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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. SU TRAMITACIÓN NO ES OPTATIVA EN RELACIÓN CON EL ORDINARIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 397/2013. · Registro digital (IUS): 24644
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Pág. 1643.

AMPARO DIRECTO 397/2013. 8 DE AGOSTO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JACOB TRONCOSO ÁVILA. SECRETARIA: VERÓNICA LORENA OSORNIO PLATA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Una vez precisado lo anterior, es necesario decir que la parte quejosa aduce, en esencia, en sus conceptos de violación, que la sentencia reclamada le causa perjuicio, pues en ella la Magistrada instructora del conocimiento no aplicó el contenido del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, privilegiando el diverso 58-2 del propio ordenamiento.

Así es, en el primer concepto de violación la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al señalar que el juicio de nulidad no debió sustanciarse en la vía sumaria, toda vez que es optativo para el gobernado elegir la vía en la que ha de tramitarse el juicio de nulidad, pues en ese sentido el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que para el caso de que el demandante no manifieste su opción (sic) al momento de presentar su demanda, se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional.

Afirma que el juicio de amparo es el momento procesal oportuno para reclamar que la Sala Fiscal dejó de aplicar lo dispuesto en el artículo 13 de la ley en cita, en virtud de que en la ley de la materia no se establece un dispositivo legal que permita impugnar el auto admisorio en el que se estimó dar una tramitación sumaria al juicio de nulidad de origen; pues si bien el artículo 58-3, fracción VI, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece como medio de defensa o impugnación el recurso de reclamación, éste sólo es procedente tratándose de la no admisión de la demanda en la vía sumaria. Por lo que, dice, la Magistrada instructora aplica indebidamente en el juicio natural el artículo 58-2 de la ley en cita.

Señala que independientemente de la sumatoria total de los créditos combatidos, fue ilegal que el juicio de origen se hubiera tramitado por la vía sumaria; que lo apegado a derecho era que se hubiere admitido en la vía tradicional; y que al aplicar el artículo 52-8 de la ley en cita, la Magistrada instructora violó en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento.

Aduce que es el momento oportuno para que se enmienden las violaciones cometidas a la Constitución en que incurrió la Magistrada instructora en su perjuicio, en tanto que no existe otro medio de defensa contra el auto en el que se ordenó la tramitación en la vía sumaria del juicio de origen.

Insiste en que la Magistrada instructora dejó de aplicar en su perjuicio el artículo 13 de la ley en cita, lo que la deja en estado de indefensión, pues la naturaleza jurídica y procesal de ambas vías es diversa; que por lo que hace a la vía sumaria acorta los tiempos del gobernado a fin de que pueda acreditar ampliamente la acción de nulidad, como en el caso aconteció y por lo que se le dejó sin defensas.

Sostiene que en su escrito de demanda de nulidad expuso tanto en el proemio, como en los puntos petitorios, que la vía intentada era la ordinaria y que aun cuando ello no hubiera sido señalado, la Magistrada instructora debió aplicar el párrafo segundo del artículo 13 de la ley de la materia.

Dice que ante la optatividad de la vía, lo procedente es que se conceda el amparo para el efecto de que se ordene la reposición del procedimiento, en términos del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Explica que la Magistrada instructora lo somete a una tramitación sumaria, tomando en consideración un criterio de obligatoriedad respecto de dicho proceso, conforme al cual el administrado se vería forzado a determinar si el acto a impugnar es un crédito fiscal emitido por una autoridad fiscal federal o un órgano fiscal autónomo, así como si el monto por el que procede el juicio sumario comprende el histórico de la contribución o incluye sus recargos, o bien si se está en presencia de los otros supuestos de procedencia referentes a multas, requerimientos de fianzas o resoluciones a recursos; con lo que se impone al promovente la carga de identificar la naturaleza jurídica de la resolución que lo afecta.

Agrega que de sostenerse la postura de la Sala Fiscal, se conminaría al promovente a que desde el momento en que se le notifica la resolución que será materia de impugnación en el juicio de nulidad, determinara si el juicio debe ser tramitado en vía sumaria o no; lo que constituye una carga desproporcionada si se tiene en cuenta la brevedad del plazo para su presentación, al reducir el plazo que se tiene de manera general (cuarenta y cinco días) a una tercera parte.

