreditación de la titularidad de la parcela en conflicto, a favor del tercero perjudicado. Tópico sobre el cual este Tribunal Colegiado no está en aptitud de emitir un pronunciamiento de fondo, pues será hasta que la autoridad responsable repare la infracción indicada y dicte la sentencia en cumplimiento a la presente ejecutoria, cuando se esté, en su caso, en condiciones de analizar el extremo en comento. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración de criterios, sustentada durante la Séptima Época, por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, tesis 107, página 85, que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’. En mérito de lo analizado, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, procede conceder la protección constitucional a fin de que el Tribunal Unitario Agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y reponga el procedimiento agrario de origen hasta la etapa probatoria, a efecto de recabar las pruebas necesarias que le permitan resolver si efectivamente la superficie en conflicto perteneció o no a la anterior titular **********, por estar amparada por el certificado de derechos agrarios 159526 a su nombre, cuyo sucesor es el ahora quejoso, lo cual le permitirá resolver la controversia de manera integral, a verdad sabida y apreciando en conciencia los hechos, documentos y demás pruebas. No es óbice el contenido de la tesis 2a. XVI/2004, correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal en el País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 451, cuya literalidad es: ‘ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. CARECE DE FACULTADES PARA ASIGNAR PARCELAS EN CASO DE CONFLICTOS SUCESORIOS. De la interpretación de los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y 61 de la Ley Agraria y 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que la asamblea general de ejidatarios, como órgano supremo del ejido, está facultada para asignar las tierras de que fue dotado el núcleo ejidal, las cuales podrán ser destinadas al asentamiento humano, al uso común o al parcelamiento; sin embargo, tratándose de la asignación de tierras que se encuentren en conflictos sucesorios dicha asamblea carece de tal facultad, pues corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios, conocer y resolver las controversias que lleguen a suscitarse en materia sucesoria de naturaleza agraria.’. Se sostiene de esa manera, porque dicho criterio se refiere al caso en que la asamblea de ejidatarios carece de facultades para asignar tierras que se encuentren en conflictos sucesorios, supuesto distinto del que aquí se analizó, en que se debe conocer cuál es la parcela que en su caso se identifique con un certificado de derechos agrarios, a efecto de saber si puede ser asignada al sucesor preferente de la anterior titular, amén de no advertirse un conflicto entre los sucesores. Sólo resta decir, respetuosamente, este órgano de control de la constitucionalidad no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en la ejecutoria dictada el dieciocho de febrero de dos mil nueve, en el amparo directo agrario 689/2008, del índice de dicho tribunal, cuya copia certificada obra de la foja 57 a la 114 del expediente en que se actúa. Se afirma de esa manera, toda vez que el hecho de que las tierras de un ejido no se encuentren formalmente parceladas no impide que el tribunal agrario resuelva las controversias que se susciten en torno a las mismas, planteadas por quienes detenten derechos agrarios del núcleo de población respectivo. En efecto, los artículos 23, fracción VIII y 56, primer párrafo, de la Ley Agraria, disponen: ‘Artículo 23.’. ‘Artículo 56.’ (se transcriben). Con los transcritos dispositivos legales se pone en relieve el reconocimiento por parte de la Ley Agraria del parcelamiento de hecho existente en los núcleos de población ejidal; sin que se advierta la existencia de alguna circunstancia que impida a quienes detentan ese tipo de parcelamiento, ejercer las acciones que estimen conducentes en defensa del mismo. Esto es, la falta de parcelamiento formal en un ejido, no puede constituir un obstáculo para que quienes detentan derechos agrarios acudan a los tribunales con el objeto de que se diriman las controversias relacionadas con las unidades de dotación que de facto detenten, pues tal parcelamiento está reconocido por la Ley Agraria y como tal, es susceptible de ser protegido mediante el juicio correspondiente. Máxime, cuando al resolver favorablemente a una de las partes el conflicto de que se trate, el tribunal agrario no estaría sustituyéndose en facultades propias de la asamblea general de ejidatarios, ya que al analizar los antecedentes del certificado de derechos agrarios de que se trate, así como las investigaciones de usufructo parcelario, lo único que hará será resolver la controversia con base en dichos medios convictivos que emanan del propio ejido, sin hacer ningún pronunciamiento novedoso sobre la titularidad de alguna parcela. Por tanto, no puede estimarse que el fallo correspondiente constituya o asigne derechos parcelarios a un ejidatario. Por las razones expresadas anteriormente, no se comparte el citado criterio, además de no resultar obligatorio para este Tribunal Colegiado; sin embargo, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es procedente denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis presentada en las consideraciones de las sentencias respectivas, a efecto de que se resuelva lo conducente."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 689/2008, sustentó lo siguiente:
