ACCESO A LA JUSTICIA. SUPUESTO EN QUE LA CARGA PROCESAL DE PRESENTAR UNA DEMANDA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE SE CONSTITUYE EN UN OBSTÁCULO QUE VACÍA DE CONTENIDO ESE DERECHO FUNDAMENTAL. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.
ACCESO A LA JUSTICIA. SUPUESTO EN QUE LA CARGA PROCESAL DE PRESENTAR UNA DEMANDA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE SE CONSTITUYE EN UN OBSTÁCULO QUE VACÍA DE CONTENIDO ESE DERECHO FUNDAMENTAL.
INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE JULIO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIA: MARÍA CARLA TRUJILLO UGALDE.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, toda vez que versa sobre la posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de distintos circuitos derivados de asuntos que corresponden a la materia administrativa, materia que es competencia de esta Sala, sin que se estime necesario la intervención del Tribunal Pleno.
7. Resulta ilustrativa la tesis P. I/2012 (10a.), del Pleno de este Máximo Tribunal, con el rubro, texto y datos de publicación siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Décima Época. Registro: 2000331. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia: común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9]
8. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual emitió uno de los criterios contendientes.
9. TERCERO.-Criterios que integran la presente denuncia de contradicción. Las resoluciones que participan en la presente contradicción son las siguientes:
A. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Amparo directo **********.
10. Concedió el amparo solicitado, a fin de que la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dejara insubsistente la resolución dictada en el recurso de reclamación, en virtud del cual confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad interpuesta.
11. En dicha demanda se reclamó la resolución por la que el director del Trabajo y Previsión Social de la Subsecretaria de Gobernación del Estado de Michoacán de Ocampo, negó a la quejosa el registro y certificación de las credenciales de delegados que había solicitado y le tuvo por no registrada para participar en la convención para la elección de representantes patronales para la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad, por carecer dicha Sala de competencia material para conocer del asunto. El amparo se concedió por las siguientes razones:
• La determinación de la Sala Fiscal de declarar infundado el recurso de reclamación contra el auto que desechó la demanda de nulidad por estimarla improcedente, es violatorio de la garantía de acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que estatuye el artículo 17 constitucional, en perjuicio de la parte quejosa.
• Si bien la autoridad responsable estimó actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es inconcuso que, para no violar la garantía de acceso a la justicia, debió declinar el conocimiento del asunto a favor de la autoridad correspondiente.
• El derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, se entiende, fundamentalmente, como la prerrogativa a favor de los gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte en un proceso en que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas, observando siempre la satisfacción de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
• Este derecho también se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la interpretación que ha hecho de este numeral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para la satisfacción de la prerrogativa de acceso a la justicia no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo, es decir, debe ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada.
• De lo anterior puede concluirse válidamente que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia; esto es, evitar que por meros formalismos o tecnicismos no razonables se impida el acceso a un tribunal que dirima la controversia.
• Tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, verbigracia la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que deben ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado, se estima que la Sala Fiscal debió apegarse a estudiar lo realmente planteado y buscar en su resolución garantizar el efectivo acceso a la justicia del gobernado, a fin de resolver, de manera efectiva, la controversia planteada.
• Sobre el particular, se comparte el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las tesis I.4o.A.705 A y I.4o.A. J/1 (10a.), de rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA ELEGIDA POR EL ACCIONANTE, DEBIDO A LA INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL INSTADO, NO DEBE TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN JUDICIAL EFECTIVA."; "ACCESO A LA JUSTICIA. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA ELEGIDA POR EL ACCIONANTE, DEBIDO A LA INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL INSTADO, NO DEBE TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN JUDICIAL EFECTIVA." y "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO.", respectivamente, y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la tesis: XI.2o.A.T.2 L (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EN EL LAUDO SE RESUELVE FUNDADA DICHA EXCEPCIÓN, PROCEDE EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL RESPONSABLE EN EL AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE LA MATERIA EN RELACIÓN CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 1o., 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 154 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN).". Se trae en cuenta, por analogía, la tesis «2a./J. 45/96», de la Segunda Sala, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. AL RESOLVERLO, LA SUPREMA CORTE DEBE DECLARAR INSUBSISTENTE, EN SU CASO, EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA."
• Por otro lado, no se comparten los criterios del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, contenidos en las tesis I.7o.A.520 A y XX.1o.92 A, de rubros: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA INCOMPETENCIA DE LA SALA FISCAL POR RAZÓN DE LA MATERIA CONLLEVA LA IMPROCEDENCIA DE AQUÉL, PERO NO LA OBLIGA A MANIFESTARSE RESPECTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL." y "COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. SI UNA DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ADVIERTE QUE CARECE DE ELLA, DEBE DECLARARLO IMPROCEDENTE Y DESECHAR LA DEMANDA, PERO NO DECLINAR AQUÉLLA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)."
