JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. EL SUPUESTO DE SU IMPROCEDENCIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 58-3, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA DEMANDA PROCEDA RESPECTO DE LA REGLA ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER GENERAL IMPUGNADA (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DAVID SOLÍS PÉREZ, JUAN MANUEL GARCÍA FIGUEROA, JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS Y JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ. DISIDENTES: ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA Y ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. PONENTE: ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA. ENCARGADO DEL ENGROSE: JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ. SECRETARIA: BEATRIZ MUNGUÍA VENTURA.
Hermosillo, Sonora. El Pleno del Quinto Circuito, en sesión correspondiente al veintinueve de marzo dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 7/2016, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, ambos con sede en esta ciudad.
El problema jurídico a resolver por este Pleno de Circuito, consiste en verificar si es existente la contradicción de tesis y, en su caso, determinar cuál de los dos criterios en conflicto o bien, si uno diverso, debe prevalecer con carácter jurisprudencial.
I. Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis
1. Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio **********, de seis de septiembre de dos mil dieciséis, recibido por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Quinto Circuito el día siguiente, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, denunció la posible contradicción de tesis, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo Circuito, emitidas al dictar las resoluciones a los amparos directos administrativos ********** y **********, respectivamente. A dicho oficio adjuntó versión electrónica y copia certificada de la resolución dictada por el órgano denunciante.
2. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis y turno. Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Magistrado Arturo Castañeda Bonfil, presidente del Pleno del Quinto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis, al que correspondió el número 7/2016; asimismo, en el propio auto, entre otras determinaciones, requirió al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, residente en esta ciudad, para que enviara la versión electrónica de la ejecutoria en cuestión, a la cuenta de correo electrónico, que para tal efecto indicó, así como su copia certificada y para que informara si el criterio que sustentó se encontraba vigente o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado.
3. Luego del trámite correspondiente, por auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se consideró debidamente integrado el expediente de la contradicción de tesis y se turnó el expediente al Magistrado Mario Pedroza Carbajal, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
4. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Magistrado ponente formuló el proyecto correspondiente y lo ingresó al Sistema de Plenos de Circuito; y por acuerdo de esa misma fecha, la presidencia dio vista a los Magistrados integrantes del Pleno y a los no integrantes, con el referido proyecto, para los efectos previstos en los artículos 29 del Acuerdo General 8/2015; y 30 del diverso Acuerdo General 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, toda vez que el uno de enero de dos mil diecisiete se renovó la integración de este Pleno de Circuito y que en sesión extraordinaria 1/2017, celebrada el diecisiete de los citados mes y año, se instaló formalmente el Pleno del Quinto Circuito, con esa integración y se designó como presidente al Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez, por auto de veintitrés siguiente se dio vista a la Magistrada Armida Elena Rodríguez Celaya, como nueva integrante del Pleno y representante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, para que en el término de tres días hábiles, manifestara si hacía suyo o no el proyecto de resolución formulado por el Magistrado Mario Pedroza Carbajal.
5. Mediante oficio **********, de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada Armida Elena Rodríguez Celaya manifestó que hacía suyo el proyecto de resolución formulado por el Magistrado Mario Pedroza Carbajal.
6. Pedimento. El agente del Ministerio Público de la Federación, no formuló pedimento.
II. Competencia.
7. Este Pleno del Quinto Circuito, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio oficial, el treinta de mayo del referido año.
III. Legitimación.
8. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes en la contradicción de tesis que ahora se resuelve.
IV. Criterios contendientes.
9. 1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, mediante sesión de **********, resolvió el amparo directo administrativo **********, de su índice, en los siguientes términos:
"VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo directo, cuyos datos de identificación aparecen al rubro citado; y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO.-Demanda de amparo.
"Por escrito presentado el **********, ante la Sala Regional del Noroeste II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, la «persona» moral **********, por conducto de su representante legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se transcriben:
"‘III. Autoridad responsable.-Sala Regional del Noroeste II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-IV. Acto reclamado.-Sentencia de fecha **********, a través del cual la responsable confirma el acuerdo que desecha la demanda por extemporánea, acto que transgrede en perjuicio de la quejosa sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y de administración de justicia, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en virtud de que en éste se advierte que fue emitido en contravención de las disposiciones legales aplicables, toda vez que se debió de admitir la demanda ...’ (foja 5 del toca).
"Asimismo, señaló en su demanda de garantías que se violaron en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
"SEGUNDO.-Auto admisorio y trámite del juicio de amparo.
