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Modo: Corpus Pro

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CUANDO SE DETERMINA LA ILEGALIDAD DEL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, PROCEDE SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUYO EFECTO ES QUE LA AUTORIDAD FISCAL SE PRONUNCIE RESPECTO DE ÉSTA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN IV, DE LA LEY CITADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 28180
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-11-16
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Pág. 1270.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN Y LUIS ENRIQUE VIZCARRA GONZÁLEZ. DISIDENTE: SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN. SECRETARIO: ABRAHAM RODRÍGUEZ TREJO.

CONSIDERANDO:

III. Presupuestos procesales

8. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) 41 Bis(2) y 41 Ter, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre criterios de los Tribunales Colegiados de este Circuito.

9. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que fue formulada por el autorizado del quejoso del juicio de amparo directo 1382/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

10. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, en materia común, página 227, con registro digital: 168488; la cual se refiere al artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo abrogada,(4) pero resulta aplicable, porque el contenido de dicho numeral se reprodujo en el 12 del mismo ordenamiento legal vigente.(5) Dicha tesis es de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

IV. Criterios denunciados

11. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son:

a) En la resolución emitida el seis de abril de dos mil diecisiete en el amparo directo administrativo 1518/2016, los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por unanimidad de votos, consideraron, en esencia:(6)

• Que de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable declaró fundados los conceptos de nulidad en los que la contribuyente actora adujo que es ilegal la resolución impugnada, pues la negativa emitida por la autoridad demandada se sustentó en que, con relación a ciertos proveedores, no cuenta con los elementos suficientes para verificar la procedencia de fondo del impuesto al valor agregado, sin que la autoridad fiscalizadora haya requerido documentos en ese sentido para resolver sobre la procedencia de tal devolución.

• Que la Sala responsable expresó que del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que cuando se solicita la devolución, las autoridades fiscales, para verificar su procedencia, podrán requerir al contribuyente para que en un plazo no mayor de veinte días proporcione los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con aquélla; estableciendo la facultad de la autoridad de realizar un segundo requerimiento dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se haya cumplido el primero, el cual está limitado a aquella información y documentación que esté relacionada con lo que haya sido aportado por el contribuyente con motivo de la primera prevención.

• Que la Sala resolutora dijo que si bien la autoridad formuló un primer requerimiento, lo cierto es que no hizo una segunda prevención a la actora; por tanto, al igual que el particular pierde el derecho para que se resuelva el fondo del asunto en caso de no atender el requerimiento, también la autoridad debe soportar las consecuencias negativas que provoca el no solicitar los datos en el plazo legal, como es el que no pueda rechazar la devolución argumentando que no cuenta con elementos suficientes para verificar la procedencia de la devolución.

• Que la Sala responsable consideró que el hecho de que los proveedores no presenten declaración o la presenten en ceros, y por ello la autoridad considere que no cuenta con elementos suficientes para verificar que las operaciones entre aquéllos y la actora sí se hayan llevado a cabo, es insuficiente para negar la devolución, porque ello no es imputable a la contribuyente, sino que constituye una cuestión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, sin que exista ordenamiento que establezca la obligación del contribuyente de cerciorarse de la situación física, jurídica y fiscal de sus proveedores, por lo que decretó la nulidad del acto reclamado para el efecto de que la autoridad demandada emitiera uno nuevo.

• Que, sin embargo, asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que es incorrecto que la Sala responsable haya declarado la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad fiscalizadora emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que determinara si procede o no la devolución total del impuesto al valor agregado.

• Que lo anterior es así, ya que pasó por alto que para justificar su decisión de no autorizar la devolución del saldo a favor de la totalidad del impuesto al valor agregado, la demandada únicamente adujo que los proveedores declararon no haber realizado operaciones con la contribuyente en la fecha sobre la que se pidió tal devolución, por lo que no contaba con los elementos para verificar su procedencia; razonamiento que fue desvirtuado por la Sala responsable en la sentencia reclamada, al considerar que la autoridad fiscal no formuló un segundo requerimiento de documentación a la contribuyente actora, tal como lo establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación; que, por tanto, como no se expresó algún otro motivo que diera lugar a no autorizar la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado que pidió la parte quejosa, es inconcuso que el efecto de la nulidad declarada por la Sala responsable debió traducirse en la obligación de devolver las cantidades que solicitó.

