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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA. ALCANCE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. · Registro digital (IUS): 25199
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-09-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Pág. 1192.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ARMANDO CRUZ ESPINOZA. AUSENTE: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTES: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA Y GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ. PONENTE: SALVADOR MONDRAGÓN REYES. SECRETARIA: MÍRIAM ELSA RAMIRO GUERRERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron los criterios de los que deriva el posible punto de divergencia, se encuentran especializados en materia administrativa y están adscritos al Primer Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales, cuyo criterio es presuntamente discrepante.

TERCERO. Los antecedentes y las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son los siguientes:

A) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

1. La actora combatió la resolución contenida en el oficio número 513. DAL/V/2937/12 de siete de noviembre de dos mil doce, emitida en el expediente administrativo PA. 3420/02/2012, en la cual el director de apoyo legal de la Dirección General de Gas L.P., le impuso las siguientes multas:

• Tres por la cantidad de $54,800.00 (cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional).

• Cuatro por la cantidad de $57,460.00 (cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional).

• Cuatro por la cantidad de $59,820.00 (cincuenta y nueve mil ochocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional).

• Tres por la cantidad de $62,330.00 (sesenta y dos mil trescientos treinta pesos 00/100 moneda nacional).

2. Inconforme con la resolución mencionada en el punto que precede, Maxigas, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió juicio contencioso, del que conoció la Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 369/13-EOR-01-12. La Sala desechó la demanda por notoriamente extemporánea mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil trece.

3. Inconforme con el acuerdo de mérito, la actora interpuso recurso de reclamación, que fue resuelto el tres de mayo de dos mil trece por la Sala referida, confirmando el auto recurrido.

Lo anterior, pues a consideración de la Sala, resultaba legal el desechamiento de la demanda al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque el importe de cada una de las multas impugnadas impuestas no excedía de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año al momento de la emisión del acto impugnado, por lo que resultaba patente que la demanda debió presentarse en el plazo de quince días que se prevé para la vía sumaria.

4. Contra tal resolución la actora promovió el juicio de amparo directo DA. 692/2013, que fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil trece, cuyas consideraciones -en la parte que interesan- se sintetizan:

• De las reglas de cuantía previstas en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deriva que el monto de la resolución impugnada no debe exceder de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año al momento de su emisión.

• En el párrafo penúltimo de dicho artículo se establecen dos reglas específicas para realizar esa cuantificación: 1. Que tratándose de las resoluciones en materia fiscal (fracciones I y III), y de los recursos (fracción V), no se considerarán los accesorios y actualización; y, 2. Que cuando en una misma resolución se contengan más de una de las resoluciones, no se acumulará el monto de cada una de ellas para determinar la cuantía para la procedencia de la vía sumaria.

• La regla de cuantía se refiere a todas las materias de dicho numeral, pero la prohibición de acumular diversos actos administrativos no implica seccionarlos, sino unirlos.

• En la página cuarenta y uno del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, año dos mil uno, se conceptualiza el término acumular como: "Juntar y amontonar ... II 2. Der. Unir unos procedimientos a otros para que sea resueltos por una sola sentencia o resolución."

• En ese orden, si el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que no se debe acumular el monto de los actos que estén en una misma resolución, su recta interpretación radica en prohibir, juntar o unir dos o más actos que estén en diversas resoluciones, es decir, resoluciones que tengan, en lo particular, un monto inferior al que el legislador previó para la cuantía del asunto; pero no en cuanto a que se divida la resolución impugnada en los actos que la integran.

• El legislador previó la necesidad de que se valore el acto considerando el monto total del crédito (u obligación) contenida en el mismo, pues así lo consideró en el párrafo primero del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en la propia exposición de motivos que originó la adición de aquél, al indicar que ello atiende solamente cuando se impugnen dos o más resoluciones, caso en el cual, no se podrán sumar los montos que estén en ambas para rebasar la cuantía de la vía sumaria.

• Que dicha determinación tenía justificación en cuanto a que si la autoridad decide, en ejercicio de su potestad y por mérito del acto, determinar en una sola resolución diversos créditos (como las multas impugnadas en la sede natural), ya sea porque deriven de diversos conceptos o infracciones, no es dable conminar al particular a impugnarlos de manera individual, de modo que seccione la resolución, se identifiquen los créditos u obligaciones liquidadas (lo cual sería una cuestión -en su caso- de fondo), y los impugne de manera aislada e independiente.

