PROCEDENCIA DE LA VÍA EN LA QUE SE TRAMITA UN ASUNTO DE NATURALEZA CIVIL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO PUEDE ANALIZARLA OFICIOSAMENTE EN EL AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 116/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México en sesión de siete de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 116/2024, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto y Noveno, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.
2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe o no la contradicción de criterios y, en caso de ser así, determinar si la procedencia de la vía, puede ser analizada de oficio en la vía de amparo directo.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 093, el Magistrado Presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 133/2022 y el órgano colegiado oficiante al resolver el juicio de amparo directo 718/2023.
4. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de presidencia de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio referido, se admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, se ordenó su registro con el expediente 116/2024, y su turno a la ponencia que correspondiera.
5. En el mismo auto, se solicitó a los Tribunales contendientes que informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.
6. Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional, tuvo por recibido el oficio 098, por el que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hizo del conocimiento la puesta a disposición del expediente electrónico del asunto relacionado con la presente contradicción, e informó que el criterio sostenido en el juicio de amparo directo 718/2023, se encontraba vigente.
7. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/377/04/2024 de quince de abril anterior, por el que la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, informó a este Pleno, que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
8. En auto de diez de junio ulterior, se tuvo al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, informando que el criterio sostenido en el juicio de amparo directo 718/2023 sigue vigente, asimismo, puso a disposición la versión electrónica de dicho asunto, en el mismo proveído, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que la contradicción se suscitó entre los Tribunales Colegiados Quinto y Noveno, ambos en Materia Civil del Primer Circuito; de ahí que se comprenden en las materias y territorio asignados a este Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el Magistrado Presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano contendiente en la presente contradicción de criterios.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
12. Primer criterio contendiente. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conoció del juicio de amparo directo 133/2022.
13. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
14. Demanda inicial. Una persona física demandó en la vía ejecutiva mercantil a una persona moral el pago de cierta cantidad por concepto de suerte principal, así como el pago de otra cantidad por concepto de interés por mora mensual por incumplimiento, y el pago de gastos y costas que generara el juicio hasta su terminación.
15. Trámite de la demanda inicial. El conocimiento de dicho asunto correspondió al Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que previa aclaración, por auto de siete de septiembre de dos mil veinte, la admitió a trámite, requirió a la demandada el pago inmediato de la cantidad reclamada y sus accesorios, o en su caso, se le embargarían bienes suficientes para cubrir dichos conceptos y ordenó emplazarlo a juicio.
16. Contestación. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el apoderado de la parte demandada contestó la demanda, se refirió a los hechos conforme a sus intereses convino, objetó documentos, opuso excepciones y defensas -entre otras, la improcedencia de la vía-, y ofreció pruebas; y en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la enjuiciada dando contestación a la demanda entablada en su contra.
17. Excepción de improcedencia de la vía. Por resolución interlocutoria de dos de julio de dos mil veintiuno, la jueza del conocimiento declaró improcedente la excepción de la improcedencia de la vía que opuso la parte demandada.
18. Sentencia de primera instancia. Seguidas las etapas procesales, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el juez del conocimiento resolvió: 1) que había sido procedente la vía ejecutiva mercantil en la que el actor no acreditó los presupuestos pactados acerca de la exigibilidad en una sola exhibición del pagaré suscrito por la demandada inserto en el Contrato de Reconocimiento de Prestación de Servicios; 2) Dejó a salvo los derechos al actor para que los hiciera valer en la vía y forma que en derecho proceda; 3) ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que descongelara las cuentas que le fueron embargadas a la demandada, lo cual debería ser realizado una vez que causara ejecutoria dicha sentencia y 4) No se hizo especial condena en costas.
19. Recurso de Apelación. Inconformes con dicha determinación ambas partes interpusieron recursos de apelación, además, la demandada interpuso apelación adhesiva, los cuales fueron resueltos por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el que resolvió: 1) infundado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en la misma medida, el recurso de apelación adhesiva interpuesto por la demandada, y parcialmente fundado el recurso de apelación de la parte demandada; 2) modificó única y exclusivamente el punto resolutivo cuarto de la sentencia de primera instancia, para quedar de la siguiente manera: “CUARTO.- Se condena a la parte actora al pago de las costas procesales generadas en esta primera instancia.”
