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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ADQUIEREN FIRMEZA EN EL MOMENTO EN EL QUE SE EMITEN LAS EJECUTORIAS DE LOS MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE DEFENSA HECHOS VALER EN SU CONTRA [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 81/2017 (10a.)]. SENTENCIAS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTASE EL PLAZO PARA CUMPLIRLAS CUANDO SE HAYA INTERPUESTO UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE DEFENSA EN SU CONTRA [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 81/2017 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 186/2024. · Registro digital (IUS): 33316
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-06-20
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo III, Volumen 2, Pág.1306.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 186/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:

ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. Por oficio 67/2024 de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, presentado de forma física el veinticuatro del mismo mes y año en este pleno regional, la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, entonces integrante del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Tercero, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 84/2022, 196/2024 y 198/2023, respectivamente.

2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro se radicó el asunto con el número de expediente 186/2024, con el tema: determinar si el plazo para el cumplimiento de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa inicia cuando ha causado estado por ministerio de ley o a partir de que se notifica a las autoridades demandadas el contenido de la resolución dictada en el último medio de defensa admisible en contra del fallo dictado, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el asunto a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

3. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:

• Por oficio 12458/2024 de uno de julio de dos mil veinticuatro, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.

• Mediante oficio 13083/2024 de uno de julio de dos mil veinticuatro, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.

• En oficio de 14826/2024 de uno de julio de dos mil veinticuatro, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.

• En oficio DGCCST/X/626/07/2024 de nueve de julio de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.

4. Suspensión parcial de labores y de plazos y términos. Se invoca como hecho notorio(1) que con motivo de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial se decretó una suspensión parcial de labores y de plazos y términos del diecinueve de agosto al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

5. Nueva integración. Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas integra este pleno regional en substitución del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.

6. Confirmación de turno. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, según constancia de autos.

7. Nueva integración. En proveído de cuatro de febrero de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que la Magistrada Guillermina Coutiño Mata integra este pleno regional en substitución de la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, y se asignó el presente asunto a la nueva integrante.

8. Amicus curiae. Por escrito presentado en este pleno regional el veintiuno de abril de dos mil veinticinco, ********** formuló manifestaciones.

I. Competencia

9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

10. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la formuló la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, quien en la fecha de la denuncia era integrante del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

11. No sobra señalar que la magistrada denunciante es integrante de este pleno regional actualmente y que incluso actúa como ponente en el presente asunto, pero no se advierte motivo alguno que le impida presentar el proyecto y participar en la decisión correspondiente en términos del artículo 51 de la Ley de Amparo, máxime que el objetivo de las contradicciones de criterios es generar seguridad jurídica mediante la definición de jurisprudencia, por lo que debe entenderse que quienes las denuncian solamente tienen la intención de abonar a ese objetivo.

III. Criterios denunciados

12. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 84/2022, en sesión de doce de enero de dos mil veintitrés.

13. Criterio del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 196/2024, en sesión de diez de junio de dos mil veinticuatro.

14. Criterio del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 198/2023, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

15. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. En el caso, los tribunales contendientes examinaron dos temas relacionados con las sentencias de nulidad emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: uno, relativo al momento en el que dichas sentencias adquieren firmeza y otro, referente al punto de partida para computar el plazo de que goza la autoridad demandada para acatar el fallo anulatorio.

17. En tales términos, se advierte la existencia de una contradicción de criterios, por una parte, entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 84/2022 y el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al fallar el amparo en revisión 198/2023; y por otra, entre el señalado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 84/2022 y el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al fallar el amparo en revisión 196/2024, según se explica a continuación:

18. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:

• Una persona física promovió un juicio de nulidad en contra de la resolución negativa ficta recaída a una solicitud de incremento de una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• El asunto se radicó en una sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, seguidos los trámites de ley, declaró la nulidad de la resolución impugnada.

• La autoridad demandada interpuso recurso de revisión en contra del fallo anulatorio, que fue resuelto por el correspondiente tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el sentido de declararlo infundado.

• Durante la etapa de ejecución de la sentencia de nulidad, la persona actora promovió un juicio amparo indirecto en el que reclamó a la sala la omisión de pronunciarse respecto a los proveídos ingresados buscando el cumplimiento de la sentencia y de impartir justicia de manera pronta y expedita, y al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el incumplimiento de dicho fallo anulatorio.

