VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 167/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal con rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de haber sido formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. Ahora debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, ya que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál postura debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:
"Registro: 164120
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En esa línea de pensamiento, conviene insertar las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos ********** y **********, respectivamente, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al fallar el amparo directo **********.
CUARTO. Las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito son las siguientes:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de veintidós de marzo de dos mil trece, el amparo directo **********, determinó lo siguiente:
"QUINTO. ... De lo reseñado se advierte que el aspecto a dilucidar es, si la cuantía a considerar como base para definir la vía en que debe sustanciarse el juicio es la que resulta de sumar todas las multas fincadas en la resolución administrativa, como lo sostiene la quejosa, o bien, si debe ser el monto determinado como sanción económica por cada infracción decretada.
"Para dar solución a lo anterior es necesario imponerse, en la parte que interesa, del contenido del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece:
"‘Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:
"‘I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;
"‘II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;
"‘III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;
"‘IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, o
"‘V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.
"‘...
"‘Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.
"‘La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley ante la Sala Regional competente.’
"El precepto establece que el juicio de nulidad en la vía sumaria procede contra resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, siempre y cuando se trate de actos que se ubiquen en los supuestos descritos en las fracciones que prevé el propio artículo, respecto de los cuales el plazo aplicable para la promoción del medio de defensa será de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente.
"Asimismo, establece reglas para verificar si los montos de las resoluciones que se combatan se ajustan o no a los parámetros de procedencia de la vía sumaria.
"Tales directrices se encuentran en el penúltimo párrafo del precepto analizado, cuya disposición estructural se compone de dos enunciados normativos, a saber:
"En primer lugar, se dispone que para determinar la cuantía en los casos descritos en los incisos (sic) I, III y V, sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones.
"En su segunda parte, establece que cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas con anterioridad, no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de la vía.
"En este contexto, no existe duda en cuanto a que la redacción del penúltimo párrafo del artículo 52-8 (sic) pone en evidencia que la voluntad del legislador fue, por una parte, que el órgano jurisdiccional, al determinar respecto de la procedencia de la vía sumaria relativa a resoluciones fiscales por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal (fracción I), las que exijan el pago de adeudos tributarios (fracción III), así como las que recaigan a un recurso administrativo interpuesto contra actos cuya cuantía no rebase el límite establecido en ese precepto (fracción V), no tome en cuenta los accesorios legales aplicados al importe, sino sólo el monto histórico de cada caso.
"La reserva apuntada no se hizo extensiva a las demás hipótesis del juicio sumario, esto es, respecto de aquellas resoluciones de cuantía inferior que únicamente finquen multas o sanciones por infracciones a las normas administrativas federales (fracción II) y las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía en favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla (fracción V).
"Por otra parte, la disposición normativa descrita en el inciso b), pone en evidencia una segunda salvedad que el juzgador debe tener en cuenta, la cual se refiere a que, tratándose de aquellos actos en los que se contenga más de una resolución con cuantía determinada, éstas no podrán acumularse o sumarse para efecto de determinar la procedencia de la vía.
"Debe destacarse que en la redacción del citado enunciado, el legislador, al hacer uso de la expresión ‘cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente’, evidentemente, limitó la aplicación de la salvedad apuntada, al igual que en el caso descrito en el inciso a), a los supuestos de procedencia del juicio sumario descritos en las fracciones I, III y V del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues, precisamente, las resoluciones que respectivamente prevén tales fracciones son las referidas inmediatamente.
"Por tanto, la prohibición para acumular los montos que deriven de un solo acto no se surte tratándose de las resoluciones precisadas en las fracciones II y IV, es decir, respecto de aquellas en las que se impongan multas por violar la normatividad administrativa federal o las que requieran el pago de una póliza de fianza.
"La decisión precedente obedece a una interpretación gramatical y sistemática del propio precepto legal, ya que, aun en el supuesto de estimar ambigua la expresión ‘una resolución de las mencionadas anteriormente’, basta con atender al contexto del que forma parte tal previsión, esto es, que el apartado en el que se ubica -penúltimo párrafo- reglamenta la forma de definir la cuantía de las hipótesis contenidas en las fracciones I, III y V del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Llegar a una conclusión diversa implicaría desconocer la sistematización racional de la que están dotadas las disposiciones contenidas en el texto legal, así como la coherencia con la que el legislador ejerce sus facultades relativas a la creación normativa.