20. Tramite del juicio de amparo. Inconforme con dicha resolución, la demandada promovió amparo directo mediante tres escritos, de la que por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y seguida la secuela procesal correspondiente, en sesión de trece de mayo de dos mil veintidós, el órgano colegiado por unanimidad de votos, resolvió en el juicio de amparo 133/2022, conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado.
Cuestiones jurídicas
• En la parte que interesa, el tribunal colegiado declaró fundados los argumentos vertidos por la quejosa, respecto a que el pagaré base de la acción, carece de uno de los requisitos a efecto de que pueda considerarse título ejecutivo, para que hubiere sido procedente la vía intentada.
• Como premisa inicial, el colegiado consideró que los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del amparo directo, pueden analizar oficiosamente la idoneidad de la vía en la que se sustanció el juicio natural, en virtud de que los juzgadores de amparo son los principales garantes de los derechos fundamentales en el sistema jurisdiccional, por lo que sus facultades no podrían ser inferiores a las de los tribunales comunes para analizar ex officio la regularidad constitucional del proceso de origen y advertir la ausencia de las condiciones mínimas exigidas en la Constitución Federal para resolver válidamente el fondo del asunto.
• Y citó como aplicable la jurisprudencia XXVII.3o. J/31 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2516, de rubro y texto:
“PROCEDENCIA DE LA VÍA. AL CONSTITUIR UN PRESUPUESTO PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, INDISPONIBLE E INSUBSANABLE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL AMPARO DIRECTO PUEDE ANALIZAR OFICIOSAMENTE SU IDONEIDAD EN EL JUICIO DE ORIGEN. El encauzamiento del proceso por la vía correcta tiene como finalidad respetar los derechos de seguridad jurídica y de tutela jurisdiccional efectiva previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los cuales las pretensiones litigiosas de los gobernados sólo pueden dirimirse mediante procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes. Por ello, la procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal de orden público, indisponible e insubsanable, es decir, se trata de una condición indispensable para iniciar, tramitar y fallar válidamente un juicio; requisito cuya ausencia no puede ser convalidada mediante el consentimiento tácito o expreso de los justiciables. Considerando lo anterior, en las jurisprudencias 1a./J. 25/2005 y 1a./J. 56/2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los juzgadores ordinarios de primera y segunda instancias deben analizar oficiosamente la procedencia de la vía, incluso, en juicios regidos por el principio dispositivo. Ahora bien, por mayoría de razón, se infiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del amparo directo, también pueden analizar oficiosamente la idoneidad de la vía en la que se sustanció el juicio natural, ya que los juzgadores de amparo son los principales garantes de los derechos fundamentales en nuestro sistema jurisdiccional, por lo que sus facultades no podrían ser inferiores a las de los tribunales comunes para analizar ex officio la regularidad constitucional del proceso de origen y advertir la ausencia de las condiciones mínimas exigidas en la Constitución Federal para resolver válidamente el fondo de ese asunto.”
• También refirió que de los artículos 1391, fracción II del Código de Comercio, 5 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se desprende la procedencia del procedimiento ejecutivo y los requisitos del pagaré, de los que destacó la época de pago, además, señaló que la acción cambiaria para lograr el cumplimiento de las obligaciones consignadas en un título de crédito debe ejercerse en la vía ejecutiva mercantil, la cual es un presupuesto procesal.
• Entonces, explicó que en el caso que analizó, el pagaré base de la acción en cuanto a su exigibilidad, está constituido sustancialmente por una declaración que está sujeta a una condición consistente, en la revocación de un poder al actor en diverso juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil de esta ciudad; por lo que consideró que, sujetar la exigibilidad del pagaré a una cuestión comprobable ajena y exógena a la literalidad y autonomía del propio título de crédito, hace que tal documento carezca del requisito previsto en el artículo 170, fracción IV, de la Ley General de Título y Operaciones de Crédito, para que se considere que éste es un título que trae aparejada ejecución y que por ello, su cumplimiento puede ser reclamado en la vía ejecutiva mercantil.
