Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA SURTE EFECTOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL Artículo 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2019. · Registro digital (IUS): 29152
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-11-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA AD
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Pág. 500.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre un Pleno de Circuito y Tribunales Colegiados de diferente Circuito y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(6) toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios discrepantes.

TERCERO.—Posturas de los órganos jurisdiccionales contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales en las ejecutorias respectivas.

Lo cual se efectuará en atención a que, en primer lugar, la denuncia de contradicción, refiere que existen criterios discrepantes entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo directo D.F. 197/2018 y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el amparo directo 472/2015 y la contradicción de tesis 26/2015, respectivamente.

Para, en segundo lugar, definir la supuesta existencia de la contradicción de criterios entre los órganos jurisdiccionales referidos.

En virtud de lo anterior se procede a analizar las consideraciones esbozadas entre los órganos jurisdiccionales contendientes, al tenor de lo siguiente:

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (amparo directo D.F. 197/2018).

• Raymundo David Román López demandó la nulidad de la boleta de infracción 5181145, de dos de octubre de dos mil diecisiete, mediante la cual se le impuso una multa por la supuesta comisión de una infracción.

• De la demanda conoció la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el expediente 3185/17-12-02-2 y en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se desechó por extemporánea, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción I, inciso a) y 58-2, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que conforme a la ley aplicable a la resolución impugnada, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la notificación surtía efectos el mismo día que fue realizada.

• Inconforme con la resolución referida, el actor promovió recurso de reclamación. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución en el sentido de confirmar el acuerdo recurrido.

• En contra de la resolución recaída al recurso de reclamación, Raymundo David Román López promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registrándolo bajo el expediente D.F. 197/2018. Posteriormente, previos los trámites legales conducentes, el Pleno del Tribunal Colegiado, en sesión de cinco de junio de dos mil diecinueve emitió la sentencia que negó el amparo solicitado, al considerar lo siguiente:

“QUINTO. Como concepto de violación el quejoso expresa medularmente que...

“...

“Los anteriores argumentos deben desestimarse.

“La litis en el presente asunto consiste en dilucidar qué legislación resulta aplicable, a fin de determinar cuándo surte efectos la notificación de una resolución impugnable, a través del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya sea el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o bien la legislación aplicable a la resolución impugnada, a fin de verificar la oportunidad en la presentación de la demanda.

“Para ello, es importante traer a cuenta el contenido de los artículos 58-2, penúltimo párrafo, 13, fracción I, inciso a) y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

“‘Artículo 58-2.’ (Se transcribe)

“‘Artículo 13.’ (Se transcribe)

“‘Artículo 70.’ (Se transcribe)

“De las disposiciones transcritas se desprende que, como lo interpretó la responsable, para determinar cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnable mediante el juicio de nulidad en la vía sumaria, debe atenderse a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción I del artículo 13 de la ley de la materia, que expresamente establece que las notificaciones surten efectos de conformidad con la ley que rige el acto impugnado, este conflicto de leyes no cobra presencia en el caso concreto, puesto que el ámbito de aplicación de ambos ordenamientos, no conduce a estudiar ese conflicto de regular la misma situación fáctica con todos los elementos idénticos a través de los métodos jurídicos para ello. En el presente caso, resulta inaplicable, que no excluyente (esto sí en el conflicto de normas), la legislación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo porque, expresamente, regula la hipótesis de aplicación, en el artículo 13, fracción I, inciso a), in fine, que precisa que la demanda se presentará dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley aplicable a la resolución impugnada, y entonces es inexistente el conflicto de leyes al contar dicha ley federal de procedimientos con una remisión clara a la ley aplicable a la resolución impugnada. Por tanto, el tema de aplicabilidad y su técnica es de solucionar cuándo surte efectos la notificación, precisamente conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como lo concluyó la Sala responsable; y, por ende, resultó extemporánea la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 45 Bis 1, penúltimo párrafo.

“Ahora bien, se estima que no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 90/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca el impetrante, pues como lo indicó la responsable, se refiere al texto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente hasta el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, que expresamente establecía que para la promoción del juicio de nulidad la notificación surtía efectos conforme a lo dispuesto en la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuyo numeral 70 se prevé que las notificaciones surten efectos al día siguiente en que se realizan, mientras que actualmente establece que es conforme a la ley aplicable al acto impugnado.

“La propia Segunda Sala es enfática en indicar que las notificaciones de los actos que se pretendan impugnar, surten sus efectos conforme a la ley que los rige, y que las reglas de las notificaciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo generalmente regulan aquellas diligencias practicadas dentro del juicio de nulidad y que si bien en ese caso específico determinó que resultaba aplicable el artículo 70 de dicha ley, es porque así lo había establecido expresamente el legislador, lo que se modificó con la reforma al inciso a) de la fracción I del artículo 13 de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, por lo que no es válido que el impetrante sostenga que dicho criterio es aplicable al caso que nos ocupa.