• Al ser el acto (resolución) resultado de un solo procedimiento, o bien, aunque en él sean varias obligaciones o créditos, por razones de mérito, se hayan resuelto conjuntamente (como podría ser por una acumulación de procedimientos administrativos), no es dable conminar al particular a que impugne de manera aislada cada uno de ellos y a otorgarle la carga de que a pesar de que están en la misma resolución, por cada una, inicie un juicio contencioso administrativo diferente, soslayando la unidad de decisión que, como manifestación de la voluntad de la autoridad, está materializada en una sola resolución.

• Entenderlo de esa manera implicaría seccionar la continencia de la causa con el riesgo de que, por los mismos presupuestos procesales (como en el caso de la competencia de la autoridad emisora del acto que contiene diversos créditos), se pudieran dictar resoluciones contradictorias.

• Más todavía cuando la propia autoridad, aun cuando pudiera resolver diversas cuestiones y, por consecuencia, imponer créditos de diferente cuantía (como en el caso de los fiscales), es patente que en el monto total considerara un solo crédito e, inclusive, en virtud de la ejecutividad que caracteriza al acto administrativo, llevará a cabo un solo procedimiento de ejecución para su cobro, basado en la premisa de que están contenidos en una sola resolución determinante emitida, se repite, por una sola manifestación de voluntad de la autoridad competente emisora.

• Que si la formulación de la resolución impugnada, entendida como un solo acto administrativo, al ser emitida por una sola voluntad de una autoridad competente, puede tener diversas consecuencias de creación de obligaciones a cargo de los gobernados, tiene un elemento común en su ejecutoriedad y, por tanto, no es dable seccionarla para su impugnación.

• Aunque en una sola resolución la autoridad liquida varios créditos, cuyos importes están plenamente identificados y diferenciados, no se debe soslayar que al contenerse en una sola resolución, queda claro que esa emisión responde a una sola finalidad, pues con base en una unidad de decisión manifestada en una sola voluntad, la autoridad emite un solo acto administrativo, que comparte los mismos presupuestos legales y procesales; se repite, aunque contenga diversas obligaciones económicas a cargo del gobernado.

• De dividir la resolución impugnada, entendida ésta como un acto administrativo y no como varios, sería injustificado obligar al particular a iniciar diversos juicios en la vía sumaria, bajo el argumento de que en una resolución hay varios créditos plenamente identificados, cuando precisamente, se insiste, por las razones de mérito, la autoridad decidió resolverlos en una sola resolución.

• No hay congruencia entre la facultad de la autoridad de resolver en una sola resolución, y el derecho del gobernado a impugnarla considerándola una unidad jurídica; pues a la autoridad sí se le permite juntar "actos" (créditos u obligaciones liquidadas), en tanto a los particulares se les obliga a dividirlos para darle procedencia a su acción contenciosa administrativa, lo cual es inadmisible.

• La proporcionalidad entre la actuación de la autoridad de imponer un crédito o varios en la misma resolución, aun cuando sean plenamente identificables, debe ir acompañada del derecho del particular a impugnar dicha resolución en la vía que sea procedente, pero determinándolo con base en el monto total (suma de todas las obligaciones liquidadas) que está contenido en la resolución impugnada; pues sólo así la facultad de la autoridad de requerir el pago de uno o varios créditos en el mismo acto, irá acompañado del derecho del contribuyente de impugnarlo en la vía ordinaria o sumaria, según sea la cuantía del total que se le está determinando en ese acto administrativo.

• Con la división se atenta contra los lineamientos de agilidad, sencillez y rapidez de esa modalidad sumaria del juicio contencioso administrativo, expresamente reconocidos por el legislador en la exposición de motivos.

• La reforma de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente, en cuanto a la adición de los artículos que regulan la vía sumaria, está encaminada a hacer al juicio contencioso administrativo un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución del citado procedimiento, en casos que por su materia no representan mayor complejidad y reduciéndolos además con el criterio de la cuantía, la cual, es evidente que debe apreciarse el total del negocio, es decir, con la suma de la cuantía de todas y cada una de las obligaciones, cuyo importe está plenamente identificado en la resolución impugnada, por lo que es inconcuso que ésta no se puede seccionar con el fin de entrampar al gobernado y desecharle la demanda de nulidad, más cuando fue decisión de la propia autoridad -no del impetrante- imponerle varios créditos u obligaciones líquidas en una misma resolución.

• Esta cuestión de simplicidad y abreviación que caracteriza la vía sumaria, evidencia la necesidad de que se prevea el monto total del negocio, pues en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el estudio de la legalidad de la resolución impugnada (no de los actos que la integren), implica que se declare nula o válida.

