JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUZGADOR NO PUEDE ANALIZAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DERIVADA DE UN TÍTULO DE CRÉDITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2015. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 28 DE OCTUBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema de materia civil, que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.
Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, pues en el caso, fue realizada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, para lo cual, es necesario analizar las ejecutorias que participan en ésta.
I. El doce de marzo de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo 67/2015, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil, mediante la acción cambiaria directa, a **********, las siguientes prestaciones:
a. El pago de $********** (********** pesos ********** M.N.) como suerte principal.
b. El pago de $********** (********** pesos ********** M.N.), importe del 20% (veinte por ciento) por indemnización del cheque librado en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
c. El pago de los gastos y costas que se originen con el juicio.
2. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Trigésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, quien admitió la demanda y, posteriormente, previa solicitud de la actora, tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado, al no haber dado contestación a la demanda, y por precluido su derecho para hacerlo; y una vez seguidos los trámites procesales correspondientes, dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la vía, que la actora probó su acción y el demandado se constituyó en rebeldía, por lo que condenó a este último al pago de las prestaciones demandadas.
3. Inconforme con dicha resolución, el demandado promovió recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien dictó sentencia en la que confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas en ambas instancias.
4. En contra de esa sentencia, el demandado promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (DC. **********), el cual, en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, resolvió conceder el amparo al quejoso para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, se dictara otra en la que la Sala determinara que la acción cambiaria directa prescribió y resolviera lo demás con plenitud de jurisdicción.
5. En cumplimiento a esa ejecutoria, la Sala emitió una nueva sentencia en la que resolvió fundados los agravios del demandado y, en consecuencia, revocó la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil de origen.
6. Inconforme con esa determinación, la actora en el juicio ejecutivo mercantil promovió juicio de amparo directo (DC. 67/2015), del que nuevamente conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió negar el amparo a la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:
• Son inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, relativos a la prescripción de la acción cambiaria directa ejercida en el juicio natural, puesto que constituyen argumentos que ya fueron analizados en el juicio de amparo directo **********, expediente que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o., por lo que las determinaciones vertidas en el mismo constituyen cosa juzgada, al haber quedado firmes.
• Máxime que la sentencia impugnada en este juicio se emitió en cumplimiento de lo resuelto en el referido juicio de amparo y, en ese sentido, se determinó que la acción cambiaria directa prescribió por haber transcurrido en exceso el término de seis meses establecido en el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Por otra parte, son infundados los argumentos en los que la quejosa adujo que se debió analizar que el demandado (apelante) en ningún momento hizo valer, vía excepción, la prescripción de la acción, y que del acta levantada en el emplazamiento se advierte que con quien se entendió la diligencia no señaló bienes, pero tampoco negó el adeudo; asimismo, que se declaró en rebeldía, al no contestar la demanda, obligándose al pago reclamado, al no objetar en tiempo el documento base de la acción ni hacer prueba para ello, de los agravios expresados por el apelante, además que la Sala no podía determinar de oficio la prescripción del título de crédito, en virtud de que el Tribunal Colegiado sólo emitió un lineamiento respecto del análisis de los elementos del proceso y, entonces, debió confirmar la resolución impugnada.
• Lo anterior, pues si bien es cierto que el demandado no planteó como excepción la prescripción de la acción cambiaria directa del título de crédito base de la acción, porque no dio contestación a la demanda, en virtud de que no fue emplazado, lo cierto es que compareció al juicio una vez que se enteró del dictado de la sentencia definitiva; por lo que sólo tuvo oportunidad de hacer valer vía agravio la referida prescripción.
• En ese contexto, la Sala no analizó de oficio la prescripción de la acción, sino que entró a su análisis, en virtud de ser materia de agravio y determinó que no estaba prescrita, sin embargo, como en el juicio de amparo se consideraron fundados los conceptos de violación, se realizó el análisis de dicha prescripción. Lo que evidencia que aun cuando no fue materia de excepción, la responsable no analizó la prescripción de oficio, pues en vía de alegatos existió causa de pedir.
• De ahí que no es trascendente el hecho de que con quien se entendió el emplazamiento, no negara el adeudo, pues desconocía tal circunstancia, lo que no implica que se trate de un reconocimiento; sin embargo, sí es trascendente que el acreedor no haya ejercido su derecho en el término aludido por el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque la consecuencia es que prescriba la acción, lo que se actualiza por el simple paso del tiempo y, una vez que opera, no tiene marcha atrás y no puede desvanecerse por renuncia tácita.
