ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Ejecutorias en probable contradicción.
En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito resolvió asuntos con las características siguientes:
1) Al resolver el amparo en revisión 472/2005, abordó el estudio de un asunto en el que se interpuso juicio de divorcio necesario fundado en la causal prevista por el artículo 141, fracción XVII, del Código Civil de Veracruz, es decir, por separación de los cónyuges. El Juez del asunto consideró que procedía disolver el vínculo matrimonial pero no condenó al pago de alimentos, porque estimó que en el caso del divorcio que se denunciaba con base en esa fracción, no existe culpable.
En contra de esa decisión, la cónyuge demandada interpuso recurso de apelación, el cual confirmó la sentencia recurrida en el sentido de que no había cónyuge culpable en el caso que analizó, por lo que no procedía condenar al pago de alimentos.
Contra esa determinación, la demandada promovió amparo directo. Al resolver dicho amparo (472/2005), el Tribunal Colegiado consideró, en síntesis, lo siguiente:
Los artículos 100 y 233 del Código Civil para Veracruz establecen el deber alimentario de los cónyuges de ministrarse alimentos recíprocamente y sustentan el principio de que será la ley la que determinará cuándo dicha obligación subsiste.
De ello se infiere que la obligación alimentaria entre los cónyuges nace al constituirse el vínculo matrimonial y que dicha obligación puede no quedar insubsistente en caso de que se disuelva el vínculo, haciendo depender esta circunstancia del motivo que causó la ruptura del mismo.
El artículo 162 del Código Civil para Veracruz prevé los casos en que subsiste el deber alimentario cuando concluye el matrimonio atendiendo a la culpabilidad o inocencia de los cónyuges en relación con el motivo que generó el divorcio.
Ahora bien, si el divorcio se demanda con base en que los cónyuges han estado separados por más de dos años, independientemente de la causa que origina la separación, el artículo 162 mencionado no es aplicable, pues dicho artículo contiene una laguna jurídica al expresar la forma de proceder respecto de la subsistencia de los alimentos únicamente en los casos de divorcio necesario en donde existe cónyuge culpable, pero no regula tal situación cuando existe separación de ambos cónyuges por más de dos años.
Con independencia de que las pensiones alimenticias tengan un rango especial dentro del derecho familiar, basta que quien la pida acredite que tiene derecho a recibirla a través de cualquiera de los medios probatorios que establece la ley respectiva.
La necesidad de los alimentos requiere de acciones adecuadas e inmediatas que permitan su pronta satisfacción, porque se funda en la necesidad de conservar la vida. Prolongar su resolución haría inoportuna la atención de esa necesidad que, en sí misma, implica la subsistencia del acreedor alimentista.
Precisamente por esa razón, procede en todo el tiempo la acción de pago de alimentos, con independencia del nombre que se le dé o de si la acción deriva o no de casos de divorcio, pues lo relativo a las pensiones alimenticias no sólo procede por derivación de dicha clase de casos, sino que es una institución que está inmersa en el campo del derecho familiar, que prospera siempre que se satisfagan los requisitos necesidad-posibilidad.
Además, en materia de alimentos debe prevalecer la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues se vería ésta violentada al hacer nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva la cuestión efectivamente planteada, ante la exigencia del ejercicio de acciones ajenas a la obtención inmediata de los alimentos. La satisfacción de las necesidades elementales sólo puede tutelarse mediante el respeto a dicho principio constitucional.
Lo anterior encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia 61/2005 de la Primera Sala, cuyo rubro establece: "ALIMENTOS. PROCEDE LA ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE DÉ, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO."
Por tanto, en los casos en que se demanda el divorcio por separación de los cónyuges por más de dos años (fracción XVII del artículo 141 del Código Civil para Veracruz), se decidirá lo relativo al derecho alimenticio entre los cónyuges, aplicando la regla genérica relativa a proporcionarlos a quien los requiere e imponer dicha carga a quien puede suministrarlos, pues ello se justifica en la medida en que no se dejará desprotegido a quien los necesita.
