Corpus
Modo: Corpus Pro

PAGO DE LO INDEBIDO O SALDO A FAVOR. LA SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN CONSTITUYE UNA GESTIÓN DE COBRO QUE NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE PRESCRIBA LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLO, SI EL CONTRIBUYENTE DESISTE DE SU SOLICITUD O LA AUTORIDAD LO TIENE POR DESISTIDO ANTE SU OMISIÓN ABSOLUTA DE ATENDER UN REQUERIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 324/2013. · Registro digital (IUS): 24694
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Pág. 601.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 324/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.

En ese sentido, cabe señalar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el nueve de febrero de dos mil once, por unanimidad de votos, la revisión fiscal **********, determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:

"SEXTO. Es fundado el agravo (sic) que hizo valer la autoridad recurrente. En esencia, aduce violación a los artículos 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con relación a los numerales 22, primero y antepenúltimo párrafos y 146 del Código Fiscal de la Federación, por su indebida aplicación e interpretación. Lo anterior, en virtud de que la Sala responsable indebidamente declara la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 500-70-01-00-01-2009-23548, de veintidós de septiembre de dos mil nueve, dictada por el administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, sin tomar en consideración que el plazo de la prescripción en ningún momento se vio interrumpido, no obstante que la actora haya realizado la gestión de cobro de la cantidad pagada indebidamente el dieciséis de agosto del dos mil siete, pues al no haber desahogado el requerimiento que se le formuló, se le tuvo por desistido de dicha acción, siendo irrelevante que el particular hubiere presentado, motu proprio, el desistimiento, o se le haya aplicado el párrafo quinto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues lo cierto es que los efectos jurídicos son los mismos. Por tanto, considera la recurrente, si la propia juzgadora refiere que la fecha en la que empieza a correr el plazo para prescripción (sic) es el veintiocho de abril de dos mil cuatro, día siguiente «al» en que se presentó la declaración normal de dos mil tres, entonces el derecho a la devolución prescribió el veintiocho de abril de dos mil nueve, al haber operado la única excepción que no interrumpe el plazo de la prescripción. De las constancias que integran el juicio de nulidad en el que se dictó la sentencia que ahora se analiza, se desprenden los datos siguientes: 1) El veintisiete de abril de dos mil seis ********** presentó declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres (fojas 13 a 19). 2) Posteriormente, el dieciséis de agosto de dos mil siete, la contribuyente formuló solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto sobre la renta a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, mediante certificador con número de control **********, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres, por la cantidad de $********** (**********) (primer párrafo de la **********). 3) En respuesta a lo anterior, el seis de septiembre de la misma anualidad, la autoridad hacendaria formuló el requerimiento número **********, en el que hizo saber a la solicitante que para estar en condiciones de resolver su petición, debía solicitar a su retenedor con registro federal de contribuyente (sic) **********, en hoja membretada escrito libre y firmado por el responsable de la información, hiciera la aclaración respecto de las cantidades y conceptos que proporcionó y que debían coincidir tanto con lo declarado en la constancia, como con lo manifestado en la declaración informativa del ejercicio de dos mil tres (segundo y tercer párrafos de la **********). 4) En virtud de que ********** fue omisa en aportar la información solicitada, el ocho de octubre de dos mil siete, la subadministradora de Devoluciones y Compensaciones en suplencia por ausencia de la administradora local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, determinó que lo procedente era hacerle efectivo el apercibimiento que se le había formulado y la tuvo por desistida de la solicitud de devolución correspondiente al periodo de dos mil tres, por concepto del impuesto sobre la renta, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, señalándole, además, que en caso de volver a promover debía aportar la documentación que le fue solicitada anteriormente (**********). 5) El dieciséis de agosto de dos mil nueve, ********** volvió a presentar ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Centro del Distrito Federal, la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres (último párrafo de la **********). 6) A través de la resolución emitida el veintidós de septiembre siguiente, la subadministradora local de Auditoría Fiscal ‘1’, en suplencia por ausencia del administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, resolvió negar la solicitud de devolución de que se trata, en razón de que había prescrito el derecho del contribuyente, dado que el plazo de cinco años que tenía para formular su petición, transcurrió del treinta de abril de dos mil cuatro al veintinueve de abril de dos mil nueve (fojas 8 y 9). 