JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR AL PRESENTAR SU DEMANDA, NO MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE OPTA POR LA VÍA SUMARIA, EL PROCESO DEBE SEGUIRSE POR LA TRADICIONAL, PARA NO AFECTAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES.
AMPARO DIRECTO 493/2012. ALIMENTOS BALANCEADOS EL GIGANTE, S.A. DE C.V. 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: ENRIQUE OROZCO MOLES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. En el presente asunto, en suplencia de la queja conforme al artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo,(4) debe concederse la protección solicitada, pues desde el inicio del juicio contencioso administrativo se presentó una violación procesal que amerita el otorgamiento del amparo para el efecto de dejar insubsistente la totalidad de lo actuado y reanudar todo el proceso desde su origen, máxime que afectó las defensas del contribuyente y trascendió al resultado del fallo, pues mientras el juicio contencioso de origen debió sustanciarse en la vía ordinaria o "tradicional" (sobre todo porque al respecto no hubo petición del actor o demandante para tramitarla en vía sumaria o "en línea"), el Magistrado instructor, sin fundamento y contra derecho, determinó unilateralmente admitir la demanda, seguir el juicio y dictar la sentencia unitaria en una vía procesal sumaria que, como no fue pedida expresamente por el actor o demandante, resulta inaplicable al caso.
Dicha violación procesal afectó las defensas del quejoso porque la sustanciación del juicio, vía sumaria, importa una reducción de los plazos y oportunidades procesales y ello trascendió, además, al resultado del fallo, a grado tal que la sentencia relativa no fue pronunciada por la integración colegiada de la Sala responsable, sino de forma unitaria por el Magistrado instructor.
Sobre todo si se tiene presente que una recta interpretación del sistema normativo del juicio contencioso administrativo federal lleva a la conclusión de que el juicio sumario de referencia es una vía optativa cuyo trámite sólo puede seguirse mediante petición expresa del actor o demandante y, correlativamente, resulta inadmisible sostener que sin fundamento aplicable, los Magistrados instructores sustancien en la vía sumaria, de forma oficiosa, en obvio que eso resulta ilegal e inconstitucional, como se demostrará.
A partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, los Tribunales Colegiados se encuentran obligados, en amparo directo, a analizar todas las violaciones procesales que se hagan valer y todas aquellas que adviertan de oficio en suplencia de la queja, además de fijar en la ejecutoria correspondiente los términos precisos en que las responsables deberán dictar las nuevas resoluciones de cumplimiento, tal como se ordena en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. ... a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; ..."
Teniendo en cuenta las nuevas características de la jurisdicción constitucional en amparo directo, según el fundamento transcrito, se destaca que en el juicio existe una violación al procedimiento que afectó las defensas del quejoso y trascendió al sentido del fallo, la que se analiza de oficio y ameritará el otorgamiento de la protección federal para efectos de que se reponga el procedimiento desde su origen, y es la siguiente:
El juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, es un procedimiento optativo para el demandante, por lo que es contrario a derecho e inconstitucional interpretarlo como si la vía fuera oficiosa.
El juicio sumario es una vía optativa para el actor o demandante, no un procedimiento que se pueda elegir por el Magistrado instructor, ni mucho menos que su tramitación en esa forma sea oficiosa.
Con el objeto de demostrar lo anterior, el desarrollo del presente apartado abordará los siguientes métodos interpretativos que así lo confirman: a) interpretación gramatical; b) interpretación histórica progresiva; c) interpretación histórica legislativa; d) interpretación sistemática; e) interpretación de las normas aplicables de manera conforme a la Constitución (interpretación conforme); y f) conclusiones.
Interpretación gramatical.
Como el juicio sumario es un concepto normativo de valoración cultural con especialización en el ámbito jurídico, ante la existencia de lenguaje jurídicamente apropiado, debe descartarse la aplicación del lenguaje cotidiano para efectos de precisar sus alcances y definición.
En el lenguaje del derecho procesal se ha denominado como juicio sumario al, con mejor técnica, llamado proceso sumario,(5) expresión que, entre otras ventajas, tiene la de acentuar la distinción entre el instrumento jurídico, proceso y el acto de juzgamiento que es el juicio propiamente dicho.