Es inexacto que por haberse actualizado esa causal de divorcio sin que se concluyera la existencia de cónyuge culpable, pueda eximirse al acreedor alimentista de la obligación de proporcionarlos a la deudora, pues la declaratoria de culpabilidad de algún miembro de la pareja es independiente del derecho que otorga la ley de demandar los alimentos en los casos en que se justifique darlos en razón de la necesidad de recibirlos y la posibilidad de proporcionarlos.
El anterior criterio, entonces, entra en contradicción con el del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyo rubro es: "ALIMENTOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN EL CASO DE DIVORCIO PREVISTO EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ."
2. Al resolver el amparo directo 238/2004, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:
a) La cónyuge demandó a su marido el pago de una pensión alimenticia, basándose en el hecho de que su marido había faltado a esa obligación y había abandonado injustificadamente el domicilio conyugal.
b) En la reconvención del demandado, éste demandó el divorcio necesario por separación por más de dos años (fracción XVII del artículo 141 del Código Civil de Veracruz).
c) Al dictar sentencia, el Juez natural resolvió disolver el vínculo matrimonial y condenar al actor reconvencionista al pago de alimentos a favor de la actora principal.
d) Contra dicha sentencia, el actor reconvencionista interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
e) Contra esa determinación, el actor reconvencionista interpuso juicio de amparo, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en el sentido de que sí procedía condenar al quejoso al pago de pensión alimenticia, aun cuando no existía cónyuge culpable, sosteniendo su resolución en los argumentos que ya han sido sintetizados.
3) Al resolver los amparos directos 405/2001, 432/2001, 109/2002, 193/2002 y 474/2005 se analizaron asuntos en los cuales:
a) El cónyuge varón demandó de su esposa el divorcio necesario con base en la separación de ambos por más de dos años, así como la cancelación de la obligación de pagar alimentos a favor de su esposa.
b) El Juez natural declaró disuelto el vínculo matrimonial, pero declaró que subsistía el derecho de la cónyuge demandada a recibir alimentos del actor.
c) Contra la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual se confirmó la sentencia de primera instancia.
d) Contra esta última determinación, el actor del juicio natural solicitó el amparo de la Justicia Federal.
e) El Tribunal Colegiado consideró que era correcto que subsistiera la obligación de pagar alimentos a favor de la demandada, toda vez que aunque en dichos casos no había cónyuge culpable, esa obligación subsistía y que era aplicable la jurisprudencia de la Tercera Sala, de rubro: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL."
4) Al resolver el amparo directo 185/2002, se tomaron en cuenta los siguientes elementos:
a) Se promovió demanda de divorcio necesario con base en la separación por más de dos años de los cónyuges en cuestión, solicitándose, asimismo, el pago de alimentos para la cónyuge demandante.
b) El Juez natural declaró la disolución del vínculo matrimonial y condenó al pago de alimentos al demandado principal a favor de la actora.
c) Contra la anterior sentencia, el demandado interpuso recurso de apelación. Al ser resuelto dicho recurso se confirmó la sentencia recurrida.
d) En contra de lo anterior, el demandado principal interpuso demanda de amparo directo. Al resolver ese amparo, el Tribunal Colegiado consideró que subsistía la obligación de pagar alimentos, aun cuando no había cónyuge culpable y que era aplicable la jurisprudencia de la Tercera Sala, de rubro: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL."