7) Inconforme con lo anterior, la contribuyente acudió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diez ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas, para solicitar su nulidad, correspondiéndole el conocimiento del asunto a la Décimo Segunda Sala, donde se registró con el número de expediente **********, y mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diez, resolvió que le asistía la razón a la actora. Como sustento de lo anterior, la a quo, básicamente, señaló que, como bien lo argumentó la actora, resultaba erróneo que la autoridad considera (sic) que había prescrito el plazo para solicitar la devolución de saldo a favor, por concepto de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del dos mil tres, pues con la simple presentación de la solicitud de devolución que realizó el dieciséis de agosto del dos mil siete, estaba realizando una gestión de cobro que tuvo por efecto la interrupción del término para que opere la figura de la prescripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Sin que fuera obstáculo para así determinarlo, el hecho de que la autoridad fiscal, mediante oficio 322-SAT-09-II-I-B-JARC-32256, de ocho de octubre del dos mil siete, hubiese resuelto que no era posible acceder a la solicitud de devolución de impuesto de que se trata, en virtud de que la actora fue omisa en cumplimentar el requerimiento que se le formuló y tuvo por desistida a la actora de tal solicitud, porque para que pudiera considerarse que no hubo interrupción era necesario que la contribuyente expresamente se hubiese desistido de la solicitud de devolución, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 22 en cita, y en el caso fue la propia autoridad quien le tuvo por desistida, por lo que no tiene la trascendencia pretendida por la demandada, y concluyó: ‘Es así que, en términos del artículo 22, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, debe considerarse la solicitud de devolución presentada ante la autoridad fiscal presentada (sic) el dieciséis de agosto del dos mil siete, una gestión de cobro que, por ende, interrumpe el término de la prescripción. Es así que, del veintiocho de abril del dos mil cuatro, día siguiente al en que se presentó la declaración normal de dos mil tres, al dieciséis de agosto del dos mil siete, en que se interrumpió el plazo de prescripción en comento, transcurrieron tres años, tres meses y dieciocho días; y del ocho de octubre de dos mil siete, en que nuevamente se inició el plazo de prescripción, al dieciocho de agosto del dos mil nueve, en que se presentó la solicitud de devolución, que fue resuelta en el acto impugnado, transcurrió un año, diez meses y dieciocho días; en consecuencia, contrario a lo resuelto por la autoridad demandada, no prescribió el derecho de la parte actora para solicitar la devolución del saldo a favor manifestado por concepto de impuesto sobre la renta en cantidad de $**********, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres.’. Y declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada resolviera sobre la cantidad solicitada, conforme a derecho corresponda. Previo a establecer las razones por las cuales asiste la razón a la autoridad recurrente, este órgano colegiado estima pertinente establecer que no pasa inadvertido que de las constancias que integran el juicio de nulidad del que deriva la sentencia sujeta a revisión, se desprende que la fecha en que ********** presentó la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres, es el veintisiete de abril de dos mil seis, como consta en el acuse de recibo que obra a foja trece y así lo refirió la propia actora al ofrecer como prueba en el juicio de nulidad ese documento (foja 6, penúltimo párrafo); y no el veintisiete de abril de dos mil cuatro, como lo refiere la Sala Fiscal en la sentencia sujeta a revisión; sin embargo, como la autoridad no expresa ningún argumento al respecto, dado que el presente recurso de revisión es de estricto derecho, no se hará mayor pronunciamiento al respecto. Ahora, el artículo 22, párrafos primero, sexto y antepenúltimo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil siete, establece lo siguiente: ‘Artículo 22.’ (se transcribió). Del precepto legal acabado transcrito (sic) parcialmente, se desprenden tres aspectos relevantes para el caso en estudio: a) El numerario enterado indebidamente por concepto del pago de contribuciones, podrá ser devuelto por la autoridad fiscal competente de acuerdo a lo que prevé el párrafo primero; b) Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, tienen la facultado (sic) de requerir al contribuyente los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma, apercibiéndole que de no desahogar el requerimiento dentro del plazo ahí señalado, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente; y, c) La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, en la inteligencia de que la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. Lo anterior se entiende, porque el hecho de que el particular se desista de la solicitud de devolución del saldo a favor, es equivalente a un desistimiento de la demanda, que tiene como consecuencia que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de su presentación, sin perjuicio de que en algún otro momento pueda volver a formularla; por tanto, con motivo del desistimiento de la solicitud de la devolución del saldo a favor, la interrupción de la prescripción producida por la presentación de ésta, queda sin efecto, y el derecho se extinguirá por prescripción cuando el término de ley se haya cumplido. Es de invocarse, al respecto, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15 del tomo 103-108, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: ‘DESISTIMIENTOS DE LA ACCIÓN Y DE LA DEMANDA.’ (se transcribió). Sin que para el caso sea relevante que el desistimiento de la acción se haya pronunciado con motivo de la solicitud expresa del contribuyente, o bien, la autoridad lo haya determinado como consecuencia de que el gobernado no desahogó dentro del término concedido algún requerimiento previamente formulado respecto de la solicitud de devolución formulada por el gobernado. Pues el párrafo sexto del artículo 22 en cita, es expreso en señalar que: ‘... Las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. ...’. Es decir, el apercibimiento en comento consiste, precisamente, en que en caso de que el contribuyente sea omiso en atender el requerimiento de que se trate, se le tenga por desistido de la solicitud de devolución. De donde entonces, resulta que se trata de un desistimiento tácito, pues a sabiendas que en caso de no atender el requerimiento que se le formuló, se le tendrá por desistido de su pretensión, el contribuyente decide no hacerlo, es incuestionable que se desiste de la solicitud de devolución. Por tanto, una vez que se tiene al gobernado por desistido de la solicitud de devolución, sin importar la causa que la haya generado (por manifestación expresa del particular o por declaratoria por parte de la autoridad como consecuencia de hacer efectivo el apercibimiento decretado), lo cierto es que las consecuencias jurídicas son las mismas, entre ellas, el que desaparezca el motivo de interrupción del término de la prescripción respecto del plazo que tiene la autoridad para devolver las cantidades solicitadas; es decir, tal interrupción queda reducida a la nada jurídica, como si nunca hubiera existido, lo que significa que con ese acto procesal del desistimiento se pierde o se renuncia a la interrupción ganada. En tanto que el artículo 146, párrafos primero y segundo, del mismo ordenamiento legal prevé lo siguiente: ‘Artículo 146.’ (se transcribió). De donde entonces, resulta que el derecho sustantivo para que el gobernado solicite la devolución de las cantidades que fueron enteradas al fisco en exceso prescribe en el plazo de cinco años. En el entendido de que el término para que se actualice la figura de la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, es decir, a partir de que se enteró el impuesto de que se trata, así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 165/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, página 440, que es del tenor literal siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ENTERADAS EN EXCESO, EL PLAZO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL ENTERO.’ (se transcribió). En mérito de lo hasta aquí expuesto, es que asiste razón a la inconforme cuando señala que la Sala Fiscal indebidamente declaró la nulidad de la resolución impugnada, sin tomar en consideración que en ningún momento se vio interrumpido el plazo de la prescripción, no obstante que ********** haya gestionado el cobro de la cantidad pagada indebidamente, porque al no haber desahogado el requerimiento que se le formuló para que aportara mayor información respecto de su declaración, se le tuvo por desistido de esa acción, siendo irrelevante que el particular hubiese presentado, motu proprio, el desistimiento o se le haya aplicado el párrafo quinto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Pues, si bien el penúltimo párrafo del numeral acabado de citar establece que la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, también es expreso en señalara (sic) como excepción a esa regla, cuando el particular se desista de esa solicitud; lo que trae como consecuencia que desaparezcan las consecuencias jurídicas que produjo la presentación de la solicitud de devolución, entre ellas, la interrupción de la prescripción, debido a que tal desistimiento tiene como efecto que las cosas vuelvan jurídicamente al estado que guardaban hasta antes de su actualización, como si nunca hubiere existido. En este contexto, al resultar esencialmente fundado el único agravio hecho valer por la autoridades recurrente (sic), lo que procede es declarar también fundado el presente medio de impugnación para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia impugnada, y en su lugar dicte otra en la que determine que la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto sobre la renta que formuló ********** (sic) el dieciséis de agosto de dos mil siete, respecto del ejercicio fiscal de dos mil tres, no interrumpió el término de la prescripción, en virtud de que mediante resolución de ocho de octubre de dos mil siete, se le tuvo por desistido de la solicitud en comento; y, atendiendo a los lineamientos marcados en párrafos que anteceden, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, debiendo fundar razonadamente la conclusión a la que arribe. ... . Por lo expuesto y fundado en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve ..."

