Corpus
Modo: Corpus Pro

SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD. EL PLAZO DE 4 MESES PARA CUMPLIRLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL ACUERDO POR EL QUE LA SALA RECIBE LOS TESTIMONIOS DE LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN EL AMPARO DIRECTO Y/O EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 286/2016. · Registro digital (IUS): 27219
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUX
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Pág. 1367.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 286/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos respecto de la que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad que dictó la sentencia reclamada en el juicio de amparo 961/2015 (cuaderno auxiliar 13/2016) del que derivó uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis es necesario informar las posturas que asumieron los tribunales contendientes a través de las ejecutorias respectivas.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

Para tener clara idea del origen del criterio en cuestión, conviene precisar que de los antecedentes narrados en la ejecutoria se desprende que a la ahí quejosa se le determinó un crédito fiscal contra el que promovió juicio contencioso administrativo en cuya sentencia se declaró su nulidad.

Como en esa sentencia existieron decisiones que favorecían y perjudicaban a las partes, promovieron los medios de defensa conducentes, es decir, juicio de amparo directo y revisión fiscal, los cuales se desestimaron. En virtud de lo anterior, quedó firme la declaratoria de nulidad.

En cumplimiento a esa determinación, la autoridad emitió una nueva resolución contra la cual el quejoso promovió nuevo juicio de nulidad en cuya sentencia se estableció, que la resolución administrativa impugnada se emitió dentro del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Inconforme, el quejoso promovió amparo directo que dio origen al criterio contendiente y en que el tribunal auxiliar determinó que conforme a los artículos 52, 53 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a la fecha de su emisión, esto es, al diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, el plazo de cuatro meses para cumplir la sentencia que declara la nulidad del acto impugnado inicia a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo o en el recurso de revisión fiscal, según sea el caso.

Para sustentar su decisión explicó, que si bien la interpretación literal de tales preceptos podría conducir a establecer que el plazo de mérito debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que se dictan los fallos en los citados medios extraordinarios de defensa, lo cierto es que eso no es posible ni funcional, porque, por una parte, el cumplimiento puede darse hasta que el ente obligado se impone del contenido de la decisión que debe ejecutar y, por otra, porque de aceptar aquella afirmación, ninguna razón tendría lo dispuesto en el mencionado artículo 57, en cuanto a que promovido el amparo o la revisión, se suspende la ejecución de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

Precisó que la Sala que dictó el fallo a cumplimentar no tiene noticia de su emisión sino hasta que le es comunicada oficialmente, razón por la que es claro que sólo hasta que aquella ejecutoria se notifica a las partes se está en condiciones de cumplirla.

De ahí que concluyera que el mencionado plazo de cuatro meses debe computarse a partir de que surte efectos la notificación de las sentencias dictadas en el juicio de amparo directo y en el recurso de revisión fiscal respectivos, y no desde el día siguiente a su emisión.

Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Dicho Colegiado conoció del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución dictada en el recurso de queja por incumplimiento del fallo emitido en un juicio contencioso administrativo federal.

En el recurso ordinario, el actor adujo que la autoridad obligada emitió la resolución respectiva fuera del plazo de cuatro meses contado a partir de que se notificó por lista la ejecutoria que lo confirmó, sin que deba tomarse en cuenta la notificación por oficio que realizó el Tribunal Colegiado de Circuito que entonces conoció del asunto.

Tanto en el juicio de amparo como en el recurso de revisión, los resolutores establecieron, en lo que importa, que fue correcto tomar como punto de partida de dicho plazo la notificación por oficio, y no la efectuada por lista.

A partir de esa afirmación, el Tribunal Colegiado de Circuito auxiliar concluyó que la resolución dictada en cumplimiento se emitió dentro del plazo de cuatro meses que prevé el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

El criterio de dicho tribunal derivó del juicio de amparo directo 1098/2013, promovido contra la sentencia dictada en un juicio de nulidad intentado contra la resolución dictada en cumplimiento de un diverso juicio contencioso administrativo federal en que se declaró la nulidad del acto impugnado, decisión que fue confirmada por un Tribunal Colegiado de Circuito al declarar infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto en su contra.