Dicho criterio motivó la integración de la jurisprudencia VII.3o.C. J/1, cuyo tenor literal es el siguiente:
"ALIMENTOS. DEBE SUBSISTIR LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS EN QUE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SE FUNDE EN LA CAUSAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. Cuando la disolución del vínculo matrimonial se apoya en la separación de los esposos por más de dos años, independientemente del motivo que la haya originado, debe dar lugar a la obligación de suministrar alimentos. Es así, porque aun cuando es cierto que el artículo 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz adolece de un vacío, consistente en la falta de regulación precisa de la subsistencia de la obligación de los cónyuges de proporcionarse alimentos en el caso de que se disuelva el vínculo matrimonial por la causa de divorcio prevista en el artículo 141, fracción XVII, del código invocado, para lo cual no se califica la culpabilidad o inocencia de los consortes, toda vez que la norma primeramente referida sólo prevé directamente las situaciones de divorcio necesario en las que se hace esa calificación y las de divorcio por mutuo consentimiento, sin que la aquí tratada quede comprendida en esas categorías. Sin embargo, el principio general adoptado en esa ley respecto de los alimentos entre los cónyuges en caso de divorcio en general, consiste en que debe subsistir el derecho a favor del que los necesita, si no ha sido declarado culpable de la disolución del vínculo, sujeto a las modalidades que exige la naturaleza jurídica de tal obligación en ese evento y a las circunstancias del caso, tales como la capacidad de los cónyuges para trabajar y su situación económica, sin excluir de modo expreso el divorcio necesario fundado en la causal mencionada. De ello se infiere, considerando que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, que en la hipótesis de que se trata procede la condena al pago de alimentos en favor del cónyuge que los necesite y en contra del que tenga la posibilidad de darlos, tomando en consideración las constancias de autos, la capacidad actual de los dos para trabajar y su situación económica."(1)
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito analizó los siguientes asuntos:
1) Al resolver el amparo en revisión 55/2005, abordó el estudio de un asunto con las características siguientes:
a) En primer lugar, se dictó una sentencia de divorcio declarando la disolución del vínculo matrimonial con base en la separación de los cónyuges por más de dos años. En la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial se condenó al cónyuge varón al pago de una pensión alimenticia a favor de su hija.
b) Después de un tiempo de que se dictó la sentencia, la mujer divorciada, por su propio derecho y en representación de su menor hija, demandó el pago de alimentos a quien había sido su cónyuge. Seguido el juicio por sus trámites, al dictarse sentencia se absolvió al demandado del pago de pensión alimenticia para la actora mencionada y se le condenó al pago de alimentos para su hija.
c) Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, mismo que modificó el fallo para aumentar la pensión alimenticia fijada a favor de la menor, pero confirmó la sentencia respecto de lo demás.
d) Contra esa sentencia de segunda instancia, la cónyuge demandante de alimentos promovió amparo directo. Al resolver el amparo mencionado, el Tribunal Colegiado consideró, en síntesis, lo siguiente:
De la lectura de la jurisprudencia 17/90 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.", así como de la ejecutoria que le dio origen, se aprecia que los motivos que llevaron a la Tercera Sala a considerar que la causal de divorcio prevista en la fracción XVIII del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, procedía condenar a un cónyuge a proporcionar alimentos al otro, fueron los siguientes:
a) Que dicho artículo establece un principio general consistente en conservar subsistente el derecho de uno de los cónyuges a percibir alimentos, si no había sido declarado culpable de la disolución del vínculo.
b) Que la obligación de proporcionar alimentos no se establece como sanción pues, de ser así, se limitaría a los casos de divorcio necesario y no se incluiría a los de divorcio por mutuo consentimiento.
c) Que el precepto no excluye expresamente de la obligación de que se trata a ninguna hipótesis de divorcio necesario.
d) Que en realidad el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal tenía una laguna, al no prever lo relativo a los alimentos en el caso del divorcio, tratándose de la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal.
De esta forma, este Tribunal Colegiado considera que la tesis de jurisprudencia mencionada no tiene aplicación al caso concreto, porque cuando se demandaron los alimentos ya se había disuelto el vínculo matrimonial entre el demandado y la actora, por lo que había desaparecido la fuente de la obligación alimentaria
Además, la causal de divorcio referente a la separación de los cónyuges por más de dos años, no encaja en el divorcio necesario ni en el voluntario, porque de acuerdo con dicha fracción, el juzgador no está en condiciones de tener a alguno de los consortes como culpable y al otro como inocente, lo que significa que no existe cónyuge culpable y que con motivo del divorcio ya no existan cónyuges, más aún, por la circunstancia de que no existe norma alguna en la legislación sustantiva civil de Veracruz que establezca dar alimentos a un divorciado.
Existe una diferencia clara en las legislaciones del Distrito Federal y de Veracruz.
En efecto, el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal señala que para el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tiene derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, si no se vuelve a casar o se une en concubinato, siempre que no tenga ingresos suficientes, y el derecho del hombre a recibirlos también si está imposibilitado para trabajar y carece de ingresos.
Por el contrario, el artículo 162 del Código Civil de Veracruz establece de manera expresa que en el supuesto de divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia, ni a la indemnización por daños y perjuicios.