• El juzgado de distrito concedió la protección constitucional.

• Inconforme con esta determinación, la autoridad responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado interpuso recurso de revisión.

19. El tribunal colegiado de circuito resolvió el asunto con base en las siguientes consideraciones:

De los antecedentes narrados en el considerando anterior y de las constancias que obran en el expediente electrónico del juicio de amparo 1561/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se advierte que mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, (...) solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: (se transcriben).

Agotada la secuela procesal, el siete de enero de dos mil veintidós el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó la sentencia correspondiente con el siguiente punto resolutivo: (se transcribe).

Por su parte, de las constancias que obran dentro del juicio de nulidad (...) del índice de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana Tribunal Federal de Justicia Administrativa se advierte que el Director de Normatividad de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado interpuso revisión fiscal, la cual resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el número de toca (...) con los siguientes resolutivos: (se transcribe).

Ahora bien, a efecto de dar respuesta al agravio de la autoridad recurrente es importante señalar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establece el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual fue instituido por el Constituyente con el fin de que cualquier sujeto pueda acudir ante los tribunales y que estos le administren justicia en forma pronta y expedita, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos.

En ese orden de ideas, el mencionado derecho de acceso a la justicia otorga en favor de las personas gobernadas el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, a saber, contiene dentro de sí cuatro subderechos:

1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellos planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes;

2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto y va a resolver la controversia emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, lo que garantiza a la persona gobernada la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto se resuelva si le asiste o no razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado;

3. Justicia imparcial, lo que implica que la persona juzgadora emita una resolución, no solo apegada a derecho, sino fundamentalmente que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y

4. Justicia gratuita, lo que quiere decir que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de dicho servicio público.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 192/2007 cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES".

Asimismo, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado.

Sirve de apoyo, por el tema que aborda, la tesis de jurisprudencia número P./J. 85/2008 cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

En efecto, la cosa juzgada encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema al disponer que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Asimismo, porque en aras de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, se encuentra no solo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución completa de sus fallos.

Como se precisó, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un procedimiento cuyo objetivo es asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por dicho tribunal, en el cual la sala del conocimiento se encuentra obligada a resolver si la autoridad cumplió en sus términos la sentencia.

Entonces, el derecho de acceso a la justicia previsto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional tiene como objeto, entre otros, el que quienes se encuentran encargados de la administración de justicia no solo dicten en determinado plazo y forma sus resoluciones, sino también los obliga a garantizar la ejecución de sus fallos, lo que implica que deberán dictar las medidas necesarias para que el derecho de quien acudió a ellos sea restablecido de acuerdo con lo resuelto en la sentencia.

De lo contrario, sería hacer nugatorios los efectos de la sentencia dictada como si la persona quejosa no hubiera obtenido sentencia favorable, es decir, no hace alusión a una formalidad prevista por la ley, sino a la posibilidad de que el tribunal competente pueda evaluar las objeciones opuestas por las personas interesadas previo otorgamiento del derecho de formularlas.

En el caso concreto, se evidencia que la sentencia del juzgado de distrito fue correcta al conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión pues, como ya se precisó, de las constancias que obran dentro del juicio de nulidad (...) del índice de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se observa que a la fecha del dictado de la sentencia que se revisa no se ha dado cabal y completo cumplimiento a lo ordenado por la citada sala.

Asimismo, resultan insuficientes las manifestaciones de la autoridad recurrente relativas a que no había transcurrido el plazo de cuatro meses establecido en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues si bien la autoridad recurrente aduce que tuvo conocimiento de la sentencia emitida en el recurso de revisión fiscal (...) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el dos de diciembre de dos mil veintiuno, y la resolución que en esta vía se recurre fue emitida el siete de enero de dos mil veintidós, lo cierto es que al momento de resolver el presente amparo en revisión había transcurrido en exceso el plazo establecido en el citado ordenamiento a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, aunado a que constituye una obligación atender las resoluciones emitidas por la sala de origen.

