CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS SALAS FISCALES PUEDEN ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 203/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: EVERARDO MAYA ARIAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que se hizo valer por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, órgano judicial que emitió uno de los criterios participantes en este asunto; de ahí que es patente que tiene legitimación para actuar en el mencionado sentido, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.(2)
TERCERO. Con el propósito de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión del veintiséis de agosto de dos mil once, el amparo directo 312/2011, señaló, en la parte que interesa, lo siguiente:
"En contra de lo resuelto por la Sala, en el primer concepto de violación la quejosa aduce, en lo esencial, transgresión al principio de congruencia, consagrado en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque oficiosamente analizó la prescripción de la obligación de la autoridad fiscal de devolver el numerario indebidamente enterado, sin que ésta lo hiciera valer.
"Es ineficaz ese planteamiento.
"En los juicios contenciosos administrativos en que se reclama la nulidad de una resolución negativa de devolución, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tienen, además del deber de verificar la legalidad intrínseca de dichos actos, el de constatar directamente y siempre que cuenten con elementos para ello, la existencia del derecho subjetivo, cuyo reconocimiento se pretende; obligación tal que implica la posibilidad de emitir una sentencia absolutoria en contra de la autoridad, puesto que el diseño legislativo que rige esta materia sitúa a dichas Salas como verdaderos tribunales de plena jurisdicción y no exclusivamente de anulación.
"La facultad de referencia fue analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XI/2010, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1049, del tenor literal siguiente:
"‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA OBLIGACIÓN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR EN EL JUICIO RELATIVO, OBEDECE AL MODELO DE PLENA JURISDICCIÓN CON QUE CUENTA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y TIENDE A TUTELAR LA JUSTICIA PRONTA Y COMPLETA.’ (se transcribe)
"De acuerdo con la tesis transcrita, los artículos 50, penúltimo párrafo y 52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo están inspirados en la garantía de justicia pronta y completa establecida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ello, permiten al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actuar como órgano de plena jurisdicción y ordenar directamente la restitución de un derecho en favor del gobernado, siempre que éste haya allegado al juicio los elementos probatorios suficientes para revelar su existencia.
"Criterio útil para determinar que el sentido del último párrafo del ordenamiento legal mencionado, en cuanto dispone que en el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ‘deberá’ previamente constatar el derecho relativo del actor, es que el análisis correspondiente no depende de lo que alegue la autoridad demandada, sino de que cuente con elementos para realizar ese pronunciamiento.
"Apoya esa consideración la tesis aislada que este tribunal comparte, sustentada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, que dice:
"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO EN ÉSTAS SE CONDENE A LA AUTORIDAD A LA RESTITUCIÓN DE UN DERECHO SUBJETIVO VIOLADO O A LA DEVOLUCIÓN DE UNA CANTIDAD, LAS SALAS DEL REFERIDO ÓRGANO DEBEN CONSTATAR «DE OFICIO» EL DERECHO RELATIVO DEL ACTOR.’ (se transcribe)
"Así, aplicados, por analogía, los criterios referidos con antelación al caso que nos ocupa, es dable establecer que la constatación del derecho subjetivo del actor impone a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de verificar su vigencia, de tal manera que la autoridad responsable estará vinculada al análisis correspondiente, con independencia de los motivos expuestos por la demandada en la resolución impugnada o en la instancia jurisdiccional, al verter su contestación.
"En el caso, la Sala procedió en los términos antes indicados, ya que de lo expresado a fojas veintitrés a veintiséis de la sentencia reclamada, se deduce que para declarar prescrita la obligación de la autoridad fiscal de devolver a la contribuyente el numerario que ésta le solicitó, en concepto de pago de lo indebido por doble pago, partió de las siguientes premisas:
"1. Que la autoridad demandada omitió pronunciarse en relación a la existencia del doble pago, pues únicamente estableció como causa de la negativa de devolución que el crédito fiscal se encuentra firme y en contra de la resolución por la que se compensó ese adeudo no se interpuso medio de defensa.
"2. Que, ante tal omisión, no era necesario anular la resolución impugnada, a efecto de que la autoridad fiscal emitiera el pronunciamiento respectivo, sino que ese órgano jurisdiccional debía resolver en definitiva la procedencia de la devolución.
"3. Ello, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 67/2008, de rubro: ‘NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).’
"Es decir, tomando en cuenta los razonamientos contenidos en el criterio invocado por la a quo, es patente que justificó su proceder a partir de la premisa de que, por ser un tribunal de plena jurisdicción, contaba con facultades para pronunciarse sobre la procedencia del derecho subjetivo de la accionante, independientemente de lo alegado por las partes, lo que es acorde con el deber que le impone el último párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de ahí lo ineficaz del concepto de violación en estudio."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión de nueve de septiembre de dos mil once, el amparo directo número 298/2011 señaló, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Es fundado el primer concepto de violación y, por ende, de estudio innecesario el resto de ellos.
