JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SURTE EFECTOS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS FORMULARON SALVEDADES EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, ya que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
11. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12. TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
13. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de seis de marzo de dos mil catorce, por unanimidad de votos, el amparo en revisión RA. 34/2014, determinó lo siguiente:
"QUINTO.- ... Para dar solución a la problemática planteada, se tiene presente que la boleta de infracción fue notificada a la paraestatal el veintiséis de abril de dos mil trece, según se colige del acuse de recibo estampado en el oficio **********, que obra en copia certificada a folio 16 del cuaderno de pruebas anexo al expediente de amparo, fecha que es reconocida tanto por la quejosa, como por la responsable.-Del contenido de dicha documental se desprende que fue notificada conforme al artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé lo concerniente a las notificaciones de los actos de autoridad administrativa.-El artículo 38 del ordenamiento invocado, en la parte que interesa, prevé: ‘Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.’.-De dicha disposición se observa que las notificaciones personales surten efectos el día en que se realicen y que los plazos corren a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.-Por otro lado, conviene tener presente el texto de los artículos 13, fracción I, inciso a), 58-2, fracción II y último párrafo, y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, actualmente vigente: ‘Artículo 13. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquel en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.’ ...-‘Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes: ... II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales; ... La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley ante la Sala Regional competente.’.-‘Artículo 70. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas. En los casos de notificaciones por lista se tendrá como fecha de notificación la del día en que se hubiese fijado.’.-De la primera norma reproducida se desprende que, tratándose del juicio de nulidad en la vía ordinaria, el lapso para promover la demanda es de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluso, cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.-A su vez, del segundo precepto se observa que cuando se combatan resoluciones definitivas, cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión y, entre otros supuestos, versen sobre la imposición de multas por infracción a normas administrativas federales, como la que nos ocupa, cuyo monto asciende a $********** (**********), y deriva de la contravención al artículo 5 del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Transporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, procede el juicio sumario.-Por otra parte, el propio artículo 58-2 prevé que en el caso del juicio en la vía sumaria la demanda debe promoverse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución cuestionada, de conformidad con las disposiciones de esa legislación, esto es, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y ante la Sala Regional competente.-Finalmente, de la tercera disposición transcrita se obtiene que, para efectos del juicio anulatorio, las notificaciones surten efectos el día hábil siguiente al en que se practiquen.-La explicación anterior es apta para evidenciar que asiste razón a la agraviada y, por ende, es fundado el concepto de violación que nos ocupa, habida cuenta de que de la literalidad del último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se observa que, contrario a lo decidido por la responsable, el plazo de quince días para promover el juicio sumario corre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución cuestionada conforme a las disposiciones de ese ordenamiento.-En efecto, aun cuando la notificación de la multa ********** fue realizada con apoyo en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el citado artículo 58-2 prevé una regla especial tratándose del surtimiento de efectos de las notificaciones de los actos que son susceptibles de combatirse vía juicio de nulidad, y que cobra vigencia únicamente para efectos de su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-Por tanto, si en términos del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución cuestionada, de conformidad con las disposiciones de esa legislación, y el diverso 70 del ordenamiento establece que las notificaciones surten efectos el día hábil siguiente al en que se practiquen, es evidente que, como lo afirma la quejosa, la notificación de la resolución impositora de la multa que nos ocupa no surtió efectos el mismo día en que se realizó, al no ser aplicable el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para verificar la oportunidad de la promoción del juicio anulatorio.-Luego, como el oficio **********, a través del que se hizo del conocimiento de la paraestatal la imposición de la sanción identificada con el número **********, le fue notificado el viernes veintiséis de abril de dos mil trece, surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el lunes veintinueve, por lo que el lapso de quince días para presentar su demanda corrió del martes treinta de abril al martes veintiuno de mayo del año referido, descontando en el cómputo el miércoles uno, sábado tres, domingo cuatro, sábado diez, domingo once, sábado diecisiete y domingo dieciocho del último mes y año indicados, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación, además, con el Acuerdo G/1/2013 del Pleno de la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional.-Consecuentemente, si la demanda anulatoria fue recibida en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el veintiuno de mayo de dos mil trece, como se advierte del sello de recepción que fue estampado en su primera página (folio 1 del cuaderno de pruebas), es claro que su promoción resulta oportuna, puesto que acaeció el día del vencimiento del término respectivo, como se definió en el párrafo que precede; de ahí que la resolución reclamada, en que la Sala confirmó el desechamiento parcial de la demanda por lo que hace a la multa **********, es contraria al orden constitucional.-Conforme a los anteriores razonamientos, lo procedente es conceder el amparo solicitado, cuyo efecto inmediato y directo es la ineficacia jurídica de la resolución reclamada, por lo que la responsable deberá emitir otra en que declare fundados los agravios de la empresa paraestatal y revoque el proveído combatido en la parte en que la Magistrada instructora del juicio desechó la demanda por lo que atañe a la multa **********, de trece de marzo de dos mil doce, al estimarla extemporánea, para que esta última, de no advertir la individualización de otro motivo de improcedencia, admita la demanda y sustancie el juicio únicamente respecto de la boleta de infracción mencionada y, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho corresponda, sin soslayar que todo lo actuado en relación con la multa **********, de diez de abril del propio año, incluida la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil trece, en que fue declarada su nulidad lisa y llana, debe quedar incólume, dado que se trata de actos autónomos. ..."