• En ese orden, se debe conceder el amparo para que la Sala responsable deje sin efectos la sentencia que se combate y emita otra en la que, atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, remita los autos al tribunal competente para su conocimiento y resolución.
B. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo **********.
12. Concedió el amparo en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que sobreseyó el juicio de nulidad, al considerar que dicho órgano carecía de competencia para conocer de la respectiva controversia derivada de la aplicación de la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, por lo que consideró se actualizaba la causal de improcedencia que establece el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
13. El citado Tribunal Colegiado determinó que, si bien la Sala responsable no era competente para conocer del asunto, violó en perjuicio de la quejosa la garantía de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, al decretar el sobreseimiento, por lo que concedió el amparo para el efecto de que se dejara sin efectos la resolución combatida y, en su lugar, se emitiera otra en la que declarara su legal incompetencia para conocer del asunto y remitiera los autos al tribunal competente en materia laboral para su conocimiento y resolución; lo anterior, con base en las siguientes razones:(5)
• Estimó que la resolución de la responsable violó en perjuicio de la quejosa la garantía de acceso a la justicia reconocida en el artículo 17 constitucional, pues si bien es cierto que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también lo es que ésta derivó del abandono de un criterio inicialmente emitido por el Más Alto Tribunal; por tanto, para no violar la garantía de acceso a la justicia, la Sala debió declinar el conocimiento del asunto a favor de la autoridad laboral correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la nueva jurisprudencia.
• El derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, se entiende, fundamentalmente, como la prerrogativa a favor de los gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte en un proceso en que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas, observando siempre la satisfacción de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
• Este derecho también se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la interpretación que ha hecho de este numeral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para la satisfacción de la prerrogativa de acceso a la justicia no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo, es decir, debe ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada.
• En otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida.
• De lo anterior puede concluirse válidamente que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia; esto es, evitar que por meros formalismos o tecnicismos no razonables se impida el acceso a un tribunal que dirima la controversia.
•Tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como es el caso de la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que deben ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado, se estima que la Sala debió garantizar en su resolución el efectivo acceso a la justicia del gobernado, a fin de resolver, de manera efectiva, la controversia planteada.(6)
14. Con base en consideraciones similares, el propio Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo directo **********,(7) donde determinó que, si bien la Sala responsable carece de competencia para conocer de la resolución que revocó a la quejosa la pensión por cesantía en edad avanzada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, no debió decretar el sobreseimiento con base en los artículos 8o., fracción II, y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino remitir la demanda y sus anexos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; asimismo, en el amparo directo **********, concedió el amparo para el efecto de que la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa dejara sin efecto la resolución en la que confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad hecha valer en contra de la resolución por la que un secretario en funciones de Juez de Distrito impuso al promovente una sanción de extrañamiento, por supuestas irregularidades en el desempeño de su cargo, declarara su legal incompetencia para conocer del asunto y remitiera los autos al Consejo de la Judicatura Federal, para su conocimiento y resolución.
15. El mismo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito(8) en el amparo en revisión **********,(9) revocó el auto en el que la Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, desechó la demanda promovida en contra de la resolución que emitió el titular de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos, dependiente de la Secretaría General del ISSSTE, por haberse presentado de forma extemporánea en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, producto del error en que incurrió el quejoso al presentarla, aun dentro del plazo respectivo, en la oficialía de partes de dicho Juzgado de Distrito. En esencia, el Colegiado del conocimiento sostuvo las siguientes consideraciones:
• El derecho fundamental de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 constitucional, se entiende, fundamentalmente, como la prerrogativa a favor de los gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte en un proceso en que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas, observando siempre la satisfacción de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
• Este derecho también se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la interpretación que ha hecho de este numeral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para la satisfacción de la prerrogativa de acceso a la justicia no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo, es decir, debe ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada.
• En otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida.
• De lo anterior puede concluirse válidamente que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia; esto es, evitar que por meros formalismos o tecnicismos no razonables, se impida el acceso a un tribunal que dirima la controversia.
• Tomando en cuenta que lo analizado fue la existencia de un error o equivocación atribuible a la quejosa en cuanto a que presentó la demanda de garantías en un lugar equivocado, como lo es la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, sin advertir que debía presentarla en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, lo cual equivale a que la promovente equivocó la ubicación o ventanilla ante la que debió presentar su escrito de demanda, se estima que la Juez de Distrito debió apegarse y buscar en su resolución garantizar el efectivo acceso a la justicia del gobernado, a fin de resolver de manera efectiva la controversia planteada, es decir, debió tomar en consideración, para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, la fecha en la cual fue presentada ante dicho órgano jurisdiccional el escrito de demanda de amparo suscrito por la recurrente.
