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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PRESENTAR LA DEMANDA RELATIVA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONFORME A LA LEY QUE LA RIJA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 731/2014. · Registro digital (IUS): 25544
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-03-20
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III , Pág. 2381.

AMPARO DIRECTO 731/2014. 6 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. PONENTE: DAVID DELGADILLO GUERRERO. SECRETARIA: SANDRA NALLELY RUIZ BARAJAS.

CONSIDERANDO:

SEXTO. El examen del escrito de demanda de garantías pone de manifiesto que la empresa quejosa formula, esencialmente, los siguientes conceptos de violación:

a) La sentencia reclamada aprecia y aplica indebidamente el contenido de los artículos 58-2 y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior en virtud de que, contrario a lo resuelto en la sentencia reclamada, el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la demanda en la vía sumaria debe presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esa misma legislación, y el diverso artículo 70 del citado ordenamiento establece que las notificaciones surten efectos el día hábil siguiente al en que fueron practicadas, por lo que resulta evidente que para efectos del cómputo del plazo para la interposición del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, la resolución determinante de la multa no surtió efectos el mismo día que se realizó, al no ser aplicable el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ello, para verificar la oportunidad en la promoción del juicio de nulidad, como ilegalmente aduce la autoridad responsable.

b) La Sala responsable pasa por alto que de acuerdo con el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula lo relativo al juicio de nulidad en la vía sumaria, la demanda debe presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de la resolución combatida, de conformidad con las disposiciones de la propia ley.

c) Afirma que la demanda de nulidad fue presentada en tiempo, sin embargo, la autoridad responsable pierde de vista que para resolver sobre la oportunidad en la promoción de la demanda de nulidad, debió considerar que la notificación del acto impugnado surtía efectos al día hábil siguiente de aquel en que se practica, tal como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

d) La Sala del conocimiento pasa por alto que de conformidad con el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la disposición especial que regula lo relativo al plazo para la promoción del juicio de nulidad en la vía sumaria, la demanda debe presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución combatida, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

e) Indica que si la resolución impugnada en el juicio de origen le fue notificada por correo certificado el diecinueve de mayo de dos mil catorce, dicha notificación, conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, surtió efectos el veinte de ese mes y año, por lo que el plazo de quince días hábiles que contempla el artículo 58-2 para interponer la demanda de nulidad, venció el diez de junio de dos mil catorce, por lo que se presentó en tiempo y forma.

f) Insiste en que tratándose del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 58-2 del mismo ordenamiento legal, y acudir a las reglas que establece la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en materia de surtimiento de efectos.

g) La Sala responsable pierde de vista que, aun cuando la notificación de la resolución contenida en el oficio número **********, fue realizada con fundamento en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé una regla especial tratándose del surtimiento de efectos de las notificaciones de los actos que son susceptibles de combatirse mediante el juicio de nulidad en la vía sumaria.

h) La autoridad responsable ilegalmente resolvió que en las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se deberá atender a lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; dispositivo legal que de manera expresa remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en tal virtud, la demanda de nulidad fue presentada de manera extemporánea, toda vez que la notificación de la resolución reclamada en el juicio de origen surtió efectos el mismo día en que se realizó.

i) La autoridad responsable ilegalmente aduce que conoció el acto impugnado el diecinueve de mayo de dos mil catorce, por lo que sus efectos surtieron ese mismo día, comenzando con el cómputo del plazo de los quince días el veinte de mayo de dos mil catorce, concluyendo el nueve de junio de dos mil catorce y que, en ese sentido, la demanda de nulidad se presentó de manera extemporánea; lo que resultó ilegal, toda vez que para resolver sobre la oportunidad en la promoción de la demanda de nulidad, debió considerar que la notificación del acto impugnado surte efectos al día hábil siguiente de aquel en que se practica, tal como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Para dar respuesta a los planteamientos relativos, es menester precisar que la actora en el juicio administrativo de origen, ahora quejosa **********, antes **********, por conducto de su representante **********, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio de trece de mayo de dos mil catorce, dictada en los autos del expediente administrativo **********, a través de la cual el jefe de departamento adscrito a la Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en suplencia por ausencia del titular de dicha dirección, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte actora, revocando el diverso oficio **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, a través del cual el director de Arbitraje y Sanciones de la aducida comisión nacional, le impuso dos multas en cantidades de $********** (**********) y $********** (**********), respectivamente, por diversas infracciones a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil catorce, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa radicó el expediente con el número **********, y en diverso proveído de la misma fecha desechó por notoriamente extemporánea la demanda de nulidad.

Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil catorce en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la actora promovió recurso de reclamación.

Seguido por su cauce legal el juicio contencioso administrativo en comento, culminó con la sentencia del veinte de agosto de dos mil catorce, en la cual la Sala responsable confirmó el acuerdo que desechó la demanda de nulidad, al tenor de las consideraciones siguientes:

• En primer lugar, precisó que la litis se ciñó en determinar si el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil catorce fue emitido con apego a derecho, al haber desechado por notoriamente extemporánea la demanda de nulidad.

• Indicó que la tramitación del juicio sumario ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene como finalidad ser un procedimiento ágil para solucionar las controversias que se instauren ante esta instancia; su justificación encuentra fundamento al ser una opción eficaz, con criterio definido y obligatorio, caracterizado por abreviar los plazos en su sustanciación, que implique el mínimo de actos indispensables y, con ello, el empleo de un menor tiempo para dictar la sentencia definitiva.

• Aunado a ello, resaltó que el juicio sumario cuenta con un capítulo especial en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que lo regula, y dentro de esos supuestos destaca el que dispone el término de 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada para la presentación de la demanda de nulidad, de conformidad con el artículo 58-2 del ordenamiento legal en cita.

• En ese sentido, estimó que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano de impartición en el orden federal con plena jurisdicción, obligado a garantizar a los particulares el acceso a la justicia a través del juicio contencioso administrativo federal, en la vía ordinaria o sumaria, según sea el caso, o en su modalidad tradicional o en línea, siempre y cuando el interesado satisfaga los requisitos de procedencia del mismo, sin que en la especie ello se hubiese actualizado.

• Lo anterior es así, ya que en el caso a estudio el promovente pretendió impugnar en la vía sumaria la resolución contenida en el oficio de trece de mayo de dos mil catorce, dictada en los autos del expediente administrativo **********, mediante el cual el jefe de departamento adscrito a la Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en suplencia por ausencia del titular de dicha dirección, confirmó la diversa resolución por medio de la cual se le impusieron dos multas por infracciones a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, notificada al promovente el diecinueve de mayo de dos mil catorce, en atención a sus manifestaciones realizadas, sin percatarse de que mediante reforma al artículo 7o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, se estableció que sus notificaciones seguirán las reglas del artículo 38, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser ésta la legislación aplicable de manera supletoria.

• Dicho esto, es evidente que tal como lo manifestó la promovente en su escrito inicial de demanda, sí conoció el acto impugnado el diecinueve de mayo de dos mil catorce, por lo que sus efectos surtieron ese mismo día, comenzando con el cómputo del plazo de los quince días hábiles el veinte de mayo de dos mil catorce; continuando con los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de mayo de dos mil catorce (descontando los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de ese mismo mes y año), continuando con los días dos, tres, cuatro y seis de junio de dos mil catorce, concluyendo el nueve de junio de ese año, para interponer su demanda de nulidad, la cual fue presentada el diez siguiente.

• Que tratándose del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, la demanda de nulidad deberá ser interpuesta dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto impugnado, tomando en consideración para su cómputo las reglas específicas para cada caso en concreto; es decir, para las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, dispositivo legal que de manera expresa remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; en tal virtud, al observar que, en efecto, la demanda de nulidad fue presentada de manera extemporánea, es evidente que su desechamiento es procedente, al existir consentimiento del acto.

• Destacó que dentro de las facultades con las que cuentan los Magistrados de ese órgano jurisdiccional para desechar la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal decisión es procedente siempre que de la revisión efectuada al escrito inicial de demanda se detecte el incumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos en la ley; sin que sea óbice a lo anterior la contravención al principio de tutela judicial contemplado en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni mucho menos a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o. y 17 de nuestra Carta Magna, pues es procedente resaltar que siempre que el particular pretenda interponer un medio de defensa, el juzgador debe verificar que los requisitos de procedencia se satisfagan, pues dichas formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, al brindar seguridad jurídica, así como una correcta impartición de justicia y una efectiva protección de los derechos humanos.