"1. Por auto de **********, el Magistrado instructor de la Sala Fiscal, responsable, tuvo por recibida la demanda de garantías; ordenó correr traslado con la demanda y emplazar al tercero interesado; y dispuso que se remitiera el correspondiente informe justificado, junto con las constancias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno (foja 58 del juicio de nulidad), lo cual fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común el **********.
"2. En proveído de **********, la presidencia de este tribunal, al que por razón de turno le correspondió el conocimiento del presente asunto, ordenó la formación del expediente bajo el número **********, admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, tuvo como autoridad responsable a los Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Asimismo, se comunicó a las partes para los efectos legales a que hubiere lugar, que este órgano colegiado está integrado por los Magistrados, presidente Mario Toraya, Francisco Domínguez Castelo y Juan Manuel García Figueroa (fojas 20 a 22 del toca).
"El agente del Ministerio Público de la Federación, formuló ‘alegato ministerial’ en el sentido de que se niegue a la parte quejosa el amparo solicitado (fojas 24 a 27 del toca de amparo).
"TERCERO.-Turno.
"Por auto de **********, con fundamento en el artículo 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el expediente al Magistrado Francisco Domínguez Castelo, para formulación del proyecto de resolución respectivo (foja 32 del toca).
"CONSIDERANDO:
"PRIMERO.-Competencia Legal.
"Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34 y 170 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; 37, fracción I, inciso b) y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los Acuerdos Generales 41/2005 y 3/2013, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo promovido contra una sentencia dictada por el Magistrado ponente de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en la jurisdicción de este órgano colegiado.
"SEGUNDO.-Precisión del acto reclamado.
"Es cierto el acto reclamado del presidente de la Sala Regional del Noroeste II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (foja 2 del amparo directo), lo que además se corrobora con las documentales anexas a tal informe, consistentes en los autos del expediente **********, de su índice; confesión expresa y documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su arábigo 2o.
"Y sin que resulte necesario transcribir la parte considerativa del acto reclamado, ya que ello no lo exige la Constitución, ni la ley de la materia.
"TERCERO.-Oportunidad en la presentación de la demanda.
"La demanda de garantías fue presentada en tiempo, pues el plazo de quince días para promoverla, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió tal como se ve en el cuadro que se inserta a continuación:
Ver cuadro
"CUARTO.-Conceptos de violación.
"A efecto de llevar a cabo el análisis y determinación de fondo, se tienen aquí por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como si a la letra se insertaran, ya que ni el artículo 74, ni alguna otra disposición de la Ley de Amparo o de la técnica que rige al juicio de garantías lo exigen, además que los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias se satisfacen cuando, se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta.
"Lo anterior se apoya en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, registro digital: 164618, del tenor siguiente:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.’
"QUINTO.-Antecedentes del acto reclamado.
"Para una mejor comprensión del asunto en estudio, resulta pertinente realizar una breve narración de los hechos que antecedieron a la emisión del acto reclamado:
"1. Por escrito presentado el **********, ante la Sala Regional del Noroeste II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio de nulidad de los créditos fiscales, números ********** y **********, emitidos por el titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en La Paz, Baja California Sur, mismos que fueron notificados el **********; así mismo, en contra del acuerdo **********, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 2 del juicio de nulidad).
"2. Por acuerdo de **********, la Sala Fiscal, el Magistrado instructor desechó la demanda, por considerarla extemporánea, respecto a la impugnación de las cédulas de liquidación; y, respecto al acuerdo **********, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, al haber controvertido actos del citado instituto en un juicio de nulidad diverso (fojas 31 del expediente fiscal).
"3. En contra de la anterior determinación, por escrito presentado el **********, la actora promovió recurso de reclamación, el cual fue admitido en auto de ********** (fojas 36 a 39 del expediente de nulidad); el cual en **********, se resolvió bajo los puntos resolutivos siguientes:
"‘I. Resulta infundado el recurso de reclamación interpuesto por la actora, en consecuencia; II. Se confirma el acuerdo reclamado de fecha **********, a través del cual se desechó la demanda de nulidad.-III. Notifíquese.’ (foja 53 vuelta).
"Esta es la resolución definitiva reclamada en el presente juicio de amparo.
"SEXTO.-Estudio.
"Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, son parcialmente fundados.
"En parte de ellos, refiere que en la demanda de nulidad, señaló que la promovía en la vía ordinaria, en razón de que la vía sumaria es optativa, por lo que el plazo para interponerla era de cuarenta y cinco días y no quince como lo determinó la responsable.
