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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE RECLAMACIÓN. PLAZO PARA INTERPONERLO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA LA DEMANDA DE NULIDAD TRAMITADA EN LA VÍA SUMARIA, POR EXTEMPORÁNEA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2015. · Registro digital (IUS): 25841
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-09-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, DÉCIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , Pág. 548.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, DÉCIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE JULIO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

TERCERO.-Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, es el siguiente:

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 67/2015, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:

"QUINTO. Son ineficaces los conceptos de violación.

"Argumenta la quejosa que le causa agravio la sentencia reclamada, al declarar improcedente el recurso de reclamación.

"Lo que estima de esa manera, en virtud de que considera que debió tomarse en cuenta el término de quince días, para poder presentar dicho recurso, porque el examen de la aplicación de los preceptos correspondientes a los plazos involucran aspectos vinculados con el fondo de la controversia planteada, es decir, el juicio en la vía ordinaria en el que se planteó el juicio de nulidad.

"Por tanto, agrega que la Sala debía examinar, en primer lugar, los planteamientos relativos a la observancia de la vía ordinaria y, sólo al comprobar que eran aplicables las disposiciones sumarias planteadas en el juicio de nulidad, podría desestimar la reclamación, hecha valer en el plazo de la vía ordinaria.

"En segundo lugar, porque la perspectiva que es congruente con el derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo sostenido por el Máximo Tribunal del País, que ha sustentado que el cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, exige la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro personae, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria y que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagra el derecho más extenso.

"Por ende, si en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, está previsto el recurso de reclamación contra aquellas determinaciones emitidas por el Magistrado instructor -que desechen la demanda de nulidad, previéndose en sus artículos 58-8- para los asuntos tramitados en la vía sumaria un plazo de cinco días, y en el 59 un diverso de quince, es inconcuso que atento al derecho y principios mencionados, debe observarse este último término para calificar la oportunidad en la presentación del recurso de reclamación, y la autoridad responsable al no realizar un verdadero análisis, incurrió en falta de motivación y fundamentación; apoyan lo anterior, las tesis de rubros: ‘RECLAMACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA DE NULIDAD. ATENTO AL DERECHO. A LA TUTELA JUDICIAL O DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL PRINCIPIO PRO PERSONAE, DEBE OBSERVARSE EL PLAZO DE QUINCE Y NO EL DE CINCO DÍAS ESTABLECIDOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 58-8 y 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA CALIFICAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE DICHO RECURSO.’ y ‘JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA. AL RESOLVER EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PLAZO DE LA VÍA ORDINARIA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN DETERMINAR, EN PRIMER LUGAR, CUÁLES SON LAS DISPOSICIONES APLICABLES AL CASO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE).’

"Como se anticipó son infundados los conceptos de violación.

"Así es, pues con independencia de si fue correcto o no que la Sala Fiscal haya indicado en el proveído inicial de nueve de junio de dos mil catorce, que la demanda debía tramitarse en la vía sumaria y no en la vía ordinaria, no debe soslayarse que el escrito inicial presentado por la actora quedó sujetó a las reglas procesales de la vía sumaria, puesto que así lo determinó la responsable en el mencionado auto y, por tanto, la impugnación de esa decisión debió hacerse en el plazo de cinco días que al efecto contempla el artículo 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precepto que, prevé ese término para la interposición del recurso de reclamación tratándose de la vía sumaria.

"Ello es así, en tanto que, cada una de las vías, ordinaria y sumaria, está sujeta a supuestos de procedencia y reglas de tramitación distintas y, en ese sentido, el remedio procesal para corregir la vía (en este caso, el recurso de reclamación), debió promoverse dentro del plazo que la ley prevé para los juicios sumarios, puesto que, se insiste, la quejosa quedó sujeto a esa vía, con independencia de que considerara que esa decisión inicial había sido errónea.

"Ciertamente, si la quejosa lo que pretendía con su recurso de reclamación, era que se corrigiera la vía de procedimiento y, en última instancia, que se admitiera a trámite su demanda, entonces debió hacerlo en el plazo de cinco días previsto para la vía sumaria, puesto que no es factible que si el escrito inicial quedó sujeto a los plazos procesales de dicha vía, el particular trate de impugnar esa decisión presentando un recurso en un plazo correspondiente a una vía diversa, como lo es la ordinaria, por ser incompatibles los plazos previstos en ambas vías.