• Que sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 67/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 270/2007-SS, visible en la página 593 del Tomo XXVII, abril de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también con el número de registro digital: 169851, de rubro: "NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)."

• Que al resultar fundados los conceptos de violación, procede conceder a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que, dejando intocado lo que no ha dado materia para la concesión, reitere la declaración de nulidad de la resolución impugnada, precisando que, con motivo de ello, la autoridad demandada deberá devolver las cantidades que solicitó.

b) Por su parte, en la resolución emitida el veintidós de febrero de dos mil dieciocho en el amparo directo administrativo 449/2017, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por unanimidad de votos, pero con aclaración del Magistrado Silverio Rodríguez Carrillo, consideraron, sustancialmente:(7)

• Que del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación se advierte, en lo que interesa, que cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos que contenga, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de diez días los aclare, apercibiéndolo que de no hacerlo en ese término, se le tendrá por desistido de ésta.

• Que en el caso concreto la contribuyente solicitó la devolución de saldo a su favor del impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo septiembre-octubre de dos mil quince.

• Que el once de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad fiscalizadora notificó a la contribuyente el requerimiento **********, el cual se cumplió el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; que, sin embargo, el trece de septiembre siguiente, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" emitió la resolución con número de oficio **********, en la que la tuvo por desistida del trámite de solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado.

• Que dicho desistimiento se debió a que existe un error en el llenado de la declaración, toda vez que, de acuerdo a los comprobantes fiscales emitidos, se conoció que obtuvo valor de actos o actividades con el público en general por el periodo de julio-agosto de dos mil quince, sin embargo, en su declaración manifestó que obtuvo operaciones con facturación individual, situación que no ocurrió, por lo que se le invitó a presentar declaración complementaria corrigiendo dicha inconsistencia y, en caso de existir saldo a favor, reiniciar su promoción.

• Que como consideró la Sala responsable, no se advierte que la autoridad fiscalizadora hubiera requerido a la contribuyente a fin de que aclarara el supuesto error en el llenado de su declaración, máxime que, contrario a lo señalado por dicha demandada, sí se precisó en su formato de declaración que los ingresos provenían de los que se cobró el impuesto al valor agregado a tasa del cero por ciento; que, por tanto, si la autoridad fiscalizadora advirtió errores en los datos contenidos en la solicitud de devolución, debió requerir a la contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de diez días los aclarara y, al no haberlo hecho así, es que resulta nula tal determinación.

• Que no obstante, lo incorrecto del proceder de la Sala Administrativa fue declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva resolución en la que resolviera de fondo la solicitud de devolución planteada por la parte actora en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, absteniéndose de considerar que existe un error en el llenado de la declaración, y en caso de que la resuelva como procedente, incluya todos aquellos conceptos que legalmente procedan.

• Que se afirma lo anterior, dado que, al haber determinado la nulidad de la resolución impugnada en los términos precisados, pasó por alto el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 67/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de observancia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que se establece que cuando un tribunal declare ilegal la resolución impugnada que niega, por improcedente, la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo indebido o saldo a favor, con base en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación abrogado –de contenido similar al diverso 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo–, ello implica, en principio, que el tribunal realizó el examen de fondo de la controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha resolución, en términos de la fracción III del artículo 239 del mismo ordenamiento legal –de contenido similar al diverso 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo– lo obliga a establecer, además, si el contribuyente tiene derecho o no a la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que corresponda, pero no puede ordenar que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, porque ello contrariaría el fin perseguido por la ley, al atribuir en esos casos al tribunal plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a conocer y decidir en toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo lesionado por el acto impugnado, salvo que no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo, hipótesis esta última que no se actualizó.