"Cierto, por cuestión de método, es necesario estudiar, de modo preferente, el primer concepto de violación expuesto por la accionante del amparo, en el que aduce que la responsable varió la litis al momento de resolver el juicio contencioso administrativo de origen.
"En efecto, en el primer concepto de violación, se aduce que la sentencia reclamada resulta violatoria de los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la Sala del conocimiento cambió los hechos expuestos en la contestación a la demanda, en la medida en que introdujo a la litis el análisis de la prescripción de la obligación de la autoridad demandada a realizar la devolución del pago de lo indebido, sin que se hubiera hecho valer la excepción correspondiente.
"Indica que en el fallo reclamado se reconoció la existencia del doble pago, por lo que si el único motivo que la responsable adujo para negar el derecho a la devolución, fue precisamente que la obligación de la autoridad a devolver se encontraba prescrita, es claro que ello es suficiente para declararla indebidamente fundada y motivada, en la medida en que tal cuestión no formó parte de la controversia.
"Es fundado el anterior motivo de disertación.
"Con el propósito de demostrar tal aserto, es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las sentencias que se dicten en el juicio contencioso administrativo federal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado.
"Dicho numeral señala:
"‘Artículo 50.’ (se transcribe)
"En el precepto legal transcrito está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia que emitan las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, principio que deriva del diverso de justicia completa que garantiza el artículo 17 constitucional y que radica, esencialmente, en que el fallo sea congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis; lo cual implica, por una parte, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que, al resolverse una controversia de nulidad se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, ampliación de la demanda y su correspondiente contestación, pero sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer.
"De igual forma, es menester señalar que en el referido numeral se dispone que las resoluciones en comento se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, pero cuando se hagan valer diversas causas de ilegalidad, se examinarán, en primer término, las que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado.
"En otras palabras, el precepto transcrito prevé que las sentencias del citado tribunal administrativo se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con la resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios, es decir, las Salas del mencionado tribunal deberán resolver la pretensión que efectivamente se desprenda del escrito de demanda.
"Asimismo, el citado numeral dispone que la sentencia deberá examinar primero aquellos conceptos de anulación que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, y cuando la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios de procedimiento, ésta deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"Sobre tales premisas, resulta patente que el debido acatamiento a la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, así como a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, exige que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas de la demanda, siempre que no exista alguna causa jurídica o razón fundada que lo impida o que determine la inutilidad de su análisis, lo que acontece cuando se actualiza cierta causa de improcedencia, o bien, cuando de resultar fundada y suficiente una de las causas de ilegalidad que conllevan a la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, resulte innecesario el examen de las restantes, en razón de que la actora no obtendría un beneficio mayor del que ya obtuvo con tal declaratoria.
"Cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes; de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado.
"Luego, si en una sentencia se analizan motivos de disenso que no fueron expuestos y se analiza la legalidad del acto reclamado conforme a argumentos no planteados, tanto por el inconforme como por la autoridad demandada, en este supuesto se trata de una incongruencia externa.
"Es conveniente citar las siguientes jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"‘SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.’ (se transcribe)
"‘CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO.’ (se transcribe)
"‘CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE.’ (se transcribe)
"Precisado lo anterior, debe recordarse que la Sala del conocimiento indicó que en el concepto de impugnación marcado como primero, la parte demandante alegó que la resolución impugnada negó su solicitud de devolución presentada contraviniendo los artículos 22 y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 16, fracción III, segundo párrafo y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que la autoridad demandada únicamente fundó y motivó por medio de una compensación de oficio que es fruto de un acto declarado ilegal, como lo es la notificación de un crédito fiscal, pasando por alto tal y como lo prevé el artículo 16, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y el entonces 209-Bis del Código Fiscal de la Federación, todo lo actuado con base en una notificación declarada nula por este tribunal, queda sin efectos.
"Tal motivo de disenso fue calificado como infundado por la autoridad responsable, sustentándose en las siguientes consideraciones:
"Que, de acuerdo a los autos del juicio natural, se advertía que en la sentencia de doce de noviembre de dos mil tres, emitida dentro del expediente número 1595/01-10-01-7 del índice de la Sala del conocimiento, se resolvió declarar la nulidad de los mandamientos de embargo y sus respectivos requerimientos de pago de cinco de julio de dos mil uno, en virtud de que los citatorios relativos al oficio número **********, no fueron debidamente diligenciados; precisándose en el mismo fallo que quedaba intocado el oficio liquidatorio contenido con el número **********, debido a que la actora debió formular agravios en contra de dicho acto administrativo, mediante la ampliación de la demanda; sin embargo, se destacó, al producir su ampliación, únicamente reiteró la ilegalidad de las constancias de notificación del acto administrativo antes mencionado.