• Puntualizó que no soslayaba que la excepción de improcedencia de la vía, se declaró improcedente mediante resolución interlocutoria dictada por la jueza natural, determinación confirmada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, la cual no fue combatida como violación procesal por la quejosa.
• Sin embargo, el tribunal colegiado consideró que tanto en primera como en segunda instancia, no hubo un pronunciamiento exhaustivo respecto a la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, tomando en cuenta los requisitos legales previstos en el artículo 170 de la Ley General de Título y Operaciones de Crédito, entre ellos, la fracción IV, que debe contener el pagaré base de la acción, relativa al vencimiento y exigibilidad del título de crédito, ya que era necesario que al analizar la procedencia de la vía intentada, se estudiaran aspectos relativos a la eficacia del pagaré, porque en términos de la interlocutoria de la sala responsable, tal aspecto se dejó para la decisión del fondo del asunto.
• En consecuencia, el tribunal colegiado concedió la protección constitucional a efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada; reiterara las consideraciones que no se estimaron ilegales, y en su lugar dictara otra, en la que determinara que el pagaré base de la acción carece del requisito de exigibilidad en razón de que su vencimiento está sujeto a una condición lo que es contrario a la literalidad y autonomía del título de crédito, por lo que no podía considerarse título que traiga aparejada ejecución, y por ende, la vía ejecutiva mercantil no es la idónea, concesión de amparo que hizo extensiva a los actos de ejecución.
• Del criterio anterior derivó la tesis aislada I.5o.C.41 C (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo IV, página 3647, de registro 2025924, de rubro y texto siguientes:
“IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. AL TRATARSE DE UN PRESUPUESTO PROCESAL, PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, A PESAR DE HABER SIDO RESUELTA EN AMBAS INSTANCIAS, CUANDO EL ESTUDIO PREVIO NO SE ABORDÓ DE MANERA PROFUSA, POR CONSIDERARSE QUE ATAÑE A CUESTIONES DE FONDO RELACIONADAS CON LOS REQUISITOS DE UN TÍTULO DE CRÉDITO.
Hechos: Durante la secuela procesal de un juicio ejecutivo mercantil, la parte demandada opuso la excepción de improcedencia de la vía, sustentada en que el pagaré base de la acción estaba sujeto a la condición de que se revocara al actor en un diverso juicio, lo que consideró contrario a la literalidad, autonomía y abstracción del título de crédito. La excepción fue resuelta en el juicio de origen en el sentido de declararla improcedente, porque desde la demanda se hizo referencia al contrato, siendo que el pagaré no pierde su carácter de título ejecutivo por esa cuestión; contra lo anterior, la demandada interpuso el recurso de apelación, en el que se confirmó la improcedencia; sin embargo, señaló que los argumentos de la apelante consistentes en que los requisitos de existencia del pagaré, así como que éste no debe estar sujeto a algún tipo de condición que no le permitan literalidad, autonomía y abstracción, eran cuestiones de fondo que debían ser analizadas en la sentencia definitiva; en la demanda de amparo no se combatió esta violación procesal.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil, al tratarse de un presupuesto procesal, puede analizarse de oficio en el juicio de amparo directo, a pesar de que fue una cuestión resuelta en ambas instancias, cuando el estudio previo no se abordó de manera profusa, por considerarse que atañe a cuestiones de fondo relacionadas con los requisitos de un título de crédito.
Justificación: Lo anterior, porque la procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal de orden público, indisponible e insubsanable, la cual constituye un requisito cuya ausencia no puede ser convalidada mediante el consentimiento tácito o expreso de los justiciables. Así, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. Por tanto, tratándose de la vía ejecutiva mercantil, es posible analizarla en el juicio de amparo directo, cuando previamente no se estudió profusamente porque entraña cuestiones de fondo, por ejemplo, determinar si el título de crédito cumple o no algún requisito previsto en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de lo contrario, se soslayarían las normas procesales que son de orden público.”