14. CUARTO.-Criterio del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. Al fallar por unanimidad de votos en sesión de veintitrés de enero de dos mil catorce, el amparo directo 744/2013, sustentó lo siguiente:
"QUINTO.- ... El punto toral de la extemporaneidad de la demanda consiste en que la notificación del acto impugnado debe surtir sus efectos jurídicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y no conforme lo dispone la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-Con este marco jurídico concepto, se emprende el análisis de los conceptos de violación que hace valer la quejosa.-Y en respuesta a la primera parte del primero de ellos, se dice que si bien para el derecho del que el sancionado dispone para recurrir la resolución impugnada, se le hizo saber que podía acudir, entre otra instancia, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (foja 29), no por ello ha lugar a interpretar que para saber cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada se deba estar a las reglas contenidas en esa ley y, concretamente, a su artículo 70, que prevé que las notificaciones surten sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas, y que, por tanto, como la resolución se le notificó el trece de mayo de dos mil trece, el término para la interposición de la demanda inició el quince de ese mes, para fenecer el cuatro de junio del mismo año, fecha en que se presentó como consta del sello correspondiente.-Se dice lo anterior, porque para dilucidar ese punto, es necesario atender al artículo 58-2, en su primer y último párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: ‘Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes: ... La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley ante la Sala Regional competente. ...’.-De lo transcrito, se desprende que en dicho ordenamiento legal no se indica cuál es la legislación a la que ha de atenderse para determinar el momento en que surte efectos esa diligencia y, por consiguiente, el día en que inicia tal plazo, sin embargo, el precepto debe interpretarse en el sentido de que el término relativo inicia a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, conforme a la ley que rija esa notificación y no conforme a la citada ley federal que regula la forma y efectos legales de las notificaciones de las resoluciones dictadas en los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-Cobra aplicación al caso, la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que para consulta oficial, aparece publicada con los siguientes datos de publicación: (I.7o.A.588 A).-‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA AL EXAMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA, DEBEN OBSERVARSE LAS REGLAS ESTABLECIDAS SOBRE EL PARTICULAR EN LA LEY QUE RIGE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LA QUE AQUÉLLA DERIVÓ, O BIEN, LAS CONTENIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL, CUANDO SU APLICACIÓN SE REALICE POR LA SUPLETORIEDAD PREVISTA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR.’ (la transcribe).-El anterior aserto obedece a que si una notificación genera consecuencias legales únicamente cuando se practica con el interesado, conforme a las reglas procesales respectivas y ha surtido sus efectos, no existe razón jurídica para suponer que el legislador haya tenido la intención de establecer que el acto o resolución debe emitirse y notificarse conforme a las reglas adjetivas previstas en una legislación (la del acto impugnado) y surtir efectos conforme a lo dispuesto en otra ley. Además, sería un contrasentido suponer que un acto o resolución se dé a conocer conforme a las reglas adjetivas previstas en un ordenamiento y que sus efectos legales habrán de actualizarse de acuerdo con lo establecido en otra ley.-Conviene citar al caso, en lo conducente, la tesis que para consulta oficial aparece con los siguientes datos de publicación: (1a. CXIV/2009).-‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, AL PREVER QUE LA DEMANDA SE PRESENTARÁ DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.’ (lo transcribe).-Así, es claro que para determinar el momento en que surte efectos la notificación de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal, al examinar la oportunidad en la presentación de la demanda relativa, deben observarse las reglas establecidas sobre el particular en la ley que rige la instancia administrativa de la que aquélla derivó, o bien, las contenidas en otros ordenamientos de carácter general, cuando su aplicación se realice por la supletoriedad prevista expresamente por el legislador, y no los comentados numerales de la referida ley. Congruente con lo anterior, resulta que la notificación de la resolución impugnada se realizó con sustento en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, luego, si el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé que las notificaciones personales surtirán sus efectos el mismo día en que se realicen, entonces, es correcto lo resuelto en la resolución reclamada, de que el plazo para promover el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria inicia al día siguiente a aquel en que se haya practicado la notificación relativa.