• Los argumentos en los que señaló la quejosa que el demandado debió acreditar que el cheque tenía fondos para su cobro y, al no hacerlo, no puede operar la prescripción de la acción, son infundados, porque para que opere la prescripción solamente se requiere verificar el transcurso del término de seis meses previsto en el citado artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que, en el caso, transcurrió en exceso.
• Resulta inoperante el argumento en el que se arguye que es violatorio que se le haya condenado al pago de costas en términos de la fracción III del artículo 184 del Código de Comercio, porque el título de crédito no pierde la calidad de ejecutivo, en virtud de la prescripción de la acción cambiaria directa; lo anterior, pues se hace depender este argumento de planteamientos relativos a la prescripción que ya fueron desestimados, además de que la interpretación literal del referido precepto permite establecer que el que intente un juicio y no obtenga resolución favorable, será condenado en costas.
• Finalmente, no se comparte la jurisprudencia identificada como VI.2o.C. J/14 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de título y subtítulo: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA PRESCRIPCIÓN NO ES UNA CAUSA PARA DECLARAR IMPROCEDENTE LA VÍA, SI NO FUE OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR EL INTERESADO, POR LO QUE NO PUEDE SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN EL AUTO DE INICIO DEL PROCESO.):", por estimar que la prescripción no es renunciable y la acción cambiaria se extingue con el simple transcurso del tiempo sin que se requiera prueba diversa al título; además, el análisis de la prescripción debe ser oficioso, porque las vías especiales (como la ejecutiva mercantil) exigen que el Juez determine si el documento base de la acción reúne la calidad de ejecutivo y que la acción no está prescrita, pues su admisión genera ejecución.(7)
• Si bien el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevé que el demandado puede oponer, entre otras excepciones, la de prescripción, de tal precepto no se puede concluir que si no se opone, el Juez está impedido para hacer un análisis oficioso, porque la prescripción incide sobre la extinción de la acción cambiaria directa y, por tanto, hay una relación entre la procedencia de la acción y su prescripción.
• Además de que el artículo 1039 del Código de Comercio establece que los términos para el ejercicio de las acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales, sin que contra ellos haya restitución, es decir, que una vez transcurrido el tiempo previsto, se pierde la acción y ya no puede recuperarse, lo que hace innecesario que el demandado oponga como excepción que prescribió la acción y es obligatorio para el juzgador su estudio, en aras de crear certidumbre en las resoluciones.
• En consecuencia, se hace la denuncia de contradicción de criterios.
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el veintitrés de septiembre de dos mil trece el amparo directo 324/2013, del cual es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden de esa ejecutoria:
1. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil trece, ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********, de quien reclamó el pago de $********** (********** pesos ********** M.N.), como suerte principal del pagaré base de la acción y accesorios vencidos, así como el pago de gastos y costas.
2. De dicha demanda correspondió conocer a la Jueza Novena de Distrito en el Estado de Puebla, quien la desechó por estimar que el pagaré base de la acción se encontraba prescrito por haber transcurrido en exceso el plazo de tres años, previsto en el artículo 165, fracción I, en relación con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
3. En contra de esa determinación, el promovente interpuso recurso de revocación, el que, por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil trece, fue declarado infundado, al estimar que la prescripción es una causal de improcedencia que válidamente puede estudiar el juzgador antes de pronunciarse respecto de las prestaciones reclamadas y que, en el caso, efectivamente, el pagaré base de la ejecución se encontraba prescrito.
4. En contra de la resolución anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien seguidos los trámites legales, el veintitrés de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia en la que resolvió conceder el amparo al quejoso, con base en las siguientes consideraciones:
• De los artículos 1391, fracción IV y 1392 del Código de Comercio, así como del diverso 150 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que trae aparejada ejecución, que presentada la demanda se dictará auto de mandamiento para que el deudor sea requerido de pago y, en su caso, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda; sin embargo, en ninguno de esos preceptos se prevé como condición que no haya transcurrido el plazo de tres años, previsto en el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues esa circunstancia no le quita el carácter de ejecutivo, sino que el no ejercicio de la acción cambiaria directa, dentro del plazo previsto, da lugar a la prescripción de la acción.
• Como lo adujo el quejoso, y con fundamento en los artículos 8o., fracción X, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1327 del Código de Comercio, se estima que cuando la parte demandada no contesta la demanda, debe considerarse que ésta no estuvo en posibilidad de oponer excepciones y, por tanto, el Juez natural estaba impedido para analizar de oficio la excepción de prescripción, pues de hacerlo se violaría el principio de congruencia de las resoluciones, en relación con el debido proceso y legalidad establecidos en la Constitución.