Además, es infundado el argumento que expone en el sentido de que el juzgado de distrito inadvirtió que la sala responsable se encontraba obligada a declarar la firmeza de la sentencia de nulidad y que, entonces, a partir de ese momento se encontraría obligada a su cumplimiento, por lo tanto, toda vez que no le fue notificada dicha declaración de firmeza ni la resolución recaída al recurso de revisión fiscal antes citada, no se le puede atribuir el incumplimiento.

Para evidenciar lo infundado de su argumento, conviene transcribir lo previsto en el artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que establece: (se transcribe). De la lectura del artículo transcrito se observa que las sentencias definitivas adquieren firmeza, entre otras, cuando fueren impugnadas y dicho medio resulte infundado, momento en el cual causa ejecutoria y comienzan a transcurrir los plazos para su cumplimiento.

Entonces, en sentido contrario a lo referido por la autoridad recurrente, la sala del conocimiento no se encontraba obligada a emitir ni, menos aún, a notificarle acuerdo alguno en el que declarara la firmeza de la sentencia de nulidad, o bien, que esta causó ejecutoria, porque dicho estado lo alcanzó por ministerio de ley en el momento en el que el Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, declaró infundado y emitió la sentencia en la revisión fiscal (...) de su índice.

Por lo tanto, es evidente que a partir de ese momento se encontraba obligado a cumplimentar la ejecutoria de nulidad, de tal forma que la sentencia que se revisa si es congruente, pues, como lo resolvió el juzgado federal, al no haber acreditado el cabal cumplimiento transgredió en perjuicio de la allá persona quejosa el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional.

Ante lo infundado del agravio hecho valer por la autoridad recurrente, lo procedente es confirmar el fallo impugnado.

20. El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:

• Una persona moral promovió un juicio de nulidad en el que impugnó la resolución recaída a un recurso de revocación interpuesto en sede administrativa en contra de una diversa resolución en la que se le fincó un crédito fiscal en materia de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única e impuesto al valor agregado.

• El asunto se radicó en una sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que lo tramitó y posteriormente lo remitió a la Segunda Sección de la Sala Superior del propio tribunal contencioso administrativo para su resolución; esta declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada.

• La parte actora promovió un juicio de amparo directo en contra del fallo anulatorio, que fue resuelto por el correspondiente tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el sentido de negar la protección constitucional.

• Durante la etapa de ejecución de la sentencia de nulidad, la persona actora interpuso un recurso de queja por defecto en el cumplimiento del fallo anulatorio que se declaró procedente, pero infundado con el argumento de que la resolución que substituía a la impugnada se había emitido y notificado oportunamente, es decir, dentro de los cuatro meses establecidos en la ley al efecto.

• Inconforme con tal determinación, la parte actora promovió un juicio amparo indirecto en el que reclamó los artículos 53 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la resolución del recurso de queja referida en el párrafo anterior.

• El juzgado de distrito negó la protección constitucional.

• Inconforme con esta determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

21. El tribunal colegiado de circuito resolvió el asunto con base en las siguientes consideraciones:

SEXTO. Argumentos que combaten el sobreseimiento decretado en el considerando quinto (...)

El argumento es inoperante pues en ningún momento se restringió la posibilidad de señalar como autoridad responsable a la encargada de la promulgación del decreto reclamado o incluso impugnar dicho acto; sin embargo, en el caso concreto el juzgado estimó procedente sobreseer en el juicio porque advirtió que no se impugnó dicho acto por vicios propios, de ahí que estimó encontrarse imposibilitado para emprender el estudio de constitucionalidad solicitado.

En ese sentido, para que el argumento de la persona recurrente pudiera prosperar era necesario que señalara los vicios atribuidos a la promulgación del decreto reclamado; sin embargo, al no argumentar en ese sentido, el argumento resulta inoperante por no controvertir las consideraciones que sostienen el sentido de afectación de la sentencia recurrida.

SÉPTIMO. Argumentos que combaten la negativa de amparo respecto de los artículos 53, fracción II, y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (Se sintetizan las consideraciones de sentencia recurrida y los agravios).

Para tener un mejor contexto del asunto, resulta necesario precisar que la pretensión de la persona quejosa, ahora recurrente, es que se determine que el oficio (...) de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que emitió la autoridad demandada en cumplimiento a la sentencia que dictó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad (...), lo hizo fuera del plazo de cuatro meses a que se refieren los artículos 52, 53 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La actora promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia pronunciada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, del que correspondió conocer a este tribunal colegiado, mismo que fue registrado con el número 122/2020, y en sesión de quince de febrero de dos mil veintiuno se resolvió negándose el amparo y protección de la Justicia Federal.