-Conviene citar al caso, por analogía, la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con los siguientes datos de publicación oficial: (I.15o.A.102 A).-‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PLAZO DE 45 DÍAS PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA UN ACTO EMITIDO CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INICIA EL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA.’ (lo transcribe).-A mayor abundamiento, y por ser ilustrativo al caso, resulta que el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previo a la reforma de diez de diciembre de dos mil diez, atinente con el plazo para la presentación de la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su redacción no dispuso cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada. Y por virtud de la reforma, se adicionó al referido numeral y fracción en su inciso a), lo siguiente: ‘a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en esta ley ...’, redacción similar a la que presenta el artículo 58-2 del mismo ordenamiento legal, cuya interpretación, en cuanto al punto que interesa, es también motivo de análisis en esta ejecutoria federal.-Sin embargo, de la exposición de motivos se advierte que tal modificación obedeció a que con motivo de la implementación del nuevo sistema de impugnación en línea, surgió la necesidad de ajustes en diversos preceptos de la ley adjetiva para dar integralidad a un sistema vigente a partir de entonces, pues para el interior del procedimiento contencioso administrativo federal, tratándose del juicio en línea, se adicionó el artículo 58-N, que regula cómo se efectuarán las notificaciones del juicio en línea, cuándo se tendrá por legalmente practicada dicha notificación y las horas hábiles para ello, entre otras cosas.-Por tanto, dicha reforma, al adicionar la frase ‘... de conformidad con lo dispuesto en esta ley ...’ no atiende a los términos que pretende la quejosa, toda vez que el referido precepto fue reformado el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, y en la exposición de motivos de una propuesta que se presentó desde el dos mil seis, se dijo lo siguiente: (la transcribe).-Como se advierte, con la propuesta de reforma ya aprobada, lo único que se buscó y se logró es dar mayor claridad al precepto, ya que se prestaba a ambigüedad, pero la verdadera intención del legislador siempre ha sido que la notificación de la resolución impugnada se rija de acuerdo al ordenamiento legal que le es aplicable y con la innovación únicamente se dio certeza al precepto en comento.-En el orden de las ideas, visto que para determinar el momento en que surtió sus efectos la notificación de la resolución impugnada en el presente juicio, la legislación aplicable lo es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente el artículo 38 de dicho ordenamiento, consecuentemente, no existe la violación hacia la quejosa de la restricción del acceso a la justicia que prevé el artículo 17 constitucional, máxime cuando en la disposición legal de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el plazo para la presentación de la demanda de nulidad, es clara al señalar que debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, conforme a la ley que rija el acto reclamado, por lo que no existe incertidumbre para el gobernado respecto del momento en que surte efectos la comunicación del acto de autoridad, con lo que tiene certeza del inicio del plazo que la ley le concede para ejercer su derecho y acudir ante el tribunal competente para hacer valer sus pretensiones.-Aplica, en lo conducente, la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (2a. LXII/2011).-‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).’ (se transcribe).-Y si bien en el artículo 1o. de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo se dispone que los juicios se regirán por la ley relativa, se sobreentiende, que los términos, notificaciones y sus efectos legales, lo es para las resoluciones dictadas en ellos, pero de ninguna manera puede hacerse extensiva con una actuación y su notificación de la autoridad administrativa acaecida previamente a la presentación de la demanda de nulidad, y que viene a ser la impugnada en esta última, por ello es que no existe violación al principio de especialidad de la ley, porque como lo dijo la responsable, no existen dos disposiciones que se contrapongan en relación con el punto toral que aquí se dilucida, ni antinomia entre leyes federales, cuya tema hace valer en el segundo concepto de violación.-Por la misma circunstancia, resulta inaplicable el principio pro homine y la tesis que se cita al respecto, ya que se repite, no existen dos disposiciones que regulen el surtimiento de los efectos de la notificación del acto impugnado, merced a que la legislación aplicable lo es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente, el artículo 38 de dicho ordenamiento.