Dice que la carga que se pretende agregar al promovente (identificar la naturaleza jurídica de la resolución que lo afecta) se complica más cuando la propia resolución que se notifica al contribuyente contiene la determinación de diversos créditos fiscales por diversos montos, pues la ley en el penúltimo párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que cuando en un mismo acto se contiene más de una resolución, no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de la vía.

En relación con lo anterior, agrega que aquel contribuyente que pierda el plazo (sic) para la promoción de la demanda de la vía sumaria, en los supuestos obligatorios de procedencia, tendrá que recurrir al recurso de revocación, cuyo plazo de cuarenta y cinco días permanece invariable en cualquier supuesto; lo que puede provocar que el contribuyente tenga que promover un recurso administrativo únicamente para hacer procedente la vía jurisdiccional, como en diversos foros lo han señalado diversos especialistas.

Añade que no debe perderse de vista que el motivo principal por el que se decide instrumentar el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, es con el objeto de que la impartición de justicia sea pronta y expedita y, aún más, para garantizar una tutela jurisdiccional efectivamente accesible; pero que no obstante ello, desde la perspectiva práctica el efecto es contrario, pues al establecer la vía sumaria como obligatoria se imponen a los contribuyentes obligaciones excesivas y se restringe su acceso al sistema de justicia bajo criterios jurídicos discriminatorios.

En razón de lo anterior, concluye que la optatividad del juicio sumario guarda correspondencia con los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, así como con los derechos fundamentales de debido proceso, exacta aplicación de la ley y justicia completa.

Asimismo, refiere que la optatividad del juicio sumario, derivada de una interpretación conforme, sería acorde con el concepto de justicia administrativa, mientras que sostener la "no optatividad" de la vía sumaria, sólo estaría en congruencia con el derecho de las partes a una justicia pronta, pero en detrimento, cuando menos, de todos los derechos primeramente enunciados.

Dice que la interpretación conforme de la institución en juego, según el artículo 1o. constitucional, lleva a concluir que la vía sumaria es constitucional y necesariamente optativa, a fin de que las autoridades encargadas de su aplicación no incurran en responsabilidad e ilicitud constitucional.

En función de lo anterior, refiere que fue incorrecto que la Magistrada instructora, sin ningún fundamento, decidiera no sustanciar el juicio administrativo en la vía ordinaria o tradicional y conforme a las formalidades aplicables, tratándose de reclamos fundados en el artículo 16, fracción II, de la ley de la materia.

Finalmente, dice que una interpretación que deje de considerar como optativo el juicio contencioso, sería contraria a los derechos fundamentales del debido proceso y exacta aplicación de la ley, contenidos en el artículo 14 constitucional, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo instituye un principio de elección de la vía para el actor o demandante tratándose del juicio en línea, del juicio sumario y del llamado juicio en la vía tradicional; a lo que debe añadirse que la propia ley adjetiva contiene la presunción legal general de que en todo caso en donde el actor omita señalar expresamente la vía debe entenderse ope legis que intenta la vía tradicional.

El concepto de violación es infundado.

En principio, es oportuno precisar que ante la problemática que actualmente se vive, tratándose de la tramitación de los juicios de nulidad, la cual suele ser en algunos casos tardada y, en otros, desgastante para quien tramita éste, surgió la necesidad de que el legislador creara una vía en la cual, a diferencia del juicio ordinario, la tramitación fuera más ágil y sencilla, dado el tipo de resoluciones que fueren impugnadas, consciente de la problemática actual que se vive en la mayoría de los órganos jurisdiccionales en los que independientemente del carácter complejo o simple de la tramitación del juicio o del grado de dificultad para su resolución, la administración de justicia suele ser lenta, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que la administración de justicia deberá ser pronta y expedita.

Atento a lo anterior, el legislador tuvo a bien crear un medio procesal más rápido, sencillo y eficaz que diera solución a tal problemática para la resolución del citado procedimiento, en casos que, por su materia, no representan mayor complejidad y reduciéndolos además con el criterio de la cuantía.

Así pues, consideró imperativo simplificar los procedimientos que se tramitan ante los tribunales, por lo cual el creador de la norma optó por hacer una serie de adecuaciones al procedimiento contencioso administrativo para aquellos casos más sencillos en los que resultara conveniente simplificar la tramitación y abreviar los plazos para obtener una solución pronta a la controversia.