“Respecto a la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y la diversa tesis que invoca en principio, se indica que no resultan obligatorias para este Tribunal Colegiado, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Asimismo, se precisa que no se acoge el criterio referido en las mismas porque, como se expresó con antelación, a juicio de este órgano colegiado resulta inaplicable el artículo 70 la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque en el diverso 13, fracción I, inciso a), in fine, expresamente precisa que la demanda se presentará dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley aplicable a la resolución impugnada.

“En las anotadas consideraciones, si la boleta de infracción impugnada se notificó al ahora impetrante el dos de octubre de dos mil diecisiete (circunstancia que no fue controvertida), surtiendo efectos el mismo día de su emisión, de conformidad con la ley que rige dicho acto (artículo 45 Bis 1, penúltimo párrafo, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), el plazo de treinta días corrió del tres de octubre al diecisiete de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, por lo que si la demanda se presentó hasta el veintiuno de noviembre de esa anualidad, se estima apegada a derecho la determinación de considerarla extemporánea...”. (Énfasis añadido)

2. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo directo 472/2015).

• Telefonía por Cable, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, demandó la nulidad de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, dictada dentro del expediente PFC.JAL.B.3/001325-2014, mediante la cual se le impuso una multa.

• Del asunto conoció la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien la registró bajo el expediente 474/15-07-01-8. Seguidos los trámites legales correspondientes, el diecisiete de agosto de dos mil quince, la Sala emitió la resolución que sobreseyó en el juicio de nulidad, porque se actualizó la causa de improcedencia, prevista en el artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que la demanda se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 58-2, último párrafo, de la ley referida.

• En contra de la resolución anterior, la actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que lo registró con el número de expediente 472/2015 y previos los trámites legales conducentes, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Colegiado emitió sentencia en donde concedió el amparo solicitado, bajo las consideraciones siguientes:

“V. Los conceptos de violación son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.

“...

“Ahora bien, para justificar la calificativa previa, resulta necesario establecer que para determinar el tratamiento que deba darse a los argumentos de la quejosa conviene tener en cuenta que de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio de nulidad puede ser tramitado en dos vías: la ordinaria y la sumaria.

“De igual forma, es pertinente destacar que hasta antes del veinticuatro de diciembre del dos mil trece, tanto el artículo 13 como el artículo 58-2 de ese ordenamiento establecían que la demanda de nulidad se debía promover, según se tratara de vía ordinaria o sumaria, dentro de los plazos de cuarenta y cinco o quince días siguientes a aquel en que hubiera surtido efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada de conformidad con lo dispuesto por la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

“El veinticuatro de diciembre del dos mil trece, se reformó el artículo 13, fracción I, inciso a), para establecer lo siguiente: (Se transcribe)

“El precepto transcrito dispone que el plazo para promover la demanda de nulidad en la vía ordinaria se computará, a partir de que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a la referida resolución.

“No obstante, el artículo 58-2 del mismo ordenamiento, no fue reformado, el cual en la parte que interesa, dispone lo siguiente: (Se transcribe)

“El precepto transcrito establece que cuando proceda el juicio de nulidad en la vía sumaria, la demanda deberá promoverse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

“Ahora bien, tomando en cuenta que el punto a dilucidar consiste en establecer cuándo surten efectos las notificaciones de los actos administrativos para el cómputo del plazo para acudir al juicio de nulidad, es aplicable el numeral 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; o bien, el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se transcribe el párrafo primero del mencionado numeral 38, el cual dispone: (Se transcribe)

“El precepto reproducido señala que, tratándose de las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas, esto es, el mismo día de la notificación.

“Por su parte, el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que las notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas.

“En este orden de ideas, atento a la lectura relacionada de los artículos 13, fracción I, inciso a) y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene que el primero prevé, en lo que interesa, que cuando proceda el juicio de nulidad en la vía ordinaria, la demanda deberá promoverse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada de conformidad con las disposiciones aplicables a esa determinación; en tanto que el segundo de los dispositivos aludidos, refiere que, tratándose de los juicios contenciosos tramitados en la vía sumaría, debe atenderse a las disposiciones de la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

“Lo anterior, indudablemente denota una imprecisión de estructura del orden gramatical puesto que el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, da lugar a que se interprete la expresión ‘de conformidad con las disposiciones de esta ley’, en sentidos opuestos, ya que por un lado bien pudiera aceptarse que será atendiendo a lo dispuesto en su texto para saber cuándo surten sus efectos las notificaciones de los actos o resoluciones administrativas (artículo 70); y el otro, que se refiere a los lineamientos que rigen en el juicio de nulidad en su apartado general –artículo 13, fracción I, inciso a), que remite a su vez al artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en general–.