"SEXTO. Resultan fundados los conceptos de violación que se hacen valer, suplidos en su deficiencia en la medida que lo requieren, en términos de lo establecido del artículo 76 Bis, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia agraria. La sentencia reclamada la constituye la resolución emitida el uno de septiembre de dos mil ocho, por el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el expediente agrario 69/05-14, en la cual determinó por una parte que el actor en el principal probó su acción restitutoria, condenando al demandado a la desocupación y entrega del terreno ejidal controvertido; y por la otra que el actor reconvencional no probó su acción y, por ende, absolvió al demandado reconvencional. Del contenido de la sentencia reclamada se advierte que la autoridad responsable estimó que ********** probó los hechos constitutivos de sus pretensiones, considerando que la acción intentada en juicio era la plenaria de posesión, que correspondía intentar al adquirente de buena fe que tiene derecho a poseer con justo título, aun cuando no lo acredite como propietario, y que se da en contra de quien posee con menor derecho a fin de obtener la restitución del bien controvertido. Así, el tribunal responsable sostuvo que el actor demostró tener un justo título para poseer las fracciones de terreno con el certificado de derechos agrarios expedido a su nombre, con lo que acredita la calidad de ejidatario; que de acuerdo con la prueba pericial se identificó las parcelas y fracciones de terreno en conflicto. Así, señaló la autoridad responsable, el certificado de derechos agrarios constituía un justo título que le otorga derecho a ********** para poseer las fracciones de terreno en litigio, habiendo sido obtenido dicho título de buena fe, por haber sido expedido en cumplimiento a una resolución presidencial, con lo cual se prueban los elementos relativos para el justo título para poseer y que este fue obtenido de buena fe. Por otra parte, sostuvo la responsable, el tercer elemento consistente en que el demandado posea el bien queda demostrado con la contestación de la demanda y, por lo que hace al elemento relativo a que es mejor el derecho a poseer que el del demandado, queda probado porque al tener la superficie de terreno en litigio en la parcela de la cual es titular el actor, obviamente le asiste un mejor derecho para su uso, usufructo y aprovechamiento. En otro sentido, por lo que hace a la acción reconvencional, la responsable estimó que no quedó probada, toda vez que no existe constancia de que el ejido haya delimitado los terrenos, en términos del artículo 56 de la Ley Agraria y, por ello, se hubieran expedido los certificados parcelarios a fin de que el demandado en la reconvención pudiera ceder sus derechos parcelarios, ni éste ha renunciado a sus derechos agrarios. La anterior determinación del Tribunal Unitario Agrario responsable resulta contraria a derecho. A fin de hacer evidente lo anterior, es necesario establecer que en el conflicto posesorio que fue sometido ante el Tribunal Unitario Agrario, las tierras ejidales materia de él no han sido formalmente parceladas, es decir, no han sido asignadas individualmente, circunstancia que incluso reconoció la responsable en la sentencia reclamada al señalar: ‘... en el expediente que se actúa no existe constancia alguna de que el ejido que nos ocupa haya sido delimitado en términos del artículo 56 de la Ley Agraria y, que por ello, se hubieran expedido los certificados parcelarios y los de uso común correspondientes ...’. Tal consideración tiene especial relevancia en el conflicto sometido a la potestad del Tribunal Unitario Agrario, toda vez que éste se encuentra, en principio, impedido para determinar el destino de tierras que no estén formalmente parceladas, por ser una atribución exclusiva de la asamblea general del ejido. En efecto, de conformidad con el artículo 27 constitucional y de lo preceptuado en la Ley Agraria, se advierte que la asamblea general de ejidatarios es concebida como la máxima autoridad interna del ejido y se integra por los campesinos beneficiarios de una resolución presidencial dotatoria, con derechos agrarios vigentes. Los artículos 21 a 31 de la Ley Agraria, disponen, respecto de las autoridades internas del ejido y de las facultades generales de ejidatarios, lo siguiente: ‘Artículo 21.’. ‘Artículo 22.’. ‘Artículo 23.’. ‘Artículo 24.’. ‘Artículo 25.’. ‘Artículo 26.’. ‘Artículo 27.’. ‘Artículo 28.’. ‘Artículo 29.’. ‘Artículo 30.’. ‘Artículo 31.’ (se transcriben). De los preceptos legales recién transcritos, se advierte que la asamblea general de ejidatarios es el máximo órgano del ejido en el que participan todos sus miembros; que es competencia exclusiva de la asamblea el señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, la localización y relocalización del área de urbanización, así como el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y la regularización de la tenencia de los posesionarios sobre las tierras del ejido. Por otra parte, los artículos 56 a 61 de la citada Ley Agraria, establecen: ‘Artículo 56.’. ‘Artículo 57.’. ‘Artículo 58.’. ‘Artículo 59.’. ‘Artículo 60.’. ‘Artículo 61.’ (se transcriben). De dichos dispositivos se desprende que serán las asambleas de los núcleos de población las que tendrán que determinar, en principio, la asignación de tierras al interior del ejido, efectuar el parcelamiento correspondiente, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes, además de la asignación, cuando proceda, de los solares urbanos. En ese sentido, no puede someterse a la vía jurisdiccional un conflicto agrario respecto a la posesión de terrenos ejidales si previamente la asamblea de ejidatarios no se ha pronunciado sobre ello. Es así, pues las autoridades internas del ejido se conciben como órganos de representación y ejecución y, por cuanto hace a la solución de conflictos, la Ley Agraria abandona la encomienda hecha a las autoridades administrativas, atribuyendo a tribunales especializados la impartición de la justicia. Consideración que se encuentra corroborado con el contenido de la exposición de motivos de la Ley Agraria, en la cual, en lo conducente se dijo: (se transcribe). En esa condición, el sujeto agrario no tiene la opción de acudir a los órganos internos del ejido o bien instar por la vía de la jurisdicción ante el Tribunal Unitario Agrario competente, sino que dicha atribución compete al órgano interno del ejido y, sólo en el supuesto de que la asamblea se haya pronunciado, ya sea en sentido afirmativo o negativo, los interesados podrán impugnarlo ante el Tribunal Unitario Agrario. En otras palabras, con la creación de los tribunales agrarios se buscó terminar con los procedimientos mixtos ante autoridades administrativas y, por otra, acercar la justicia a los hombres del campo, estableciendo la vía jurisdiccional ante los tribunales agrarios; sin embargo, es evidente que la atribución encomendada a dichos órganos debe ser compatible con la naturaleza del ejido y de las funciones que a la vez han sido encomendadas a los órganos internos de éste. Con base a lo anterior, se puede concluir que primero debe existir la solicitud de reconocimiento de un derecho parcelario, la que debe presentarse y ventilarse ante la asamblea general de ejidatarios y, sólo en caso de una resolución desfavorable, el interesado podrá hacer valer sus derechos en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Unitario Agrario. La conclusión anterior, concilia la naturaleza jurídica de la propiedad ejidal, cuyo titular principal no son los ejidatarios, sino el ejido, ente dotado de personalidad jurídica propia que actúa a través de su asamblea. Así, debe sostenerse que compete a la asamblea general de ejidatarios, como órgano supremo, entre otras facultades, las relativas a determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar y reconocer el parcelamiento económico o de hecho, regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes, para lo cual, si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos, observando el orden de preferencia que contempla a los posesionarios, ejidatarios y avecindados; así como la relativa al reconocimiento y regularización de los posesionarios. En tales condiciones, es inconcuso que el conflicto por la posesión de tierras debe presentarse directamente a la asamblea de ejidatarios, previo a su ejercicio jurisdiccional. Debe destacarse que la facultad de la asamblea no es transferible a los tribunales agrarios, aun con el ejercicio de una acción, toda vez que los órganos jurisdiccionales especializados pueden conocer y determinar en juicio sobre el debido ejercicio de las facultades de la asamblea de ejidatarios, pero sólo cuando haya sido demandado el análisis de legalidad de aquéllas, sin que pueda sostenerse válidamente que los tribunales agrarios puedan gozar de atribuciones en sustitución de dicha asamblea, pues no hay elementos jurídicos para sustentar tal posición, y sí en cambio, como se ha visto, la voluntad del legislador ha sido seguir reconociendo la estructura fundamental del ejido y las facultades específicas de sus órganos internos. Aceptar una sustitución de los tribunales agrarios en el ejercicio de la función en comento sería contravenir el principio general de derecho que establece que donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Consideraciones las anteriores que fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 80/2003-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 4/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, página 95, que reza: ‘ASAMBLEA GENERAL DE C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22379-f591afd3/conflictos-parcelarios-de-propiedad-o-posesion-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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