"Dicho en otras palabras, aceptar la procedencia del recurso de reclamación intentado en un juicio iniciado en la vía sumaria, promovido dentro del plazo correspondiente al juicio ordinario, porque la quejosa considera que esa es la vía legalmente correcta, es tanto como resolver de antemano que ciertamente el auto que desechó la demanda es ilegal, no obstante que su firmeza no hubiera sido analizada mediante el recurso correspondiente dentro del plazo atinente a ese medio de impugnación. Luego, si la demanda se radicó en la vía sumaria, esa decisión vincula a las partes, mientras dicho auto no sea revocado o modificado, pues de otra manera, las decisiones del órgano jurisdiccional quedarían a voluntad de las partes en cuanto a su observancia y cumplimiento, lo que redunda en inseguridad jurídica.

"Más aún, no es dable que la quejosa intente evadir la observancia del plazo a que se ha hecho referencia y pretenda que se le admita a trámite el recurso de reclamación, bajo el argumento de que la demanda inicial debió sustanciarse en la vía ordinaria, porque para ello era necesario que previamente demostrara sus aseveraciones mediante el recurso de reclamación sustanciado en la vía sumaria.

"Lo anterior, no implica que este Tribunal Colegiado considere acertada la decisión de la Sala Fiscal de estimar que la demanda de nulidad debía tramitarse en la vía sumaria, sino que el plazo para la interposición del medio de defensa tendiente a rebatir esa determinación, fue el correspondiente a la vía a la cual se sujetó el escrito inicial, concretamente, el de cinco días.

"De ahí que pueda colegirse que la quejosa hace descansar sus conceptos de violación en un aspecto cuya ilegalidad no ha quedado demostrada, lo que torna ineficaces sus argumentos.

"Apoya lo anterior, la tesis I.10o.A.8 A (10a.) emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, de epígrafe y sinopsis siguientes:

"‘RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA. ...’

"Conforme a las explicaciones dadas, este Tribunal Colegiado está en posibilidad de sostener que no comparte los criterios aislados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; además de que no resultan obligatorios para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, citados por la quejosa de rubros: ‘RECLAMACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA DE NULIDAD. ATENTO AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL O DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL PRINCIPIO PRO PERSONAE, DEBE OBSERVARSE EL PLAZO DE QUINCE Y NO EL DE CINCO DÍAS ESTABLECIDOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 58-8 Y 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA CALIFICAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE DICHO RECURSO.’ y ‘JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA. AL RESOLVER EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PLAZO DE LA VÍA ORDINARIA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN DETERMINAR, EN PRIMER LUGAR, CUÁLES SON LAS DISPOSICIONES APLICABLES AL CASO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE).’

"Sin que con la anterior conclusión se esté transgrediendo el acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional y los derechos humanos, toda vez que el derecho de acceso a la impartición de justicia no es absoluto ni irrestricto a favor de los gobernados, pues el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, incluso el propio constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase ‘en los plazos y términos que fijen las leyes’, misma que no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento.

"Lo anterior significa que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales, pueden fijarse las normas que regulan la actividad de las partes en el proceso y la de los Jueces cuya intervención se pide, para que decidan las cuestiones surgidas entre los particulares. Esa facultad del legislador tampoco es absoluta, pues los límites que imponga deben encontrar justificación constitucional, de tal forma que sólo pueden imponerse cuando mediante ellos se tienda al logro de un objetivo de mayor jerarquía constitucional.

"Las consideraciones expuestas encuentran sustento en el criterio P./J. 113/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. ...’

"En suma, el derecho de acceso a la impartición de justicia, acceso a una tutela judicial efectiva, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tenga alcance.

"Es de apoyo la tesis aislada 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ...’

"Justifica dicha postura, además de las consideraciones desarrolladas, lo dicho por el Alto Tribunal respecto que del principio pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes, resultando por ello infundados los argumentos de la parte quejosa, mediante los cuales pretende que al aplicarse el principio pro persona, debió atenderse el plazo de quince días y no el cinco días, el cual como se vio fue el correcto.

"Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. ...’

"Consecuentemente, ante lo ineficaces de los conceptos de violación esgrimidos, procede negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados.

"SEXTO. Este Tribunal Colegiado advierte que, por las razones expuestas en el cuerpo de esta ejecutoria y el criterio contenido en la tesis I.10o.A.8 A (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pudiera resultar contrario a los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las tesis aisladas VIII.1o.P.A.3 A (10a.) y I.15o.A.7 A (10a.), a las que anteriormente se hizo alusión.

"Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 216, párrafo segundo, y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente, hágase la correspondiente denuncia de contradicción de tesis entre el criterio sustentado por este tribunal y los Tribunales Colegiados indicados, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"A este respecto, tiene aplicación la tesis P. I/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y sinopsis subsecuentes:

"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). ...’

"Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que este Tribunal no haya emitido tesis aislada o jurisprudencial en relación con el punto debatido, en razón de que para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia, en términos de la jurisprudencia P./J. 27/2001 sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de rubro y texto siguientes:

"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. ...’

"Tesis jurisprudencial que se estima aplicable en la especie a pesar de que en él se cita el texto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la base del criterio se apoyó en la interpretación que el Máximo Tribunal del País hizo del vocablo ‘tesis’, el cual definió como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria."

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 314/2014, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. En los conceptos de violación primero y segundo, la quejosa plantea aspectos relacionados con la legalidad del acto reclamado. En el tercer motivo de inconformidad, confronta los artículos 58-2 y 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con los principios de legalidad y seguridad jurídica, explicando las razones por las que, en su opinión, resultan contrarios a dichas máximas constitucionales.

"Por razón de método en la exposición, se procederá al estudio de los planteamientos relacionados con la inconstitucionalidad de los artículos 58-2 y 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Como punto de partida, se precisa que en el acuerdo que constituye el acto reclamado de dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Magistrado instructor estimó que la interposición del recurso de reclamación contra el diverso proveído en que se desechó la demanda de nulidad fue extemporánea, sobre la base de que el acuerdo recurrido se notificó el veintidós de enero de dos mil catorce, por lo que el plazo para su interposición en términos del artículo 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, era de cinco días siguientes a aquel en que surtiera efecto la notificación.

"Inconforme, en el tercer concepto de violación, la quejosa aduce que los artículos 58-2 y 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica, por resultar ambiguos, inciertos y oscuros en su contenido acerca del procedimiento que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe seguir cuando en un recurso de reclamación se analice la vía correcta para controvertir un acto.

"Aunado a lo que sostiene que dichos numerales no otorgan certidumbre sobre el plazo para la interposición del recurso de reclamación; expone que: ‘...no se tiene certidumbre acerca de cómo otorgar el plazo para la interposición del recurso de reclamación cuando se trate de un desechamiento de una demanda que fue tramitada por vía ordinaria (cumpliendo con los requisitos para ello), pero que la Sala Fiscal, incorrectamente tramitó como vía sumaria...’

"Insiste sobre el argumento relativo a que las normas reclamadas no definen de forma razonable un procedimiento para otorgar el plazo legal para la interposición del medio de defensa, cuando aún no ha quedado definido cuál es la vía correcta para sustanciar el juicio contencioso; que se genera indefensión jurídica porque las disposiciones no definen claramente cuál es el plazo para recurrir un acuerdo de desechamiento de demanda, en el supuesto de que la responsable hubiese estimado que la vía era sumaria y el promovente alega que la correcta vía era la ordinaria.

"Sobre los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica invocados por la quejosa, el Alto Tribunal ha sostenido que son respetados cuando las normas que facultan a las autoridades administrativas para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitada y acotada.

"De tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados, no resulte caprichosa o arbitraria; sino en todo caso justificada por las circunstancias jurídicas que confluyan en cada situación atendida por la autoridad, en la inteligencia de que todo acto de molestia o privación, entre otros requisitos, debe ser emitido por la autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica.

"Por otro lado, debe precisarse que el derecho público subjetivo de seguridad jurídica no debe ser entendido en el sentido de que la ley, en todo caso tenga que señalar, de manera concreta, un procedimiento que regule cada una de las relaciones que se entablen entre los gobernados y las autoridades; más bien, ha de entenderse que la ley debe contener los elementos mínimos para que los particulares puedan hacer valer su derecho, y para que a ese respecto, la autoridad no pueda actuar arbitrariamente.

"En esa condición, resulta innecesario que la ley pormenorice el procedimiento a seguir en todos y cada uno de los supuestos jurídicos en ella previstos, cuando se advierta que dicho procedimiento ya se encuentra definido, a un grado razonable, de tal manera que permita al particular defender su derecho frente a la actuación de la autoridad administrativa de que se trate.

"Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 144/2006 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que esta Sala comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro y texto siguientes:

"‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. ...’

Hechas las precisiones anteriores, es necesario considerar que los artículos 58-2 y 58-8 ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen lo siguiente:

"‘Artículo 58-2. ...’

"‘Artículo 58-8. ...’

"Como se observa, el juicio sumario contencioso administrativo federal se regula por las disposiciones previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"En virtud de tal regulación, los particulares tienen el plazo de quince días para la presentación de la demanda cuando el juicio se promueve contra resoluciones definitivas, cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, y la determinación tenga alguna de las características siguientes:

"a) Haya sido dictada por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

"b) Imponga únicamente multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

"c) Exija el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe invocado con antelación;

"d) Requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla.