En todo el ordenamiento civil veracruzano, no existe precepto que disponga el derecho de la mujer o del hombre a recibir alimentos en caso de divorcio por mutuo consentimiento, pues lo que al respecto existe es la disposición contenida en el artículo 147, que señala en su fracción IV, misma que se refiere a la sola posibilidad, no obligación, de que los cónyuges reciban alimentos, la forma de pago y la garantía para asegurarlos, si así lo convienen, pero sólo durante el procedimiento respectivo, mas no al finalizar éste.
Entonces, ante esa negación expresa de la ley local, no queda margen de interpretación al juzgador, sino tan sólo resolver la cuestión alimentaria planteada conforme a la letra de la ley y a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional.
Esto se refuerza si se toma en cuenta que el artículo 233 señala que la ley debe establecer cuándo subsiste la obligación de darse alimentos en los casos de divorcio, por lo que si a su vez el artículo 162 señala cuáles son esos casos, es jurídicamente permisible colegir que esos casos de divorcio necesario, ante la ausencia de culpable o inocente, debe tenerse como una excepción a la citada regla general y, por tanto, para que pueda condenarse a proporcionar alimentos en tal divorcio, es indispensable que la propia ley así lo dispusiera expresamente, según su artículo 9o., lo cual no sucede.
Ello es así, además, si se toma en cuenta que equiparando ese divorcio al voluntario o consensual, por no haber cónyuge culpable o inocente en ambos, lo cierto es que tampoco se establece esa pensión alimenticia como obligatoria, sino sólo como una expectativa de derechos ante un posible pacto que así se fije, el cual sería contrario -pero no ilegal- a la disposición contenida en el artículo 162, en el sentido de que en el divorcio por mutuo consentimiento los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia.
Por otro lado, con el divorcio se disuelve el vínculo matrimonial y, por ende, terminan las obligaciones de sostenerse mutuamente y de darse alimentos cuando no hay cónyuge culpable. Además, si por vivir separados por más de dos años los consortes ya no cumplen con los fines del matrimonio, es obvio que ambos viven sin necesidad de que uno alimente al otro y, por ello, es un contrasentido que al divorciarse con ese motivo, uno de ellos sea obligado a dar alimentos al otro, sin que sea culpable del divorcio y sin que el alimentado tenga, a su vez, el deber de proporcionar a aquél alguna atención o asistencia, a pesar de ser recíproca la obligación de dar alimentos.
Por ello, las diferencias entre las legislaciones del Distrito Federal y de Veracruz, evidencian que no contemplan situaciones jurídicas análogas y, por ello, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede servir para tener por fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa.
Si la Tercera Sala partió para establecer su criterio de la premisa de que existía una laguna en la legislación civil del Distrito Federal, por cuanto a que expresamente prevé el derecho de los cónyuges para percibir alimentos en los casos de divorcio por mutuo consentimiento (donde no hay cónyuges culpables), no es jurídicamente aceptable que no se prevea tal derecho en los casos de divorcio fundados en la causal de separación por más de dos años, pues, en esa hipótesis, tampoco hay cónyuge culpable, pero dicha laguna no existe en la legislación de Veracruz, pues ésta no establece la obligación de dar alimentos en casos de divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario.
Además, la Tercera Sala acudió a la exégesis del artículo 288 del Código Civil para Veracruz, en el caso, ese método de interpretación no es aplicable, porque ni el Ejecutivo del Estado, al exponer los motivos de la reforma que sufrió el artículo 1623, ni los miembros de la Cámara de Diputados, al debatir sobre el dictamen de la iniciativa al respecto, se refirieron expresamente a la obligación de los cónyuges de proporcionarse alimentos en los casos de divorcio, por lo que acudir a la intención del legislador al redactar la norma resulta inaplicable al caso.
Por todo lo anterior, cabe concluir que en los casos de divorcio necesario, la obligación de los cónyuges para proporcionar alimentos sólo se establece cuando existe un cónyuge culpable de la disolución del vínculo y que, en el caso de que se trata, no existe culpabilidad de ninguno de los cónyuges, por lo que no procede la aplicación del referido criterio jurisprudencial de la Tercera Sala.
