JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA ELLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 401/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 13 DE FEBRERO DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente caso, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
En la especie es aplicable la tesis P. I/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, marzo de 2012
"Tomo: 1
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el catorce de marzo de dos mil doce el amparo directo fiscal **********, determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación, analizados en forma conjunta, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, dada su estrecha vinculación, son sustancialmente fundados. Previamente, es preciso destacar que en el juicio de origen, mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil once, la actora demandó la nulidad de las resoluciones determinantes de siete créditos fiscales (fojas 1 a 41), contenidas en los oficios con los siguientes números: 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, 5. **********, 6. ********** y 7. **********. Los tres primeros créditos son de fecha veintidós de agosto de dos mil once, el marcado como 4 es de doce de septiembre siguiente y los tres restantes de cinco de septiembre del mencionado año. Todas las resoluciones fueron emitidas por la subgerente de recaudación fiscal de la Delegación Regional en el Estado de Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en ellos se determinaron omisiones de pago ante el propio instituto en materia de aportaciones patronales y amortizaciones por créditos para vivienda correspondientes a los bimestres 2006-3, 2006-4, 2006-5, 2006-6, 2007-1, 2007-2 y 2007-3, actualizaciones, recargos, multas y honorarios de notificación, por las siguientes cantidades: 1. ********** (**********, crédito **********, fojas **********). 2. ********** (**********, crédito **********, fojas **********). 3. ********** (**********, crédito **********, fojas **********). 4. ********** (**********, crédito **********, fojas **********). 5. ********** (**********, crédito **********, fojas **********). 6. ********** (**********, crédito **********, fojas **********). 7. ********** (**********, crédito **********, fojas **********). La Magistrada instructora adscrita a la Sala responsable, mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil once, desechó por extemporánea la demanda fiscal, tomando en consideración para efectuar el cómputo respectivo las fechas en que la propia actora manifestó que le fueron notificadas las resoluciones determinantes, para concluir que dicho escrito inicial fue presentado fuera del término de quince días que establece el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para la promoción del juicio de nulidad en la vía sumaria, la que estimó procedente, en virtud del importe de los créditos contenidos en dichos actos impugnados. La determinación en comento fue recurrida mediante recurso de reclamación y, en la correspondiente sentencia dictada por la Sala, que constituye el acto reclamado en este juicio, se confirmó el desechamiento efectuado por la Magistrada instructora, bajo el señalamiento medular de que la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que se introdujo la vía sumaria para la tramitación del juicio fiscal, entró en vigor a los doscientos cuarenta días siguientes al de su publicación el diez de diciembre de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, según lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto respectivo, esto es, el siete de agosto de dos mil once, por lo que el término de quince días, previsto en el artículo 58-2 de dicho ordenamiento, resultaba de observancia obligatoria para la contribuyente, por ser una disposición de orden público, sin que le eximiera de su acatamiento el desconocer que dicho término es el aplicable en la especie, pues la ignorancia de la ley no libera a nadie de su cumplimiento. Asimismo, estableció que, a pesar de que la autoridad demandada señaló en la parte final de cada una de las resoluciones determinantes impugnadas, que el término con que contaba la contribuyente para promover el juicio contencioso administrativo federal era de cuarenta y cinco días, tal circunstancia no era suficiente para estimar que, en el caso particular, no debía observarse el mencionado lapso de quince días, previsto en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues si bien el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que, al notificarse a los contribuyentes actos dictados por autoridades fiscales, debe indicárseles el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, también establece que tales medios de impugnación deben ajustarse a las disposiciones legales que los regulan, lo que implica que, en el caso particular, al informársele que podía interponer en forma directa el juicio contencioso administrativo federal, la ahora quejosa se encontraba obligada a observar las disposiciones de la ley de la materia. Ahora bien, aduce sustancialmente la quejosa que la sentencia es ilegal, puesto que debió darse al artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente la interpretación más benéfica para ella, y considerar que, al habérsele informado por la autoridad ahora tercero perjudicada que contaba con el término de cuarenta y cinco días para promover el juicio contencioso administrativo federal, y no el de quince días relativo a la vía sumaria, la consecuencia jurídica que se desprendía de tal proceder irregular de la autoridad era otorgarle el doble del término legal para la promoción del medio de defensa, como lo prevé la propia norma legal. Que, en tal supuesto, resultaría oportuna la impugnación de las resoluciones determinantes contenidas en los siguientes oficios: a) **********, b) **********, c) ********** y d) **********. Lo anterior, en atención a que el primero de dichos actos le fue notificado el trece de septiembre de dos mil once, y las tres restante (sic) el día nueve del propio mes y año, por lo que el mencionado término de treinta días que, aduce, debe aplicársele, feneció los días veintiocho y veintiséis de octubre del propio año, respectivamente, y en tales términos, la presentación del escrito inicial en cuestión, verificada el mencionado veintiséis de octubre de dos mil once, resulta oportuna respecto de dichos créditos. Asiste medularmente la razón a la quejosa. Los artículos 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente disponen: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ‘Artículo 58-2.’ (se transcribió). Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ‘Artículo 23.’ (se transcribió). Debe decirse que, en atención a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor el día siguiente al de su publicación en el medio oficial de difusión ya precisado, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenido en el capítulo I, actualmente titulado: ‘De los derechos humanos y sus garantías’, es del siguiente tenor: ‘Artículo 1o.’ (se transcribió). Del citado precepto de la Ley Fundamental se desprende la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos, a partir del principio pro personae o pro homine, que es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión **********, emitió la tesis aislada XXVI/2012 (10a.), consultable en la Red Jurídica Nacional y pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.’ (se transcribió). El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación, sin reservas por parte del Estado Mexicano en ese tema) contiene el derecho humano de protección judicial. Al efecto, es conveniente señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios **********, en los puntos considerativos identificados como 18 a 21, determinó, en la parte conducente, lo siguiente: (se transcribió). Asimismo, la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********, emitió la tesis aislada XIII/2012 (10a.), igualmente consultable en la Red Jurídica Nacional y pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO.’ (se transcribió). Sentado lo anterior, debe decirse que el aludido artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: ‘Artículo 25.’ (se transcribió). El citado precepto se encuentra estrechamente vinculado con el diverso artículo 1.1 de la propia convención, que establece: ‘Artículo 1.’ (se transcribió). Como se advierte, el artículo 25 de la convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar lo siguiente: la existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; que la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; el desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En atención al contenido de los transcritos puntos considerativos 18 a 21 de la resolución emitida en el expediente varios **********, este Tribunal Colegiado acude al criterio interpretativo siguiente: En relación con el alcance del texto del aludido artículo 25 de la convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de seis de agosto de dos mil ocho, dictada en relación con la demanda sometida a su consideración por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de la petición formulada por ********** (consultable en la página de Internet www.corteidh.or.cr/), precisó que es criterio sostenido por dicho órgano que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial se traduce en la existencia de los tribunales o procedimientos formales y la posibilidad de recurrir a tales órganos; asimismo, que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponerlos, pues destacó que la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la convención, por lo que dicha Corte Interamericana considera que el sentido de la protección otorgada por el artículo en cuestión es precisamente dicha posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una violación, el recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo, pues sería irrazonable establecer dicha garantía judicial si se exigiera a los justiciables saber de antemano si su situación será estimada por el órgano judicial como amparada por un derecho específico. Que el artículo 25 de la Convención Americana -continúa precisando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso **********- establece el derecho a la protección judicial de los derechos consagrados por la convención, la Constitución o las leyes, el cual puede ser violado independientemente de que exista o no una violación al derecho reclamado, o de que la situación que le sirva de sustento se encuentre dentro del campo de aplicación del derecho invocado, pues el artículo 25 de la convención también consagra el derecho de acceso a la justicia, pues (sic) claramente se establece que las personas bajo la jurisdicción del Estado pactante deben tener acceso a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante Jueces o tribunales competentes, que las ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que el ordenamiento jurídico mexicano, con el objeto de implementar los recursos efectivos que garanticen el derecho humano de protección judicial en cuestión, prevé en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente la obligación de las autoridades fiscales de indicar al contribuyente en la notificación de los actos que emitan, entre otros elementos, que deben hacer de su conocimiento el término para la interposición de los medios de defensa a través de los cuales pueden combatirlos. Asimismo, dispone como consecuencia para el caso de que en la resolución administrativa se omita tal señalamiento, que los contribuyentes contarán con el doble del término que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo. Ambas disposiciones contenidas en la norma