RESOLUCIONES JUDICIALES QUE PONEN FIN A UN PROCEDIMIENTO CIVIL SIN DILUCIDAR LA CUESTIÓN PRINCIPAL CONTROVERTIDA. TIENEN EL CARÁCTER DE SENTENCIA, POR LO QUE EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN ES DE CINCO DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo señalado en los puntos Segundo, párrafo primero y Cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, que corresponde a la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Los criterios que se aducen contradictorios son los siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver en sesión de trece de febrero de dos mil tres, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo número ADC. ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
Consideró infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación, con base en los razonamientos que a continuación se exponen:
En la sentencia de mérito, el Tribunal Colegiado reseñó brevemente los antecedentes del caso y determinó que la controversia a resolver radicaba en establecer si la determinación del Juez de Primera Instancia, en la que concluyó que no estaba debidamente determinada la litisconsorcio pasivo necesaria, en el juicio reivindicatorio, promovido por ********** y en la que dejó a salvo los derechos de la demandante para hacerlos valer en la forma que estimara procedente, constituía una sentencia o un simple auto.
Lo anterior, para establecer en cuál supuesto del artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz se encuadraba el caso y, con ello, determinar si el desechamiento del recurso efectuado fue correcto.
Señaló que de la interpretación de los artículos 56, fracciones II y III, 517 y 216 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz se colegía que sólo podría considerarse como sentencia aquella que dilucidara la controversia de fondo, ya sea al declarar procedente o improcedente la acción intentada, por lo que todas las determinaciones que no encuadren en dicho supuesto no alcanzan el rango de referencia.
Que, por ello, si el Juez de Primera Instancia determinó expresamente que omitía entrar al fondo de la acción, por no integrarse la acción jurídica procesal, toda vez que se dejó de llamar a uno de los litisconsortes, y que por estar interesado en el resultado del juicio, era evidente que esa falta de llamamiento indujo a que no pudiera resolverse el fondo sustancial controvertido, por lo que, ante dicha situación, no se estaba en presencia de una sentencia.
Consideró el cuerpo colegiado que no obstante que el Juez de primera instancia al decidir en la manera descrita, lo haya hecho en forma inmediata a la conclusión de la etapa de alegatos y en una actuación que por su forma, es decir, al contener todas las partes de un fallo, podría constituir una sentencia; sin embargo, de conformidad con la legislación procesal del Estado no lo es, toda vez que se omitió resolver sobre la cuestión principal, por lo que dicho acto se clasifica como un simple auto, con independencia de que haya puesto fin al juicio.
Por lo anterior, consideró que el término para que las quejosas interpusieran el recurso de apelación era de tres días, previsto en el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, y no de cinco días, por lo que fue correcto el desechamiento del recurso, por efectuarse fuera del plazo.
Asimismo, consideró que del artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz se desprende que el Juez o tribunal se abstendrá de fallar la cuestión principal y reservará los derechos, cuando declare procedente alguna excepción dilatoria, por lo que no necesariamente implica que al estudiarse las excepciones se resuelva o dilucide el fondo del asunto, como aconteció en la especie, es decir, poner término al juicio sin trastocar el tema principal.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver en sesión de veinte de junio de dos mil seis, por unanimidad de votos, el amparo directo número DC. ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
Consideró que es fundado el argumento del quejoso relativo a que la resolución tachada de inconstitucional le deja en estado de indefensión, por estimar el tribunal responsable que el auto impugnado, al no entrar al fondo del asunto, no constituía una sentencia, por lo que el recurso de apelación resultó extemporáneo.
El órgano colegiado reseñó los antecedentes del caso a saber:
1. El Juez de primera instancia, mediante resolución de doce de diciembre de dos mil cinco, dictada en el juicio ordinario civil, intentado por la quejosa en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de ********** determinó que al no acreditarse el presupuesto procesal de personalidad del albacea de la sucesión de bienes, se abstenía de emitir pronunciamiento de fondo, dejando a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía que estimaran procedente, en términos del artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles.
