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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA DEMANDA RESPECTIVA SE HUBIERE ADMITIDO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE LIMITARSE A SOBRESEER EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 389/2016. · Registro digital (IUS): 28157
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Pág. 112.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 389/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 26 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Mediante ********** de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recibido el veintiocho siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado integrante del ********** Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión ********** y **********, y la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al fallar la contradicción de tesis ********** que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 146/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS." y a la tesis aislada 2a. CXXII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "ACCESO A LA JUSTICIA. SUPUESTO EN QUE LA CARGA PROCESAL DE PRESENTAR UNA DEMANDA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE SE CONSTITUYE EN UN OBSTÁCULO QUE VACÍA DE CONTENIDO ESE DERECHO FUNDAMENTAL."

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. En proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la denuncia; ordenó formar y registrar el expediente con el número de expediente contradicción de tesis 389/2016; solicitó a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, la remisión de la copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de sus índices, que informaran si los criterios sustentados en los asuntos con los que se denuncia la presente contradicción de tesis se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados; y, turnó el asunto a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes estos últimos a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien se encuentra legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Los antecedentes que informan el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diez de septiembre de dos mil catorce, el amparo directo en revisión **********, y el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el amparo directo en revisión **********, sustancialmente, son los siguientes:

Amparo directo en revisión **********

Antecedentes:

1. Por escrito de dos de mayo de dos mil trece ******** solicitó ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación se le expidiera una constancia sobre aportaciones y cuotas de seguridad social relativas al concepto de compensación garantizada.

2. Dicha solicitud le fue negada al solicitante por el director de remuneraciones del organismo en cita, al considerar que dicho concepto no formaba parte del salario básico de cotización y el administrador de personal de dicho organismo negó la expedición de las constancias y cuotas solicitadas.

3. En su contra, la parte afectada promovió juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual fue admitido por acuerdo de doce de julio de dos mil trece.

4. En contra de dicha admisión, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto el veinte de noviembre de dos mil trece en el sentido de revocar el acuerdo combatido porque los actos controvertidos no constituían resoluciones definitivas impugnables ante el citado tribunal, sino que eran de naturaleza laboral.

5. En contra de dicha determinación, la parte actora promovió juicio de amparo del que conoció el ********** Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual seguidos los trámites, el veinte de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia en el sentido de otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia y ante su incompetencia para conocer del asunto, por tratarse de actos de naturaleza laboral, remitiera el asunto al tribunal que resultara competente, sin hacer pronunciamiento en relación con el aspecto relativo a si los actos reclamados constituían o no una resolución definitiva.

Lo anterior, por haber considerado lo siguiente:

• El Tribunal Colegiado de Circuito estima que el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con base en el cual la Sala responsable declaró improcedente el juicio de nulidad por carecer de competencia para conocer de los actos impugnados por considerar que son de naturaleza laboral, resulta inconvencional, al pugnar con el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues conduce a que el gobernado quede en estado de indefensión en aquellos casos en que promuevan un juicio de nulidad en contra de un determinado acto de autoridad que no sea de los que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede examinar, ya que en tal hipótesis la ley conduce indefectiblemente al sobreseimiento del juicio negando la posibilidad de que el interesado sea oído con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por el tribunal competente.

• Además indica que con el fin de cumplir con la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, como el de acceso a la justicia, su instancia en todo caso debe ser encausada al órgano jurisdiccional correspondiente a fin de que se dé respuesta a sus pretensiones.

• Asimismo, el Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien el artículo 17 constitucional establece que la impartición de justicia se hará en los plazos y términos que fijen las leyes, lo dispuesto en éstas no puede conducir, como en la especie, a una total inutilidad de la garantía en cuestión, y el hecho de que se ordene al tribunal incompetente remitir el asunto al que tenga atribuciones para conocer del asunto, no implica que este último no pueda examinar si la pretensión del gobernado fue interpuesta dentro de los términos legales o planteada conforme a las formalidades.

• Que la posibilidad de que un juicio sea planteado ante un órgano jurisdiccional incompetente está contemplada en el artículo 106 de la Constitución Federal, en el que se prevé que serán los Tribunales de la Federación quienes diriman las controversias de competencia que se susciten entre ellos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los del otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.

• También el órgano colegiado señaló que la inconvencionalidad del precepto en cuestión, es porque cuando el particular acuda ante el órgano laboral respectivo para demandar los actos impugnados en el juicio de nulidad podría tener como consecuencia que la demanda sea extemporánea, lo cual constituiría una inobservancia al principio pro persona, el cual consiste en optar por la interpretación legal que favorezca la protección más amplia de los derechos del particular.