"En ese orden de ideas, luego de transcribir el contenido del artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época en que se tramitó el juicio 1595/01-10-01-7, la Sala Fiscal responsable arribó a las siguientes conclusiones:
"1. Cuando el actor manifieste desconocer el acto administrativo que pretende impugnar deberá expresarlo así en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución y la autoridad demandada, al contestar la demanda, deberá acompañar constancia del acto administrativo y de su notificación;
"2. En la ampliación a la demanda el actor podrá controvertir tanto la legalidad de las notificaciones, como de la resolución impugnada;
"3. Cuando se resuelva que la notificación de la resolución impugnada fue ilegal, se considerará al actor como conocedor del acto administrativo ‘desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II’, esto es, a partir de la fecha en que esta Sala lo emplazó con copia del oficio de contestación a la demanda y anexos correspondientes; y,
"4. La inexistencia o ilegalidad de la notificación dejará sin efectos todo lo actuado con base en la misma.
"Conforme a lo anterior, la Sala a quo determinó que no asistía razón a la parte actora, respecto a que las resoluciones identificadas con los números ********** y **********, quedaron sin efectos como resultado de la ilegalidad de la notificación del diverso oficio número **********, pues, indicó, si bien es cierto que la nulidad de una notificación deja sin efectos todo lo actuado con base en la misma; igualmente, cierto resulta que únicamente dejará sin efectos lo actuado dentro del mismo procedimiento administrativo, respecto del cual se desarrolló, emitió y ejecutó una resolución administrativa, siendo que los oficios mencionados en primer término no fueron emitidos dentro del mismo procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión de este último, por lo que la ilegalidad indicada no tuvo el alcance de dejar sin efectos los oficios ********** y **********, pues se emitieron respecto de una solicitud de devolución formulada por la actora el **********.
"Bajo esa medida, la Sala puntualizó que dichas resoluciones se dictaron en procedimientos administrativos que tuvieron como origen una solicitud de devolución, por lo que los efectos de la nulidad de la notificación de un procedimiento administrativo no pueden afectar la legalidad de un diverso procedimiento tramitado en forma independiente; mayormente, indicó, si en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil tres, emitida dentro del expediente 1595/01-10-01-7, no se concretaron en forma alguna los efectos referidos por la demandante; de donde concluyó que la accionante no demostró la existencia de un derecho subjetivo consistente en reclamar la anulación de un acto administrativo, cuyos efectos no fueron anulados en forma expresa en la referida sentencia, pues tampoco se controvirtió por vicios propios la legalidad de los oficios números ********** y ********** y, por ende, quedaron intocados.
"Por tanto, la Sala del conocimiento determinó que la parte actora no tenía derecho a la devolución, puesto que la legalidad de los oficios ********** y **********, no fue controvertida; aunado a lo anterior, la Sala Fiscal indicó que no era óbice la circunstancia de que en la resolución impugnada se hubiera indicado que en tales oficios se compensó el importe de créditos fiscales determinados en el oficio **********, porque este último oficio fue reconocido como intocado en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil tres.
"A continuación, la Sala Fiscal del conocimiento abordó el análisis de los conceptos de impugnación marcados como segundo y tercero, los cuales consideró como infundados bajo las siguientes razones:
"En primer término, la Sala Fiscal señalada como responsable abordó la alegación del doble pago, para lo cual trajo a cuenta el contenido del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la emisión de los oficios números ********** y **********, de cuyo contenido obtuvo que la devolución procede en los siguientes casos: a) ante un pago efectuado indebidamente; b) por cantidades que procedan de conformidad con las leyes fiscales; y, c) cuando el pago indebido derive del cumplimiento a un acto de autoridad, el derecho a la devolución nacerá cuando dicho acto quede insubsistente.
"Además, indicó que, en el caso, la parte actora solicitó la devolución por un pago efectuado en forma indebida, el cual derivó de un doble entero, respecto de una compensación indebida que fue presentada el día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante declaración normal del pago provisional del impuesto sobre la renta, siendo que la duplicidad en el pago radicó en que, por una parte, el ocho de junio de dos mil uno, al percatarse de la improcedencia de la compensación, efectuó el pago de la compensación, junto con actualización y recargos, mediante declaración complementaria, en tanto que la autoridad demandada mediante oficio número ********** determinó un crédito fiscal por concepto de compensación indebida por **********, así como actualizaciones, multas y recargos, ascendiendo a la cantidad de **********, mismo que fue compensado oficiosamente por la autoridad demandada con fecha quince de marzo de dos mil cuatro, mediante oficios números ********** y **********.
