JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO INSTITUYE EL PRINCIPIO DE ELECCIÓN DE VÍA. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES LEGALES PARA TRAMITARLO EN LA VÍA SUMARIA DE MANERA OFICIOSA CUANDO ADVIERTA QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS LEGALES. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA VÍA SUMARIA CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES OPTATIVA PARA EL PARTICULAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes de los asuntos de donde derivan los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.
Para ello, es necesario señalar que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, en los problemas de derecho.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis **********, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de quince de mayo de dos mil catorce, resolvió por mayoría de votos el amparo directo **********, interpuesto por **********, básicamente en los siguientes términos:
"En el presente asunto debe concederse el amparo, pues desde el inicio del juicio contencioso administrativo se presentaron violaciones procesales que ameritan el otorgamiento de la protección federal para el efecto de dejar insubsistente la totalidad de lo actuado, y reanudar todo el proceso desde su origen.
"...
"El juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, es un procedimiento optativo para el demandante, por lo que es contrario a derecho e inconstitucional interpretarlo como si la vía fuera oficiosa ...
"Así resulta inconcuso que la interpretación de la Magistrada instructora en el presente asunto fue incorrecto al momento de que, contra el contenido de la demanda y el derecho aplicable, éste, sin fundamento decidió sustanciar el juicio administrativo no en la vía ordinaria o ‘tradicional’, sino en la vía sumaria, pese a que del análisis de la demanda natural se observa que la actora al impugnar en el juicio contencioso las resoluciones administrativas correspondientes no manifestó en forma expresa, que optaba por la vía sumaria, lo que, de acuerdo con lo dicho, era indicativo de que había optado por la vía ordinaria.
"En el artículo 13, primero y segundo párrafos, se instituye el principio procesal de elección de vía (los actores pueden hacer propuesta de la vía y las autoridades jurisdiccionales deben limitarse a manifestar si el juicio se admite en la vía propuesta o si ésta fuera improcedente entonces resolver que el juicio se sigue en la vía ordinaria. ... En la formulación de estas consideraciones no pasa por alto que al mencionarse normativamente el derecho de opción sobre la vía, el legislador omitió incluir el ‘juicio sumario’ y sólo se refirió al ‘juicio en línea’, situación que simplemente debe entenderse como un fenómeno de omnisciencia; es decir, en ocasiones el legislador omite mencionar cuestiones de hecho de forma involuntaria ...
"En congruencia con el principio de elección de la vía por el actor a que se refieren los artículos 13 y 14, fracción I, si es que el actor hará uso de su derecho de opción, se le impone para efectos de claridad y certeza que éste haga la indicación expresa de que se tramitará su demanda en la vía sumaria y, en caso, de omisión el Magistrado instructor lo tramitará en la llamada vía tradicional ..."
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, resolvió, por unanimidad de votos, el amparo directo ********** relacionado con el RF. **********, interpuesto por **********, en la cual, esencialmente, señaló:
El juicio sumario no es una vía optativa para el gobernado, pues su tramitación es un medio para permitir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolver de forma pronta aquellos asuntos que impliquen una cuantía baja, o su materia es de menor complejidad jurídica.
Al implementar esa vía, el legislador pretendió establecer un procedimiento más eficaz y con mayor celeridad para dilucidar asuntos que, por su cuantía y materia, suelen ser de menor complejidad jurídica dando con ello certeza jurídica a las partes integrantes del mismo.
Además, el plazo de quince días para la presentación del juicio sumario no es optativo, pues el mismo se encuentra expresamente regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Incluso, la propia entonces quejosa optó por la vía sumaria, ya que así lo manifestó, expresamente, en su demanda de nulidad; de ahí que, con mayor razón, tenía que respetar el plazo que la ley establece para presentarla.
Por otra parte, el artículo 14, fracción I, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé como requisito de la demanda indicar que el juicio contencioso administrativo se promueve en la vía sumaria y que, en caso de omisión, el Magistrado instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda, de conformidad con el título II, capítulo XI, de la citada ley.
Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, resolvió por unanimidad de votos el amparo directo **********, interpuesto por **********, en esencia, lo siguiente:
El artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece puntualmente los supuestos normativos respecto de los cuales procede la tramitación del juicio en la vía sumaria, por lo que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la Magistrada instructora no determinó de manera unilateral y sin fundamento legal para ello, la tramitación de su demanda de nulidad en la vía sumaria, pues como puede advertirse de la lectura que se practique a dicho escrito de demanda, la parte actora no indicó que debía tramitarse en la vía sumaria, por lo que ante tal omisión y por las características del asunto, la Magistrada instructora determinó la tramitación del juicio en la vía sumaria.
En términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso en la vía sumaria no es optativo, además de facultar al Magistrado instructor para tramitar en esa vía la demanda de nulidad.
Por cuanto hace al argumento relativo a que el artículo 13, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contiene el principio procesal de elección de la vía, también es infundado, pues si bien establece la posibilidad para elegir entre la tramitación del juicio contencioso administrativo ordinario o sumario, se refiere a si lo quiere hacer por la vía tradicional, esto es, por escrito o en línea, pero ello no quiere decir que se pueda optar entre el juicio ordinario o sumario.
CUARTO. Ahora bien, de las síntesis de las ejecutorias antes realizadas que participan en esta contienda y de las copias del escrito de demanda que de cada una de ellas obra en autos, se desprende lo siguiente:
En el amparo directo número ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, lo que enseguida se precisa:
1. El amparo directo fue promovido por **********, a través de su apoderado legal **********.
2. Como acto reclamado en ese asunto señaló lo siguiente:
La sentencia de cinco de noviembre de dos mil trece, dictada en el expediente **********.
Como autoridad responsable a la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
También señaló como autoridad responsable ordenadora, en razón de la inconstitucionalidad en que se funda la primera autoridad ordenadora y que detallaré más adelante, sobre la inexacta aplicación del numeral 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del numeral 134 de la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor A:
"B.1) Congreso de la Unión, por haber aprobado la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y detentado con ello una inexacta aplicación al artículo número 42 de dicha reglamentación, así como a su ley secundaria, violadas por inexacta aplicación del contenido de los artículos 7 y 134 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual deja en total estado de indefensión a mi representada, ya que está plagada de violaciones a garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 16 y 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hoy reclamo de inconstitucionales.
"B.2) Al presidente de la República que promulgó, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y detentando con ello una inexacta aplicación al artículo 42 de dicha reglamentación, así como a su ley secundaria, por inexacta aplicación del contenido de los artículos 7 y 134 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual deja en total estado de indefensión a mi representada, ya que está plagada de violaciones a garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 16 y 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hoy reclamo de inconstitucionales.
"B.3) Al secretario de Gobernación y Diario Oficial de la Federación quienes promulgaron y publicitaron dichas leyes."
3. En el capítulo de antecedentes adujo, en esencia, lo siguiente:
• Promovió juicio de nulidad en contra de la sanción administrativa dictada en el expediente ********** de primero de agosto de dos mil once, emitida por el titular de la Unidad de Servicios "La Villa", de la Procuraduría Federal del Consumidor, por medio de la cual se determinaron tres multas en la cantidad de cuatro mil pesos, cada una, lo que se ignoraba hasta la diligencia de embargo.
• Por acuerdo de primero de agosto de dos mil trece, la Magistrada instructora de la Sala Regional señalada como responsable admitió a trámite la demanda en la vía sumaria "tradicional".
• Por auto de doce de septiembre de dos mil trece, tuvo por contestada la demanda.
• En auto de catorce de octubre de dos mil trece, se tuvo por ampliada la demanda de nulidad y en auto de veinticinco de octubre de dos mil trece, por contestada dicha ampliación.
• Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil trece, se declaró cerrada la instrucción.
• Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece, se dictó la resolución reclamada en el juicio de amparo.
4. Como conceptos de violación señaló, fundamentalmente, que:
• La sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al carecer de fundamentación y motivación, y no es congruente con los puntos controvertidos atentando contra la constitucionalidad de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en sus numerales 42 y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, adujo también la inconstitucionalidad de esos numerales.
• Se dolió de la indebida valoración de pruebas.
• Señaló que el juicio contencioso de origen debió sustanciarse en la vía ordinaria o "tradicional", sin embargo, la Magistrada instructora, sin fundamento y contra derecho determinó unilateralmente admitir la demanda, seguir el juicio y dictar sentencia unitaria en una vía procesal sumaria que resulta inaplicable al caso.
• Señaló que la decisión apuntada afectó sus defensas, porque la sustanciación del juicio vía sumaria importa una reducción de los plazos y oportunidades procesales trascendiendo al resultado del fallo a grado tal que la sentencia no fue pronunciada por la integración colegiada de la Sala responsable, sino de forma unitaria por el Magistrado instructor.
• Manifestó que la recta y constitucional interpretación del sistema normativo regente del juicio sumario conlleva a entenderlo como una vía de carácter optativo y, correlativamente, no existe fundamento para considerarlo como oficioso, pero no obstante, el Magistrado instructor de la Sala responsable así lo admitió sustanció y sentenció, sin fundamentos legales, ni interpretaciones válidas.