Es así como adicionó a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, un título II y un capítulo XI, denominado: "Del juicio en la vía sumaria", que entre otros contiene el artículo 58-2, que dice:

"Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

"II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

"III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

"IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, o

"V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

"También procederá el juicio en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

"La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley ante la Sala Regional competente."

De este precepto se obtiene que la cuantía de los actos impugnados y el tipo de resoluciones definitivas son referentes fundamentalmente para determinar o delimitar la procedencia de los juicios sumarios.

En efecto, la primera de ellas, está condicionada únicamente para aquellas resoluciones cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año, al momento de su emisión, siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas que posteriormente se describen en cada una de las fracciones de tal precepto y, la segunda, a que los actos impugnados consistan, entre otros, en los administrativos de imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales, a las resoluciones eminentemente fiscales por resoluciones que requieran el pago de una fianza y, finalmente, se consideró necesario incluir dentro de la procedencia de esta vía, las resoluciones recaídas a algún recurso administrativo, cuando la resolución recurrida sea alguna de las anteriormente mencionadas, dado que, por la opcionalidad en la interposición del recurso, es indispensable que en la fase jurisdiccional también sean consideradas dentro de la vía sumaria, a condición de que el importe de la recurrida no exceda el límite fijado para ese efecto.

Además, comprende el caso de aquellas resoluciones administrativas que se emitan con violación a una tesis de jurisprudencia en materia de constitucionalidad de leyes, ya que en este supuesto no tiene por qué darse un procedimiento engorroso o dilatado, pues sería más conveniente que el tribunal deba pronunciarse sobre la ilegalidad del acto así emitido.

Por otro lado, la presentación de la demanda en la vía sumaria, tiene la particularidad de realizarse directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.

En ese contexto y como ha quedado de manifiesto de los numerales transcritos, el plazo con el que cuentan los contribuyentes para presentar su demanda de nulidad, cuyo monto total no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, es de quince días hábiles.

Ahora, para la implementación del juicio en la vía sumaria, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, se estableció que iniciaría después de los doscientos cuarenta días naturales siguientes a la publicación de dicho decreto, como se obtiene del tercer artículo transitorio que señala: "TERCERO. Las disposiciones relativas al juicio en la vía sumaria, previstas en el capítulo XI del título II que se adiciona a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los artículos 1o., fracción III, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 41, fracción XXX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se reforman conforme al presente decreto, entrarán en vigor a partir de los 240 días naturales siguientes, a la fecha de publicación de este ordenamiento." (Énfasis de este tribunal).

Dicho plazo de doscientos cuarenta días transcurrió del once de diciembre de dos mil diez al siete de agosto de dos mil once.

Aclarado lo anterior, cabe decir que no asiste razón a la quejosa cuando aduce que la Magistrada instructora debió aplicar lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que el actor, al momento de presentar su demanda de nulidad, no eligió seguir la vía sumaria, por lo que, al no haber expresado su deseo de que el juicio fuera tramitado en dicha vía, se entendía que debía ser tramitado en la tradicional u ordinaria y, por ende, su demanda se podía presentar dentro del plazo de cuarenta y cinco días establecido para tal efecto en el precepto de mérito y en lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 58-3 del propio ordenamiento.

Para explicar el por qué de lo anterior, es preciso traer a colación el contenido de los numerales 13 y 58-3, penúltimo párrafo, de la aludida legislación donde se establece lo siguiente:

"Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la Sala Regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

"Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional."

"Artículo 58-3. La tramitación del juicio en la vía sumaria será improcedente cuando:

"I. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2;

"II. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general;

"III. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el capítulo II del título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

"IV. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual;

"V. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, o

"VI. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.

"En estos casos el Magistrado instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de esta ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.

"Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio, en el plazo previsto por el artículo 58-8 de esta ley." (Lo resaltado es énfasis añadido por este tribunal).

