RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA TRAMITADA EN LA VÍA ORDINARIA, POR CAMBIO DE VÍA. DEBE INTERPONERSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. DISIDENTES: GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. PONENTE: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL. SECRETARIA: PERLA FABIOLA ESTRADA AYALA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa que integran el Primer Circuito.
No pasa inadvertido que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, dispone:
"Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Plenos de Circuito para:
"I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer."
De lo anterior se advierte que los Plenos de Circuito son competentes para resolver contradicciones de tesis "de jurisprudencia" que se susciten entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente, no así respecto de los criterios aislados sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el caso.
Sin embargo, este Pleno de Circuito estima que dicha disposición debe interpretarse armónica y sistemáticamente con lo dispuesto en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 107 constitucional y en el artículo 225 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."
Los preceptos transcritos disponen que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias o discrepantes, los Plenos del Circuito correspondiente decidirán el que deba prevalecer como jurisprudencia; por lo que dichos preceptos no limitan las facultades decisorias de los Plenos a dirimir criterios aislados divergentes sustentados por los Tribunales Colegiados de los respectivos circuitos en los asuntos sometidos a su potestad.
Estimar lo contrario impediría abordar el estudio de temas sustentados en criterios aislados, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos.
Son aplicables a lo anterior, en lo conducente y por las razones que lo informan, las jurisprudencias 27/2001 y 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 77 y Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, respectivamente, que dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado supuestos jurídicos esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas, respecto a la resolución de la controversia planteada.
Existirá contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
CUARTO.-Para determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, es menester transcribir, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones emitidas por los tribunales contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de cinco de marzo de dos mil quince, determinó:
"QUINTO.-Con el propósito de dar solución al único concepto de violación planteado por la quejosa, es conveniente informar respecto de los antecedentes relevantes del asunto, así como de las consideraciones que dan sustento al acto reclamado.
"Por escrito recibido el dos de septiembre de dos mil catorce en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la quejosa demandó la nulidad de la resolución de treinta de mayo de dos mil catorce, contenida en el oficio **********, a través de la cual, el subdelegado 2 Santa María la Ribera de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social determinó a su cargo un crédito fiscal por la cantidad total de **********, por concepto de omisión en el pago de cuotas obrero patronales.
"Dicha demanda fue turnada a la Magistrada instructora de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien la registró bajo el expediente ********** y, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, la desechó por extemporánea, con fundamento en los artículos 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 38, fracción I, de la ley orgánica del citado tribunal (folio 112 del expediente relativo al juicio de nulidad).
"Lo anterior, sobre la base de que son aplicables las normas que rigen la vía sumaria, por lo que el plazo con que contaba la actora para instar la acción anulatoria era de quince días, el cual, transcurrió del doce de junio al dos de julio de dos mil catorce; de ahí que si la demanda se presentó el dos de septiembre de ese año, su promoción fue extemporánea.
"Para controvertir esa determinación, por escrito recibido el catorce de octubre de dos mil catorce en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la quejosa interpuso recurso de reclamación, atendiendo al plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que, en su concepto, son aplicables a la controversia las disposiciones atinentes al juicio de nulidad seguido en la vía ordinaria y no en la sumaria.
"El recurso de reclamación fue desechado por extemporáneo, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil catorce, pues el tribunal responsable consideró que el plazo aplicable para la interposición de ese medio de defensa es el de cinco días dispuesto en el artículo 58-8 del ordenamiento legal citado, es decir, el correspondiente a la vía sumaria, en razón de que el monto de las resoluciones controvertidas no excede de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año (foja 121 del expediente del juicio de nulidad).
"En el único concepto de violación, la quejosa alega que los desechamientos, tanto del escrito inicial como del recurso interpuesto en su contra, son contrarios a las garantías contenidas en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con lo previsto en el diverso 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
"Explica que la juzgadora omitió considerar en forma correcta los hechos que motivaron la demanda de nulidad, pues de lo contrario habría advertido que contaba con un plazo inicial de cuarenta y cinco días para la promoción del juicio; máxime que en la propia resolución impugnada la autoridad administrativa precisó que ése era el lapso aplicable para controvertirla mediante el juicio de nulidad federal.
"Agrega que el tribunal responsable debió atender al contenido del acto combatido, pues la indicación que la autoridad efectuó, respecto del plazo con el que se contaba para la promoción del juicio en su contra, fue en cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cuya finalidad consiste en esclarecer los plazos y proporcionar a los justiciables toda la información necesaria para la defensa de sus derechos.
"La lectura de los argumentos planteados por la quejosa pone de manifiesto que el agravio del que se duele, consiste en que, en su opinión, no cobran aplicación las reglas del juicio de nulidad en la vía sumaria y que, por tanto, no se debieron desechar el recurso de reclamación ni la demanda de nulidad.
"Como se dijo, en el proveído reclamado el tribunal responsable determinó la extemporaneidad del recurso de reclamación dado que fue interpuesto fuera del plazo previsto en las reglas que rigen la tramitación del juicio de nulidad en la vía sumaria.