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 71/95, determinó que la prescripción de la acción cambiaria como excepción procesal se encuentra sometida al principio de justicia rogada, es decir, que sólo puede hacerse valer por el interesado y por cada uno de los demandados si hubiere pluralidad de ellos. De dicha resolución derivó la tesis de rubro: "PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE. SÓLO OPERA RESPECTO DEL CODEMANDADO QUE LA HACE VALER, NO ASÍ POR LOS DEMÁS, EN EL JUICIO QUE SE DEDUCE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA."(8)
• En ese sentido, asiste razón a la parte quejosa, el estimar incorrecto el argumento vertido en la sentencia recurrida, acerca de que la prescripción de la acción cambiaria directa, por haber transcurrido el plazo de tres años previsto en el artículo 165, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, versa sobre la procedencia de la vía y que, como presupuesto procesal, es analizable de oficio en cualquier momento del juicio, incluso, desde el primer auto.
• Lo anterior, porque de los artículos 1391, fracción IV y 1392 del Código de Comercio, así como 150 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no se advierte que se prevea como condición para la procedencia de la vía, que no haya transcurrido el plazo de tres años, previsto en el citado artículo 165, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que tal circunstancia no es una causa para declarar improcedente la vía.
• Dada la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil, la prescripción no puede ser analizada de oficio, sino solamente si fue opuesta como excepción por el demandado, porque de hacerlo se violarían los principios de congruencia, debido proceso y legalidad. Máxime que en el auto de inicio del proceso no se ha llevado a cabo el emplazamiento y aún se desconoce si será opuesta la excepción correspondiente; por lo que, de analizarse oficiosamente, se estaría prejuzgando antes de suscitarse la controversia respectiva, lo que contraría el principio de igualdad de las partes, toda vez que a la actora se le desestimarían de plano las pretensiones, sin ser oída y vencida en juicio; de ahí que el Juez debe admitir la demanda en la vía ejecutiva mercantil y dictar auto de exequendo cuando el título base de la acción reúna los requisitos de forma establecidos en la ley.
• Al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, se concede el amparo solicitado.
III. El mismo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el diez de octubre de dos mil trece el amparo directo 313/2013, del cual es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden de esa ejecutoria:
1. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil trece, ********** promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, de quien reclamó el pago de $********** (********** pesos ********** M.N.), como suerte principal y accesorios vencidos del pagaré base de la acción, así como el pago de gastos y costas.
2. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, quien desechó de plano la demanda, por estimar que el pagaré base de la acción se encontraba prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo de tres años, previsto en el artículo 165, fracción I, en relación con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que era improcedente la vía intentada.
3. En contra de esa determinación, el promovente interpuso recurso de revocación, en el que, por resolución de veintidós de julio de dos mil trece, se confirmó el auto recurrido, al estimar que el juzgador, antes de resolver sobre el fondo del asunto, debe analizar de oficio si la vía intentada es la correcta, en aras de garantizar la legalidad y seguridad jurídica; en ese sentido, como la vía ejecutiva mercantil requiere que el documento base de la acción traiga aparejada ejecución, es necesario que dicho título no esté prescrito.
4. Inconforme con la resolución anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien seguidos los trámites legales, el diez de octubre de dos mil trece, resolvió conceder el amparo al quejoso, con base en idénticas consideraciones vertidas al resolver el amparo directo 324/2013.
IV. El referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el propio diez de octubre de dos mil trece el amparo directo 399/2013, ejecutoria de la cual se desprenden los antecedentes siguientes:
1. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil trece, **********, en su carácter de endosatario en propiedad de **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, de quien reclamó el pago de $********** (********** pesos ********** M.N.), como suerte principal y accesorios vencidos del pagaré base de la acción, así como el pago de gastos y costas.
2. De dicha demanda correspondió conocer a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, quien desechó de plano la demanda, por estimar que el pagaré base de la acción se encontraba prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo de tres años, previsto en el artículo 165, fracción I, en relación con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
3. En contra de esa determinación, el promovente interpuso recurso de revocación, el que, por resolución de veintidós de julio de dos mil trece, se declaró infundado, al estimar que la procedencia de la vía es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes de resolver el fondo del asunto y, en ese sentido, la prescripción es una causal de improcedencia que válidamente puede estudiar el juzgador antes de pronunciarse respecto de las prestaciones reclamadas y que, en el caso, efectivamente, el pagaré exhibido como fundatorio se encontraba prescrito.
4. Inconforme con la resolución anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien seguidos los trámites legales, el diez de octubre de dos mil trece, resolvió conceder el amparo al quejoso, con base en las mismas consideraciones vertidas en el criterio sostenido al resolver el juicio de amparo directo 324/2013, el cual se encontraba pendiente de publicación.