• Así como lo aducido por la recurrente, consistente en que era procedente, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tener por duplicado el plazo para la interposición de la demanda en la vía sumaria; ello es así, ya que tal ordenamiento regula únicamente los derechos básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, cuando en la notificación de los actos dictados por las citadas autoridades se omita el señalamiento del recurso y los medios de defensa que tienen a su alcance los contribuyentes, así como el plazo para su interposición y el órgano ante el cual debe formularse; sin que en la especie ese criterio se ajuste a la litis en estudio, al impugnar el promovente una resolución emitida por una autoridad administrativa y no fiscal, con carácter de órgano regulador de la actividad del Estado.

• Por lo que concluyó prudente la cita del diverso artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ser la consecuencia directa el desechamiento de la demanda de nulidad.

De la confrontación entre lo resuelto por la Sala especializada y los conceptos de violación, se obtiene que la cuestión a dilucidar en este juicio de amparo, sea considerar el surtimiento de efectos de la notificación del acto impugnado en la demanda de nulidad.

Para resolver dicha cuestión, en principio, debe tenerse presente lo dispuesto en los artículos 1o., párrafo primero, 13, fracción I, inciso a), 58-1 y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en ese orden establecen:

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

"Artículo 1o. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta ley. ..."

"Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la Sala Regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquel en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. ..."

"Artículo 58-1. El juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en este capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esta ley."

"Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales; III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado; IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, o V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado. También procederá el juicio en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía. La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley ante la Sala Regional competente."

De los preceptos legales transcritos se advierte, en el artículo 58-1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que los juicios de nulidad podrán ser tramitados y resueltos en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en este capítulo XI y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de dicha ley, por lo que se tiene que dentro de la ley de la materia si bien no se advierten las reglas para la interposición de la demanda en la vía sumaria, tal como lo permite el numeral en cita, en los casos no previstos se aplicarán las demás reglas que establezca la ley, por tanto, como asertivamente lo determinó la Sala del conocimiento, para la interposición de la demanda de nulidad se debe acudir a lo establecido en el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ahora bien, por lo que respecta al artículo 58-2, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, éste prevé que la demanda del juicio sumario deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada.

Como se advierte, en ese precepto legal no se establece expresamente cuál es la legislación a considerar para determinar el momento en que surte efectos la notificación de la resolución materia del juicio de anulación y, por ende, el día que empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda correspondiente; sin embargo, el citado artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es muy puntual en cómo debe presentarse la demanda de nulidad y en qué momento surte efectos la notificación del acto que se pretenda combatir, pues al efecto establece que la notificación surtirá sus efectos legales conforme a la ley aplicable a ésta, es decir, la normativa que rigió durante la tramitación o emisión del acto impugnado, mas no así la legislación aplicable al juicio contencioso administrativo.

Lo anterior se corrobora con el siguiente criterio que al efecto el Máximo Tribunal ha emitido, y que sirve de sustento a lo anterior:

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, AL PREVER QUE LA DEMANDA SE PRESENTARÁ DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichos principios, contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador, por una parte, si las disposiciones de observancia general generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a la autoridad, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, de forma que se le impida actuar arbitraria o caprichosamente. Ahora bien, si se tiene en cuenta que por su naturaleza una notificación sólo puede afectar al notificado cuando surte sus efectos o consecuencias jurídicas, es evidente que el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al disponer que la demanda de nulidad se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto impugnado, remite a la ley que rija el acto o resolución cuestionado, tanto para lo relativo a la forma y términos de la notificación como respecto de las consecuencias jurídicas o efectos de dicho acto o resolución. Así, el plazo relativo debe computarse desde el día siguiente al en que la notificación se perfecciona jurídicamente, o sea, desde que surte sus efectos, y ese momento lo determina la ley que haya servido de base para la notificación del acto y no otra, en tanto que sería un contrasentido suponer que un acto o resolución se dé a conocer conforme a las reglas adjetivas previstas en cierta legislación y que sus efectos legales se surtan conforme a lo establecido en una diversa. Por tanto, el citado artículo 13, fracción I, inciso a), respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues permite al interesado conocer cabalmente el plazo para promover la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la consecuencia de no presentarla dentro de ese término. Además, no deja en estado de incertidumbre al particular, pues para establecer a partir de qué momento debe computarse el plazo en cuestión, basta con atender a la naturaleza del acto que le cause perjuicio y a su fundamentación y motivación.". Novena Época. Registro digital: 166709. Instancia: Primera Sala. Tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a. CXIV/2009. Página: 57.