2. En contra de la resolución anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación, en el cual la Sala responsable estimó que la resolución recurrida no resolvía el fondo del asunto, por lo que dejó a salvo los derechos de las partes, y de acuerdo con el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles, consideró que no tenía el carácter de una sentencia, sino de un auto, por ende, el recurso era extemporáneo, al intentarse fuera del término establecido en el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles.
3. Inconforme el quejoso contra la determinación anterior, interpuso el recurso de reposición, en éste la Sala responsable determinó que en virtud de que en la resolución pronunciada por el Juez de primera instancia no se entró al fondo de la litis planteada, no constituía una sentencia, en ese sentido, el recurso de apelación interpuesto en su contra, de acuerdo con el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debió hacerse valer dentro del término de tres días, y al no haber sido así, dejó firme la resolución en la que se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, por ser extemporáneo.
Consideró el Tribunal Colegiado que del artículo 14 constitucional se desprende que el sistema de interpretación que se debe seguir en las controversias de orden civil es el gramatical o literal; sólo ante la falta de la ley, o en caso de que éste resulte confuso u oscuro, se prevé la posibilidad de que las decisiones de los tribunales se basen en métodos de interpretación como la analogía.
Señaló que por lo anterior se debe atender a la interpretación gramatical de la ley, ya que esto significa extraer su sentido atendiendo a los términos gramaticales, por lo que siendo clara su expresión literal se le debe otorgar toda validez, sin que sea dable aludirla bajo el pretexto de penetrar al espíritu de la ley.
Derivado de lo anterior, consideró que del artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles se advertía claramente su sentido y alcance, pues de su interpretación literal se observa la clasificación de las resoluciones por la legislación civil, de tal manera que una resolución que pone fin a la instancia encuadra dentro del supuesto a que alude el referido artículo, por lo que debe ser considerada una sentencia aquella resolución que constituya la conclusión del juicio natural.
Así, consideró que las determinaciones a que se refiere el artículo 216 del código procesal civil tienen la calidad de sentencias; por ello, aquellas resoluciones en las que por no integrarse debidamente la relación jurídica procesal, el juzgador de primera instancia se abstiene de fallar la cuestión principal y hace reserva de los derechos de las partes, se considera que concluyen con el proceso, pues no se puede volver a emplazar en el mismo juicio, sino que debe tramitarse uno nuevo.
Adujo que las sentencias de acuerdo con su naturaleza jurídica entrañan dos supuestos, a saber: uno formal y otro material, la primera se actualiza cuando lo resuelto pone fin al proceso, pero no entra al fondo del asunto; mientras que la segunda se configura si además de poner fin al proceso entra al estudio de fondo y resuelve la controversia planteada.
Señaló que, en el caso, no se integró debidamente un presupuesto procesal, por lo que el Juez de Primera Instancia se abstuvo de fallar la cuestión principal e hizo reserva de los derechos de las partes, de acuerdo con el artículo 216 del código adjetivo referido, por lo que se considera dicha determinación puso fin al proceso, sin entrar al estudio de fondo del asunto y constituye una sentencia; de ahí que sostuvo que al tratarse de una sentencia era dable concluir que el término para interponer el recurso de apelación a que alude el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado debía ser de cinco días.
En conclusión, sostuvo que cuando se trata de resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, sin declarar el fondo del asunto, debe dársele el tratamiento de una sentencia y no de un auto.
Apoyó lo anterior, con la tesis de rubro: "COSA JUZGADA. SENTENCIAS DE FONDO Y SENTENCIAS QUE DEJAN A SALVO DERECHOS."
Con base en los anteriores razonamientos, el Tribunal Colegiado concedió el amparo a la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que considerara que la resolución motivo de la apelación no constituye una sentencia, y hecho lo anterior, resolviera lo que proceda.
Finalmente, sostuvo que no era obstáculo para considerar lo anterior el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la tesis de rubro: "RESOLUCIONES POR LAS QUE SE DA POR CONCLUIDO UN PROCEDIMIENTO CIVIL SIN DILUCIDAR LA CONTROVERSIA DE FONDO. AL NO TENER EL CARÁCTER DE SENTENCIAS DEFINITIVAS, EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN ES DE TRES DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", pues en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo tal criterio no resultaba obligatorio para ese órgano jurisdiccional.