• En consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la Sala Fiscal deje sin efectos la sentencia reclamada y emita otra, inaplicando lo dispuesto en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo e incluso dejara de hacer pronunciamiento en relación a si los actos impugnados constituyen o no una resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad; además, ante su incompetencia para conocer del asunto, en vez de declararlo improcedente lo remitiera al tribunal que resulte competente.

6. Inconforme con dicha resolución, el afectado interpuso recurso de revisión y el subprocurador fiscal federal de Amparos en representación de la parte tercera perjudicada en el juicio de amparo, interpuso recurso de revisión.

7. De los recursos conoció la Primera Sala de este Alto Tribunal, la cual mediante resolución de diez de septiembre de dos mil catorce, dictada en el expediente de amparo directo en revisión **********, sostuvo lo siguiente:

"... A continuación esta Primera Sala analiza el recurso de revisión presentado por la autoridad recurrente, en el que controvierte la decisión del Tribunal Colegiado de Circuito declarar la inconvencionalidad e inaplicabilidad del artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se plantea por la recurrente como tema toral que el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo no puede implicar violación a la garantía de acceso a la justicia, ya que con tal pronunciamiento no se está resolviendo de fondo el asunto, sino que implica que el gobernado debe sujetarse a los términos y requisitos procesales que correspondan a fin de impugnar el acto que pretende por la vía correcta.

"Es fundado el agravio formulado por la autoridad recurrente, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"Primeramente, resulta necesario precisar las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, pues a partir de ello podrá esta Primera Sala establecer las causas por las que se estima que el artículo 8o., fracción II, en relación con el artículo 9o., fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no resulta inconvencional.

"En la sentencia de veinte de febrero de dos mil catorce, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó: (se transcribe)

"Como se advierte, fue empleado por el Tribunal Colegiado de Circuito el mecanismo de control sobre la inconvencionalidad de leyes, para concluir que las normas reclamadas pugnan con el derecho de acceso a la justicia al prever el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo en aquellos asuntos en los que se actualice la incompetencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Sobre este tema, si bien la terminología empleada por este Alto Tribunal ha variado dependiendo de distintos factores, resulta incontrovertible que el denominado derecho de tutela jurisdiccional forma parte del grupo de derechos fundamentales que se han identificado como ‘procedimentales’, es decir, derechos cuya importancia es dual: por una parte constituyen derechos autónomos; por otra, se erigen como garantía de otros derechos fundamentales, posibilitando con ello su máxima eficacia jurídica, lo que a su vez reduce cualquier indeseable distancia que pudiere existir entre normatividad y efectividad del ordenamiento jurídico.

"Esta Primera Sala advierte que la construcción de los derechos fundamentales ‘procedimentales’ desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no establece una prioridad entre los mismos, puesto que todos resultan piezas fundamentales del andamiaje que permite un acceso efectivo a la justicia.

"Aclarado lo anterior, esta Primera Sala advierte que el acceso efectivo a la justicia –el cual se desprende, principalmente, de la interpretación integral de los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– comprende el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, así como los mecanismos de tutela no jurisdiccional –que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente–.

"Como se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 42/2007, cuyo rubro es: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’,(1) esta Primera Sala ha definido el acceso a una tutela jurisdiccional como el: ‘Derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.’

"De este importante criterio se desprende que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: (i) una etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición que se dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por parte de éstas; (ii) una etapa judicial –desde el inicio del procedimiento y hasta la última actuación dentro del mismo–, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél.

"Aquí es necesario precisar que esta Suprema Corte ha sido consistente al considerar que los derechos que conforman la tutela jurisdiccional efectiva alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, sino también a todos aquéllos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones.(2) Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 192/2007 que esta Primera Sala comparte, cuyo rubro es: ‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’(3)

"Ahora bien, toda vez que en el presente caso la quejosa alegó una violación al acceso a la justicia, basta por el momento desarrollar, dentro de los derechos que componen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, las garantías del debido proceso, pues es ahí donde se ubica dicha garantía.

"Retomando el mecanismo de control de leyes empleado por el Tribunal Colegiado de Circuito en la sentencia recurrida, y con base en el cual concluyó en la inconvencionalidad del artículo 8o., fracción II, en relación con el artículo 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta necesario acudir al criterio que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia sustentó en materia de convencionalidad de leyes, en el expediente varios ********** (se transcribe)

"Conforme al criterio recién transcrito, la inaplicación de la ley (como en el caso se decretó por el Tribunal Colegiado de Circuito en relación con el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) constituye el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

"Esto es, antes de concluir en la inaplicación de la ley que se analiza, debe agotarse por el juzgador la interpretación de la norma ya sea en sentido amplio o estricto, lo que implica que ante la existencia de varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

"Así, partiendo de dicho ejercicio interpretativo, esta Primera Sala considera que es incorrecta la conclusión del Tribunal Colegiado de Circuito, al declarar la inconvencionalidad e ilegal aplicación del precepto mencionado; ello en virtud de que el sobreseimiento que prevé no constituye una figura que, por sí misma transgreda el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, así como en el artículo 8 de la Convención Americana de (sic) Derechos Humanos.