Ahora, es incorrecta la interpretación que el quejoso hace del primer numeral transcrito, pues de su contenido se advierte que a lo que se refiere tal precepto es a que la demanda de nulidad podrá ser tramitada de forma tradicional, entendiéndose por esto, por escrito, es decir, mediante las promociones, oficios, actuaciones, pruebas y resoluciones, en documento manuscrito o impreso en papel y con firma autógrafa de sus suscriptores, y no como erróneamente lo interpreta el actor, aquí quejoso, en el sentido de que por tradicional debe entenderse en la vía ordinaria.

El juicio tramitado en la vía tradicional se contrapone al juicio en línea, entendiéndose por éste el que se sustancia y resuelve por medios electrónicos, en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de la citada legislación, a través del Sistema de Justicia en Línea, más no al juicio sumario.

Quedando de manifiesto que a lo que se refiere tal numeral es que al momento de presentar la demanda de nulidad, el actor podrá elegir la forma de tramitar su juicio, ya sea de forma tradicional o escrita, o bien, de forma electrónica, mediante el sistema de justicia en línea.

Sin que ello implique que quede a elección del actor determinar la vía en la cual deba tramitarse su demanda de nulidad, sea sumaria u ordinaria, como lo pretende hacer ver el recurrente en su argumento expresado vía concepto de violación, pues no es dable que con la simple interpretación de algún precepto de la ley de la materia, acorde a los intereses de quien la hace, se pretenda obtener un derecho que no se encuentra expresamente establecido.

Máxime que los supuestos de la vía en que debe tramitarse el juicio de nulidad se encuentran claramente establecidos en la ley que rige la materia, esto es, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que el Magistrado instructor de la Sala Fiscal únicamente se limitó a aplicar ésta, concretamente, el artículo 58-2 de la multicitada legislación; en otras palabras, la actuación de éste no puede ir más allá de lo que la ley lo faculta, al grado de ser él quien decide la vía en que ha de tramitarse un juicio, sino que, se insiste, solamente se encarga de la aplicación de la norma.

De ahí que el actor no tenga opción para elegir la vía en que ha de tramitar su demanda, pues los supuestos en que ésta procede, ya se encuentran definidos en la ley que rige la materia.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el actor sí tiene la potestad de elegir la forma en que ha de tramitar su juicio, contando para ello con dos opciones, ésta puede ser tradicional, es decir, de manera escrita, o bien, a través del Sistema de Justicia en Línea, conocido también como vía electrónica.

Lo anterior, máxime que el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que al tramitarse la demanda de nulidad, el promovente deberá indicar que la tramita en la vía sumaria y en caso de que omita hacerlo, el Magistrado, como ocurrió en la especie, lo tramitará en esta vía cuando se presenten lo supuestos establecidos en el título II, capítulo XI, de la propia ley, es decir, oficiosamente.

Por tanto, aun cuando el entonces actor, aquí quejoso, no hubiera indicado en su demanda que promovía el juicio en la vía sumaria, el Magistrado del conocimiento, al advertir que se encontraba en alguno de los supuestos establecidos en el diverso artículo 58-2 del propio ordenamiento, lo tenía que tramitar de manera oficiosa acorde a las disposiciones que regulan dicho juicio y no, como lo afirma el quejoso, tramitarlo en la vía ordinaria.

A mayor abundamiento, el derecho de opción en cuanto a la vía sumaria y ordinaria a que hace alusión el quejoso no está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo cual se considera incorrecta la interpretación que hace de los preceptos en comento, pues el actor no cuenta con esa facultad de elección, como ocurre -a manera de ejemplo- tratándose de juicios penales federales, ya que al respecto la ley es clara y no es necesario llevar a cabo una interpretación de ésta para advertir que el inculpado goza de esa prerrogativa.

Para una mejor ejemplificación conviene precisar el contenido del artículo 152, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente:

"Artículo 152. El proceso se tramitará en forma sumaria en los siguientes casos:

"...

"El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario". (Lo resaltado es énfasis añadido por este tribunal).

Así pues, dicho precepto es claro en cuanto a que el inculpado tiene la opción de elegir, según convenga a sus intereses, la vía en que deba ser tramitado su juicio, siempre y cuando las características de éste encuadren en uno de los supuestos del artículo de referencia.

En ese tenor, no sucede lo mismo tratándose del juicio sumario tramitado ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que los requisitos de procedencia de éste están claramente delimitados en el título II, capítulo XI denominado: "Del juicio en la vía sumaria".