• Que el referido criterio fue sustentado al resolver la contradicción de tesis 270/2007-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 67/2008, visible en la página 593 del Tomo XXVII, abril de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro digital: 169851, de rubro: "NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)."

• Que entonces, la Sala responsable debía establecer si el contribuyente tiene derecho o no a la devolución que solicitó, pero como no lo consideró así, conculcó en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 16 constitucional, que lo obliga a fundar y motivar su actuar; y como consecuencia, procede conceder a la quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que se pronuncie sobre el derecho de la actora a la devolución solicitada.

c) Por último, en la resolución emitida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho en el amparo directo administrativo 1382/2017, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por unanimidad de votos, sostuvieron:(8)

• Que, en primer lugar, lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en el amparo directo administrativo 1518/2016 que invoca el quejoso, no es vinculante ni obligatorio para el órgano jurisdiccional; además, tal criterio tuvo su origen en un asunto distinto, ya que la resolución cuya nulidad se reclamó, fue aquella en la que la autoridad fiscalizadora demandada negó parcialmente la devolución de la cantidad solicitada por la quejosa, por concepto de saldo a favor del impuesto al valor agregado, con lo que invariablemente se pronunció sobre los requisitos de forma y fondo necesarios para la procedencia de tal devolución; mientras que en el asunto de cuenta, la autoridad demandada tuvo por desistida a la parte actora de su solicitud de devolución y, por tanto, no se pronunció sobre tales requisitos.

• Que es cierto que el demandante solicitó a la Sala responsable el reconocimiento del derecho subjetivo a la devolución, según se advierte de la demanda de nulidad; empero, en la sentencia reclamada, la responsable declaró la nulidad para efectos, sin ordenar la devolución solicitada por el actor, pero ello no atendió a una omisión de la responsable, sino al hecho de que consideró que era improcedente reconocer la existencia del derecho subjetivo a la devolución de los saldos solicitados, porque no se hizo un examen de fondo respecto de tal derecho y, por tanto, no era posible realizar ese estudio.

• Que contrario a lo afirmado por el quejoso, la responsable sí justificó por qué razón no era procedente ordenar a la demandada que devolviera el saldo a favor solicitado por el demandante; además de que es infundado que la autoridad demandada o la responsable se hubieran pronunciado sobre la satisfacción de los requisitos formales y de fondo necesarios para autorizar la devolución, pues de la sentencia reclamada se advierte que lo que se atendió fue el desistimiento de la solicitud de devolución, por lo que la autoridad fiscalizadora no se pronunció en relación con los aludidos requisitos, motivo por el que la responsable se estimó impedida para realizar un pronunciamiento de fondo en ese aspecto.

• Que aunque la responsable consideró ilegal el motivo por el que la demandada tuvo por desistida a la parte actora de su solicitud de devolución, es infundado que hubiera hecho algún pronunciamiento en el sentido de que no había advertido otras causales para negarla, ya que de la sentencia reclamada no se advierte alguna consideración en ese sentido, sino que, por el contrario, afirmó estar impedida para realizar un estudio del fondo respecto de la procedencia del derecho subjetivo reclamado por el actor, porque no contaba con elementos suficientes para ello.

• Que en virtud de lo anterior, si la autoridad demandada no se pronunció sobre la satisfacción de los requisitos necesarios para ordenar la devolución solicitada, precisamente porque tuvo al contribuyente por desistido de su solicitud, es que no se analizó el fondo del asunto ni si se encontraban satisfechos o no los requisitos necesarios para ordenar la devolución; por tanto, es infundado que la responsable contara con los elementos necesarios para reconocer el derecho subjetivo en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

• Que el hecho de que haya transcurrido o no el plazo que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación concede a la autoridad fiscalizadora para requerir al contribuyente por cualquier información, es un aspecto que en todo caso podrá ser materia de estudio si llega a hacer uso de dichas facultades a efecto de pronunciarse sobre la procedencia de la devolución solicitada, pero nada tiene que ver con que la responsable contara con los elementos necesarios para ordenarla.