En el criterio contendiente, el citado Tribunal Colegiado de Circuito estableció que fue incorrecta la decisión de la Magistrada instructora de computar el plazo de cuatro meses a partir de que se notifica la certificación hecha por el secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de que recibió el testimonio del citado recurso, pues conforme a los artículos 52 y 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el lapso de mérito debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que se dictó sentencia en el recurso de revisión.

Precisó el citado Tribunal Colegiado de Circuito, que la autoridad tenía la carga de probar la fecha en que le fue notificada la ejecutoria dictada en esa revisión fiscal.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.

El criterio de este tribunal deriva de las revisiones fiscales 65/2015 y 96/2015, en que resolvió, en esencia, que la notificación que debe tomarse en cuenta para efectos del cómputo del plazo de cuatro meses es la que realiza la Sala que conoció del juicio de nulidad, pues conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, es la encargada de comunicar a las vinculadas la decisión asumida por el Tribunal Colegiado de Circuito.

De ahí que concluyera que para efectos de computar ese plazo, no es viable considerar la notificación por lista que realiza el Tribunal Colegiado de Circuito de las sentencias dictadas en las revisiones fiscales entonces interpuestas.

CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción de tesis planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.

De acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se actualiza cuando al resolver los asuntos implicados en la denuncia los contendientes examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Corrobora esa afirmación, la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto del 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción de tesis es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción de tesis se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, esto es, dar certidumbre jurídica.

El Tribunal Pleno también ha establecido que la contradicción de tesis se puede actualizar aun cuando uno de los criterios contendientes sea implícito, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente de las circunstancias particulares del caso. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 93/2006, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."

Sobre esas bases, esta Segunda Sala considera que en el caso existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios asumidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, pues en situaciones fácticas similares analizaron puntos de derecho iguales llegando a conclusiones distintas de acuerdo con lo siguiente:

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, negó el amparo contra la sentencia dictada en un juicio de nulidad, al considerar que la resolución administrativa impugnada se emitió dentro del plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contado a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de las sentencias dictadas en el juicio de amparo directo y en la revisión fiscal intentados en el juicio de nulidad primigenio.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito concedió el amparo contra la sentencia dictada en un juicio de nulidad, al estimar que la resolución administrativa impugnada se emitió fuera de ese lapso, contado a partir del día siguiente a aquel en que se emitió la ejecutoria del recurso de revisión fiscal interpuesto en el juicio de nulidad primigenio.

Aun cuando los criterios contendientes derivan del análisis de decisiones jurídicas distintas como son la promoción de diversos medios extraordinarios de defensa promovidos en los juicios de nulidad primigenios en los que se dictó el fallo a cumplimentar, lo cierto es que se actualiza la contradicción de tesis denunciada, pues los contendientes examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales frente a las cuales adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

La contradicción de tesis existe a pesar de que en su fallo el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito precisó que correspondía a la autoridad la carga de probar cuándo se le notificó la ejecutoria dictada en el recurso de revisión, pues aun cuando esa precisión pudiera revelar la existencia de un criterio específico aplicable a ese caso particular en que el ente de gobierno no cumplió la carga probatoria de mérito, lo cierto es que en autos no existen elementos para sostener esa circunstancia, aunado a que el contenido integral de la ejecutoria revela que el criterio ahí establecido se basa en la interpretación literal de la disposición aplicable, sin que tenga relevancia el acervo probatorio.

De ahí que en ambos casos los contendientes se ocuparon de un mismo problema jurídico consistente en la fecha, momento o evento a partir del cual debe computarse el plazo de cuatro meses que tiene la autoridad para cumplir un fallo de nulidad contra el que se promovieron medios extraordinarios de defensa, esto es, amparo directo y/o revisión fiscal que resultaron infructuosos, asumiendo posturas jurídicamente discrepantes.

Por tanto, esta Segunda Sala concluye que existe la contradicción de criterios denunciada cuyo objeto es definir si conforme a los artículos 52, 53 y 57, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el plazo de cuatro meses que tiene la autoridad para cumplir un fallo de nulidad contra el que se promovieron medios extraordinarios de defensa que resultaron infructuosos, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que se emitieron las ejecutorias respectivas, o bien, al en que surtan efectos su notificación o la de algún otro acto procesal.