"En efecto, el artículo 9o., fracción II, en relación con el diverso 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo autoriza al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para decretar el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo cuando durante la tramitación del juicio aparezca o sobrevenga algunas de las causales de improcedencia previstas en el citado ordenamiento legal.

"En el caso concreto, la causa de improcedencia determinada por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, durante la sustanciación del juicio contencioso administrativo fue la contemplada en la fracción II del artículo 8o. de la ley de la materia, que alude a la incompetencia material del citado tribunal para conocer de la instancia planteada por el particular.

"De esta manera, al haber determinado la Sala Fiscal que los actos impugnados no correspondían al ámbito administrativo sino laboral una vez que el juicio contencioso administrativo se había admitido y se encontraba en la fase de instrucción, se emitió resolución en el sentido de sobreseer en el juicio con sustento en la fracción II del artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Como se anticipó, tal circunstancia no se estima que pugne con el derecho humano de acceso a la justicia, en virtud de que al sobreseer en el juicio contencioso administrativo única y exclusivamente se está reflejando la decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de cesar el procedimiento que se encuentra en curso al actualizarse una causa que impide al citado tribunal a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

"La palabra sobreseimiento refiere a la acción y el efecto de sobreseer. En tanto, sobreseer implica cesar en una instrucción, dejar sin curso ulterior un procedimiento judicial. El sobreseimiento es entonces, una resolución judicial dictada por quien originalmente conoce del asunto y, con ello, cesa su actuación y conocimiento del mismo; por ende, esta Sala estima que la disposición legal que prevé tal figura no debe inaplicarse pues ello impediría al juzgador dictar resolución definitiva en relación con el asunto que está instruyendo, escenario en el cual, incluso, podría vedarse el derecho de las partes de controvertir en una instancia posterior tal determinación, al carecer de una resolución que ponga fin al juicio.

"De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala estima incorrecta la conclusión del Tribunal Colegiado de Circuito cuando afirma que ‘El sobreseimiento de un juicio promovido contra actos que no son de la competencia del tribunal correspondiente, es por tanto, una respuesta demasiado grave y desproporcionada para el gobernado, inadmisible en un marco constitucional de protección a los derechos humanos como el de acceso a la justicia, máxime cuando de inicio dicho órgano jurisdiccional considera admisible la instancia y sólo hasta pasado mucho tiempo se llega a declarar incompetente, proceder éste con el cual al gobernado se le priva definitivamente de la posibilidad de ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente.’

"En efecto, interpretar el artículo 9o., fracción II, en relación con el diverso 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el sentido de que el tribunal ante quien se radica el juicio contencioso administrativo una vez que admite la demanda e inicia la instrucción del mismo concluye que es incompetente por materia y que ello le impide resolver el fondo del asunto, efectivamente puede derivar en una violación al principio de acceso a la justicia, pues es cierto que en tal escenario sería imposible para el particular acudir ante el tribunal competente a ejercitar su acción.

"Sin embargo, limitar la actuación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a remitir el asunto al tribunal que estime competente –tal como se determina en la sentencia recurrida– e impedir que se emita resolución que ponga fin a la instancia, implicaría dejar inconcluso el juicio contencioso administrativo, careciendo las partes de una resolución definitiva que permita el acceso a una posterior impugnación –como ocurre en el caso concreto en el que el quejoso sostiene como tema de fondo del juicio de amparo la competencia del órgano administrativo–, situación que también atenta contra el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que el juicio de amparo directo requiere para ser procedente sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.(4)

"Por ello, no resulta correcto inaplicar el artículo 8o., fracción II, en relación con el diverso 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de la necesidad jurisdiccional de mantener la figura del sobreseimiento como una de las modalidades en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede concluir el juicio contencioso administrativo sin que se resuelva de fondo. Es, como acertadamente anota el maestro Ignacio Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajeno a las cuestiones sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo.