• Que aunque es cierto que con la nulidad para efectos decretada por la responsable, cabe la posibilidad de que la autoridad demandada, al resolver sobre la procedencia de la devolución solicitada, analice diversas causales de improcedencia que deban ser impugnadas en un nuevo medio de defensa, ello no se traduce en la denegación de justicia, puesto que si la determinación que emita no resulta favorable a sus intereses, estará facultado para promover el medio de defensa que estime conveniente.

• Que como lo indicó la Sala responsable, no se surte la hipótesis para reparar el derecho subjetivo del actor, puesto que tal proceder está condicionado a que, por la naturaleza del asunto, en la sentencia reclamada se hubiera analizado el fondo y se determinara si el contribuyente tiene derecho o no a la devolución solicitada, lo que, como se ha visto, no aconteció.

• Que, además, no debe soslayarse que la autoridad responsable se apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 67/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 593, Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el número de registro digital: 169851, de rubro: "NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).", respecto de la cual, el quejoso no realizó algún pronunciamiento en cuanto a su aplicación.

V. Bases para la existencia de la contradicción de tesis

12. La existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

13. La actual integración del Pleno del Alto Tribunal consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de la Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien: a) sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y, b) que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

14. La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis.

15. Para que exista una contradicción de tesis es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración en materia común 1a./J. 22/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, con el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

17. El Alto Tribunal del País también ha establecido que el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es un obstáculo para definir si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

18. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia en materia común P./J. 27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, registro digital: 189998, página 77, con el rubro y texto, que dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

VI. Existencia de la contradicción de tesis

19. Como se advierte de la reseña de los criterios contendientes, no existe confrontación entre el que adoptó el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito y los demás órganos, ya que la cuestión jurídica que estudió es diversa.

20. Lo anterior resulta, pues en el amparo directo administrativo 1518/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el acto reclamado fue la resolución en la que se decretó la nulidad de una determinación emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1", mediante la cual se declaró parcialmente improcedente la devolución de la cantidad solicitada por concepto de saldo a favor del impuesto al valor agregado, por no poder cotejar la información aportada por el contribuyente –análisis de fondo–; respecto de lo cual, la responsable consideró que esa razón no amerita dicha improcedencia de la solicitud, pues en todo caso pudo requerir al contribuyente en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, por lo que decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad fiscal pronunciara una nueva, siendo el objeto de dicho juicio de amparo tales efectos.

21. Por su parte, los amparos directos administrativos 449/2017 y 1382/2017, del Tercer y del Segundo Tribunales Colegiados de este Circuito, tuvieron como actos reclamados las respectivas resoluciones de la Sala responsable en las que se decretó la nulidad de las determinaciones en las que la autoridad fiscal tuvo por desistidas a las partes contribuyentes de la solicitud de la devolución, por no cumplir con los requerimientos que les formuló en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación –aspectos de forma–; respecto de lo cual, consideró que no se requirió a los contribuyentes por la información que posteriormente ameritó el desistimiento, por lo que decretó las nulidades para el efecto de que la autoridad administrativa pronunciara nuevas determinaciones; siendo el objeto de tales juicios de amparo la legalidad de los referidos efectos.

22. A partir de lo anterior, se advierte que las determinaciones de referencia gravitaron en cuestiones jurídicas diversas, toda vez que en una la resolución sí abordó el fondo del asunto, en tanto que en las otras no se llegó a ello en virtud del desistimiento de la solicitud; razón por la cual, el criterio que adoptaron los órganos contendientes fue distinto, como se evidencia a continuación:

Ver criterios que adoptaron los órganos contendientes

23. Sin embargo, sí existe contienda entre el Segundo y el Tercer

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28180-7883a355/devolucion-de-contribuciones-cuando-se-determina-la-ilegalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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