“En las relatadas condiciones, ante la notoria ambigüedad de lo dispuesto por el artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, porque el legislador no fue explícito en delimitar la norma que debe aplicarse para saber cuándo surten sus efectos las notificaciones de los actos que se van a impugnar en el juicio de nulidad, se considera que se debe atender a la previsión más favorable para los gobernados, puesto que con ello se privilegian los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, y se logra un acceso efectivo a la impartición de justicia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

“Por tanto, la interpretación que se realice del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no puede ser de carácter formalista, restrictivo o rígido, de tal forma que se esté a lo señalado en sus disposiciones generales como lo es el diverso 13, fracción I, inciso a), –el cual por cierto, prevé reglas específicas para otro tipo de juicios como lo son los ordinarios–, al señalar que deberá estarse a lo dispuesto en la ley que rija al acto que se pretende impugnar, y que en términos generales lo será la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su ordinal 38. Ello atendiendo a que dicha norma prevé un lapso menor a aquel que señala el propio artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que en términos reales es de un día menos, de ahí que se estime incorrecta la determinación adoptada por la Sala responsable.

“Sostener lo contrario, es decir, que debe atenderse a la ley que rige al acto, como en el caso sería al numeral 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las notificaciones surtirían efectos en el mismo día en que se realizaron, y no conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en su artículo 70 prevé que para establecer la oportunidad del juicio de nulidad se tomará en cuenta que las notificaciones de las resoluciones que se pretendieran controvertir, surten efectos al día hábil siguiente en que se practicaron.

“La decisión aquí adoptada es acorde al principio constitucional de interpretación más benéfico a la persona, contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Federal, pues se insiste, debe tenerse en cuenta que si el legislador no fue puntual al establecer conforme a qué ley se determinaría cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica ni propiciar con ello la vulneración del derecho de acceso a la justicia, es claro, entonces, que debe estarse al alcance de la norma aquí establecido.

“Por tanto, este Tribunal Colegiado concluye que la correcta interpretación del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, excluye la posibilidad de que se aplique la regla establecida en su diverso numeral 13, fracción I, inciso a), y a su vez, se observe la legislación que rige al acto administrativo cuya nulidad se demanda.

“De tal forma que la presentación de la demanda en la vía sumaria debe realizarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que las notificaciones surten efectos el día hábil siguiente al en que se practiquen...” (Énfasis añadido)

“De dicha resolución derivó la tesis aislada III.1o.A.30 A (10a.), cuyos rubro y texto son los siguientes:

“‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR CUÁNDO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, DEBE APLICARSE EL Artículo 70 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2016). La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013 (vigente hasta el 13 de junio de 2016), modificó su artículo 13, fracción I, inciso a), a fin de prever que para efectos de promover el juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria, la demanda deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. Empero, el artículo 58-2 del mismo ordenamiento, relativo al juicio en la vía sumaria, el cual señala que ha de promoverse dentro del plazo de quince días siguientes a que surta efectos la notificación aludida, conforme a las disposiciones de la ley indicada, no se reformó, lo que generó una interpretación ambigua sobre la norma que ha de tomarse en consideración para determinar cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada, es decir, si se emplea el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de cuyo texto se advierte que las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas, o bien, el diverso 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que para computar el plazo, las diligencias surten efectos el día hábil siguiente al en que fueron efectuadas. En consecuencia, conforme a una interpretación más apegada al artículo 1o., segundo párrafo, y para respetar los derechos humanos de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia, garantizados por los diversos 14, 16 y 17, segundo párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la norma aplicable a la vía sumaria es el artículo 70 citado porque, de lo contrario, se restaría un día al gobernado para ejercer su acción de nulidad, ante una situación en la que es necesario expandir y no restringir los alcances de su acceso a un medio de impartición de justicia. Consideraciones que se apoyan en lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 90/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio de 2015, página 766, de título y subtítulo: «JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SURTE EFECTOS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUE».’."(7)

3. Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito (contradicción de tesis 26/2015).

• Los Magistrados integrantes del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho órgano colegiado, al fallar el juicio de amparo D.A. 717/2014 y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo D.A. 353/2014 (sic).

• Del asunto conoció el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente 26/2015. En sesión de ocho de septiembre de dos mil quince, el Pleno de Circuito emitió la resolución que declaró existente la contradicción de tesis denunciada y fijó el criterio que debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia, al considerar lo siguiente:

“CUARTO.—Existencia de contradicción de tesis...

“En este sentido, es manifiesto que sí existe la contradicción de criterios, cuyo tema es determinar si la legislación aplicable para identificar el momento en que surte efectos la notificación de la resolución impugnada mediante juicio de nulidad en la vía sumaria (promovido bajo las normas reformadas por decreto publicado el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor al día siguiente), ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; o bien, el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atendiendo a lo dispuesto por el dispositivo 13, fracción I, inciso a), de la legislación citada en primer término.