"e) Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última no exceda el monto señalado.

"Por su parte, el artículo 58-8, primer párrafo, transcrito, prevé que los recursos de reclamación a que se refieren los arábigos 59 y 62 de esta ley, deberán interponerse dentro del plazo de cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente del Magistrado instructor.

"De ahí que, a juicio de este órgano colegiado, contrario a lo planteado, la norma reclamada sí define el plazo legal para la interposición del medio de defensa, pues claramente establece que será de cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente del Magistrado instructor.

"Esto es, no se ve qué mayor claridad en el lenguaje hubiese podido utilizar el legislador si definió el plazo de interposición del recurso al precisar que sería de cinco días, que transcurrirían a partir del día en que surtió efecto la notificación de la resolución correspondiente.

"En esas condiciones, los artículos 58-2 y 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no infringen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, porque, como se explicó, en términos del criterio del Alto Tribunal, las garantías de mérito no deben entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

"Partiendo de dicha premisa, puede válidamente concluirse que resulta innecesario que las normas reclamadas definan un plazo cuando se interpone el recurso de reclamación contra el desechamiento de una demanda de nulidad en la vía sumaria, en el específico caso en que el desechamiento obedeció a extemporaneidad en la presentación, porque la redacción del artículo 58-8 de la ley en consulta, genera certidumbre jurídica de que el plazo de cinco días para la interposición del recurso opera en todos los casos en que sea procedente el recurso de reclamación.

"En ese sentido, el planteamiento del quejoso en cuanto a que ‘... no se tiene certidumbre acerca de cómo otorgar el plazo para la interposición del recurso de reclamación cuando se trate de un desechamiento de una demanda que fue tramitada por vía ordinaria (cumpliendo con los requisitos para ello), pero que la Sala Fiscal, incorrectamente tramitó como vía sumaria...’ -además que no es apto para evidenciar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas porque el quejoso lo hace depender de la situación en que se ubicó, porque (según lo que expone) la responsable no debió desechar el recurso considerando aplicable el plazo de la vía sumaria, ya que el asunto debió tramitarse en la vía ordinaria- lo objetivamente cierto, es que no se existe la incertidumbre jurídica que acusa.

"Se estima lo anterior, porque si el desechamiento de la demanda de nulidad, derivó de la determinación del responsable de que el juicio debía tramitarse por la vía sumaria, esa determinación -aunque fue cuestionada al haber sido recurrida- es la que, en el momento de la interposición del recurso, rigió la situación jurídica del asunto que el entonces actor tramitaba ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Motivo por el cual, el promovente tuvo expedito su derecho de defensa para interponer el recurso de reclamación, en el plazo previsto para la vía sumaria, porque existía una determinación que, aunque cuestionada no había sido modificada, en el sentido de que esa era la vía que correspondía al asunto del justiciable.

"Máxime que la instauración de la vía sumaria en el juicio de nulidad obedeció a que el legislador en uso de sus facultades constitucionales de establecer ‘los plazos y los términos’ que rijan a los tribunales para la impartición de justicia, consideró necesario implementar una vía sumaria para la resolución de algunos de los asuntos que se ventilan en los juicios contencioso administrativo federales.

"Dicha facultad constitucional deriva del derecho que consagra el segundo párrafo del artículo 17 constitucional: ‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.’"

"El derecho de acceso a la impartición de justicia consiste, básicamente, en el derecho que los gobernados tienen para solicitar a determinados órganos legalmente competentes, que ejerzan la función jurisdiccional y tal derecho no es absoluto ni irrestricto a favor de los gobernados, pues el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, incluso el propio constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase ‘en los plazos y términos que fijen las leyes’, misma que no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento.

"De manera que el establecimiento de diversos plazos para la presentación de la demanda y la interposición de recurso de reclamación en la vía sumaria no genera incertidumbre jurídica y, por ende, no resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad, en la medida en que, como se demostró, tales plazos están claramente definidos y obedecen a una facultad constitucional otorgada a los legisladores, cuya teleología se relaciona con guardar el orden público en los procedimientos.

"Además, que no se obstaculiza a las personas acudir a los órganos jurisdiccionales, pues tiene la oportunidad de promover el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la vía sumaria y se le otorga el derecho a que a través de ese procedimiento obtenga una resolución fundada en derecho.

"Al respecto, resulta aplicable -en lo conducente- la tesis aislada 2a. XXII/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de dos mil

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25841-b6ddc978/recurso-de-reclamacion-plazo-para-interponerlo-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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