• Lo anterior, toda vez que una equivocación como la presente no debe generar la extemporaneidad de la presentación del ocurso, pues hacerlo constituiría una denegación de justicia, por lo que una vez que la demanda se presenta en el lugar adecuado, la fecha de promoción del escrito inicial es la que debe tomarse como punto de partida para realizar el cómputo en la oportunidad del ejercicio de la acción. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 25/2006, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO."
• Lo anterior, aunado a que, de conformidad con lo establecido en la Convención Americana, de la cual el Estado Mexicano forma parte, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado sino también la interpretación que de él se ha realizado. Es aplicable el criterio sustentado por este tribunal en la tesis de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA ELEGIDA POR EL ACCIONANTE, DEBIDO A LA INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL INSTADO, NO DEBE TRASCENDER A DENEGAR UNA SOLUCIÓN JUDICIAL EFECTIVA."
• Sobre todo, tomando en consideración que la presentación de la quejosa desde un inicio era la de promover un nuevo juicio de amparo en contra de la resolución que fue emitida por el titular de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos, dependiente de la Secretaría General del ISSTE, en cumplimiento a la sentencia de amparo que la propia juzgadora de distrito emitió en el juicio de garantías **********.
• Consecuentemente, contrario a lo determinado por la Juez de Distrito, no es extemporánea la demanda de amparo de la inconforme, pese al error aludido, puesto que, en alcance a lo sostenido por el Máximo Tribunal, dicho supuesto, o sea, la equivocación del lugar de presentación no debe ocasionar la imposibilidad de defensa del gobernado.
• Ciertamente, contrario a lo resuelto por la a quo, el juicio de amparo fue promovido dentro del término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa se ostentó sabedora del oficio reclamado el veinticinco de mayo de dos mil once, surtiendo efectos al día siguiente hábil, por lo que el término para promover el amparo, comenzó a correr del veintisiete de mayo al dieciséis de junio, ambos de dos mil once; por tanto, si la demanda se presentó el quince de junio de dos mil once ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa, ésta es oportuna.
16. Por otro lado, el referido Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo **********, determinó conceder el amparo a la quejosa, por considerar que, contrario a lo determinado por la responsable, la resolución reclamada sí constituía una resolución definitiva, por lo que resultaba procedente el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos 14, fracciones XI y XV, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 16 y 17 constitucionales, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha conclusión la sostuvo en las siguientes consideraciones:
• El derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, se entiende, fundamentalmente, como la prerrogativa a favor de los gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte en un proceso en que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas, observando siempre la satisfacción de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
• Este derecho también se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la interpretación que ha hecho de este numeral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para la satisfacción de la prerrogativa de acceso a la justicia no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo, es decir, debe ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada.
• En otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida.
De lo anterior puede concluirse válidamente que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia; esto es, evitar que por meros formalismos o tecnicismos no razonables se impida el acceso a un tribunal que dirima la controversia.
• A partir de lo anterior, se sostuvo que contra la resolución contenida en el oficio **********, suscrita por la subdirectora divisional de Marcas Notorias, Investigación, Control y Procesamiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la que se le imponen diversas medidas provisionales, sí es procedente el juicio contencioso administrativo.
• Lo anterior porque, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. Por tanto, si la ley de la materia no establece un recurso idóneo para controvertir la determinación de la imposición de las medidas cautelares, es indudable que se actualiza el supuesto de la norma.
• No es óbice a lo anterior los artículos 199 BIS a 199 BIS 5, de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la exhibición de una contrafianza, a efecto de conseguir el levantamiento de la medida cautelar y la posibilidad de hacer observaciones en contra de éstas, no pueden considerarse como un recurso, en tanto que no son atinentes a que la autoridad revise la legalidad de su acto.
Adoptar un criterio distinto significaría violentar, en perjuicio de la quejosa, la garantía de acceso a la administración de justicia, desatendiendo a la obligación, por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso o medio de control jurisdiccional capaz de producir resultados o respuestas, y tener plena eficacia restitutiva ante la violación de derechos alegada.
C. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo **********.
17. Resolvió negar el amparo al quejoso en contra del acto reclamado a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la sentencia dictada en el recurso de reclamación promovido en contra del acuerdo en que el Magistrado instructor de dicha Sala desechó por notoriamente improcedente la demanda de nulidad, en la que el acto impugnado consistió en un oficio emitido por el subdirector general de Administración de la Comisión Nacional del Agua, en el que se le comunica al quejoso que no procede su petición de reinstalarlo en el cargo de subge
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25950-c0770b97/acceso-a-la-justicia-supuesto-en-que-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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