Por su parte, la expresión sumario, cuya raíz latina se localiza en la voz summarium, significa breve, sucinto, resumido, compendiado; se aplica, en general, el adjetivo sumario a los juicios especiales, breves, predominantemente orales, desprovistos de ciertas formalidades innecesarias. En este sentido, el juicio sumario se opone al juicio ordinario o plenario; es decir, al lado del juicio ordinario o plenario, existe el juicio sumario, y no se concibe a este último sin aquél.(6)
Interpretación histórica progresiva.
En la investigación histórica acerca de los juicios sumarios, tanto por autores del sistema de derecho romano-germano-canónico (también conocido como civil law), como por autores de derecho angloamericano (common law) existe consenso en que estos procesos encuentra su origen en la Edad Media, pues antes de esa época el único procedimiento que puede ofrecer similitud con aquéllos es el summatim, que se practicaba en las postrimerías del imperio romano.(7)
El summatim era, más que un juicio, un sistema extraordinario que acabó por desplazar al juicio formulario que le antecedió; sin embargo, ese procedimiento extraordinario no era el juicio sumario, sino solamente un procedimiento menos formulario. En esa época, el Estado, por desconfianza hacia sus propios funcionarios, hizo que la práctica forense quedara abrumada con una creciente masa de disposiciones procesales que ralentizaban los procedimientos y, por tal situación, fue necesario crear un procedimiento más ágil para determinados casos, verbigratia, urgía simplificar aquellos juicios por causa de su insignificancia (vilitas negotii), o bien, aquellos juicios que estaban referidos a cuestiones litigiosas que por su propia naturaleza e índole especial no permitían trámites largos. Como consecuencia de ello, al lado del juicio ordinario (cargado de reglas procesales), la ley facultó entonces al Juez para resolver, a petición del actor y sin oposición del demandado, a través de un juicio no caracterizado por una valoración detallada de las pruebas y los hechos, sino con base en un conocimiento superficial o prima facie evidentia que fue el principio fundacional del juicio sumario (summarium cognoscere).(8)
De esta forma el procedimiento sumario surge como una reacción contra las solemnidades y formulismos -solemnis ordo judiciarius- del derecho romano canónico, que provenía de la fusión de múltiples elementos: del derecho romano que la iglesia hubo de aplicar inicialmente; del derecho germánico de esencia privatista, complicado y lleno de formalismos, en el que se consideraba que el litigio era asunto de las partes y no del Estado; perspectiva que existía en los estatutos municipales de las ciudades italianas a partir del siglo XIV.(9)
El solemnis ordo juridiciari se caracterizaba por una importancia no sólo a la acción sino también a la contestación -litis contestatio- e incluso en ésta, a la posibilidad de la aparición de nuevos elementos que fijaban así los términos de la controversia y en el que aparecía para el Juez la obligación de juzgar con vista en la totalidad de las alegaciones. En ese momento se producía lo que se llamó el efecto novatorio de la litis contestatio, por virtud de la cual el derecho privado originario, sometido a la decisión judicial, se transformaba en el derecho a obtener la sentencia; quedaba así consumada la acción que se había ejercitado y facultado el Juez para rechazar las que después se intentaran. Sin embargo, estos procedimientos formalistas no se acomodaban a las necesidades del comercio entre las ciudades de la cuenca del mediterráneo, ni con el desarrollo de los negocios en los medios urbanos. Las resoluciones de los tribunales eclesiásticos -que en un principio sólo alcanzaban a los clérigos- habían extendido su eficacia a los seglares que llegaban a ser partes de los litigios y acabaron por ser acatadas por los tribunales civiles. Todo esto acentuó la necesidad de que los pleitos, sobre todo algunos que, por requerir de urgente decisión o por escasa importancia en cuantía, pudieran decidirse rápidamente por medio de una sustanciación abreviada.(10)