• Que en la demanda el juicio de origen debió sustanciarse en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no como juicio sumario, pues en la demanda de nulidad de origen, los hechos y pretensiones llevan a concluir que lo demandado por la actora es materia de juicio contencioso administrativo, en la vía especial prevista por el artículo aludido.
• Que así debió ser, pues en la demanda de nulidad en la página 1 se advierte que la demandante acudió al tribunal responsable a demandar la nulidad de la resolución contenida en el expediente **********, "con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 13, 14, 15, 17 y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ...", la que manifestó desconocer en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, además de que solicitó la nulidad de diversas multas administrativas.
• Adujo que la sentencia reclamada careció de exhaustividad y congruencia, por lo que contraría el contenido de los artículos 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• Que en la sentencia reclamada no se acataron las formalidades esenciales del procedimiento, además de que se atentó contra los artículos 81 y 116 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y la inexacta aplicación de los artículos 40, 42 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• Que en la sentencia recurrida se vulneraron los numerales aludidos, además, porque no se tomó en cuenta que no fue notificado de la multa que se le impuso.
• Que la autoridad que le impuso la multa no señaló los fundamentos jurídicos necesarios para acreditar su competencia territorial.
• Que operó la caducidad del procedimiento administrativo, por la cual expiraron las facultades de la autoridad.
• Precisó que la autoridad que le impuso las multas reclamadas originalmente debió considerar la base de la gravedad, la intención, reincidencia de la infracción cometida y la condición económica del infractor.
• Y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado.
5. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó conceder a la parte quejosa la protección federal solicitada, bajo las siguientes consideraciones esenciales:
1. El juicio contencioso administrativo en la vía sumaria es un procedimiento optativo para el demandante.
2. El juicio contencioso administrativo en la vía sumaria no es un procedimiento que se pueda llevar por la Magistrada instructora, ni mucho menos su tramitación puede realizarse en forma oficiosa.
3. En el artículo 13, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se instituye el principio procesal de elección de la vía, con lo cual se estima que la presentación del juicio en la vía sumaria es opcional para el demandante.
4. Si el demandante en su escrito de demanda no precisa el juicio que promueve, se entenderá que eligió tramitar el juicio en vía tradicional.
Del amparo directo número **********, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte lo siguiente:
a) **********, por conducto de su representante legal promovió demanda de amparo en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce, dictada por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
b) En el capítulo de hechos manifestó básicamente lo siguiente:
• El veintinueve de septiembre de dos mil once, la entonces actora promovió demanda de nulidad con la empresa **********, en contra de las resoluciones contenidas en el acuerdo de fecha ocho de agosto de dos mil once, emitido dentro del expediente número ***********, por el jefe del Departamento de Servicios de la Delegación de Nuevo León de la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del cual se impusieron diversas multas.
• En sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce, la Sala responsable decidió declarar la nulidad de la resolución impugnada, únicamente por lo que hace a la empresa **********; sin embargo, dicha Sala decidió sobreseer en el juicio de nulidad respecto a **********, al considerar que la demanda de nulidad fue presentada en forma extemporánea.
c) En su único concepto de violación, la parte quejosa, en esencia, adujo lo siguiente:
• La sentencia reclamada se emitió en contravención al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que resulta violatoria del principio pro homine y a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Carta Magna, en relación con los artículos 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Que es inadecuada la sentencia de la autoridad señalada como responsable, en la medida en que el objeto de la adición del juicio por vía sumaria es la impartición de la justicia expedita y pronta, es decir, lo que busca es beneficiar a las partes para que se imparta justicia de una manera más ágil y expedita, no así perjudicarlos. Además, en la exposición de motivos respectiva establece que el gobernado puede optar por la vía sumaria presentando su demanda dentro de los quince días siguientes a su notificación de la resolución impugnada, en caso de que exceda el plazo deberá presentar su demanda dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su notificación, es decir, se interpondrá por la vía ordinaria.
• Es inconstitucional la sentencia reclamada, pues en el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se prevé un plazo mayor para presentar las demandas de nulidad al previsto en el artículo 58-2, último párrafo, de la citada ley.
• La autoridad responsable debió respetar el plazo más benéfico para el entonces actor, en atención al principio pro homine.
d) El Tribunal Colegiado de Circuito resolvió en los siguientes términos:
I. El juicio en la vía sumaria es obligatorio.
II. El artículo 14, fracción I, segundo párrafo, de la citada ley prevé como requisito de la demanda, indicar que se tramitará en la vía sumaria y que en caso de omisión el Magistrado instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda, de conformidad con el título II, capítulo XI, de esa ley, y el artículo 58-2, último párrafo.