Es por lo anterior que también se estima que no asiste razón al quejoso al aducir que ante la circunstancia de que no señaló en su demanda que la tramitaba en la vía sumaria, el Magistrado instructor debía acatar, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues como se dijo, dicho trámite no es optativo, además de que el artículo en comento, transcrito en párrafos anteriores, se refiere a que el asunto se localice en alguno de los supuestos en él establecidos, es decir, cuando el Magistrado advierta que:

La acción intentada no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2 de la propia ley; que simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en dicho artículo, se controvierta una regla administrativa de carácter general; que se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el capítulo II del título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; que se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual; que se trate de resoluciones que, además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, y que el oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.

Supuestos dentro de los que no se encuentra el hecho de que en la demanda no se haya señalado que se tramitaba en la vía sumaria, como lo intenta hacer valer el ahora quejoso, por lo que es carente de razón su argumento de que se le debió aplicar lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En función de lo anterior, es dable sostener que no puede quedar a voluntad de las partes, establecer a partir de cuándo inician los plazos para el inicio de ciertas actividades procesales, pues de otro modo se desnaturalizaría el imperio de la ley a que se encuentran sujetos los gobernados a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, máxime cuando los requisitos de procedencia están contenidos de forma clara en el título y capítulo de referencia, por lo que no es dable que la quejosa evada la observancia de tales preceptos y pretenda que se le admita a trámite dicha demanda de nulidad, bajo el argumento de que la vía sumaria es optativa, pues ello no se desprende de la ley de la materia.

Al respecto, cabe agregar que si las leyes se publican en el Diario Oficial de la Federación, es precisamente para que los gobernados se hagan sabedores de su contenido, en consecuencia, es inconcuso que la aquí quejosa sí tuvo noticia de los plazos que tenía para impugnar la resolución que afectaba a sus intereses, ya que considerar lo contrario, llevaría al absurdo de atender a su dicho, por encima de lo que dispone la ley, siendo ésta la que establece los plazos dentro de los cuales se debe cumplir con ciertas obligaciones procesales y no las partes contendientes o la autoridad responsable.

Como apoyo a lo anterior, también cabe indicar que si bien en la exposición de motivos de la iniciativa que presentaron el tres de diciembre de dos mil nueve los senadores de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, respecto al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o. A, fracciones XII y XIII, 13, primer párrafo, 66, 67, 68 y 70; se adiciona el capítulo XI denominado "De la vía sumaria", al título segundo, que comprende el artículo 58 T y se deroga el artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precisamente en el citado capítulo XI, que comprendía el numeral 58 T, se propuso lo siguiente:

"Artículo 58 T. El juicio contencioso administrativo federal, deberá tramitarse y resolverse en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones de esta ley y las específicas que, para su simplificación y abreviación, se establecen en seguida:

"...

"La vía sumaria procederá siempre que el actor presente su demanda dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Excedido este plazo, la demanda sólo procederá por la vía ordinaria.

"En ningún caso se podrá cambiar la vía elegida, una vez iniciada la tramitación del juicio para estos efectos el actor deberá señalar en su escrito inicial de demanda la vía por la que haya optado. En su defecto procederá la vía ordinaria." (Énfasis de este tribunal).

Propuesta similar adoptó José Isabel Trejo Reyes, senador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la iniciativa presentada el diez de diciembre de dos mil nueve, en la cual planteó:

"Para que el particular pueda optar por la vía sumaria, es indispensable que presente su demanda dentro de los quince días siguientes, a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Si el plazo se excede, deberá hacerlo por la vía ordinaria. En aras de dar certeza al procedimiento contencioso administrativo en la vía sumaria, el particular que haya ejercido esta opción, no podrá modificarla." (Lo destacado es de este tribunal).

Sin embargo, una vez publicado el aludido decreto el diez de diciembre de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, no se incluyó en el contenido de la norma aprobada la propuesta contenida en ambas iniciativas presentadas por los legisladores en comento, esto es, hacer opcional la vía sumaria, de modo que del procedimiento legislativo se desprende que finalmente el legislador expresamente consideró pertinente suprimir esa posibilidad para que quedara a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24644-578d3440/juicio-contencioso-administrativo-federal-en-la-via-sumaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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