"Con el propósito de dar el tratamiento que corresponde a este asunto, conviene dar noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio en el sentido de que no es factible determinar la improcedencia del juicio de amparo con sustento en razones, cuyo examen implique pronunciarse sobre el fondo de la controversia sometida al conocimiento del órgano judicial.
"Dicho razonamiento está contenido en la jurisprudencia P./J. 35/2001, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, página 5, que establece:
"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe)
"El criterio que rige la jurisprudencia transcrita puede aplicarse por analogía al caso para darle solución, ya que, como se dijo, el tribunal responsable determinó la improcedencia del recurso de reclamación interpuesto contra el desechamiento de la demanda de nulidad con sustento en que se hizo valer fuera del plazo previsto en el artículo 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo que la aplicación de los preceptos que regulan la vía sumaria y, por ende, la sujeción a los plazos que le son propios, es precisamente el tema que refutó la parte actora mediante ese recurso.
"Esto es, al decidir la Sala que la reclamación resulta improcedente, porque fue interpuesta fuera del plazo que para tal fin prevén las reglas del juicio sumario, implícitamente definió la materia de fondo del propio recurso, sin ocuparse de los agravios que al efecto planteó la actora, lo cual, en términos del criterio jurisprudencial transcrito, es indebido.
"El razonamiento del tribunal constituye el vicio argumentativo denominado ‘petición de principio’, cuya nota distintiva consiste en emplear como premisa inicial (la oportunidad del recurso de reclamación se rige por las reglas relativas la vía sumaria) aquello que será objeto de demostración en la conclusión (determinar si son o no aplicables las normas atinentes a la vía sumaria).
"Así, la responsable no debió establecer la improcedencia del recurso de reclamación a la luz de las disposiciones que regulan la vía sumaria del juicio de nulidad, pues definir si son aplicables o no a la controversia, constituye la materia de fondo de dicho recurso.
"Se robustece la determinación anterior por el hecho de que el argumento fundamental que hizo valer la demandante, al interponer el citado recurso de reclamación fue, precisamente, que el asunto no se ubica en los supuestos de procedencia de la vía sumaria y que, por ende, el plazo con el que contaba para promover el juicio contencioso administrativo es el de cuarenta y cinco días a que se refiere el artículo 13, y no el de quince previsto en el diverso 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"En estas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, cuya consecuencia inmediata y directa es la ineficacia jurídica de la resolución reclamada, debiendo la Sala responsable emitir otra en que estime presentado en tiempo el recurso de reclamación que hizo valer aquélla y, con libertad de jurisdicción, analice y resuelva los agravios propuestos en ese medio de defensa. ..."
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, consideró:
"SÉPTIMO.-Superados los temas de constitucionalidad, procede analizar los tópicos de legalidad propuestos en la demanda de amparo.
"Alega la quejosa, en el primer concepto de violación, medularmente, que el desechamiento del recurso de reclamación contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por indebida fundamentación y motivación, sobre la base de que, previo a determinar que el recurso debió interponerse dentro de los cinco días a que alude el artículo 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, por corresponder a un asunto tramitado en la vía sumaria, la responsable debió analizar si resultaba procedente el juicio en dicha vía o no.
"Añade que, en el acuerdo de desechamiento del recurso, se aplicó idéntico razonamiento que el que sustenta el desechamiento de la demanda de nulidad, dado que únicamente se señaló que el asunto debía ser tramitado en la vía sumaria, motivo por el cual, tanto la demanda como el medio de impugnación, fueron considerados extemporáneos, sin analizar si efectivamente procedía tal vía sumaria o la ordinaria.
"...
"Argumenta que la responsable soslayó que en el escrito de agravios del recurso de reclamación demostró que la demanda de nulidad promovida procedía en la vía sumaria, porque el acto combatido no actualiza las hipótesis de los artículos 58-2 y 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, motivo por el cual, el plazo para la promoción era de cuarenta y cinco días, previsto en el numeral 13 de dicha ley, y no de quince días.
"...
"Para el examen del argumento anterior, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: (se transcribe).
"Conforme al numeral anterior, el juicio de nulidad procede en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas, cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión.
"Esa disposición establece que cuando un solo acto contenga más de una resolución de las establecidas en las diversas fracciones del artículo, no se acumulará el monto de cada una para efectos de determinar la procedencia del juicio sumario, es decir, si en un acto se imponen diversas sanciones en contra del cual procede el juicio sumario, no es posible sumar su cuantía para definir si se debe tramitar en la vía sumaria.
"En efecto, al interpretar el citado numeral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la resolución administrativa impugnada se impone una o varias multas, cuyo importe, en lo individual, no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, procede el juicio de nulidad en la vía sumaria, porque los asuntos donde el tema central es la legalidad de la imposición de multas no representa mayor complejidad.