2) Al resolver el amparo en revisión 213/2004, abordó el estudio de un asunto con las características siguientes:
a) En primer lugar, se dictó una sentencia de divorcio declarando la disolución del vínculo matrimonial con base en la separación de los cónyuges por más de dos años. En la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial se condenó al cónyuge varón al pago de una pensión alimenticia a favor de su hija.
b) Después de un tiempo de que se dictó la sentencia, la mujer divorciada, por su propio derecho y en representación de su menor hija, demandó el pago de alimentos a quien había sido su cónyuge. Seguido el juicio por sus trámites, al dictarse sentencia se absolvió al demandado del pago de pensión alimenticia para la actora mencionada y se le condenó al pago de alimentos para su hija.
c) Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, mismo que confirmó la sentencia respecto de lo demás.
d) Contra esa sentencia de segunda instancia, la cónyuge demandante de alimentos promovió amparo directo. En la resolución de dicho juicio de garantías, el Tribunal Colegiado resolvió en términos similares a los ya mencionados.
3) Al resolver el amparo en revisión 217/2004, abordó el estudio de un asunto con las características siguientes:
a) La cónyuge demandó el divorcio necesario por separación de los consortes por más de dos años, así como por la causal consistente en la separación injustificada por más de seis meses.
b) El Juez natural dictó sentencia disolviendo el vínculo matrimonial, declaró como culpable al demandado principal y condenó al cónyuge varón al pago de pensión alimenticia. Contra esa sentencia, el demandado interpuso recurso de apelación, el cual sólo modificó la cantidad a pagar por concepto de pensión alimenticia.
c) En contra de esa sentencia, el demandado principal acudió a solicitar el amparo de la Justicia Federal, aduciendo que la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala, de rubro: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.", no era aplicable al caso, entre otras cuestiones.
d) Al resolverse el amparo mencionado, el Tribunal Colegiado consideró que efectivamente dicha jurisprudencia no tenía aplicación al caso concreto, por las razones que ya fueron sintetizadas anteriormente, pero aunque le concedió la razón al respecto, consideró que no se podía conceder el amparo, porque el divorcio necesario se había demandado, además, con base en la fracción XVII del artículo 141 del Código Civil para Veracruz, relativa a la separación injustificada de uno de los cónyuges por más de seis meses del domicilio conyugal y no únicamente con base en la separación por más de dos años por cualquier causa. Así -sostuvo el Tribunal Colegiado-, cuando se demanda el divorcio con base en la fracción VII, sí existe cónyuge culpable, por lo que no se concedió el amparo al quejoso (demandado principal).
4) Al resolver los amparos directos 417/2004 y 721/2004, abordó el estudio de un asunto con las características siguientes:
a) La cónyuge demandó a su marido el pago de una pensión alimenticia, basándose en el hecho de que su marido había faltado a esa obligación y había abandonado injustificadamente el domicilio conyugal.
b) En la reconvención del demandado, éste demandó el divorcio necesario por separación por más de dos años (fracción XVII del artículo 141 del Código Civil de Veracruz).
c) Al dictar sentencia, el Juez natural resolvió disolver el vínculo matrimonial y condenar al actor reconvencionista al pago de alimentos a favor de la actora principal.
d) Contra dicha sentencia, el actor reconvencionista interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
e) Contra esa determinación, el actor reconvencionista interpuso juicio de amparo, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en el sentido de que no procedía condenar al quejoso al pago de pensión alimenticia, porque se había disuelto el vínculo matrimonial por la separación de los cónyuges por más de dos años, por lo que no existía cónyuge culpable, sosteniéndose en los argumentos que ya se sintetizaron en la presente ejecutoria.