De esta forma fue que acudieron a satisfacer la exigencia tanto los estatutos de algunas ciudades italianas de la época, como los pontífices de los siglos XII y XIII -como fueron Alejandro III (1159-1181), Inocencio III (1198-1216), Gregorio IX (1227-1241) e Inocencio IV (1243-1254)- que, por medio de diversas bulas, dispusieron medidas de abreviación, aceleración procesal y exclusión de inútiles formalidades, a efecto de que pudiera alcanzarse la verdad por el juzgador en cada caso litigioso, por medio de procedimientos simplificados y optativos para las partes. Ordenaron así los pontífices en tal sentido, entre otras cosa, que pudiera omitirse, en ciertos casos, la litis contestatio que, como queda dicho, provenía del derecho romano; algunos estatutos municipales permitieron que antes de la litis contestatio se oyera a una sola de las partes, aun cuando la otra no compareciera, y se llegó a no considerar obligatoria aquella formalidad en los casos en que se optara válidamente por este procedimiento; los Jueces fueron autorizados para fijar plazos dentro de los cuales se terminaran los juicios y para llevarlos ellos mismos hasta el fin sin esperar a que los litigantes solicitaran su terminación. El demandado debía contestar dentro del plazo que se le señalaba ad respondendum ed excipiendum, y algunas veces se le autorizaba a oponer excepciones dilatorias y, al mismo tiempo, sus defensas en cuanto al fondo del negocio; en ocasiones, el mismo día señalado para la contestación a la demanda debían recibirse pruebas y alegatos, omitiendo así los plazos separados para estos mismos actos procesales.(11)
Las disposiciones de mayor trascendencia proferidas por la iglesia para la abreviación de los juicios fueron, según se explica en las obras especializadas, las contenidas en la famosa Bula Saepe Contingit, dada por el Papa Clemente V (Bertran de Got, 1305-1314) en 1306, a la que se considera cómo el origen concreto del juicio sumario; dicho documento legislativo pontificio, debe ese nombre a las primeras palabras de su texto, que comenzaba así:
"Saepe contingit quod causas commitimus el it carum aliquibus simpliciter et de plano et sine strepitu et figura judicii mandamus ..." (Disponemos con frecuencia que en algunos de los procesos optativos que encomendamos se proceda de modo sencillo y llano, sin estrépito ni figura de juicio ...).(12)
Los principios que informaron el juicio ordenado por ese documento fueron:
1. Elección de la vía propuesta.
2. Liberación de la litis contestatio.
3. Liberación de las apelaciones interlocutorias.
4. Liberación del orden legal de los actos impuestos en el solemnis ordo juridiciaris.
5. Abreviación de los plazos.
6. Autorización al Juez para repeler actuaciones innecesarias y fallar cuando estimara suficientemente instruido el proceso, y supresión de formalidades superfluas.
Dicho procedimiento sumario, entonces conocido como clementino (llamado así por el nombre del Papa Clemente V que lo emitió), eliminó los plazos fijos y, al mismo tiempo, creó, por la concesión al Juez de extensos poderes respecto de las excepciones dilatorias, lo que dio lugar al llamado principio de eventualidad. A partir de la Bula Saepe Contingit quedó definido el dualismo, juicio ordinario o plenario como figura de aplicación general, por una parte y, por la otra, el juicio sumario como opción y animado por los mencionados principios.
Así, dentro del género de procesos de tramitación abreviada, la doctrina distingue entre plenarios rápidos y sumarios propiamente dichos.
En los plenarios rápidos el conocimiento del juzgador es completo, si bien acelerado, sobre la cuestión litigiosa y, por tanto, son admisibles todos los medios de prueba pertinentes.
Por el contrario, en los sumarios, la opción de su elección se funda en la necesidad de llegar a una decisión rápida, en atención a la índole misma el litigio que impone el conocimiento limitado por parte del Juez y restringe la procedencia de los medios de prueba, sin perjuicio de que la cuestión de fondo pueda ser examinada en plenitud en juicio distinto.
Los procedimientos rápidos se diferencian de los ordinarios simplemente por su forma, en cambio, los juicios sumarios se determinan por su contenido, por la elección de la vía y la superficialidad para su sustanciación y decisión.