21. Segundo criterio contendiente. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del juicio de amparo directo 718/2023.
22. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
23. Demanda inicial. Una persona moral demandó en la vía oral civil, a un Municipio el cumplimiento de un convenio de afiliación como “****** ** *******”, el pago de cierta cantidad por concepto de enteros retenidos y no enterados a la actora como suerte principal, correspondientes a los periodos que precisó, pago de intereses moratorios, pago por concepto del impuesto al valor agregado calculados sobre los intereses moratorios y gastos de cobranza, intereses por concepto de gastos de cobranza, entre otros. 24. Trámite de la demanda inicial. El conocimiento de dicho asunto correspondió al Juzgado Vigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien formó el expediente y previo desahogo, admitió a trámite la demanda, ordenó correr traslado y emplazar al demandado. En diligencia de seis de diciembre de dos mil veintidós, se emplazó personalmente al demandado Municipio en el domicilio que para tales efectos aportó la parte actora.
25. Contestación de demanda. El veinte de enero de dos mil veintitrés, el Municipio demandado contestó la demanda, sin embargo, el juzgado del conocimiento se reservó proveer lo conducente hasta en tanto se contara con la constancia del emplazamiento de la demandada. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero ulterior, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la demandada y por precluido su derecho para contestar la demanda; asimismo, se fijó fecha para la celebración de la audiencia preliminar.
26. Audiencia Preliminar. La citada audiencia se celebró el diez de marzo de dos mil veintitrés, con la comparecencia de la parte actora no así de la demandada; se llevó a cabo la depuración del procedimiento; conciliación y/o mediación; fijación de hechos no controvertidos; fijación de acuerdos probatorios; admisión de pruebas; se citó para audiencia de juicio; se impuso a la demandada una multa por su inasistencia y se dio por terminada la audiencia.
27. Acta de Audiencia de Juicio. El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de juicio, comparecieron ambas partes; se desahogaron pruebas, se formularon alegatos; se expusieron oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia, así como los puntos resolutivos.
28. Sentencia definitiva. En esa data, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró procedente la vía oral civil, donde la parte actora no acreditó su acción y la demandada se constituyó en rebeldía; se absolvió a la demandada de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas y no se hizo condena en costas.
29. Demanda de amparo directo. Inconforme con dicha determinación la actora promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, resolvió negar el amparo solicitado.
Cuestiones jurídicas
• En la consideración SEXTA, intitulada “Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado”, declaró infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, porque consideró que era ajustado a derecho que el juez responsable declarara improcedente la acción de cumplimiento de convenio de afiliación para el cobro de los créditos otorgados a trabajadores, por las consideraciones ahí plasmadas.