"Lo anterior es infundado, pues del proceso legislativo que dio lugar al juicio contencioso en la vía sumaria, se advierte que ésta no es optativa para el actor, por lo contrario, se creó de manera obligatoria y conlleva la brevedad en los plazos para la sustanciación del procedimiento en todas sus etapas en aquellos asuntos de menor cuantía, previstos por el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"En ese contexto, la procedencia de la vía en el juicio contencioso administrativo es una cuestión de orden público que el Magistrado instructor está obligado a analizar, a pesar de que no se hubiera expresado en la demanda, y debe ordenar el trámite del juicio en la vía sumaria, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el numeral mencionado.
"Son aplicables las jurisprudencias 2a./J 100/2014 (10a) y 2a./J 101/2014 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) que dicen:
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA VÍA SUMARIA CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES OPTATIVA PARA EL PARTICULAR.-Del proceso legislativo que dio origen al precepto citado, que prevé el juicio contencioso en la vía sumaria, deriva que ésta no es optativa, porque se creó de manera obligatoria y conlleva la brevedad en los plazos para la sustanciación del procedimiento en todas sus etapas, simplificándolo en asuntos de menor cuantía, así como en los casos en que el criterio ya ha sido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También se adicionaron a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo un título II y un capítulo XI, denominado «Del juicio en la vía sumaria», que comprende los artículos 58-1 a 58-15, y se determinó que en lo no previsto se aplicarán las demás disposiciones de la propia ley, sin que con ello se menoscabe el derecho de justicia completa, pues la implementación de esta vía prevé que el gobernado acuda ante el tribunal a deducir sus derechos mediante un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales y culmine con el dictado de una resolución. Además, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el derecho a la tutela judicial y a la administración de justicia no implica que el particular pueda escoger el procedimiento jurisdiccional en el que se sustanciarán las instancias que ejerza, ya que puede ejercer su derecho a la tutela judicial y a la administración de justicia, impulsando un procedimiento jurisdiccional, pero sólo el que la ley del acto que impugna determine, pues no podrá elegir a su arbitrio la instancia en la que debe debatir su pretensión, toda vez que la prosecución de un juicio en los términos señalados por la ley es una cuestión de orden público, cuyo trámite está contenido en la ley, a fin de garantizar su legalidad. Aceptar que el particular puede escoger la instancia legal a través de la cual cuestionar la actuación de la autoridad, implicaría la posibilidad de optar por lo más conveniente a sus intereses, en cuanto a plazos y condiciones para someter al órgano jurisdiccional su pretensión, lo que llevaría a un desorden procesal y, por tanto, a la inseguridad jurídica.’
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES LEGALES PARA TRAMITARLO EN LA VÍA SUMARIA DE MANERA OFICIOSA CUANDO ADVIERTA QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS LEGALES.-El artículo 14, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé como requisito de la demanda que se indique que se tramitará en la vía sumaria y, en caso de omisión, el Magistrado instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda, conforme al título II, capítulo XI, denominado «Del juicio en la vía sumaria», de esa ley; por tanto, si se justifican los requisitos que para el juicio contencioso administrativo en esta vía establece el artículo 58-2 de la ley referida, es evidente que el Magistrado cuenta con facultades legales para decidir si el juicio debe tramitarse en la vía sumaria, esto es, dicho servidor público puede decidir de manera oficiosa la tramitación del juicio contencioso administrativo en esos términos, sin que con esa actuación se vulnere algún derecho humano en perjuicio del particular.’
"Por otra parte, sostiene la quejosa que la demanda de nulidad no debió desecharse, puesto que, conjuntamente con los créditos fiscales demandó una regla de carácter general, lo cual constituye una causa de improcedencia de la vía sumaria, conforme a lo previsto en la fracción II del artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; numeral que, afirma, no exige mayores requisitos como lo señala la responsable, ya que no supedita a que sea la primera vez que se impugne dicha regla o que los agravios encaminados a combatirla sean suficientes para declarar su nulidad.
"Agrega que la responsable trata de dar otra interpretación al citado numeral, al señalar que para que sea improcedente la vía sumaria, se debe impugnar la regla en el primer acto de aplicación, lo cual no se prevé en el citado numeral, y considera, que se actualiza la excepción de procedencia de la vía sumaria con el simple hecho de que se impugne una regla de carácter general.
"Afirma que resulta absurdo el argumento de la a quo al determinar que la regla de carácter general se debió demandar en el primer acto de aplicación, en razón de que la Sala Superior, emitió jurisprudencia donde reconoce que también se puede demandar dicha regla como parte de la fundamentación y motivación del acto de aplicación, lo cual aconteció en la especie, pues se trató de demostrar la ilegalidad de la regla y que se dejara de aplicar, siendo irrelevante que fuera el primer o posterior acto de aplicación.