El dualismo entre juicio ordinario y juicios plenarios, por un lado, y el optativo juicio sumario, por otro, se incorporan al derecho procesal en México a través de los ordenamientos procesales españoles, que aun después de la independencia, el Estado Mexicano mantuvo vigentes hasta la entrada en vigor de nuestros propios ordenamientos de procedimientos civiles de la segunda mitad del siglo XIX.(13)
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, Territorios Federales y la Baja California, señaló los juicios en los que el actor podía optar por la vía sumaria (empleando la expresión sumariamente); así, como notas distintivas al juicio sumario frente al ordinario, se han reconocido en el derecho procesal -particularmente en el procesal civil del que se derivan todos los juicios sumarios- las siguientes: a) es un juicio oral (o predominantemente oral); b) no existe término extraordinario de pruebas, sólo se juzga con las pruebas de inicio ofrecidas y admitidas por las partes; c) las pruebas se ofrecían en los escritos en los que se fijaba la controversia; d) sólo caben ciertas excepciones (con frecuencia se alude a la de compensación y a la de reconvención, pero siempre y cuando quepan en las reglas del juicio sumario); e) las apelaciones sólo se admitían en efecto devolutivo; f) la fijación de la litis se hacía en la audiencia final del juicio; g) sólo formaban artículo de previo y especial pronunciamiento y la falta de personalidad; h) la sentencia se dictaba en la audiencia al final del juicio o, a más tardar, dentro de los tres días siguientes, y i) no se conceden plazos de gracia.(14)
De todo lo anterior se desprende que, históricamente, al lado de los juicios ordinarios o plenarios, como alternativa u opción para las partes, se pueden elegir las vías sumarias, cuya característica es agilizar los procedimientos a cambio de una sentencia superficial pero suficiente en función de los intereses de las partes.
Interpretación histórica legislativa.
El juicio contencioso administrativo sumario fue introducido a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a través de la reforma oficialmente publicada el diez de diciembre de dos mil diez.
La reforma tuvo como origen dos iniciativas que fueron, a su vez, sus exposiciones de motivos y que fueron las siguientes:
a) La primera del jueves tres de diciembre de dos mil nueve, iniciativa plural formulada por senadores de varios grupos parlamentarios (publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 63); y
b) La segunda, de diez de diciembre de dos mil nueve, presentada por un senador del Partido Acción Nacional (publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 68).
De esta iniciativa y exposición de motivos de la reforma destaca que la propuesta inicial se hizo considerando conjuntamente tanto al "juicio sumario" como al "juicio en línea", como un procedimiento optativo, cuya elección incumbe sólo al actor o demandante.
Con el objeto de demostrar lo anterior, a continuación se transcriben dichas iniciativas, en sus partes conducentes:
"Cámara de origen: Senadores. Exposición de motivos. México, D.F., jueves 3 de diciembre de 2009. 1. Iniciativa de senadores (diversos grupos parlamentarios). Gaceta No. 63. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o. A, fracciones XII y XIII, 13, primer párrafo, 14, 66, 67, 68 y 70; se adiciona el capítulo XI denominado ‘De la vía sumaria’ al título segundo, que comprende el artículo 58-T y se deroga el artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Los suscritos senadores de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o. A, fracciones XII Y XIII, 13, primer párrafo, 66, 67, 68 y 70; se adiciona el capítulo XI denominado ‘De la vía sumaria’ al título segundo, que comprende el artículo 58-T y se deroga el artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, bajo la siguiente: Exposición de motivos. Desde su creación en 1936, el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha tenido a su cargo la instrucción y resolución del juicio de control de la legalidad sobre los actos de la administración pública federal, el que por su objeto y fin ha gozado de una aceptación destacada entre los particulares que lo instauran con gran frecuencia para controvertir las resoluciones que consideran afectan su esfera jurídica. La cantidad de demandas que actualmente ingresan a este tribunal, provoca que el tiempo en que se desarrolla el procedimiento contencioso administrativo, sea en muchas ocasiones mayor a dos años, lo que implica un cuestionamiento inconveniente a la impartición de justicia en la materia, al resolverse los asuntos después de un prolongado lapso independientemente del carácter complejo o simple