Similares consideraciones emitió dicho cuerpo colegiado al resolver en sesión de fecha trece de enero de dos mil seis, el amparo directo número ********** civil.
CUARTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Ahora bien, de las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes se advierte que en el caso sí se cumple con los requisitos exigidos para la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
En efecto, se cumple con lo precisado en el inciso a), toda vez que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, referida a determinar si las resoluciones que ponen fin al procedimiento civil, sin que se decida el fondo del asunto y se deja a salvo los derechos de las partes, por su naturaleza, constituye una sentencia, o bien, un auto, para el efecto de interponer el recurso de apelación en los términos que establece el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.
Al respecto, los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo que de la interpretación de los artículos 56, fracciones II y III, 517 y 216 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se advertía que sólo constituían sentencias aquellas que resolvieran la controversia de fondo, pudiendo declarar procedente o improcedente la acción intentada.
Señaló que, en el caso, si el Juez de primera instancia omitió entrar al fondo de la acción, por no integrarse la relación jurídica procesal, -pues no se llamó a uno de los litisconsortes, quien tenía interés en el juicio- entonces, no se estaba en presencia de una sentencia, de tal suerte que al interponer el recurso de apelación debió observar el término de tres días -establecido para los autos- y no el de cinco -para sentencias- según lo establece el artículo 512 del código adjetivo antes precisado.
Por el contrario, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo que el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz resultaba claro en su sentido y alcance, al determinar la clasificación de las sentencias, que en dicha clasificación, encuadran aquellas resoluciones que ponen fin a la instancia, aun cuando no se haya integrado debidamente la relación jurídica procesal y que, por tal razón, el juzgador de primera instancia se haya abstenido de fallar la cuestión principal y, por consecuencia, haya hecho reserva de los derechos de las partes; de ahí que dichas determinaciones a que se refiere el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles tienen la calidad de sentencias.
Derivado de lo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado referido consideró que al tratarse, en la especie, de una sentencia, el término para interponer el recurso de apelación, según el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, era de cinco días.
Como se advierte de la lectura comparativa de ambos criterios, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico, -si las resoluciones que ponen fin al procedimiento civil, sin que se resuelva el fondo del asunto y se dejó a salvo los derechos de las partes constituye una sentencia o un auto para el efecto de interponer el recurso de apelación en el término legal de cinco días, o bien, de tres días, que establece el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz- y llegaron a diferentes posturas.
Es decir, por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito señaló que las resoluciones que no diluciden el fondo del asunto no constituyen sentencias, sino autos, y que, en ese sentido, el recurso de apelación se debe interponer dentro del término de tres días que prevé el artículo 512 multirreferido, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito concluyó que la resolución que pone fin a la instancia, aun cuando no se haya dilucidado la relación jurídica procesal y, por tanto, no se haya entrado al fondo del asunto, sí constituye una sentencia, por lo que la misma es impugnable en el plazo de cinco días establecido en el numeral citado.
Asimismo, se encuentra acreditado el elemento referido en el inciso b), consistente en que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, como se advierte de las propias sentencias pronunciadas y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.
Por último, también se acredita el requisito precisado en el inciso c), consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En principio, se precisa que el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes partió del examen de los mismos elementos, porque los hechos que les dieron origen son similares en relación al punto jurídico materia de esta contradicción, pues analizaron si la resolución judicial que pone fin a un procedimiento civil sin que se pronuncie acerca del fondo del asunto, y deja a salvo los derechos de las partes, constituye una sentencia o un auto, para efectos de determinar el término de que dependen las partes para interponer el recurso de apelación de conformidad con el numeral 512 del código adjetivo antes referido.
Asimismo, ambos órganos colegiados partieron del análisis de los mismos preceptos legales, pues analizaron, en esencia, los artículos 56, fracciones I y II, 216, 512 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.
En ese contexto, se concluye que, en el caso analizado, sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con el tema relativo a si la resolución que sin resolver el tema de fondo, reserva a las partes sus derechos, constituye un auto o una sentencia para efectos de interponer el recurso de apelación, dentro de los términos previstos en el artículo 512 del ordenamiento legal antes citado.