Visto lo anterior, es que lo dispuesto en el artículo 58-2, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo debe interpretarse en el sentido de que el plazo de quince días para promover el juicio de anulación debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada conforme a la ley que rija la notificación, porque la legislación que debe determinar el momento en el cual surte efectos la notificación de la resolución impugnada, es aquella que haya servido de base para notificarlo.

Consecuentemente, aunque en el artículo 58-2, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se diga expresamente, el plazo de quince días para promover la demanda de nulidad debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnada conforme a la ley que haya servido de base para hacer la notificación; lo cual hace patente la existencia de dos momentos diversos, a saber:

1. La notificación y surtimiento de efectos, los cuales son regulados por la ley aplicable al acto administrativo.

2. El cómputo del plazo de quince días para la procedencia del juicio de nulidad, el cual se rige por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé su inicio el día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del acto impugnado.

Apoya lo anterior, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el plazo general de cuarenta y cinco días para promover el juicio de nulidad tramitado en la vía tradicional, consideró que es la ley que regula el acto impugnado aquella que rige el momento en el cual surte efectos su notificación, no la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Es decir, la instancia superior consideró que dicho precepto, al disponer que la demanda de nulidad se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto impugnado, remite a la ley que rija el acto o resolución cuestionada, tanto para lo relativo a la forma y términos de la notificación, como respecto de las consecuencias jurídicas o efectos de dicho acto o resolución, y que esa disposición es acorde a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Establecido lo anterior, es que se debe tomar en cuenta que el acto que pretendió combatir en el juicio de nulidad, fue emitido por una unidad administrativa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con fundamento en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por lo que tomando en cuenta lo establecido a lo largo del presente estudio, es incuestionable que de conformidad con dicha normativa se determinará el día en que surtió efectos la notificación de la resolución impugnada.

Por tanto, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en lo referente al tema, es decir, a cuándo surten efectos las notificaciones, en su artículo 7o., prevé lo siguiente:

"Artículo 7o. Para efecto de las notificaciones de los actos administrativos que emita la comisión nacional, a falta de norma que provea un procedimiento específico, se aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta disposición no será aplicable a las notificaciones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento de arbitraje seguido conforme a lo previsto en esta ley."

De la transcripción anterior se advierte que en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros no se contienen las reglas para que se pueda entender cuándo surten efectos las notificaciones; sin embargo, nos remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se debe tomar en consideración lo previsto en su numeral 38, que establece literalmente lo siguiente:

"Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. ..."

Vista la transcripción anterior, es que en el presente asunto se debe tener que las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que se practicaron.

Es de decirse que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha sentado criterio en el sentido de que el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es conforme con el artículo 17 constitucional, al prever que la notificación personal surta efectos el mismo día, pues no incide en el tiempo que la ley confiere para interponer el medio de defensa que se estime pertinente, sino únicamente determina el momento a partir del cual se tiene por legalmente realizada la notificación personal, porque es hasta el día hábil siguiente cuando empieza a correr el plazo correspondiente, del cual el gobernado goza íntegramente.

Lo anterior se encuentra establecido en la tesis 1a. CXI/2011, de rubro y texto siguientes:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL. El derecho a la tutela jurisdiccional se encuentra acotado por el legislador, quien está facultado para establecer los plazos y términos que el gobernado debe respetar para acceder a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, lo que debe entenderse como requisito de procedibilidad razonable que salvaguarda otros derechos como el equilibrio procesal y la expeditez en la impartición de justicia. Por tanto, el primer párrafo del artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al establecer que las notificaciones personales surtirán efectos el mismo día en que fueren realiza

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25544-1e0772da/juicio-contencioso-administrativo-federal-en-la-via-sumaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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