"Aduce que si la Sala responsable consideró improcedente la impugnación de la regla de carácter general, ello no da lugar a que se deje de aplicar lo previsto en el artículo 58-3, fracción II, de la citada ley, y en automático se deba aplicar lo dispuesto en el artículo 58-2; pues con independencia de la improcedencia del juicio de nulidad en contra de la regla general, al haberse impugnado a la par de los créditos fiscales, la demanda debe admitirse en la vía ordinaria.
"Dichos argumentos son esencialmente fundados, de acuerdo con las consideraciones que se exponen a continuación:
"Al respecto, conviene señalar que del contenido del considerando tercero de la sentencia reclamada, se advierte que la Sala responsable determinó que eran infundados los argumentos vertidos en el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, aquí quejosa y, por ende, confirmó el acuerdo recurrido, con apoyo en los razonamientos siguientes:
"- Precisó las resoluciones y acuerdo general demandados.
"- Transcribió el acuerdo recurrido y destacó lo resuelto en el mismo.
"- Determinó que lo decidido en el citado acuerdo era correcto, toda vez que el requisito de procedibilidad del juicio en contra del acuerdo **********, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se surtía en la especie, al actualizar lo previsto en el artículo 8, fracciones IV y XVI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales transcribió y reseñó.
"- Lo anterior, anotó, porque la actora dentro del diverso juicio ********** -el cual trajo como hecho notorio en términos del artículo 50 de la citada ley-, impugnó diversas cédulas de liquidación, en las cuales se aplicó el citado acuerdo, por lo que si la citada demanda de nulidad se admitió a trámite el seis de enero de dos mil quince, era inconcuso que el término de cuarenta y cinco días transcurrió en exceso, al haber plantado nueva demanda el doce de mayo siguiente, por lo que constituye un acto consentido por la actora.
"- Añadió que lo anterior se corroboraba con lo establecido en los artículos 14, fracción XVI, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rigen la impugnación de los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, los cuales transcribe y reseñó.
"- Concluyó que si la recurrente combatió un acuerdo del que tuvo conocimiento con anterioridad a la impugnación del juicio, es inconcuso que el acto impugnado no constituía su primer acto de aplicación y en ese entendido, era improcedente el juicio en su contra.
"- Por tanto, consideró infundados los argumentos vertidos por la demandante, en los que adujo que la fracción II del artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sólo basta que se dé el supuesto, impugnación de la regla de carácter general, sin que se exija que sea la primera vez que se combata ni que se expresen conceptos de nulidad suficientes para declararla inválida; en razón de que, el tribunal responsable debía acatar los requisitos de procedibilidad del juicio en contra de los acuerdos de carácter general, los cuales se encuentran previstos en los artículos 14, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como lo señaló, los cuales supeditan su impugnación al primer acto de aplicación de los mismos.
"- Añadió que ese tribunal no puede admitir juicios de nulidad en contra de la totalidad de los actos que sean señalados por los particulares, sin analizar el cumplimiento de las reglas de procedencia del juicio contencioso administrativo, mismas que se prevén en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y son obligatorias, tanto para los particulares como para el tribunal; que pensar que baste con que se impugne una regla o acuerdo general, con independencia de que sea la primera vez que la impugne o no, acarrearía que se impugnaran además de los actos previstos en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, algún acto que actualice la improcedencia de la vía sumaria, en casos de que el plazo previsto por dicho precepto legal haya transcurrido, lo que ocasionaría un desorden jurídico.
"- Anotó que al resultar improcedente la impugnación del acuerdo **********, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y en virtud de que respecto a las resoluciones impugnadas -cédulas de liquidación-, se actualiza el supuesto de la vía sumaria, previsto en el artículo 58-2, fracción I, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la demanda de nulidad resultó extemporánea al no presentarla dentro del plazo de quince días, por lo que, confirmó el acuerdo a través del cual se desechó la demanda por improcedente.
"En este contexto, se estima que le asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que la Sala responsable, en el caso, interpretó de manera incorrecta el supuesto de improcedencia de la vía sumaria que prevé el artículo 58-3, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Para evidenciarlo, conviene destacar que el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:
"‘I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;
"‘II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;
"‘III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;
"‘IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, o
"‘V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.
"‘También procederá el juicio en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"‘Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.
"‘La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley ante la Sala Regional competente.’
"El precepto legal antes transcrito, establece las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, cuando se trate de resoluciones que no rebasen de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión y, que además, se ubiquen en alguno de los supuestos materiales previstos en las fracciones I a V del artículo previamente transcrito.
"Asimismo, el numeral contempla que cuando los gobernados impugnen cualquiera de los actos contra los que sea procedente la vía sumaria, entonces d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27152-9333c437/juicio-contencioso-administrativo-en-la-via-sumaria-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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