"Los anteriores razonamientos ponen de manifiesto la ilegalidad de la decisión de la responsable al estimar aplicable, para determinar la cuantía del asunto, una de las restricciones previstas en el penúltimo párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Para corroborar lo expuesto, basta revisar la resolución de veintidós de marzo de dos mil doce, de la cual se advierte que con ella se puso fin al procedimiento administrativo de inspección llevado a la empresa, en el que se advirtieron diversas irregularidades relacionadas con sus obligaciones patronales en materia de seguridad, higiene y medio ambiente del trabajo, las cuales fueron sancionadas en ese acto con la imposición de multa por cada una de las veintinueve infracciones advertidas, lo que arrojó una sanción global de **********.
"En ese sentido, resulta patente que, si bien en el acto administrativo impugnado se impusieron diversas sanciones económicas a cargo de la promovente, su naturaleza no es fiscal, no obedece a algún procedimiento económico coactivo mediante el que se pretenda el cobro de un adeudo tributario ni se trata de la resolución recaída a un recurso tramitado en sede administrativa, es decir, no actualiza alguno de los supuestos contenidos en las fracciones I, III y V del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para los cuales, se reitera, sí opera la prohibición de acumulación de las sumas que contienen.
"Consecuentemente, fue indebido que la Sala concluyera que en el caso no era posible considerar la suma total impuesta como sanción para establecer la vía en que se debió tramitar el juicio, máxime que, como lo afirma la quejosa, al ser el acto impugnado una resolución en que se impusieron sanciones económicas por distintas infracciones a las normas administrativas federales, supuesto previsto en la fracción II del precepto en estudio, no le es aplicable la prohibición de acumulación que establece el penúltimo párrafo del precepto mencionado, motivo por el que la cantidad a considerar para determinar la vía, debió ser el resultado de sumar todas las sanciones impuestas, no así la cantidad de cada multa aisladamente."
II. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de veinte de febrero de dos mil catorce, el amparo directo **********, sustentó lo siguiente:
"SEXTO. ... • Estudio
"...
"Se considera incorrecta la determinación adoptada por la resolutora, al establecer que en el caso particular procede tramitar la demanda de nulidad en la vía sumaria pues, como lo sostiene la quejosa, la inexacta apreciación de los montos de las multas controvertidas derivó de que la autoridad administrativa sin fijar la cuantía individual, ello repercutió en que la Sala no pudiera determinar correctamente la vía que corresponde para la tramitación de la demanda, misma que encuadra en los supuestos previstos para la procedencia de la vía ordinaria, dada su cuantía.
"Al efecto, es menester traer a colación el texto del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece:
"‘(se transcribe).’
"Del precepto legal transcrito se obtiene que en sus diversas fracciones, establece un catálogo de actos susceptibles de impugnarse en la vía sumaria, siempre que su cuantía sea inferior a aquella que dispone el primer párrafo (equivalente a cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión).
"Las materias de las resoluciones contra las cuales procede el juicio en la vía sumaria, contemplan aquellas que sean de: 1) las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; 2) las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales; 3) las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado; 4) las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla; o, 5) las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.
"Para la determinación de la cuantía, dicho numeral establece que tratándose de los casos previstos en los incisos I), III) y V), sólo se debe considerar el crédito principal, sin accesorios ni actualizaciones; así como que cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución ‘... de las mencionadas anteriormente ...’, esto es, de las contenidas en los incisos I), III) y V), no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esa vía.
"Al efecto, debe entenderse que en tratándose de las resoluciones contenidas en las fracciones I, III y V, esto es, de: i) aquellas dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; ii) las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado; y, iii) las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado; para la determinación de la cuantía sólo se tomará en cuenta el importe principal, sin que sea posible aumentarla por los montos que correspondan a los accesorios y actualizaciones.
"El dispositivo legal de referencia, también establece que cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución, ‘... de las mencionadas anteriormente ...’, esto es, de las contenidas en los incisos I), III) y V), no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esa vía.