• En efecto, la intelección de tal numeral 52, en concordancia con el párrafo primero del artículo 58-2 también de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lleva a la conclusión que el legislador previó que el objeto de la pretensión de ilegalidad del gobernado es la resolución impugnada, y no de cada una de las obligaciones u "actos" entendidos de manera aislada, que la integran.

• Tan es así, que la cuantía se determina, acorde con el párrafo primero del citado artículo 58-2, con base en el monto de la resolución impugnada; luego, es patente que se debe considerar el valor total de la suma de la (s) obligación (es) que estén en ella, y no, en ejercicio de la facultad discrecional de la propia autoridad jurisdiccional, seccionarlas y determinarlas en sus montos; pues ello es inaceptable, se repite, porque el acto administrativo es la resolución impugnada en su conjunto, y no cada una de las obligaciones pecuniarias que se hayan en ella, tan es así que la competencia sería analizada en función de quien firmó la resolución impugnada, que contiene todas esas obligaciones con importes diversos que incluso, como en el caso, se identifican como un crédito único en la parte resolutiva de la resolución impugnada.

• En esta misma línea de pensamiento, de aceptar un criterio contrario al que en esta ejecutoria se propone, conduciría a permitir, aunque de manera hipotética, la existencia de sentencias que declaren la legalidad de un presupuesto procesal en la emisión de la resolución impugnada relativo a un crédito y, a su vez, la ilegalidad de esa misma cuestión pero enfocada a otro crédito; cuestiones que denotan complejidad en la resolución, y más todavía, en la intelección de las consecuencias jurídicas que podrían darse en el caso concreto, por la subsistencia de juicios sumarios en los cuales se impugnen diversos "actos" (obligaciones pecuniarias a cargo de los gobernados) que están contenidos en una misma resolución.

• La problemática anterior se ve aún más robustecida si la resolución impugnada se dictó en la misma secuela procesal y se declara su nulidad por un vicio procedimental, lo cual impactaría sólo en el "acto impugnado" (una sola obligación con importe líquido identificado en lo particular); existiendo la posibilidad que por otro crédito combatido en otro juicio diverso a aquél, contenido en la misma resolución, se desestime tal argumento y se reconozca su validez; aspectos que denotan un atentado contra la continencia de la causa.

• La porción normativa del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: "Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.", debe entenderse en el sentido que prohíbe la acumulación de resoluciones impugnadas con el objeto de rebasar la cuantía, no así al seccionamiento de una resolución impugnada en atención a la cantidad de actos (multas, créditos o requerimientos de fianzas), que se hayan cuantificado en ésta, y cuyos importes están plenamente identificados.

• Ello, daría seguridad jurídica al particular, en cuanto a que para determinar la cuantía, en general, se estaría al monto total del crédito (obviamente sin considerar accesorios y actualizaciones), de modo que no queda a la discreción de la autoridad determinar la vía porque determine diversos créditos (inferiores) en una misma resolución, pues en ese caso, es patente que se deberá estar a la suma total de las obligaciones liquidadas por la demandada en la propia resolución impugnada.

B) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

1. Distribuidora Textil Verandas, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de nulidad en contra del oficio 800-37-00-03-02-2012-7179 de treinta de agosto de dos mil doce, en que el administrador de la Aduana de México de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria le determinó un crédito fiscal en cantidad total de $224,403.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos tres pesos), por concepto de multas y contribuciones omitidas (impuestos general de importación y al valor agregado, y derecho de trámite aduanero).

2. En contra de la resolución referida en el punto que antecede, la contribuyente promovió juicio contencioso, que se radicó ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 31820/12-17-07-12.

3. Mediante sentencia de nueve de abril de dos mil trece, se sobreseyó el juicio, al considerar que debía tenerse a la actora como sabedora de la resolución impugnada el catorce de septiembre de dos mil doce, de manera que si la demanda había sido presentada el veintitrés de noviembre siguiente, ello aconteció fuera del plazo de quince días con que contaba para tal efecto, al considerar que resultaba procedente la tramitación del juicio en la vía sumaria.

3. (sic) Inconforme con tal fallo, el trece de mayo de dos mil trece la actora promovió el juicio de amparo directo DA. 571/2013, que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en sesión de cuatro de julio de ese año, conforme a las consideraciones siguientes:

• El artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus diversas fracciones, establece un catálogo de actos susceptibles de impugnarse en la vía sumaria, siempre que su cuantía sea inferior a aquella que dispone el primer párrafo (equivalente a cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión), entre los que se encuentran las resoluciones dictadas por autoridades fiscales en que se fije en cantidad líquida un crédito de esa naturaleza, como acontece en el caso.