"En otras palabras, el Alto Tribunal resolvió que para determinar la procedencia de la vía sumaria en el juicio contencioso administrativo federal, tratándose de resoluciones que impongan sanciones por infracción a las normas administrativas federales, debe tomarse en consideración el importe individual de cada multa.
"Las explicaciones anteriores encuentran sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 169/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, página 1223, que establece:
"‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE SE IMPONGAN MULTAS Y SE APERCIBA AL INFRACTOR DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON LAS NORMAS VIOLADAS SE LE CONSIDERARÁ REINCIDENTE.’ (se transcribe)
"De la demanda de nulidad se desprende que el acto administrativo impugnado fue la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil doce, contenida en el oficio **********, en el que el director de apoyo legal de la Secretaría de Energía impuso a la quejosa sesenta multas, en cantidad total de **********.
"La Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien correspondió conocer del asunto, admitió la demanda y la registró con el número **********.
"La autoridad demandada promovió incidente de incompetencia por materia, resuelto el diez de octubre de dos mil trece por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de considerar fundada la incidencia y competente por razón de materia a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del aludido tribunal para conocer del asunto.
"En proveído de cuatro de diciembre de dos mil trece, el Magistrado instructor de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señaló que su similar de la Segunda Sala Regional del Noreste admitió a trámite la demanda, omitiendo considerar que en la resolución impugnada la autoridad demandada impuso a la promovente sesenta multas en cantidad de **********.
"Añadió que la primera multa era por la cantidad de **********, monto que no rebasaba la cuantía establecida en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que dicho artículo, en su penúltimo párrafo, preveía que: ‘... Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la vía. ...’ (folio 552)
"En ese sentido, explicó que, como el siete de noviembre de dos de mil doce, se notificó a la promovente la resolución de multa, entonces, a la fecha de presentación de la demanda, veintiocho de enero de dos mil doce, había transcurrido con exceso el plazo de quince días para la promoción del juicio de nulidad en la vía sumaria, razón por la cual, desechó la demanda, por considerarla extemporánea.
"Señaló que: ‘... lo procedente era impugnar la resolución en cuestión por la vía sumaria, cuyo plazo para hacerlo ha fenecido; por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se regulariza el procedimiento en el presente juicio y con fundamento en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 38, fracción I, de la ley orgánica de este tribunal, se desecha la demanda por notoriamente extemporánea. ...’
"Inconforme, ********** interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de cuatro de diciembre referido. El medio de impugnación fue desechado mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, en que el Magistrado instructor de la responsable estimó que su presentación fue extemporánea.
"Con la explicación de que el acuerdo recurrido se notificó el veintidós de enero de dos mil catorce, por lo que el plazo para su interposición, en términos del artículo 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, era de cinco días siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación.
"La síntesis precedente da noticia, en primer término, de que es jurídicamente ineficaz lo alegado, respecto de que el Magistrado instructor responsable soslayó que la demanda de nulidad había sido admitida, pues en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil trece, puntualmente indicó que procedía regularizar el procedimiento para desechar la demanda por extemporánea, dado que el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional del Noreste omitió considerar que la vía para impugnar el acto administrativo era la vía sumaria.
"Esto es, el Magistrado no soslayó que la demanda había sido admitida, porque en el mencionado acuerdo determinó regularizar el procedimiento respecto de la admisión a trámite decretada por la Segunda Sala Regional del Noreste y, como resultado de dicha regularización, es que se desechó la demanda de nulidad, por considerar su promoción extemporánea.
"También es útil la relación de antecedentes para advertir que, al desechar el recurso de reclamación que se interpuso contra el auto que desechó la demanda de nulidad, el Magistrado responsable dio por sentado que la entonces actora no cuestionaba la determinación de que la vía sumaria era la idónea, aun cuando ese tema era materia de debate, al haber sido controvertido en el recurso de reclamación interpuesto; sin embargo, tal argumento adolece de ineficacia jurídica, habida cuenta que de la revisión a las constancias se conoce que la vía sumaria sí era la idónea.
"Para corroborar lo antedicho, se recuerda que en la resolución impugnada, dictada el veinticuatro de octubre de dos mil doce, se impusieron sesenta multas en cantidad total de **********, lo que pone de relieve que cada multa, en lo individual, fue por el monto de **********.
"Por ello, la cuantía de cada una de las multas no excede de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, al momento de su emisión, en virtud de que para el año del dos mil doce el salario mínimo fue de $62.33 (sesenta y dos pesos, treinta y tres centavos), que multiplicado por dicho número de veces y elevado al año arroja como resultado la cantidad de **********.
"Además, contrario a lo que el quejoso pretende hacer ver, para determinar la cuantía del asunto no se debe sumar el importe de todas las multas que se determinaron, pues conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que debe tomarse en consideración el importe individual de cada multa.
"Criterio que, además, encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.I.A. J/18 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, publicada (sic) el viernes 5 de septiembre de 2014, con rubro y texto:
"‘JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA. ALCANCE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE P
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25828-d555bc4f/recurso-de-reclamacion-contra-el-desechamiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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