A distinta conclusión debe llegarse en relación con los criterios asumidos por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito pues, como ya se vio, sus decisiones partieron de definir cuál notificación debía tomarse en cuenta para realizar ese cómputo, esto es, la efectuada por lista o por oficio, y no si el plazo de mérito debe hacerse a partir del día siguiente al en que se emita la ejecutoria del amparo directo o de la revisión fiscal.

Como esos criterios se basan sustancialmente en definir cuál notificación debe considerarse para tal efecto, es claro que no están en contradicción con aquellos sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

QUINTO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que aquí se establece y que atiende a las explicaciones siguientes.

El texto de los artículos 52, 53 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a la fecha de emisión de los criterios contendientes, esto es, antes del dos mil dieciséis, establecía:

"Artículo 52. La sentencia definitiva podrá:

"I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.

"II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

"IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta ley, el tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

"En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.

"Tratándose de sanciones, cuando dicho tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma.

"V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

"a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa.

"b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.

"c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

"d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme.

"Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

"Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental.

"Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto.

"Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

"En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

"La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta ley."

"Artículo 53. La sentencia definitiva queda firme cuando:

"I. No admita en su contra recurso o juicio.

"II. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y

"III. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

"Cuando haya quedado firme una sentencia que deba cumplirse en el plazo establecido por el artículo 52 de esta ley, el secretario de Acuerdos que corresponda, hará la certificación de tal circunstancia y fecha de causación y el Magistrado instructor o el presidente de sección o del tribunal, en su caso, ordenará se notifique a las partes la mencionada certificación."

Capítulo IX

Del cumplimiento de la sentencia y de la suspensión

"Artículo 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente:

"I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales:

"a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana.

"b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.

"En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

"En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquel en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda.

"Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada.

"Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana.

"c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada.

"Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.

"d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia.

"II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva. En ningún caso el plazo será inferior a un mes.

"Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

"Los plazos para el cumplimiento de sentencia que establece este artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa informe a la autoridad que no se interpuso el juicio de amparo en contra de la sentencia, o el particular informe a la autoridad, bajo protesta de decir verdad, que no interpuso en contra de la sentencia, dicho juicio. La autoridad, dentro del plazo de 20 días posteriores a la fecha en que venció el término de 15 días para interponer el juicio de amparo, deberá solicitar al tribunal el informe mencionado.

"En el caso de que la autoridad no solicite el informe mencionado dentro del plazo establecido, el plazo para el cumplimiento de la resolución empezará a correr a partir de que hayan transcurrido los 15 días para interponer el juicio de amparo."

La primera de las disposiciones transcritas establece los distintos sentidos que puede tener una sentencia definitiva dictada en un juicio contencioso administrativo federal.

Dicen los párrafos segundo y sexto del precepto analizado que cuando la sentencia obligue a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento debe hacerlo en el plazo de cuatro meses contado a partir de que la sentencia quede firme y que transcurrido ese lapso sin que haya cumplido precluirá su derecho para emitir la resolución definitiva, salvo en los casos previstos en la propia disposición.

Por su parte, el artículo 53 prevé que la sentencia definitiva queda firme cuando: a) no admita recurso o juicio en su contra, b) no sea impugnada por las partes o habiéndolo sido el medio de defensa sea desestimado, ya sea por una cuestión de procedencia o de fondo, y c) sea consentida expresamente por las partes o sus representantes.

En esos casos, esto es, cuando haya quedado firme la sentencia que deba cumplirse, el secretario de acuerdos correspondiente certificará tal circunstancia, así como la fecha de mérito, o sea, en que causó ejecutoria y el Magistrado respectivo ordenará su notificación a las partes para los efectos legales conducentes.

El artículo 57 dispone que, las autoridades demandadas o vinculadas están obligadas a cumplir las sentencias del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el plazo de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27219-d997ec3e/sentencia-dictada-en-un-juicio-de-nulidad-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.