No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: Tomo VI, Parte SCJN
"Tesis: 187
"Página:127
"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 Bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."
QUINTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes:
De acuerdo con lo señalado en el considerando anterior y en relación con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicción consiste en determinar si la resolución judicial a que se refiere el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz (que pone fin a un procedimiento civil), mediante la cual el Juez natural no realiza pronunciamiento de fondo de la cuestión debatida, en atención a la ausencia de un presupuesto procesal o por no encontrarse integrada debidamente la relación jurídica procesal y, como consecuencia, deja a salvo los derechos de las partes, constituye una sentencia, o bien, un auto, para efectos de su impugnación mediante el recurso de apelación.
En principio, es menester mencionar que en el desempeño de sus funciones, las autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción en sentido estricto están investidos, por razón de ella, de ciertos poderes, entre ellos, el de decisión, a través del cual dirime con fuerza obligatoria las controversias que le son sometidas a su consideración por las partes contendientes.
En este sentido, dicho poder de decisión comprende el ejercicio de la potestad jurisdiccional para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual, para desatar los conflictos y darles certeza jurídica a los derechos subjetivos y las situaciones jurídicas concretas, mediante la sentencia, que cuando se trata de procesos contenciosos reviste la calidad especial de cosa juzgada y, para la resolución por providencias interlocutorias de los problemas que se presenten en el curso del proceso.
El procesalista Hernando Devis Echandía señala que en muchos países generalmente se considera que la sentencia es el acto por el cual el Juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o fondo del demandado; y que las demás providencias se denominan autos, los cuales se distinguen en interlocutorios y de mera sustanciación; que los primeros se refieren a cuestiones incidentales o accesorias relacionadas con el fondo del asunto y los últimos se refieren a cuestiones relacionados con el gobierno del proceso (impulso procesal).
Señala que son autos interlocutorios las providencias que contienen una decisión sobre el contenido del asunto litigioso, que no corresponde a la sentencia, que resuelven alguna cuestión procesal que puede afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento, es decir, que no se limitan al mero impulso procesal. Ejemplos de ellos cita los que resuelven un incidente, rechazan la demanda, o determinan la personalidad de alguna de las partes o de sus representantes, o niegan el decreto o práctica de alguna prueba, o señalan una caución, o decretan embargos o desembargos, o admiten la intervención de un tercero o la rechazan.
En tanto, las providencias de sustanciación son las que se limitan a disponer un trámite de los que la ley establece para dar curso progresivo a la actuación, y se refieren a la mecánica del procedimiento, a impulsar su curso, ordenar copias y desgloses, citaciones y actos por el estilo.(1)
Por su parte, Alfredo Rocco(2) señala que si la sentencia es el acto por el cual el órgano jurisdiccional, aplicando la norma al caso concreto, elimina la incertidumbre sobre la tutela jurídica que corresponde a un interés concreto, es claro que solamente aquel acto del Juez que contiene "la declaración de una relación jurídica incierta", puede llamarse sentencia.
Añade este autor que esta declaración puede referirse tanto a una relación de derecho material como una relación de derecho procesal; pero hay sentencia siempre que el Juez, eliminando la incertidumbre sobre una relación concreta de derecho, determina lo que es derecho en el caso concreto. Cuando, por el contrario, el Juez no desarrolla este momento esencial de su función jurisdiccional, sino que en los límites de la norma jurídica que en el caso concreto no se presenta como incierta, provee al cumplimiento de las varias funciones que se le exigen, se tendrá, según los casos, una ordenanza o un decreto, pero nunca una sentencia. Y precisamente hay ordenanza cuando el Juez desarrolla su facultad de dirección del procedimiento, que es una facultad inherente a su facultad jurisdiccional, y que en ésta está comprendida. En virtud de tal facultad, el Juez no declara relaciones jurídicas, ni materiales, ni procesales, sino que provee a la marcha regular del procedimiento, cuya dirección le está reservada. Excluidas las sentencias y las ordenanzas, todos los demás actos del Juez son decretos. Bajo esta denominación se comprenden actos de diversa naturaleza, como de diversa naturaleza son las funciones que incumben al Juez, el cual obra a veces como órgano de la función jurisdiccional, y a veces como órgano puramente administrativo.