• En el siguiente considerando denominado “Contradicción de tesis”, el tribunal colegiado puntualizó que no inadvertía que la vía en que se tramitó la acción fue la vía oral civil, y que tampoco pasaba por alto la existencia de la tesis PC.I.C. J/25 C (10a.), emitida por el extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la que se establece que la acción ejercida por la parte actora debió seguirse en la vía mercantil, de título y contenido siguiente:
“CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y ESTOS ÚLTIMOS. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE AQUÉL DEBEN DIRIMIRSE EN LA VÍA MERCANTIL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 1, 5, 8 y 9 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se advierte que el instituto indicado es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autosuficiencia presupuestal y tiene como objeto promover el ahorro de los trabajadores y otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios; además, su actuación debe apegarse a los criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, debiendo mantener en sus operaciones, prácticas de buen gobierno y mejora continua, quedando sujeto, entre otras, a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Asimismo, tiene la facultad de celebrar los actos o contratos relacionados directa o indirectamente con su objeto, entre los que se encuentran, garantizar los créditos que otorgue en beneficio de los trabajadores, otorgarles financiamiento para la adquisición de bienes y pago de servicios, garantizar esas adquisiciones y pagos, realizar operaciones de descuento, así como ceder, negociar y afectar los derechos de crédito a su favor y, en su caso, los títulos de crédito y documentos, respecto de los financiamientos que otorga. En esa medida, dicho instituto está facultado para celebrar contratos de naturaleza mercantil con el fin de cumplir con su misión pues, por una parte, otorga financiamiento en favor de los trabajadores para la adquisición de bienes y pago de servicios y, de manera paralela o concomitante, garantiza dichas adquisiciones y pagos para no perder el soporte financiero necesario que requiere y cumplir con sus propósitos. Con base en lo anterior, no está imposibilitado para celebrar actos de comercio, máxime que el segundo párrafo del artículo 5 referido, permite que las operaciones y los servicios del instituto se regulen por diversas legislaciones, como es la mercantil. Por otra parte, en la fracción XXIV del artículo 75 del Código de Comercio, se catalogan como actos de comercio a las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de ahí que el contrato de crédito a que alude el artículo 291 de ésta, constituye un acto de comercio. En esa tesitura, conforme al numeral 1049 del Código de Comercio, cualquier cuestión relativa a esos contratos debe ventilarse a través del juicio mercantil, sin que en ese supuesto sea relevante que para una de las partes que interviene, el acto jurídico tenga naturaleza comercial y para la otra, civil, ya que la controversia que derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, por así colegirse del artículo 1050 del código en comento.”
• Sin embargo, señaló que dado que no existe concepto de violación al respecto, estimó innecesario hacer el respectivo análisis, por lo que procedió al estudio de fondo de la litis constitucional, ya que el análisis oficioso de los presupuestos procesales sólo corresponde al Juez de Primera Instancia o al tribunal de apelación, acorde con la tesis de ese tribunal Colegiado de rubro y texto:
“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, AUN EN LA SEGUNDA INSTANCIA, EN LOS ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La interpretación sistemática de los artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal lleva a considerar que la vía es un presupuesto procesal, examinable de oficio por el Juez de primera de instancia y por el tribunal de apelación, en idénticas circunstancias, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 56/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 347, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL."; y si bien dicho criterio se refiere a la materia mercantil, es aplicable a la materia civil, pues los artículos 1336 y 1337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que analiza la ejecutoria, son de similar redacción a los referidos numerales del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y el examen del presupuesto procesal correspondiente a la vía, se rige por los mismos principios en los juicios mercantiles y en los de materia civil, por regla general.”.
[Tesis aislada I.9o.C.3 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4578, Registro digital: 2000127]
• Así como con la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 56/2009 de rubro: “PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL.”
• Esto es, explicó, el análisis oficioso de la procedencia de la vía solo corresponde a las autoridades de instancia y no al Tribunal Colegiado de Circuito, dado que no está obligado a verificar la satisfacción de todos los presupuestos procesales (personalidad, competencia, entre otros) ni aun en suplencia de la queja deficiente ya que no es una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso, pues en el caso consintió la vía en que se tramitó y resolvió el procedimiento al no inconformarse con esa determinación en los conceptos de violación.
• Por tanto, concluyó que no comparte la tesis aislada I.5o.C.41 C (11a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ya citada con anterioridad en la referencia al primer criterio contendiente, de título: “IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. AL TRATARSE DE UN PRESUPUESTO PROCESAL, PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, A PESAR DE HABER SIDO RESUELTA EN AMBAS INSTANCIAS, CUANDO EL ESTUDIO PREVIO NO SE ABORDÓ DE MANERA PROFUSA, POR CONSIDERARSE QUE ATAÑE A CUESTIONES DE FONDO RELACIONADAS CON LOS REQUISITOS DE UN TÍTULO DE CRÉDITO.”
• Así, consideró necesario realizar la denuncia de una posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional.
V
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32939-2da53573/procedencia-de-la-via-en-la-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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