El juzgado de distrito desestimó los conceptos de violación de la persona quejosa, ahora recurrente, y consideró correcta la actuación de la autoridad responsable porque el plazo de cuatro meses antes referido debe computarse a partir que la sala recibe los autos, dicta el acuerdo respectivo y lo notifica a las partes de conformidad con el criterio sustentado por el Máximo Tribunal en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 81/2017 (10a.) de rubro: "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD. EL PLAZO DE 4 MESES PARA CUMPLIRLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL ACUERDO POR EL QUE LA SALA RECIBE LOS TESTIMONIOS DE LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN EL AMPARO DIRECTO Y/O EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL".

La determinación del juzgado de distrito es acertada. Sobre el tema, la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 286/2016 en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, estableció, en síntesis, lo siguiente:

- De los artículos 52, 53 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente antes de dos mil dieciséis se aprecia que el plazo que tiene la autoridad para cumplir una sentencia de nulidad es de cuatro meses contado a partir de que el fallo quede firme, esto es, cuando no admita recurso o juicio en su contra, no sea impugnada por las partes o si se hizo, el medio de defensa sea desestimado, o bien, sea consentido expresamente por las partes o sus representantes.

- En los casos en que se controvierte la sentencia que declara la nulidad de la resolución administrativa impugnada interviene otro órgano jurisdiccional –el tribunal colegiado de circuito que conozca de los medios extraordinarios de defensa– que origina la realización de otros actos que pueden o no considerarse para efectos de ese cómputo, como la fecha en que se resuelve el asunto, en que se notifica por lista el resolutivo de la sesión, en que se firma la ejecutoria, en que se comunica a las partes, dependiendo de si es amparo directo o revisión fiscal, en que se comunica a la sala de origen, entre otros.

- Así, la interpretación literal de las disposiciones aludidas es insuficiente para resolver el problema jurídico planteado, por lo que debe acudirse a otro método de interpretación a fin de dar certeza jurídica en cuanto al momento específico y cierto a partir del cual debe computarse el periodo en comento.

- Resulta indispensable diferenciar entre la firmeza de un fallo y su ejecutividad, pues una cosa es que la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo sea firme, en este supuesto, por haberse desestimado los medios extraordinarios de defensa intentados en su contra, y otra muy distinta, que inmediatamente sea exigible su cumplimiento, pues para ello el ente obligado debe conocer el contenido de las determinaciones por las que adquirió esa cualidad.

- En los casos en que contra la sentencia que declare la nulidad de la resolución administrativa impugnada y se promueva el juicio de amparo directo, asimismo, se interponga el recurso de revisión fiscal y estos sean desestimados por los tribunales colegiados de circuito, con la sola emisión de las ejecutorias respectivas quedará firme.

- Sin embargo, su ejecución está sujeta a que los fallos dictados por los tribunales colegiados de circuito sean comunicados y recibidos por la sala emisora a efecto de que, a su vez, los comunique a las partes y requiriera el cumplimiento respectivo.

- El artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que el acto administrativo válido es eficaz, ejecutivo y exigible desde el momento en que surte efectos la notificación realizada de conformidad con las disposiciones de ese ordenamiento, o bien, de que se configure la negativa ficta.

- La finalidad de una notificación es, en términos generales, dar a conocer un acto jurídico a cierto sujeto de derechos a fin de que se imponga de su contenido y, de estar en desacuerdo, pueda promover los medios de defensa que considere pertinentes; es claro que un acto jurisdiccional vincula y, por ende, es ejecutable desde ese momento, esto es, a partir de que surte efectos su legal notificación.

- Por tanto, un acto jurisdiccional como una sentencia vincula a los interesados a partir de que surte efectos su notificación y no cuando se emite, precisamente porque hasta que las partes se imponen de su contenido pueden ejecutarla, o bien, impugnarla.

- Así, la notificación de la ejecutoria dictada en los medios extraordinarios

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33316-b63b1450/sentencias-del-juicio-contencioso-administrativo-adquieren-firmeza-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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