III. La demanda de nulidad correspondiente a la vía sumaria deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel a que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, no así dentro del plazo de cuarenta y cinco días previsto en el artículo 13, fracción I, del ordenamiento legal citado, pues el plazo para la presentación de esa demanda en la vía citada no es opcional, máxime que en la especie la quejosa en el juicio de amparo, actora en el juicio de nulidad, optó por la vía sumaria, pues así lo manifestó, por ello debió cumplir con el requisito de presentar la demanda dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación de la resolución impugnada.
Del amparo directo número **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte lo siguiente:
I. **********, por conducto de su apoderado promovió demanda de amparo directo, en el que señaló, como autoridad responsable, a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y como acto reclamado la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil trece dictada en el expediente número **********.
II. En el capítulo de antecedentes adujo, esencialmente, lo siguiente:
• El seis de agosto de dos mil doce presentó recurso administrativo de revocación en contra de los créditos fiscales **********, **********, ********** y **********, señalando desde ese momento el desconocimiento de los mismos y de su origen.
• El catorce de septiembre de dos mil doce, le fue notificada a la apoderada de la entonces actora la resolución contenida en el oficio número **********, mediante el cual se resolvió el recurso número **********, en el que decidió, por un lado, reconocer la validez de las notificaciones que se impugnaron, así como desechar el recurso señalado por los créditos fiscales **********, ********** y **********, al igual que sobreseer en el recurso por lo que respecta al crédito fiscal **********.
• Al no estar de acuerdo con dicha resolución, promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en fecha nueve de octubre de dos mil doce.
III. En los conceptos de violación, en esencia, señaló lo siguiente:
• En la sentencia recurrida se vulneraron los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, en atención a que la Magistrada instructora, sin fundamento y contra derecho determinó unilateralmente admitir la demanda, seguir el juicio y dictar sentencia unitaria en una vía procesal sumaria inaplicable al caso.
• Dicha violación procesal afectó las defensas de la entonces actora, porque la sustanciación del juicio en la vía sumaria importa una reducción de plazos y oportunidades procesales, y ello trascendió, además, al resultado del fallo, toda vez que la sentencia relativa no fue pronunciada por la integración colegiada de la Sala responsable, sino de forma unitaria por la Magistrada instructora.
• Se debe tener presente que una recta interpretación del sistema normativo del juicio contencioso administrativo federal, lleva a la conclusión de que el juicio sumario es una vía optativa, cuyo trámite sólo puede seguirse mediante petición expresa del actor o demandante, situación que en lo particular no sucedió y, correlativamente, resulta inadmisible sostener que, sin fundamento aplicable, los Magistrados sustancien la vía sumaria de forma oficiosa, es obvio que eso resulta ilegal e inconstitucional.
• Si no amplió su demanda, fue porque no se le corrió traslado con las constancias respectivas.
IV. El Tribunal Colegiado resolvió negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, básicamente por las siguientes razones:
a) El artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su fracción I, párrafo segundo, establece el recurrente que la parte actora tiene la obligación de indicar que la demanda de nulidad se tramitará en la vía sumaria, que en el caso de omisión el Magistrado instructor lo sustanciará en esta vía, en los supuestos que proceda, de conformidad con el título II, capítulo XI, de esta ley.
b) La tramitación del juicio contencioso administrativo no es optativo respecto al juicio ordinario.
c) El artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece fundamentalmente los motivos respecto de los cuales procede la tramitación del juicio en la vía sumaria, razón por la cual, la Magistrada instructora no determinó de manera unilateral y sin fundamento legal para ello la tramitación de una demanda de nulidad en la vía sumaria.
d) El contenido del artículo 1o. A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece la posibilidad de optar ante los juicios en la vía tradicional, juicios en línea y juicios sumarios, pues éste sólo constituye un catálogo de definiciones de esos juicios.
e) El artículo 13, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece que la vía sumaria sea optativa respecto de la ordinaria, pues su procedencia se encuentra establecida en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, en consecuencia, la tramitación de la demanda de nulidad en la vía sumaria dependería de la actualización de alguno de los supuestos previstos en el citado numeral.
Lo anterior permite concluir, que existen diversos puntos sobre los cuales esta Segunda Sala del Máximo Tribunal del País debe pronunciarse en este asunto.
QUINTO. Se estima que no existe contradicción de tesis entre lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito, respecto del siguiente tópico:
1. Determinar si el demandante, en su escrito de demanda de nulidad, omite precisar en qué vía tradicional o sumaria promueve el juicio contencioso administrativo, el Magistrado instructor interpretará que la intención de dicho gobernado fue promover el juicio de nulidad en la vía tradicional.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25279-4c7e4f48/juicio-contencioso-administrativo-el-articulo-13-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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