-En respuesta al segundo concepto de violación de la demanda de amparo, para efectos de congruencia, asiste razón a la quejosa de que en la resolución reclamada la Sala responsable debió pronunciarse sobre el alcance legal que le merecía la resolución que sobre el mismo supuesto, y favorable a sus intereses, se dictó en el juicio contencioso administrativo número **********, con número de expediente de origen **********, resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, el seis de diciembre de dos mil doce, cuya documento solicitó se recabara por la responsable, a fin de que se tomara en cuenta al momento de fallarse el recurso (ver foja 41).-Sin embargo, no trasciende al resultado del fallo, pues al margen de que no es un criterio que con antelación haya emitido la responsable y, por ende, tuviere el deber de fundar y motivar el porqué lo abandonaba, lo que interesa es que en la resolución reclamada, la Sala responsable no sólo cumple con la garantía de legalidad, sino que está implícita la respuesta al criterio que la quejosa pretendió que se tomará en cuenta, al establecer los fundamentos legales y consideraciones de hecho por las que en su opinión, sobre el tema de cuándo debe surtir efectos la notificación de las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, no procede aplicar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aserto con el que están los Magistrados que integran este Tribunal Colegiado de Circuito.-Por otro lado, pierde de vista la quejosa que el principio pro homine, es un criterio de interpretación que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejecución.-Con esa medida, si la demanda no fue presentada en el término establecido en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo procedente, como así se dijo en la resolución reclamada, era desecharla por extemporánea, de suerte que como lo dijo la responsable el principio pro homine invocado por la quejosa fue respetado, ya que la interpretación y la aplicación de la resolución impugnada y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que regula el surtimiento de los efectos de la notificación de la resolución impugnada y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual establece el plazo para la interposición del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, fueron correctamente aplicados a su situación jurídica.-Ello es así, pues en párrafos anteriores se sostuvo que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es la norma que debe ser aplicada para determinar el plazo en el que surte sus efectos la notificación de la resolución impugnada, atento a que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé el momento de surtimiento de efectos de las notificaciones que efectúen las autoridades al actualizarse el supuesto de procedencia y tramitación del juicio en la vía sumaria.-Concomitantemente, es verdad que la aplicación del principio pro homine no puede desligarse de la garantía a la tutela jurisdiccional, previsto en el artículo 17 constitucional, ya que la interpretación y aplicación de las normas procesales no pueden realizarse en forma tal, que se desatienda la verificación de las formalidades esenciales del procedimiento, para ejercer medios de defensa que la ley instituye a favor de los gobernados, es decir, que no se cumplan los plazos establecidos para la presentación de la demanda.-Lo anterior con la finalidad de no romper el reconocido principio de equidad entre las partes y dejar en estado de indefensión a alguna de ellas por efectuar una interpretación libre y extensiva de las normas para permitir que la otra parte ejerza sus derechos sin atender las formalidades mínimas y básicas previstas por la ley, aplicable al caso. ... El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y el de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas.-Por su parte, el ‘control de convencionalidad’ dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas.-Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas.-Conviene citar al respecto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis: [2a. LXXXII/2012 (10a.)] ... En las condiciones asentadas, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, y no demostrarse la inconstitucionalidad del fallo reclamado, procede negar el amparo que se solicita. ..."
15. QUINTO.-Existencia de la contradicción de criterios. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 225 de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, los Plenos de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer con carácter de jurisprudencia, teniendo en cuenta que la existencia de la contradicción de tesis requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
a. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
b. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
16. Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
17. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 72/2010 que a continuación se cita:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25737-1f60cc2d/juicio-contencioso-administrativo-en-la-via-sumaria-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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