• Asimismo, prevé que si en un mismo acto se contiene más de una resolución "de las mencionadas anteriormente", su monto no se acumulará para el efecto de determinar si procede el juicio sumario. Por cuanto a tales resoluciones, debe entenderse que el legislador se refirió a las indicadas en los diversos incisos que el propio dispositivo contiene.

• En la especie, el oficio impugnado contiene más de una determinación de crédito fiscal, toda vez que una derivó de la omisión de pago del impuesto al valor agregado, otra del impuesto general de importación y, finalmente, una por derecho de trámite aduanero.

• En tales condiciones, los adeudos liquidados mediante la resolución impugnada no pueden sumarse para determinar la cuantía del caso, ya que no se trata de una sola determinación, sino de tres $51,969.00 (cincuenta y un mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de impuesto general de importación, $4,157.00 (cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) por derecho de trámite aduanero, y $92,130.00 (noventa y dos mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) por concepto de impuesto al valor agregado.

• Consecuentemente, como ninguno de los créditos en lo individual sobrepasa la suma de $113,752.25 (ciento trece mil setecientos cincuenta y dos pesos, veinticinco centavos), que equivalen a cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión (treinta de agosto de dos mil doce), es improcedente la vía ordinaria; de ahí que el juicio se debió promover dentro del plazo de quince días.

El asunto de referencia originó la tesis I.1o.A.4 A (10a.),(1) del rubro y texto siguientes:

"JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONTIENE UNA DETERMINACIÓN DE CRÉDITO FISCAL INTEGRADA POR DISTINTAS CONTRIBUCIONES, CUYOS IMPORTES SE ENCUENTRAN PLENAMENTE IDENTIFICADOS, ÉSTOS NO PUEDEN SUMARSE PARA CALCULAR LA CUANTÍA DEL ASUNTO, A EFECTO DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA. El artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un catálogo de actos susceptibles de impugnarse en el juicio en la vía sumaria, siempre que su cuantía sea inferior a la que dispone su primer párrafo (equivalente a cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión), entre los que se encuentran las resoluciones dictadas por autoridades fiscales en que se fije en cantidad líquida un crédito de esa naturaleza. Asimismo, prevé que si un mismo acto contiene más de una resolución de las ahí mencionadas, su monto no se acumulará para el efecto de determinar si procede el juicio sumario. Consecuentemente, si la resolución impugnada contiene una determinación de crédito fiscal integrada por distintas contribuciones, cuyos importes se encuentran plenamente identificados, con independencia de que los adeudos hayan sido originados por el mismo hecho, esas cantidades no pueden sumarse para calcular la cuantía del asunto, al tratarse de una pluralidad de determinaciones contenidas en una sola resolución."

CUARTO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito no constituyen jurisprudencia, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y en su caso cuál criterio debe prevalecer, pues ello está condicionado a que los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar, que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

En efecto, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que hubieren pronunciado:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 72/2010,(2) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Precisado lo anterior, procede examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

De las ejecutorias sintetizadas en el considerando tercero de la presente resolución, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se enfrentaron a una misma problemática consistente en la interpretación de la porción normativa contenida en el penúltimo párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: "Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía."

En relación con tal interpretación, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que dicha porción normativa debe entenderse en el sentido que prohíbe la acumulación de resoluciones impugnadas con el objeto de rebasar la cuantía, no así el seccionamiento de una resolución impugnada en atención a la cantidad de actos (como podrían ser multas, créditos o requerimientos de fianzas) que se hayan cuantificado en ésta y, cuyos importes estén plenamente identificados.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que la porción normativa en comento prevé que si en un mismo acto se contiene más de una resolución de las mencionadas en las fracciones I a V del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, su monto no se acumulará para el efecto de determinar si procede el juicio sumario; y que, por tales resoluciones, debe entenderse que el legislador se refirió a las indicadas en los diversos incisos que el propio dispositivo contiene.

En ese orden de ideas, se evidencia que los órganos colegiados implicados examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual, respecto de la cual arribaron a conclusiones discrepantes, pues el primero (Tercer Tribunal) señaló que la porción normativa contenida en el penúltimo párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no debe entenderse como el seccionamiento de una resolución impugnada en atención a la cantidad de actos (como podrían ser multas, créditos o requerimientos de fianzas), que se hayan cuantificado en ésta y, cuyos importes estén plenamente identificados; mientras que el segundo de los órganos colegiados de referencia (Primer Tribunal Colegiado de Circuito) consideró que si en un mismo acto se contiene más de una resolución de las mencionadas en las fracciones I a V del artículo 58-2 de la Ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25199-665deede/juicio-de-nulidad-en-la-via-sumaria-alcance · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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