Las resoluciones anteriores dieron lugar a la tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/19, del tenor literal siguiente:
"ALIMENTOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN EL CASO DE DIVORCIO PREVISTO EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. La entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/90, sustentó la jurisprudencia 3a./J. 17/90, de rubro: ‘ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.’, que aparece publicada con el número 44, en las páginas treinta y cuatro y siguiente, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, considerando para ello que el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal establecía un principio general, consistente en conservar subsistente el derecho de uno de los cónyuges a percibir alimentos, si no había sido declarado culpable de la disolución del vínculo. Ahora bien, del análisis teleológico de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; 164, 267, 272, 273, 288, 301, 302, 308 y 311 del Código Civil para el Distrito Federal; y, 8o., 9o., 10, 14, 75, 98, 99, 100, 140, 141, 146, 147, 162, 232 y 233 del Código Civil para el Estado de Veracruz, se llega a la conclusión de que en tratándose de alimentos, no existe obligación de suministrarlos en el caso de divorcio previsto en la fracción XVII del artículo 141 de la legislación civil local, ya que en ésta no existe precepto alguno que disponga el derecho de la mujer o del hombre a recibir alimentos en caso de divorcio por mutuo consentimiento, pues lo que al respecto se contiene es la disposición del artículo 147, que en su fracción IV, refiere la mera posibilidad, no obligación, de que los cónyuges reciban alimentos, la forma de hacer el pago y la garantía que deba darse para asegurarlo, si así lo convienen, pero sólo durante el procedimiento respectivo, mas no después de éste; por lo que ante esa negación expresa de la ley civil local no queda margen de interpretación al juzgador, sino tan sólo resolver la cuestión alimentaria planteada conforme a la letra de la ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 tanto de la Constitución Federal como de aquella codificación, más aún cuando esta última dispone en su numeral 233 que en ella se determinará cuándo queda subsistente esa obligación de darse alimentos en los casos de divorcio, por lo que si a la vez en su diverso artículo 162 señala cuáles son esos casos, o sea, los relativos al divorcio necesario, en el que la establece como sanción al cónyuge culpable de la disolución del vínculo matrimonial, a favor del consorte inocente, es jurídicamente permisible colegir que esos casos de divorcio necesario constituyen la regla general para la imposición de dicha sanción, pero como el divorcio por la separación de los esposos por más de dos años, cualquiera que sea la causa, no puede encuadrarse en los divorcios necesarios, ante la ausencia de cónyuges culpable o inocente, debe tenerse como una excepción a la citada regla general y, por tanto, para que pudiera condenarse a proporcionar alimentos en tal tipo de divorcio, es del todo indispensable que la ley sustantiva local así lo dispusiera expresamente, según su precepto 9o., lo cual no hace, tan es así que aun equiparando ese divorcio en estudio al voluntario o consensual, por no haber cónyuges culpable o inocente en ambos, lo cierto es que tampoco se establece esa pensión alimentaria como obligatoria, sino sólo como una simple expectativa de derecho, ante un posible pacto o convenio que así se fije, el cual por cierto sería contrario, pero no ilegal, a la disposición genérica contenida en el artículo 162 ibídem, segundo párrafo, en el sentido de que en el divorcio por mutuo consentimiento los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia. En esas condiciones se llega a la conclusión de que la jurisprudencia emitida por la referida Tercera Sala, no es aplicable para el Estado de Veracruz."(2)
CUARTO. Existencia de la contradicción.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA".(3)
Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19366-95d28daf/alimentos-entre-conyuges-no-subsiste-la-obligacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ALIMENTOS PROVISIONALES Y SU ASEGURAMIENTO. LA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE LOS DECRETA PUEDE INTERPONERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, INCLUSO CUANDO SE HACE VALER EN E (CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2005-PS)
- RESOLUCIONES JUDICIALES QUE PONEN FIN A UN PROCEDIMIENTO CIVIL SIN DILUCIDAR LA CUESTIÓN PRINCIPAL CONTROVERTIDA. TIENEN EL CARÁCTER DE SENTENCIA, POR LO QUE EL PLAZO PARA SU IMPUG (CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2006-PS)
- RESPONSABILIDAD POR DAÑO MORAL. CUANDO LA VÍCTIMA DE UN ACTO ILÍCITO FALLECE, SU FAMILIA TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA, NO ASÍ SUS HE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2006-PS)
- CONTRATO DE SEGURO. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ENERO DE 2002 NO ES APLICABLE A LOS CASOS EN LOS QUE LA ASEGURADORA PRETENDE ENTERAR AL BENEFICIARIO DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2006-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- COSTAS. (VI.2o.586 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis