ACCIÓN CAMBIARIA. DEBE EJERCERSE EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. TÍTULO DE CRÉDITO. EL COBRO DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN AQUÉL PUEDE REALIZARSE EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL O MEDIANTE LAS VÍAS QUE PROCEDAN AL EJERCER LA ACCIÓN CAUSAL.
ACCIÓN CAMBIARIA. DEBE EJERCERSE EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 440/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 8 DE FEBRERO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
III. Competencia y legitimación
7. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
9. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:
9.1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
9.2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
9.3. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.(2)
11. A continuación, se explican las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:
12. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En el caso, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada acerca de la vía en que puede intentarse la acción cambiaria. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis.
12.1. El tribunal denunciante, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito resolvió el amparo directo 687/2011, cuyos antecedentes son los que enseguida se relacionan:
a) En vía ordinaria mercantil se demandó el pago de ********** (**********), como pago de suerte principal, de intereses moratorios, así como el pago de gastos y costas.
b) Mediante escrito de contestación de demanda, entre otras cosas, el demandado indicó que la acción pretendida por el actor se había ejercido en la vía ejecutiva mercantil. Opuso como excepciones y defensas: la falta de acción y derecho y la prevista en la fracción II del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
c) Seguido el cauce legal del procedimiento, el Juez natural dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la vía ordinaria mercantil, pero absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas, en virtud de que "el actor no probó su acción causal". No emitió especial condena en costas, al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1084 del Código de Comercio.
d) Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió demanda de amparo directo. El tribunal de mérito negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, pues al margen de que los motivos de inconformidad expresados sobre el tema de la prescripción fueron fundados, lo definitivo fue que la acción cambiaria directa corresponde deducirse a través de la vía ejecutiva mercantil. Las consideraciones que apoyaron su decisión, son las siguientes:
"Los conceptos de violación expresados se consideran ineficaces, a efecto de demostrar que la sentencia reclamada se haya dictado en forma contraria a derecho y, por ende, que viole garantías de legalidad.
"En efecto, una vez que el quejoso precisa lo que en esencia disponen los artículos 14 y 16 constitucionales, señala que el acto reclamado viola dichas normas, al no encontrarse dictado conforme a la letra de la ley, ni a su interpretación jurídica, pues no se aplica lo dispuesto en los artículos 5o., 150, 151 y 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y se aplica indebidamente el artículo 168 de ese ordenamiento legal, así como se viola por inaplicación los artículos 1324 y 1327 del Código de Comercio, al no fundarse el fallo combatido en la ley, menos aún se ocupa exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, respectivamente, en la demanda y en la contestación, esto es, el acto reclamado no es acorde a la litis planteada, a la vez de aplicarse incorrectamente los criterios jurisprudenciales invocados por la propia responsable, violando con ello el artículo 192 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior, precisa el amparista, ya que no intentó una acción causal en la vía ordinaria mercantil, sino que conforme a su escrito inicial de demanda, la contestación a ella y el desahogo de la vista respecto de la contestación, lo que demandó fue una acción cambiaria directa en vía ordinaria mercantil, tan es así que la demanda se encuentra apoyada en los artículos 5o., 150, 151 y 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, supuestos que se satisfacen en el particular, al estarse demandando el importe de dos pagarés por la cantidad de ********** cada uno, más sus accesorios legales, sustentándose el reclamo respectivo, única y exclusivamente en la emisión de dichos documentos y en su falta de pago.
"Asimismo, una vez que el quejoso realiza algunas precisiones de la vía ejecutiva mercantil y la vía ordinaria mercantil, así como señalar lo que se entiende por acción en materia mercantil y puntualizar que existen tres tipos de acciones para hacer efectivo un título de crédito, en la especie, la cambiaria, la causal y la de enriquecimiento, señala que es incorrecta la postura de la responsable, al estimar que el quejoso ejercitó una acción causal, ya que demandó el importe a que se contraen los pagarés, intereses y accesorios legales por la emisión de esos documentos, y su impago, sin invocar la existencia de un concreto negocio jurídico, como origen de dichos documentos, por lo que no era necesario revelar el acto jurídico subyacente, dada la autonomía e independencia que tiene el título de crédito de la causa que lo originó, encontrando soporte jurídico su acción en lo dispuesto en los artículos 5o., 150, 151 y 152 del precitado ordenamiento legal.
"Señala también que, por regla general, se considera que para el cobro de un título de crédito se debe ejercitar la acción cambiaria directa a través de la vía ejecutiva mercantil, pero existen casos en que se demanda el pago de un título de crédito en vía ordinaria mercantil, sin que en la demanda o en el título o en la contestación se relacione el documento fundatorio con el acto jurídico que originó su emisión.
"Lo que se dice es posible, ya que el artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que mediante la acción cambiaria, el tenedor del pagaré puede reclamar el pago del importe del documento, de donde se advierte que el quejoso puede elegir cualquiera de las dos vías para reclamar el cumplimiento de la obligación, al no existir disposición jurídica que lo impida sobre todo que ningún perjuicio causa al tercero perjudicado el haberse seguido la vía ordinaria mercantil pues, por el contrario, tuvo mayores beneficios, como la amplitud del término para ofrecer pruebas y una mejor oportunidad de hacer valer los recursos correspondientes, por lo que la circunstancia de que el actor haya utilizado la vía ordinaria mercantil, en nada perjudica al orden público, ni existe ninguna disposición que prohíba intentar esa vía, por ende, resulta equivocada la postura de la responsable. En relación con esos argumentos, se invocan los criterios de rubros: ‘ACCIÓN CAMBIARIA. PUEDE EJERCITARSE TANTO EN LA VÍA EJECUTIVA COMO EN LA ORDINARIA MERCANTIL.’, ‘ACCIÓN CAMBIARIA Y ACCIÓN CAUSAL COMO POTESTADES PARA HACER EFECTIVO UN MISMO CRÉDITO MERCANTIL NATURALEZA DE UNA Y OTRA.’ y ‘VÍA ORDINARIA MERCANTIL FUNDADA EN TÍTULO DE CRÉDITO. CUANDO EL DEMANDADO SE EXCEPCIONA EN EL SENTIDO DE QUE NO SUSCRIBIÓ EL TÍTULO, O QUE QUIEN LO SUSCRIBIÓ CARECÍA DE FACULTADES PARA ELLO, DEBE ACREDITARSE SU AFIRMACIÓN.’
"Insiste el amparista, que en el juicio de origen no intentó la acción causal en la vía ordinaria, sino lo que demandó fue la acción cambiaria directa en vía ordinaria mercantil, ya que los documentos base de la acción son títulos de crédito necesarios para ejercitar el derecho que en ellos se consigna, se ejercita la acción en contra del aceptante por falta de pago, pues únicamente se reclama el derecho incorporado en los títulos de crédito, al no haberse pagado en la forma convenida.
"Sobre ese mismo tópico, se aduce en los conceptos de violación que, conforme a lo que hizo valer en su demanda de origen, demandó la acción cambiaria directa en la vía ordinaria mercantil, no así la acción causal, como equivocadamente lo sostuvo la responsable, a propósito de lo cual reproduce el contenido de dicha demanda, así como lo que hizo valer en desahogo de vista a la contestación de la demanda y las excepciones opuestas, refiriendo que en los términos en que su contraparte contestó la demanda, se allanó a la acción cambiaria directa intentada en la vía ordinaria mercantil, al no controvertirla bajo la existencia de una relación subyacente ni se excepcionó en esos términos, y que con base en la acción que demandó, no tenía ninguna obligación de narrar en su demanda los hechos que dieron origen a los títulos de crédito, precisamente porque en ningún momento dedujo la acción causal.
"Los anteriores motivos de inconformidad se consideran infundados.
"De inicio debe establecerse que conforme al contenido integral de la demanda que dio lugar al juicio natural, el ahora amparista no señaló expresamente ejercitar la acción cambiaria directa en la vía ordinaria mercantil pues, en la parte inicial de su libelo, señaló lo siguiente:
"‘Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o., 18, 26, 30, 150, fracción II, 151 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo dispuesto en los artículos 1104, fracción I, 1105, 1377, 1378, 1379 y demás relativos del Código de Comercio y aplicables del Código de Comercio en vigor, en tiempo y forma vengo a demandar de ...’
"Asimismo, en las prestaciones se exigió el pago del monto de los dos pagarés singularizados en ese apartado, intereses moratorios, gastos y costas, apoyándose dichas pretensiones en haberse suscrito a favor del amparista los títulos de crédito base de la acción demandada y no haber sido pagados, lo que no conduce a establecer que la acción ejercitada hubiera sido la cambiaria directa en la vía ordinaria mercantil, aunado a que la acción no se fundó en el artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que ello lo propone el amparista expresamente hasta su demanda de amparo.
"En ese entendido, la autoridad responsable no estuvo en condiciones de analizar la acción demandada por el peticionario de garantías, a la luz de la cambiaria directa, esto es, si era o no factible que en el juicio ordinario mercantil se ejercitara esa acción, por ende, lo inexacto de que la responsable al emitir el acto reclamado, se hubiera distanciado de la acción realmente demandada.
"Por tanto, lo hasta aquí expuesto es suficiente para desestimar lo argumentado por el impetrante en su demanda de garantías.
"No obstante lo anterior, en el supuesto no concedido de que por la circunstancia de haber apoyado el amparista su demanda en los artículos 5o., 18, 26, 30, 150, fracción II, 151 y relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como en los diversos 1104, fracción I, 1105, 1377, 1378, 1379 y demás relativos del Código de Comercio, debiera entenderse que se demandó la acción cambiaria directa en la vía ordinaria mercantil, aun siendo así su acción resultaría improcedente, subsistiendo, por tanto, el sentido en que se emitió el acto reclamado.
"Se afirma lo anterior, al no asistir razón jurídica al peticionario de amparo, en cuanto a que el artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito autoriza en la vía ordinaria mercantil deducirse la acción cambiaria directa.
"Dicho dispositivo legal dispone:
"‘Artículo 152. Mediante la acción cambiaria, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago:
"‘I. Del importe de la letra;
"‘II. De intereses moratorios al tipo legal, desde el día del vencimiento;
"‘III. De los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos;
"‘IV. Del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pactado la letra y la plaza en que se la haga efectiva, más los gastos de situación.
"‘Si la letra no estuviere vencida, de su importe se deducirá el descuento, calculado al tipo de interés legal.’
"La disposición legal citada únicamente señala lo que el último tenedor de la letra puede reclamar a través de la acción cambiaria, sin indicar la vía mediante la cual se debe demandar la acción que ahí se prevé.
"Por su parte, el artículo 167 de ese propio ordenamiento legal estatuye:
"‘Artículo 167. La acción cambiaria directa contra cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de ésta y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado ...’
"De dicho dispositivo legal se obtiene que la acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de ésta, y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que reconozca la firma el demandado.
"Los artículos mencionados, aun cuando literalmente se refieren a la letra de cambio, también son aplicables el pagaré, al así autorizarlo expresamente el numeral 174 de la precitada ley.
"Ahora, si el propio quejoso puntualiza en sus conceptos de violación que la acción cambiaria se sustenta en la suscripción del título de crédito, esto es, en el derecho incorporado en el documento (obligación cambiaria) y persigue el pago de la suma en ella indicada, evidentemente que en el supuesto no concedido de que en el caso concreto hubiera deducido la acción cambiaria directa, la vía que eligió es incorrecta, pues lo hizo a través de la ordinaria mercantil, siendo que dicha acción es propia de la vía ejecutiva.
"Lo anterior incluso se corrobora de lo que la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define por título de crédito. Así, el artículo 5o. del invocado ordenamiento legal estatuye:
"‘Artículo 5o. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.’
"Por otro lado, el artículo 1391 del Código de Comercio dice:
"‘Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.
"‘Traen apareja ejecución: ... IV Los títulos de crédito.’
"En ese contexto, si la acción cambiaria tiene por causa petendi el vínculo literal y abstracto que surge de la cambial y por petitum el pago de la suma en ella indicada, la acción respectiva procede demandarse en la vía ejecutiva mercantil, ya que la misma tiene lugar cuando se funda en documentos que traen apareja ejecución, entre los que se encuentran los títulos de crédito.
"Incluso, así se obtiene de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia, de rubro: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO. LA PRESENTACIÓN DEL TÍTULO SUSCRITO POR EL DEMANDADO, ADMINICULADO CON SU CONFESIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LO SUSCRIBIÓ, Y LA NARRACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL SUBYACENTE EN LA DEMANDA, DESPUÉS DE PRESCRITA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, SON INSUFICIENTES PARA PROBAR LA ACCIÓN CAUSAL.’
"Efectivamente, de la ejecutoria en comento, en lo que aquí interesa, se obtiene lo de la literalidad siguiente:
"‘En primer lugar, conviene puntualizar que el título de crédito es un documento de gran versatilidad y utilidad en el tráfico comercial por sus características de literalidad, incorporación y abstracción; lo que significa que el derecho que en ellos se consigna, existe en tanto existe el propio documento, precisamente con los elementos y modalidades literalmente expresados en su texto y con total independencia de cualquier hecho o acto que pudiere haber motivado su emisión.
"‘Debido a estas características, el título de crédito se usa para incorporar cualquier derecho y, por tanto, puede tener tantas causas como fuentes de derechos y obligaciones existen en las relaciones entre personas, ya sea que se trate de un derecho derivado de las figuras jurídicas típicamente establecidas en la ley o de cualquier otro tipo de crédito o débito, o en otras palabras, ya sea que exista o no una acción jurídica específica para hacerlos valer.
"‘El beneficio que se alcanza mediante la incorporación de cualquier derecho en un título de crédito resulta evidente si se toma en cuenta, por una parte, la celeridad y eficacia comercial que caracteriza las operaciones mercantiles en general y, especialmente, a los títulos de crédito; y por otra parte, la facilidad y agilidad en su cobro, pues independientemente de las acciones que pudiera tener el acreedor por virtud de la relación subyacente a esta operación, el título de crédito se encuentra tutelado en sí mismo por la acción cambiaria directa, mediante la cual puede instaurarse un juicio en la vía ejecutiva mercantil.
"‘Es cierto que es jurídicamente impensable la válida existencia de un título de crédito sin causa, pues quien lo suscribe tiene la intención de obligarse, aunque sea con el ánimo altruista de un donador. Sin embargo, precisamente por su característica de abstracción, la causa subyacente al título es en principio intrascendente en el funcionamiento del título de crédito y el ámbito de mercado en el que se encuentra inmerso, pues la validez y exigibilidad del derecho consignado en el título no depende, en principio, de la causa, sino del título mismo. Tan es así, que aun cuando el suscriptor pueda oponer al primer tenedor del título, excepciones de carácter personal derivados de la relación causal, ello no sucede en principio, cuando el título ha circulado, en cuyo caso, resulta evidente que el derecho consignado en el documento es válido y exigible por sí mismo, con total abstracción de la causa. Debe tomarse en cuenta, en este sentido, que en un juicio ejecutivo mercantil instaurado mediante la presentación de un título de crédito, el único hecho que debe probar el actor es la suscripción del título, para lo cual, el propio título constituye prueba idónea.
"‘Lo anterior resulta jurídicamente concebible, si se considera que la suscripción misma del título es un acto jurídico abstracto que crea una obligación: la obligación cambiaria, que es la que se hace valer mediante la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil ...’
"De lo transcrito, se obtiene que el título de crédito se encuentra tutelado en sí mismo por la acción cambiaria directa, la que corresponde deducirse a través de la vía ejecutiva mercantil.
"En tal orden de ideas, ninguna razón jurídica asiste al quejoso, al afirmar que la acción cambiaria directa es factible demandarse en la vía ordinaria mercantil, pues aquélla, atento a lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es ejecutiva, por ende, opuesto a lo afirmado por el quejoso, en los conceptos de violación en análisis, la acción cambiaria directa, atento a su naturaleza jurídica, únicamente puede demandarse a través de la vía ejecutiva mercantil, no así en la ordinaria.
"Además, es inexacto que la sustanciación de la acción cambiaria directa en la vía ordinaria mercantil no cause perjuicio al demandado, y que ello sea así, debido a que proporciona mayores beneficios, tales como una amplitud de plazos para ofrecer pruebas y una mejor oportunidad de hacer valer los recursos correspondientes, y que la utilización de la vía mencionada en nada perjudica al orden público, ni existe alguna ley que lo prohíba.
"La falta de razón jurídica en lo alegado al respecto, sobreviene del contenido de la jurisprudencia de carácter obligatorio, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’, acorde con la cual, el solo hecho de tramitarse un procedimiento en la vía incorrecta, causa agravio al demandado.
"En esos términos lo informa la indicada jurisprudencia, correspondiente a la Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, del mes de agosto de 2005, tesis 1a./J. 74/2005, página 107, de rubro y texto siguientes:
"‘PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia de diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador para que establezca mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa agravio al demandado y, por ende, constituye una violación a sus derechos sustantivos al contravenir la referida garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes.’
"Luego, lo inexacto de que la sustanciación de un procedimiento jurisdiccional en una vía incorrecta no cause perjuicio al demandado, pues ello sí causa afectación, como así lo pone de manifiesto la jurisprudencia de carácter obligatorio en cita.
"Sin que en el particular se comparta el contenido del criterio de rubro: ‘ACCIÓN CAMBIARIA. PUEDE EJERCITARSE TANTO EN LA VÍA EJECUTIVA COMO EN LA ORDINARIA MERCANTIL.’, pues, por un lado, se trata de un criterio aislado, por otra, la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 167 dispone que la acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios es ejecutiva y, por otro, la jurisprudencia transcrita anteriormente señala expresamente que la sustanciación de un procedimiento en la vía incorrecta sí causa perjuicio al demandado.
"En relación con los criterios de rubros: ‘ACCIÓN CAMBIARIA Y ACCIÓN CAUSAL COMO POTESTADES PARA HACER EFECTIVO UN MISMO CRÉDITO MERCANTIL NATURALEZA DE UNA Y OTRA.’ y ‘VÍA ORDINARIA MERCANTIL FUNDADA EN TÍTULO DE CRÉDITO. CUANDO EL DEMANDADO SE EXCEPCIONA EN EL SENTIDO DE QUE NO SUSCRIBIÓ EL TÍTULO, O QUE QUIEN LO SUSCRIBIÓ CARECÍA DE FACULTADES PARA ELLO, DEBE ACREDITARSE SU AFIRMACIÓN.’, tampoco trascienden en el sentido de la presente ejecutoria pues, por una parte, no son de observancia obligatoria para este tribunal, según dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo; y, por otra, ninguna aplicación tienen al presente asunto, al no advertirse de su contenido la factibilidad de demandarse la acción cambiaria directa a través de la vía ordinaria mercantil, que es la temática sobre la cual descansa la litis constitucional.
"En diverso apartado de los conceptos de violación, se hace valer que es incorrecto que la responsable sostenga que operó la prescripción para ejercitar la acción cambiaria directa, a través de la vía ejecutiva mercantil, ya que con lo resuelto al respecto, se infringe por inaplicación el artículo 1327 del Código de Comercio, el cual dispone que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, respectivamente, en la demanda y contestación, y en el caso ninguna de las partes hizo referencia a la prescripción, por lo que no era dable introducirse a la litis natural, aunado a que, atendiendo a la naturaleza jurídica que tiene la prescripción, debía ser opuesta por la demandado, lo que no ocurrió, no siendo correcto que la responsable la haga valer de oficio. Sobre lo dicho al respecto, se invocan los criterios de rubros: ‘LITIS. ACCIONES DEDUCIDAS Y EXCEPCIONES OPUESTAS MODIFICACIONES, POR LA LITIS, DE LA CONTRATACIÓN PRIVADA.’, ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA MERCANTIL.’ y ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ NO PUEDE TOMARLA EN CUENTA DE OFICIO.’
"El anterior motivo de inconformidad se considera fundado pero inoperante.
"Lo fundado deriva de asistir razón al quejoso, en el sentido de que su contraparte, al contestar la demanda formulada por el peticionario de garantías, no opuso la excepción de prescripción, menos aún basada en que se encontrara prescrita en el caso concreto la acción ejecutiva mercantil, por ende, atento al principio de congruencia exigido en el artículo 1327 del Código de Comercio, no estaba autorizada la responsable para establecer expresamente que la acción ejecutiva mercantil se encuentra prescrita, pues ello no fue punto de debate en el juicio de origen, aunado a que la acción demandada no se propuso en la vía ejecutiva mercantil.
"No obstante lo resuelto al respecto, no tiene ninguna trascendencia al sentido del acto reclamado, debido a que la desestimación de la acción demandada no se sustentó en que aquella estuviera prescrita, si no porque la demanda se elaboró de manera deficiente, al no señalarse la relación subyacente que dio nacimiento a los documentos aportadas como base de la acción.
"Así, aun cuando el acto reclamado adoleciera de congruencia interna, al sostenerse que la acción ejecutiva mercantil derivada de los documentos exhibidos como base de la acción está prescrita, de cualquier manera aun prescindiendo de esa consideración subsiste la desestimación de lo demandado, la que se sustentó en no haberse señalado la relación subyacente que dio nacimiento a los documentos base de la acción, sobre lo cual, ninguna trascendencia tiene la resuelto sobre cuestiones de prescripción de la acción ejecutiva, por ello, lo fundado pero inoperante de la inconformidad en estudio, lo que incluso hace impráctico atender el contenido de los criterios de rubros: ‘LITIS. ACCIONES DEDUCIDAS Y EXCEPCIONES OPUESTAS MODIFICACIONES, POR LA LITIS, DE LA CONTRATACIÓN PRIVADA", "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA MERCANTIL.’ y ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ NO PUEDE TOMARLA EN CUENTA DE OFICIO.’, al no incidir el tema de la prescripción sobre la desestimación de la acción demandada por el quejoso, al no haber sido ese el supuesto jurídico en el que encuentra soporte jurídica esa desestimación, habida cuenta que como establecido ha quedado, no es dable demandarse la acción cambiaria directa en la vía ordinaria mercantil.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia correspondiente a la Séptima Época, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 108, página 85, de rubro y texto siguiente:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’
"...
"Ante la ineficacia de los conceptos de violación expresados por el quejoso, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal demandada."
12.2. Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito externó su punto de vista sobre el tema que se trata, al resolver el juicio de amparo directo 664/2010. Este asunto tiene los antecedentes siguientes:
a) En la vía ordinaria mercantil, la actora demandó el pago de ********** (**********), por concepto de suerte principal, pago de intereses pactados, así como el pago de gastos y costas
b) La demandada fue declarada en rebeldía y se tuvo por perdido su derecho para dar contestación a la demanda.
c) Seguidas las etapas legales del procedimiento, el Juez natural, a quien correspondió el conocimiento del asunto, dictó sentencia en la que declaró procedente la vía ordinaria mercantil, absolvió a los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23570-17f5ee42/accion-cambiaria-debe-ejercerse-en-la-via-ejecutiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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