de la tramitación del juicio o del grado de dificultad para su resolución, lo que desde luego atenta contra la garantía de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 constitucional. Ante estas circunstancias, es imperativo simplificar los procedimientos que se tramitan ante el tribunal. Así, la iniciativa que hoy se presenta a su consideración, contiene una serie de adecuaciones al procedimiento contencioso administrativo para aquellos casos más sencillos en los que es conveniente simplificar la tramitación y abreviar los plazos para obtener una solución pronta a la controversia. La presente iniciativa plantea por tanto modificar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el propósito antes mencionado, incorporando, con la denominación de la vía sumaria, un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución del citado procedimiento, en casos que por su materia no representan mayor complejidad y reduciéndolos además con el criterio de la cuantía, ya que casi el 70% de los juicios que se litigan ante el tribunal, tienen una cuantía inferior a quinientos mil pesos, por lo que se propone que por la vía simplificado (sic) o sumaria se tramitarán aquellos juicios de una cuantía inferior a cien mil pesos, es decir, cinco salarios mínimos elevados al año. Advertida la necesidad y justificación de esta modalidad en el juicio contencioso administrativo federal, la primera cuestión que está propuesta, consiste en precisar la alternativa más conveniente para abreviar y simplificar el procedimiento jurisdiccional que nos ocupa. No sólo se requiere reducir tiempos para la emisión pronta de la sentencia, sino identificar los supuestos en que, una vez dictada ésta, la probabilidad de impugnación sea reducida y que, lograda con mayor rapidez su firmeza, sea también ágil y puntual su cumplimiento. En ese propósito, la iniciativa postula un método orientado por los siguientes criterios: a) Identificar los supuestos de procedencia de la vía sumaria en que, objetivamente, se asegure el logro de las finalidades antes mencionadas; b) Precisar un monto adecuado que identifique su relativa importancia cuantitativa; c) Confirmar que la pretensión deducida en juicio sea exclusivamente de anulación del acto impugnado, lo que facilitará dar certeza al cumplimiento de la sentencia; d) Reducir los supuestos en que se requiera la ampliación de la demanda y, con ello, de los puntos cuestionados o, en el supuesto extremo que se presente, exista la alternativa de notificación ágil de las incidencias del juicio, y; e) Disminuir los casos en que se planteen cuestiones incidentales que dilaten el proceso o que alternativamente, las susodichas incidencias sólo puedan ser formuladas, tan luego quede fijada la litis. Conviene precisar que el juicio sumario se plantea como una modalidad de la estructura general del juicio, que de adoptarse, será de tramitación exclusiva en los supuestos específicos de procedencia, razón por la cual al incorporarse mantiene el derecho del actor para optar por el juicio en línea, en ambos casos, es decir por el procedimiento genérico o por la modalidad más rápida. De esta manera, la vía sumaria resulta neutral para la aplicación de todas y cada una de las características del juicio en línea, incluido el supuesto en que la autoridad, al tener el carácter de demandante, se encuentre obligada a seguirlo en línea, en los supuestos en que proceda la vía sumaria. Además de la cuantía para limitar la vía sumaria se propone utilizar el criterio de la materia, el tipo de resoluciones definitivas que se consideran, son fundamentalmente los actos administrativos en materia fiscal que tradicionalmente han sido la materia principal de impugnación en el juicio que se sigue desde que el tribunal fue establecido. Destacan singularmente los actos administrativos de imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales, que en la experiencia práctica se componen de una amplia variedad, entre las que sobresalen, por su frecuencia, las multas de tránsito federal, las de protección al consumidor y las fiscales, por lo que, abrir una modalidad de carácter sumario, resultará indiscutiblemente favorable a los intereses de los justiciables. Asimismo, se propone incluir las resoluciones eminentemente fiscales, en las que se determinan contribuciones federales con importes bajos, así como los actos de ejecución para hacerlas efectivas. Un tercer grupo, estaría formado, de aprobarse la presente iniciativa, por resoluciones que requieran el pago de una fianza o, en general de una garantía otorgada a las autoridades fiscales para asegurar el pago de contribuciones federales. Finalmente, se considera necesario incluir dentro de la procedencia