legal en estudio, tienden a asegurar la denominada ‘accesibilidad del recurso’ que, como se ha destacado, es una de la medidas tendentes a garantizar el derecho humano de protección judicial en cuestión. En la especie, tal como aduce la quejosa, al pie de cada una de las resoluciones determinantes impugnadas, la autoridad fiscal asentó lo siguiente: ‘La presente resolución se le notifica en los términos y formalidades que establecen los artículos 38 y 134 del Código Fiscal de la Federación y por las personas acreditadas para el caso, como lo dispone el artículo 3o., fracción X, el Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como organismo fiscal autónomo haciendo de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 54 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, si la considera lesiva de sus derechos podrá interponer recurso de inconformidad ante la comisión de inconformidades de este instituto dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del presente, acorde a lo dispuesto en los artículos 7o., 9o. y 24 del reglamento de la citada comisión, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en un plazo de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente, acorde a lo establecido en el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2005 y en vigor a partir del 1o. de enero de 2006.’ (fojas 44, 48, 52, 56, 60, 64 y 68). De la transcripción precedente se advierte que la autoridad demandada, al intentar dar cumplimiento a la citada obligación de indicar a la contribuyente, en la notificación de las resoluciones determinantes, el término para la promoción del juicio contencioso administrativo federal, a través del cual podía impugnarlas, informó a la ahora quejosa en forma inexacta que contaba con cuarenta y cinco días al efecto, y no así hizo de su conocimiento que el lapso que debía observar era el diverso de quince días, previsto en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a la tramitación del juicio de nulidad en la vía sumaria. En esas condiciones, si bien, como lo consideró la Sala, la obligatoriedad de las disposiciones legales opera desde su entrada en vigor, sin que exima de su cumplimiento a persona alguna el manifestar desconocerlas, y existe un señalamiento por parte de la autoridad fiscal en el texto de las resoluciones impugnadas, en el sentido de que los actos de mérito son susceptibles de impugnarse a través del juicio de nulidad, lo cierto es que, en el caso concreto, efectuando la interpretación del artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que más beneficie a la particular (sic), en relación con la tutela del derecho humano de protección judicial, en aplicación del principio pro personae o pro homine que se contiene en el artículo 1o. constitucional, debe concluirse que el proceder irregular de la autoridad fiscal ahora tercero perjudicada, implicó una afectación a la ahora quejosa de idéntico alcance al de haber omitido en su totalidad informarle sobre cuáles son los medios de defensa de que dispone para combatir tales actos y el término legal para hacerlo valer, pues en ambas hipótesis el proceder de la autoridad opera en detrimento de la accesibilidad del recurso. Ahora bien, dicha interpretación de la norma legal de mérito cobra especial relevancia en atención a que, tomando en consideración para determinar la oportunidad de la demanda de nulidad el término de treinta días, derivado de la duplicación del lapso de quince que prevé el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en aplicación de la consecuencia normativa prevista en el diverso 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y atendiendo -como de hecho lo efectuó la Sala responsable- a la fecha que la entonces actora manifestó en la demanda de nulidad como de notificación del crédito fiscal contenido en el oficio **********, esto es, el trece de septiembre de dos mil once (foja 15, primer párrafo, del punto ‘4’), respecto de tal acto, el mencionado término de treinta días empezó a correr el diecinueve de septiembre del citado año y feneció el veintiocho de octubre siguiente, y por cuanto hace a las resoluciones determinantes contenidas en los oficios **********, ********** y **********, que la ahora impetrante aseveró le fueron notificadas el nueve de septiembre del año próximo pasado (fojas 20, primer párrafo, del punto ‘5’; 24, primer párrafo del punto ‘6’ y 28, primer párrafo del punto ‘7’), el citado término empezó a correr el trece de septiembre del propio año y feneció el veintiséis de octubre último, descontándose, respectivamente, los días catorce y doce de septiembre del citado año, por ser aquellos en que surtieron efectos las actuaciones mencionadas por la ahora peticionaria de garantías y, por inhábiles, según corresponde a cada caso, los días quince a dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre, primero, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil once; consecuentemente, partiendo de las notificaciones que la propia responsable tomó en consideración, la presentación de la demanda fiscal, efectuada el veintiséis de octubre de dos mil once, resulta oportuna respecto de las mencionadas resoluciones determinantes contenidas en los oficios **********, *Aarriba a la misma conclusión (de ser oportuna la demanda fiscal) en relación con los diversos créditos fiscales a que se refieren los oficios **********, ********** y **********, pues atendiendo, igualmente, a la fecha que la entonces actora manifestó en la demanda de nulidad como de notificación de tales actos, esto es, el veintitrés de agosto de dos mil once (fojas 2, primer párrafo del punto ‘1’, 7, p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24340-fd6ffbf8/juicio-contencioso-administrativo-en-la-via-sumaria-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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