Dentro de los criterios clasificatorios de las sentencias el citado procesalista señala que, atendiendo a la naturaleza de la relación sobre la que versa la sentencia, o sea el objeto o materia de la sentencia, se dan dos categorías principales de decisiones:
a) Sentencias que versan sobre relaciones de derecho material, o sea, como se dice comúnmente, sobre el fondo;
b) Sentencias que versan sobre relaciones de derecho procesal, o sea, según la expresión común, sobre la forma.
Y agrega que también existe la distinción desde el punto de vista de las relaciones entre la sentencia y el procedimiento en el curso del cual ha sido pronunciada, de manera que es factible dividir en:
A) Sentencias finales, o aunque menos exactamente, definitivas, las cuales cierran el procedimiento, que pueden subdividirse en:
a) Sentencias finales que versan sobre la relación material, éste es el caso normal en que la sentencia decide definitivamente la litis;
b) Sentencias finales que versan sobre relaciones procesales, que son las que versando sobre el derecho a obtener la sentencia sobre el fondo, el Juez niega este derecho al actor, ya por falta de capacidad procesal, ya por falta de interés, ya por falta en el mismo Juez de la facultad de decidir la litis (incompetencia por el valor, por la materia, por el territorio), sea por vicios de forma en la proposición de la acción. En todos estos casos el Juez pone fin al procedimiento con fallar sobre la relación material, la cual queda sin prejuzgar, y puede ser de nuevo sujeta al examen del Juez.
B) Sentencias interlocutorias, en sentido lato, las cuales no cierran el procedimiento, sino que deciden una cuestión en el curso del mismo; por consiguiente, una cuestión singular. Estas sentencias se pueden subdividir en:
a) Sentencias que fallan sobre una relación singular de derecho material (interlocutoria en sentido estricto). Es posible una división del razonamiento del Juez sobre el fondo: cuando el Magistrado decide un punto singular del fondo que está preparado para fallo, tenemos una sentencia interlocutoria sobre el fondo.
b) Sentencias que en el curso del procedimiento versan sobre una relación singular de derecho procesal (sentencias incidentales o también preparatorias), las cuales se subdividen en:
1o. Sentencias incidentales sobre el derecho a obtener la sentencia; así, por ejemplo, las sentencias que fallan sobre incompetencia.
2o. Sentencias incidentales sobre el derecho a obtener un medio de prueba.
3o. Sentencias incidentales sobre el derecho a obtener una providencia ejecutiva de naturaleza provisional.
El artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz clasifica las resoluciones que pronuncia el juzgador en un procedimiento jurisdiccional en sentencias, autos y decretos, y determina cuándo se está en presencia de cada una de ellas. Y los diversos numerales 60 y 61 señalan aquellos momentos en los que deben dictarse tales resoluciones. Así, establecen:
"Artículo 56. Las resoluciones judiciales son:
"I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido;
"II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquier otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y
"III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. ..."
"Artículo 60. Las sentencias se dictarán al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o dentro de los diez días siguientes. Tratándose de expedientes de doscientas fojas en adelante, el término será hasta de quince días. En caso de incumplimiento injustificado, el Juez se hará acreedor a la sanción prevista en el artículo 40."
"Artículo 61. Los decretos y autos deben ser dictados inmediatamente después del último trámite, o de la promoción respectiva; y sólo podrá disponerse de veinticuatro horas para los decretos y de tres días para los autos."
De acuerdo con la fracción I del artículo 56, para que exista una sentencia basta que la resolución decida el asunto principal controvertido.
Por su parte, la fracción II señala cuáles son esas resoluciones judiciales que el legislador atribuyó el carácter de autos. Así, esta última disposición denomina autos a aquellas determinaciones del Juez:
a) Que entrañen un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer.
b)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21170-4cfa8607/resoluciones-judiciales-que-ponen-fin-a-un-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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