V. El propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el diez de febrero de dos mil catorce el amparo directo 560/2013, sentencia de la que se advierten los siguientes antecedentes:
1. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil trece, ********** promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ********** de quien reclamó el pago de $********** (********** pesos ********** M.N.), como suerte principal y accesorios vencidos del pagaré base de la acción, así como el pago de gastos y costas.
2. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Puebla, quien desechó de plano la demanda, por estimar que el pagaré base de la acción se encontraba prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo de tres años, previsto en el artículo 165, fracción I, en relación con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
3. En contra de esa determinación, el promovente interpuso recurso de revocación, el que, por resolución de catorce de octubre de dos mil trece, se declaró infundado, al estimar que el estudio de la procedencia, al ser una cuestión de orden público, debe hacerse de manera previa al fondo del asunto e, incluso, de oficio, ya que si la acción no es procedente, no es factible analizar el resto de las cuestiones planteadas; en ese sentido, la oportunidad es una condición necesaria para el ejercicio de la acción y, por lo tanto, es correcta la determinación de la prescripción de la acción cambiaria intentada.
4. Inconforme con la resolución anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien seguidos los trámites legales, el diez de febrero de dos mil catorce, resolvió conceder el amparo al quejoso, con base en las mismas consideraciones vertidas al resolver los amparos directos 324/2013, 399/2013 y 313/2013.
VI. El citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil catorce, el amparo directo 59/2014, ejecutoria cuyos antecedentes son los siguientes:
1. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil trece, **********, en su carácter de endosatario en propiedad de **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, de quien reclamó el pago de $********** (********** pesos ********** M.N.), como suerte principal y accesorios vencidos del pagaré base de la acción, así como el pago de gastos y costas.
2. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, quien desechó de plano la demanda, por estimar que el pagaré base de la acción se encontraba prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo de tres años, previsto en el artículo 165, fracción I, en relación con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
3. En contra de esa determinación, el promovente interpuso recurso de revocación, en el que, por resolución de siete de enero de dos mil catorce, se confirmó la resolución recurrida, al estimar que el procedimiento ejecutivo mercantil tiene lugar cuando se funda en un documento que traiga aparejada ejecución y que contenga todos los elementos requeridos, por lo que el juzgador, al proveer sobre la demanda, debe revisar de oficio tales requisitos para verificar la procedencia de la vía, entre ellos, que se encuentre vigente el derecho para reclamar su pago; por lo que es correcto el análisis oficioso de la prescripción de la acción intentada.
4. Inconforme con la resolución anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien seguidos los trámites legales, el veinticinco de marzo de dos mil catorce, resolvió conceder el amparo al quejoso, con base en las mismas consideraciones vertidas al resolver los amparos directos 324/2013, 399/2013, 313/2013 y 560/2013.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis, deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9) y la tesis "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(10)
2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
5. Aun cuando uno de los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituya jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(11)
6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que, sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional, respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(12)
De acuerdo con lo anterior, esta Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis, en relación con el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 67/2015, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 324/2013, 399/2013, 313/2013, 560/2013 y 59/2014, pues presentan un punto de contacto respecto de una misma cuestión jurídica y se pronuncian de manera contradictoria al respecto.
En efecto, por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 67/2015, estimó que si bien el demandado no planteó como excepción la prescripción del título, porque no dio contestación a la demanda, ya que no había sido emplazado a juicio y tuvo conocimiento del mismo hasta una vez dictada la sentencia, sí tenía la oportunidad de hacer valer vía agravio la prescripción. Lo que implícitamente contiene la consideración de que el Juez de origen tenía el deber de analizar oficiosamente la prescripción de la acción cambiaria y, de no hacerlo así, podía hacerse valer la respectiva violación en la apelación; criterio implícito que quedó expreso en la parte final de la respectiva ejecutoria.
Así, determinó que la autoridad responsable no analizó de oficio en la apelación lo relativo a la prescripción, pues entró a su estudio, al haber sido materia de agravio y haber existido causa de pedir en el sentido de que no tuvo conocimiento de la demanda para contestarla y oponer las excepciones que estimara pertinentes, como consecuencia de que no fue emplazado a juicio y poder acreditar que el cheque base de la acción no fue presentado dentro del término de ley.
Lo que se complementó y explicitó con la afirmación relativa a que la prescripción no es renunciable y la acción cambiaria se extingue con el simple transcurso del tiempo, sin que se requiera prueba diversa al título, y que, además, el análisis de la prescripción debe ser oficioso, porque las vías especiales (como la ejecutiva mercantil) exigen que el Juez determine si el documento base de la acción reúne la calidad de ejecutivo y que la acción no está prescri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26415-9b4f2e89/juicio-ejecutivo-mercantil-el-juzgador-no-puede-analizar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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