"Pues bien, la Sala del conocimiento determinó que la autoridad demandada no analizó en forma alguna la procedencia de la solicitud en los términos solicitados, respecto a la existencia de un doble pago respecto de la cantidad de **********, misma que previamente había sido enterada por la parte actora el ocho de junio de dos mil uno, pues únicamente se hizo pronunciamiento respecto a que el oficio número ********** se encuentra firme, en virtud de que quedó intocado conforme se resolvió en la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil tres.
"En esas condiciones, la Sala señaló que, en el caso, la resolución impugnada versa sobre una devolución de pago de lo indebido, por lo que se encontraba constreñida a analizar en forma definitiva sobre la procedencia del derecho subjetivo del actor a obtener la devolución solicitada.
"Sobre el particular, la Sala a quo indicó que, en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad demandada se encuentra constreñida a devolver las cantidades pagadas indebidamente; sin embargo, precisó, dicha obligación no era absoluta e irrestricta, puesto que se encontraba sujeta a límites temporales, como lo era el relativo a que dicha obligación prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, siendo que, en el caso, la obligación de la autoridad fiscal de devolver la cantidad solicitada por la parte actora se encontraba prescrita, en atención a que, respecto del pago efectuado el ocho de junio de dos mil uno, dicha obligación concluyó el ocho de junio de dos mil seis, mientras que en lo tocante a la cantidad liquidada en el oficio **********, notificada el dieciséis del mismo mes y año, la obligación de la autoridad fiscal concluyó el dieciséis de abril de dos mil seis, mientras que la solicitud de devolución fue presentada por la parte actora hasta el catorce de diciembre de dos mil siete.
"De lo anterior se desprende que la Sala del conocimiento, al abordar el estudio de la procedencia de la solicitud, respecto a la existencia de un doble pago respecto de la cantidad de ***********, consideró que la misma era improcedente por haber prescrito la obligación de la autoridad demandada para devolverla, en la medida en que ésta feneció el ocho de junio de dos mil seis, en tanto la solicitud de la actual peticionaria de amparo se presentó hasta el catorce de diciembre de dos mil siete.
"Lo anterior demuestra la ilegalidad de la sentencia reclamada, en la medida en que la Sala del conocimiento introdujo una cuestión que no fue materia de la litis relativa a la prescripción de la solicitud de la devolución.
"En ese sentido, es oportuno señalar que una de las pretensiones de la accionante del juicio de nulidad fue que la Sala del conocimiento se pronunciara sobre el derecho subjetivo de obtener la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la autoridad, a través de la compensación de oficio por concepto de impuesto, actualización y recargos.
"Sobre el tema en específico, la autoridad fiscal, al contestar la demanda instaurada en su contra, indicó que la parte actora no impugnó en el momento procesal oportuno las resoluciones contenidas en los oficios ********** y **********, ambos de quince de marzo de dos mil cuatro, en el que se realizaron las compensaciones, por lo que se trataba de actos consentidos; asimismo, señaló que, por no haberse interpuesto el juicio de nulidad en su contra, éstos surten sus efectos legales, siendo que la resolución determinante de los créditos fiscales quedó intocada en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil tres, dictada en el expediente 1595/01-10-01-7 y, por ende, no era posible autorizar la devolución solicitada por la contribuyente.
"Lo reseñado permite colegir que el tema de la prescripción del derecho subjetivo para obtener la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la autoridad, a través de la compensación de oficio por concepto de impuesto, actualización y recargos, no formó parte de la controversia en el juicio de nulidad de origen, por lo que si la Sala del conocimiento introdujo esa cuestión, al resolver sobre la pretensión de que se trata, es dable colegir que el proceder de la Sala responsable, además de contravenir el referido principio de congruencia, implica violación a los principios de legalidad y debida fundamentación y motivación, previstos en el artículo 16 de la propia Carta Magna; ante lo cual, es razonable concluir que la Sala varió la litis efectivamente planteada.
"Se efectúa el aserto anterior, pues las sentencias en el juicio contencioso administrativo, en todo caso, se deben contraer a los puntos de la litis planteada, facultando al Tribunal Fiscal a suplir las deficiencias en la demanda; empero, la suplencia en cuestión no llega al extremo de permitir a la Sala respectiva introducir cuestiones no propuestas por las partes, es decir, ajenas a la litis.
"Por analogía y por el criterio que informa, deviene aplicable la tesis de jurisprudencia 412, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 339 del Apéndice de dos mil, Tomo V, Materia Laboral, Sexta Época, que dice:
"‘PRESCRIPCIÓN, NO ESTÁ PERMITIDO EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA.’ (se transcribe)."
CUARTO. Cabe significar que la circunstancia de que el criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no constituya jurisprudencia, así como que no estén expuestos formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas, en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, cuyos rubros establecen: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(3) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(4)
QUINTO. Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas, respecto a la solución de la controversia planteada.
Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se pronunció el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en sol
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24055-094e0e9b/contencioso-administrativo-federal-las-salas-fiscales-pueden-analizar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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