"En ese sentido, el pertinente alcance de tal porción normativa, deberá entenderse en el sentido de que si dentro del acto impugnado se contiene más de una resolución de las previstas en las fracciones I, III y V del numeral analizado; entonces, no procede la acumulación de tales montos; sin que por ello deba concebirse que si la misma resolución se encuentra integrada por diversas determinaciones, ello no conlleva de forma imperiosa que se trata de diferentes resoluciones pues, en todo caso, el operador jurídico deberá valorar si dentro del acto impugnado la autoridad resolvió cuestiones relacionadas con los supuestos establecidos en las fracciones I), III) y V) del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Es decir, el hecho de que en una misma resolución se impongan varias multas que derivan de la comisión de una misma infracción a un ordenamiento administrativo, ello no implica que deba entenderse que se trata de resoluciones distintas, puesto que se originaron de un mismo acto, cuya consecuencia legal sólo incluye la imposición de la sanción prescrita por el ordenamiento aplicable, de modo que si en una resolución se impusieron diversas multas impuestas, deberá analizarse si éstas obedecieron a un mismo motivo, o bien, si la imposición de las mismas derivó de diversas causas, las cuales, para estar en posibilidad de considerarlas que se trata de diversas resoluciones, deberán estar necesariamente relacionadas con lo prescrito en las fracciones I, III y V del numeral analizado.
"En la especie, la resolución impugnada lo constituye la resolución administrativa contenida en el oficio **********, de dieciséis de octubre de dos mil doce, a través de la cual el director de Apoyo Legal, de la Dirección General de Gas L.P., de la Subsecretaría de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía, impuso a la actora: a) tres multas en cantidad de **********, cada una; b) doce multas en cantidad de **********, cada una; c) doce multas en cantidad de **********; d) doce multas en cantidad de **********, cada una; e) doce multas en cantidad de **********; y, f) nueve multas en cantidad de **********; todas por infracción a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.
"No obstante lo anterior, se estima que aun cuando se trata de una resolución en la que únicamente se imponen multas por infracción a las normas administrativas federales, no se actualiza el supuesto de procedencia para que la demanda de nulidad de mérito, sea tramitada en la vía sumaria, derivado de que el monto de la misma, contrario a la determinación de la resolutora, sí excede el monto de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión.
"Lo anterior, derivado de que, como quedó plasmado en líneas precedentes, el artículo 58-2 de la ley federal establece que si dentro del acto impugnado se contiene más de una resolución de las contenidas en las fracciones I, III y V del numeral analizado; entonces, no procede la acumulación de tales montos; sin que por ello deba concebirse que si la misma resolución se encuentra integrada por diversas determinaciones, ello no conlleva que se trate de diversa resolución, máxime si derivan del mismo hecho.
"En esa línea argumentativa, es dable sostener que en el caso particular la resolución impugnada no se integra de diversas resoluciones a que refieren las fracciones I, III y V del dispositivo aludido, sino que la autoridad a través de una sola resolución impuso veinte multas a la quejosa, las cuales derivaron de que durante los años de dos mil ocho a dos mil doce, la parte actora no presentó los informes correspondientes a los trimestres tercero y cuarto correspondientes al año dos mil siete; primero al cuarto trimestres de dos mil ocho y dos mil nueve; primero al cuarto trimestre de dos mil diez y dos mil once, ni los correspondientes al primero y segundo trimestre de dos mil doce, sobre el volumen de Gas L.P. manejado, incluyendo las compras y ventas del hidrocarburo; de modo que por cada mes en que incurrió en tal irregularidad, la autoridad impuso diversas multas cuyos montos atienden al salario mínimo vigente en el año en el cual se detectó la irregularidad, esto es, la misma omisión se detectó en sesenta casos, los cuales se analizaron en una sola resolución, lo que acarreó que se impusieran en la misma todas las multas impugnadas.
"De lo anterior se sigue que, tal como lo sostiene la parte quejosa, que es incorrecta la apreciación de la resolutora, al estimar que la resolución impugnada encuadra en los supuestos establecidos para la procedencia de la vía sumaria, pues la inexacta apreciación de los montos de las multas controvertidas, ello repercutió en que la Sala no pudiera determinar correctamente la vía que corresponde para la tramitación de la demanda, pues el análisis a la resolución impugnada no se integra de diversas resoluciones, ya que sólo se analizó la conducta imputada a la quejosa en forma conjunta y no separada, y derivado de tal análisis la demandada determinó que omitió remitir sesenta informes a que estaba constreñida durante los años de dos mil siete a dos mil ocho; de modo que especificó que por cada omisión se imponía una multa por la cantidad descrita, sin que por ello deba considerarse que se trata de resoluciones diversas, pues incluso las mismas versan de la misma cuestión y respecto de una misma conducta, por lo que, en la especie, no se actuali
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25319-02376d88/via-sumaria-en-el-procedimiento-contencioso-administrativo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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