de esta vía, las resoluciones recaídas a algún recurso administrativo, cuando la resolución recurrida sea alguna de las anteriormente mencionadas, dado que, por la opcionalidad en la interposición del recurso, es indispensable que en la fase jurisdiccional, también sean consideradas dentro de la vía sumaria, a condición de que el importe de la recurrida no exceda el límite fijado para ese efecto. También es el caso de aquellas resoluciones administrativas que se emitan con violación a una tesis de jurisprudencia en materia de constitucionalidad de leyes, ya que en estos casos no tiene por qué darse un procedimiento engorroso o dilatado, pues en todo caso el tribunal deberá pronunciarse sobre la ilegalidad del acto así emitido. Complementariamente, se considera esencial aclarar que también procede la vía sumaria, en los casos en que la impugnación comprenda más de una de las resoluciones previstas, para lo cual se debe condicionar a que el monto del crédito principal o de cada uno de los actos impugnados, no rebase el tope. Asimismo, se estima importante establecer la regla conforme a la cual se enmiende, procesalmente hablando, la interposición equivocada de esta vía, así como en los supuestos en que, por la naturaleza de la controversia, se vulnere alguno de los criterios que norman la presente iniciativa, como ocurre si la impugnación controvierte también una regla administrativa de carácter general o se trata de un asunto en materia de responsabilidades de los servidores públicos. La presentación de la demanda en la vía sumaria, tendrá la particularidad de realizarse directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, con lo que se abrevia de forma sustancial el plazo de cuarenta y cinco días que se establece para tal efecto en el juicio normal. En igual término, el demandado o el tercero deberán ser emplazados a fin de que conteste la demanda la primera o se apersone en el juicio el segundo, con lo cual hay una reducción adicional del tiempo destinado a este efecto en el procedimiento general, y se abona el terreno para el logro de la principal finalidad, que es la prontitud en la fijación de la litis. Una de las cuestiones más discutidas en la estructura del juicio contencioso administrativo federal la representa la fase de cierre de la instrucción. La iniciativa postula un mecanismo con el propósito de dar mayor certidumbre en la precisión de una fecha como la correspondiente a la conclusión de la fase de instrucción. Para ello se prevé que el Magistrado instructor, en el mismo auto en que se admita la demanda, señale día y hora en que se cite a las partes como fecha de cierre de instrucción, la cual no debe exceder de los sesenta días siguientes, momento en que con la presencia o no de aquéllas, se revisen las actuaciones del expediente, se reciban los alegatos y se confirme si procede declarar cerrada la instrucción. También se contienen reglas simplificadas por lo que se refiere a exhibición de pruebas y promoción de incidentes. Al cierre de la instrucción, si el expediente se encuentra concluido, el Magistrado instructor deberá declarar cerrada la instrucción, concluyendo el acto y notificando a las partes presentes que procederá a formular el proyecto de sentencia, la cual y también como un aspecto muy novedoso que hoy se propone se pronunciará por el propio Magistrado instructor actuando como unitario, con lo cual se potenciarán de manera verdaderamente notable los recursos humanos del tribunal, pues en una misma Sala Regional de tres integrantes, se contará con cuatro órganos resolutores; tres Magistrados que actuarán como instructores y unitarios en los juicios sumarios, más la propia Sala regional que seguirá conservando su competencia en la vía ordinaria. En los casos de sentencia que anule la resolución impugnada y la recurrida para determinados efectos y, en general, para aquellas que pretenden la reposición del procedimiento o del acto impugnado, la iniciativa reduce a un mes el plazo de la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia. Finalmente, en las disposiciones transitorias se prevé que la modalidad del juicio en la vía sumaria comience a regir a los ciento veinte días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los esfuerzos por tramitar de manera ágil y oportuna los juicios en materia administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se verán cristalizados con la instauración de la vía sumaria, que se suma a la creación del juicio en línea,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25164-9cd23df1/juicio-contencioso-administrativo-federal-si-el-actor-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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