"Por ende, contrario a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, el artículo 8o., fracción II, en relación con el diverso 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no resulta inconvencional y, por ende, no debe inaplicarse ya que el sobreseimiento representa una de las formas de concluir el juicio contencioso administrativo por lo que constituye una herramienta necesaria en los fallos definitivos que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"No obstante lo anterior, esta Primera Sala estima correcto el pronunciamiento efectuado por el Tribunal Colegiado de Circuito en el sentido de remitir el asunto al tribunal que se estime competente para que conozca del mismo, en cumplimiento al principio pro persona, pues es cierto que al decretarse el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo una vez que éste fue admitido a trámite, la determinación de incompetencia y, por ende, de la posterior impugnación ante la instancia correspondiente podría tener para el particular la consecuencia de que la demanda respectiva sea extemporánea por causas no imputables al promovente, circunstancia que resulta transgresora del principio de acceso a la justicia.

"En efecto, en aquellos casos en los que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no detecta la incompetencia para conocer del asunto en el primer proveído que dicte, y determine admitir a trámite la demanda respectiva e instruir el juicio contencioso administrativo, es claro que la incompetencia material que llegue a determinar con posterioridad si bien le impedirá emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto –escenario en el cual debe sobreseer el juicio respectivo–, una interpretación conforme en relación con el derecho de acceso a la justicia lleva a concluir, que el tribunal que se estima incompetente debe remitir al órgano jurisdiccional que estima competente, el asunto como primera cuestión, a fin de que se determine cuál será el órgano competente justiciable que va a conocer de su impugnación y, en segundo término, una vez aceptada la competencia por el diverso órgano jurisdiccional, podrá –como segunda cuestión– sobreseer en el juicio contencioso administrativo, al existir impedimento material para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

"Lo anterior no se lograría si se aceptara la interpretación literal y amplia del artículo 8o, fracción II, en relación con el artículo 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues como lo aduce el Tribunal Colegiado de Circuito, sobreseer –sin más- el juicio contencioso administrativo pugna con el derecho humano de acceso a la justicia.

"Ello es así, pues si bien el sobreseimiento implica poner fin al denominado juicio de nulidad lo relevante es que el particular se encontraría obligado a acudir a la instancia correspondiente con la consecuente extemporaneidad de su demanda sin que en este caso sea imputable a él dicha circunstancia sino al órgano incompetente que tardó en pronunciar su incompetencia material para conocer del asunto, por tanto, si no existe una justificación constitucional en evitar que el tribunal incompetente remita al órgano que estime competente el asunto debe concluirse que los numerales impugnados, interpretados con esta amplitud, salvaguardan cabalmente el derecho humano de acceso a la justicia.

"En conclusión, la referida causal de sobreseimiento del (sic) juicio contencioso administrativo debe decretarse en el momento en que existe determinación firme de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es competente para conocer del asunto, pues de no ser así, se estaría efectivamente en una transgresión al derecho de defensa del gobernado, por ello, tal determinación no es a priori sino a posteriori, esto es, la apreciación de la autoridad que se autodeclara incompetente no es válida hasta que la otra acepte la competencia, o bien, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la autoridad que va a conocer, en caso de que ambas se nieguen de hacerlo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 8o., fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 28, 29, 34 y 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 701 y 705 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos que prevén la resolución de conflictos competenciales.(5)

"Confirma lo anterior, la tesis «2a. CLI/98», del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA, CONFLICTO SURGIDO ENTRE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE. ’ (se transcribe)

"En consecuencia, el artículo 8o, fracción II, en relación con el artículo 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no es violatorio de los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela efectiva, siempre y cuando su contenido se interprete de conformidad con su ámbito protector."

Amparo directo en revisión **********

Antecedentes.

"1. ... tenía una cuenta de cheques individual con ********** y una cuenta diversa colectiva de tipo mancomunada, de la que era cotitular, de las que realizó respectivamente transferencia electrónica a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) a una cuenta diversa en **********, cuenta esta última de la cual la referida cuentahabiente afirmó no haber obtenido.

"2. Mediante escrito de reclamación presentado el dos de julio de dos mil catorce, ante la Delegación Metropolitana Central de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la parte afectada solicitó la devolución de las cantidades transferidas a ********** al no haber reconocido dicha transacción y que se hicieron por transferencia electrónica y pago con cheque.

"3. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, la reclamante promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa demandando la nulidad de la resolución de negativa ficta recaída a su escrito de reclamación.

"4. De dicha demanda conoció la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual por acuerdo de treinta de enero de dos mil quince, determinó sobreseer en el juicio al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia establecida en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que el acto que se pretendía impugnar era una negativa ficta que no se ubicaba en los supuestos previstos en las fracciones III, XI y XII, penúltimo y último párrafos, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"5. En contra de dicha resolución, la parte afectada interpuso recurso de reclamación, el cual fue declarado infundado por la Sala del conocimiento y se confirmó en el sobreseimiento decretado.

"6. En contra de dicha sentencia, la recurrente promovió juic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28157-160d077d/improcedencia-de-la-via-en-el-juicio-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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