Con motivo de esa ejecutoria, el referido Tribunal Colegiado de Circuito aprobó la tesis que a continuación se señala:

"Registro: 162159

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIII, mayo de 2011

"Materia: administrativa

"Tesis: I.7o.A.765 A

"Página: 1120

"DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA DESAPARECE SI EL CONTRIBUYENTE SE DESISTE DE SU SOLICITUD O NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO QUE SE LE FORMULÓ EN TÉRMINOS DEL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007). Conforme al penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2007, la obligación que tiene la autoridad de devolver al contribuyente el saldo a favor que le resulte del pago indebido, prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, y para estos efectos, la solicitud relativa que presente el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando éste se desista de la solicitud. En estas condiciones, es irrelevante que el desistimiento se produzca por la solicitud expresa del contribuyente, o porque la autoridad lo determine como consecuencia de que el gobernado no desahogó dentro del término concedido el requerimiento que se le formuló en términos del quinto párrafo del citado precepto, pues las consecuencias jurídicas son las mismas. Por tanto, la interrupción del plazo para que opere la prescripción de la obligación de devolver el indicado saldo a favor desaparece, es decir, queda reducida a la nada jurídica, como si no hubiera existido, cuando el desistimiento se da por cualquiera de las causas descritas, lo que significa que, al actualizarse éstas, se pierde o se renuncia a la interrupción ganada.

"Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Revisión fiscal **********. Titular de la Administración Local Jurídica del Centro del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, firmando por ausencia del primero la subadministradora. 9 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez."

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el apartado de precedentes de la tesis en cuestión, se asentó inexactamente que en la revisión fiscal de que se trata, fungió como ponente el Magistrado ahora Ministro Alberto Pérez Dayán, pues de la copia certificada de la resolución correspondiente remitida por el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se desprende que en dicho asunto fue ponente la licenciada María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez, en funciones de Magistrada.

Por tanto, se ordena a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de este Alto Tribunal, que proceda a efectuar la aclaración correspondiente.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al fallar el veinte de junio de dos mil trece, por mayoría de votos, el recurso de revisión fiscal 148/2013, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:

"SEXTO. Análisis de los agravios. Los motivos de disenso expuestos son unos infundados, y otros fundados y suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión. Para justificar ese menester, es precisar (sic), que de las constancias que integran el juicio de nulidad en el que se dictó la sentencia que ahora se analiza, se desprenden los datos siguientes: El cuatro de agosto de dos mil seis, la persona moral denominada ‘Fideicomiso del Centro Regional Expositor y de Negocios Irapuato No. **********’, presentó declaración del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de mayo de dos mil seis (foja 28). Posteriormente, el ocho de noviembre de dos mil seis, la contribuyente en cita formuló solicitud de devolución del saldo a favor a la Administración Local de Recaudación de León, respecto al pago de dicho tributo, por la cantidad de $********** (**********), tal como se desprende de la solicitud atinente, glosada a foja 31 del expediente de origen. En respuesta a lo anterior, el seis de septiembre de la misma anualidad, la autoridad hacendaria formuló el requerimiento número **********, a fin de que la contribuyente presentara la información que ahí se describía, en relación con la solicitud de devolución, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, se le tendría por desistida de su promoción (fojas 32 y 33). Mediante resolución de treinta de enero de dos mil siete, la autoridad fiscal determinó que la contribuyente no exhibió de manera completa la información y documentación que le fue solicitada y que, por ende, no fue posible completar el estudio y análisis de su solicitud, por lo que se resolvió tenerla por desistida de su promoción (fojas 34 a 38). El veinticinco de enero de dos mil doce, la contribuyente en cuestión volvió a presentar ante la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, por la cantidad de un millón novecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y tres pesos (fojas 39 y 40 del expediente de origen). A través de la resolución emitida el trece de marzo de dos mil doce, la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, resolvió que prescribió la obligación de devolver el saldo a favor (fojas 24 y 25). Inconforme con lo anterior, la contribuyente demandó su nulidad ante la Sala Regional III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se registró bajo el expediente **********, el que se decidió por sentencia de treinta de noviembre de dos mil doce, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada y reconocer el derecho subjetivo de la actora. Es esta determinación lo que constituye la materia del recurso que ahora se resuelve. Ahora bien, en la sentencia recurrida, la Sala Fiscal determinó que la solicitud de devolución presentada por la contribuyente el ocho de noviembre de dos mil seis, sí interrumpió el término de cinco años necesario para que operara la prescripción, de conformidad con lo establecido en los numerales 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, pues de conformidad con el primero de dichos preceptos, el término para que se actualice la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro y se considera como tal, la solicitud de devolución presentada por el contribuyente (como fue el caso), salvo que éste se desista de ella; sin que obste que la autoridad haya resuelto ese trámite en el sentido de tenerlo por desistido, pues ello obedeció a que la autoridad estimó que no cumplió con un requerimiento formulado, no así a la manifestación de voluntad de la contribuyente, que es el único caso que actualiza el supuesto de excepción previsto en el citado artículo 22. Frente a lo anterior, en los motivos de disenso agrupados bajo el inciso b), la autoridad inconforme refiere que, contrariamente a lo apreciado por la Sala, si la autoridad demandada tuvo a la demandante por desistida de su solicitud de devolución, presentada el ocho de noviembre de dos mil seis, dicha solicitud no es idónea para interrumpir la prescripción, en tanto que el precepto 22 del Código Fiscal de la Federación, es claro al establecer que la solicitud de devolución se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando exista desistimiento. Es equívoco el razonamiento de la Sala, respecto a que esa excepción sólo opera cuando es el contribuyente quien se desiste de tal solicitud, tal como se desprende de la tesis de rubro: ‘DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA DESAPARECE SI EL CONTRIBUYENTE SE DESISTE DE SU SOLICITUD O NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO QUE SE LE FORMULÓ EN TÉRMINOS DEL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007).’. Agrega, que la interrupción del plazo para que opere la prescripción con respecto a una devolución, desaparece si el contribuyente se desiste de su solicitud o no cumple con el requerimiento que se le formuló, en términos del quinto párrafo del mencionado artículo 22, pues es irrelevante que el desistimiento se produzca por la solicitud expresa del contribuyente, o porque la autoridad lo determine como consecuencia de que el gobernado no desahogó dentro del término concedido el requerimiento que se le formuló, pues las consecuencias son las mismas. Esos argumentos son infundados. Para justificar ese aserto, es menester reproducir el contenido de los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 22.’ (se transcribió). ‘Artículo 146.’ (se transcribió). De los preceptos legales transcritos, es factible inferir lo siguiente: El numerario enterado indebidamente por concepto del pago de contribuciones, podrá ser devuelto por la autoridad fiscal competente de acuerdo a lo que prevé el párrafo primero del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, tienen la facultad de requerir al contribuyente los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma, bajo el apercibimiento que de no desahogar el requerimiento dentro del plazo señalado, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente; y el derecho sustantivo para que el gobernado solicite la devolución de las cantidades que fueron enteradas al fisco en exceso prescribe en el plazo de cinco años. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, en la inteligencia de que la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción. La solicitud de devolución presentada por el contribuyente no se considerará como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, únicamente cuando el propio particular desista de la solicitud. En el entendido de que el término para que se actualice la figura de la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, es decir, a partir de que se enteró el impuesto de que se trata, tal como se desprende de la tesis que enseguida se reproduce: ‘PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ENTERADAS EN EXCESO, EL PLAZO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL ENTERO.’ (se transcribió). Lo hasta aquí expuesto permite concluir que, tal como lo expuso la Sala Fiscal y como expresamente está contenido en la norma antedicha, únicamente el desistimiento de la solicitud de devolución presentada por el contribuyente ante la autoridad, permite considerar que no existió gestión de cobro y, por ende, actualiza el supuesto de excepción previsto en el penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, y provoca que n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24694-268832b3/pago-de-lo-indebido-o-saldo-a-favor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.