“...

“QUINTO.—Decisión. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que debe prevalecer el criterio que a continuación se desarrolla:

“...

“En este orden de ideas, a fin de analizar el marco jurídico que habrá de llevar a la conclusión sobre el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, debe recordarse que la notificación de las resoluciones impugnadas, que constituyen los antecedentes de los asuntos en que se emitieron los criterios en debate, tuvieron verificativo, respectivamente, en febrero y marzo de dos mil catorce, por lo cual, en dichos criterios, se atendió a la legislación reformada el veinticuatro de diciembre de dos mil trece.

“Sin embargo, es necesario atender al origen de esas normas para conocer su evolución legislativa.

“...

“Bajo estos antecedentes, es menester considerar que los asuntos de los cuales derivaron los criterios aquí discrepantes, tienen como origen resoluciones de multas administrativas, notificadas en febrero y marzo de dos mil catorce, esto es, bajo las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en su numeral 13, fracción I, inciso a), vigente a raíz de la reforma de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, el cual indica que se debe atender a la ley de la resolución impugnada.

“En este orden de ideas, atento a la lectura relacionada de los artículos 13, fracción I, inciso a) y 58-2 de la Ley Federal d Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene que el primero prevé, en lo que interesa, que cuando proceda el juicio de nulidad en la vía ordinaria, la demanda deberá promoverse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada de conformidad con las disposiciones aplicables a esa determinación; en tanto que el segundo de los dispositivos aludidos, refiere que, tratándose de los juicios contenciosos tramitados en la vía sumaría, debe atenderse a las disposiciones de la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

“Lo anterior, indudablemente denota una imprecisión de estructura del orden gramatical puesto que el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, da lugar a que se interprete la expresión ‘de conformidad con las disposiciones de esta ley’, en sentidos opuestos, ya que por un lado bien pudiera aceptarse que será atendiendo a lo dispuesto en su texto para saber cuándo surten sus efectos las notificaciones de los actos o resoluciones administrativas (artículo 70); y el otro, que se refiere a los lineamientos que rigen en el juicio de nulidad en su aparatado (sic) general [artículo 13, fracción I, inciso a), que remite a su vez al artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en general].

“Ante esa contradicción que surge de una incorrecta técnica legislativa en el propio ordenamiento que regula los momentos en que deben surtir sus efectos las notificaciones de las resoluciones administrativas impugnadas, resulta indispensable despejarla para determinar la procedencia o no del juicio de nulidad en la vía sumaria, atento al inicio del plazo para presentar la demanda respectiva.

“Pues bien, es manifiesto que el artículo 58-2 de la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no es claro en delimitar la legislación que debe aplicarse para conocer el momento a partir del cual deberá comenzar a contabilizar el plazo que se tiene para impugnar los actos administrativos que se notifican al gobernado por parte de los órganos o entes de la Administración Pública, habida cuenta que su redacción es imprecisa, y aun cuando da lugar a saber que debe estarse a lo dispuesto en su propio texto, ello conlleva a dudar en la aplicación de las reglas específicas que se prevén en su propio texto para estar en condiciones de ejercer la acción de nulidad correspondiente, que están establecidas en el artículo 70, o bien, deberá remitirse a lo señalado en el diverso numeral 13, fracción I, inciso a). Confusión que precisamente se denota en el ejercicio argumentativo que los Tribunales Colegiados contendientes realizaron en sus respectivas ejecutorias y que, sin lugar a dudas, ponen de relieve que se requiere un análisis jurídico integral y exhaustivo más allá de la mera lectura que permita al justiciable conoce (sic) con exactitud la legislación a la cual debe acudir para comenzar su cómputo de presentación de la demanda.

“En las relatadas condiciones, es notoria la ambigüedad de lo dispuesto por el artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, porque el legislador no fue explícito al delimitar la norma que debe aplicarse para saber cuándo surten sus efectos las notificaciones de los actos que se van a impugnar en el juicio de nulidad.

“De ahí que se considera que debe realizarse una interpretación constitucional de expansión para aplicar correctamente la norma que es objeto de la contradicción suscitada entre las posturas de los tribunales contendientes y, por ende, debe atenderse a la previsión más benéfica para los gobernados, puesto que con ello se privilegian los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídicas, y se logra un acceso efectivo a la impartición de justicia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

“Por tanto, la interpretación que se realice del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no puede ser de carácter formalista, restrictivo o rígido, de tal forma que se esté a lo señalado en sus disposiciones generales como lo es el diverso 13, fracción I, inciso a), –el cual por cierto, prevé reglas específicas para otro tipo de juicios como lo son los ordinar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29152-12ac4d7b/juicio-contencioso-administrativo-federal-tramitado-en-la-via · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.