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Modo: Corpus Pro

ACLARACIÓN DE SENTENCIA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA SUJETA A ESA INSTITUCIÓN PROCESAL, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 434/2010. · Registro digital (IUS): 24558
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Pág. 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 434/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 20 DE NOVIEMBRE DE 2012. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de noviembre de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios emitidos por el tribunal que preside y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, al resolver los amparos directos ********** y **********, respectivamente.

SEGUNDO. Trámite de la denuncia. Por proveído de seis de diciembre de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis; así como girar oficio al presidente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, para que remitiera a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente relativo al juicio de amparo directo **********, de su índice o, en su defecto, copia certificada del correspondiente fallo ahí pronunciado, así como el disquete o disco compacto que contuviera el archivo electrónico con su transcripción.

Por oficio recibido el doce de enero de dos mil once, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito remitió copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo **********. Por lo que, el catorce de enero siguiente, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por cumplido el requerimiento formulado. En el mismo proveído, estuvo debidamente integrada la contradicción de tesis 434/2010; ordenándose dar vista al procurador general de la República, por el término de treinta días para que expusiera su parecer.

Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil once el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó se pasaran los autos para estudio a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

TERCERO. Pedimento del procurador general de la República. Por oficio recibido el ocho de febrero de dos mil once, el procurador general de la República manifestó su parecer, en el sentido de declarar inexistente o en su caso improcedente la presente contradicción de criterios. Por lo que, por proveído de once de febrero de dos mil once, el Ministro que presidente este Alto Tribunal tuvo por presentado al agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el director general de Constitucionalidad de la Subprocuraduría General de la República, desahogando la vista ordenada a través del proveído de presidencia de catorce de enero de dos mil once.

CUARTO. Avocamiento. Previo dictamen realizado por la Ministra ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil once, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este tribunal, para su radicación y resolución.

La Primera Sala de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil once se avocó al conocimiento del presente asunto, devolviendo los autos a la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, a fin de que elaborara el proyecto de resolución respectivo.

El proyecto se discutió en la sesión de la Primera Sala que tuvo lugar el dieciocho de mayo de dos mil once; sin embargo, los Ministros integrantes de la Sala solicitaron que el presente asunto volviera a avocarse al conocimiento del Tribunal Pleno para su solución.

QUINTO. Returno del asunto. En las sesiones que tuvieron lugar el quince y diecisiete de mayo de dos mil doce, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el proyecto que fue listado de la presente contradicción de tesis, y resolvió desechar el proyecto.

Mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia returnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, de doce de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que la presente contradicción versa sobre la procedencia del juicio de amparo, cuestión que no es de competencia exclusiva de alguna de las Salas.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, lo que configura el estudio de la presente denuncia de contradicción, pues formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de cinco de noviembre de dos mil diez, quien determinó lo siguiente:

"CUARTO. La demanda de amparo fue promovida extemporáneamente en relación con la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil nueve, en la parte que no fue objeto de aclaración. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación de la sentencia reclamada. En el caso, la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, fue notificada el diecinueve de dicho mes y año, por lo que en términos del artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, surtió sus efectos el día hábil siguiente, y el plazo para presentar la demanda de garantías en su contra, transcurrió del veintitrés de noviembre al once de diciembre del mencionado año, sin considerar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve del primer mes citado, ni el cinco y seis de diciembre, por haber correspondido a sábados y domingos, por ende, inhábiles conforme a lo estatuido en el normativo 23, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Empero, la demanda de garantías fue presentada ante la autoridad responsable hasta el dieciséis de febrero de dos mil diez, después de notificada la resolución aclaratoria de sentencia. Es decir, fue extemporánea la promoción del juicio de garantías contra la sentencia definitiva en la parte que no fue objeto de aclaración; lo que revela el consentimiento de los considerandos de la sentencia reclamada, que no fueron parte de la solicitud de aclaración, lo que incluye el de las normas ahí aplicadas. Conviene explicar que la parte de la sentencia definitiva que no fue sometida a aclaración se entiende consentida tácitamente, en virtud de que esa institución procesal no tiene el carácter de recurso, pues no puede modificar, revocar o nulificar la decisión de la Sala Fiscal, sino únicamente hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, subsanar omisiones y corregir errores o defectos. Es decir, como la aclaración de sentencia no es un recurso, en consecuencia, su tramitación no afecta la definitividad de la sentencia reclamada, pues el sentido del fallo deviene inalterable con la aclaración. Por lo que, en caso de inconformidad con el sentido de esa sentencia en virtud de sus consideraciones y las disposiciones normativas aplicadas, la agraviada estaba obligada a promover el amparo directo dentro del plazo que establece el artículo 21 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 149/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.’ (se transcribe). En el caso, como se vio, el plazo de presentación de la demanda de garantías concluyó el once de diciembre de dos mil nueve, es decir, mientras estaba en trámite la aclaración de sentencia, que fue solicitada por escrito presentado el tres de diciembre de dicho año, ante la Sala Regional del Caribe (foja 949); la que fue resuelta hasta el doce de enero de dos mil diez. Por tanto, la sociedad quejosa estaba obligada a promover el amparo directo contra la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil nueve, a pesar de estar pendiente de resolución su aclaración; pero al no haberlo hecho dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia; en consecuencia, respecto de dicho acto reclamado, en la parte que no fue objeto de aclaración, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XII, del mismo ordenamiento. Por ende, con fundamento en el normativo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías promovido contra la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, en la parte que no fue objeto de aclaración, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número **********. No es óbice a lo considerado, que el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su parte final, establezca que la interposición de la aclaración de sentencia interrumpe el término para su impugnación; pues tal disposición no comprende al juicio de amparo, sino a los medios de defensa establecidos en la ley ordinaria, es decir, únicamente los previstos en la citada legislación para el juicio contencioso administrativo, específicamente el recurso de revisión fiscal. En efecto, conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho ordenamiento únicamente rige a los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, la interrupción del plazo a que alude el numeral 54, parte final, de la misma legislación, debe entenderse respecto de los términos previstos para la interposición de los medios de impugnación que el propio cuerpo legal dispone para el juicio contencioso administrativo federal. Luego, dicho ordenamiento en su normativo 63 establece el término de quince días para la interposición del recurso de revisión fiscal contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad; razón por la cual, ese es el lapso susceptible de interrupción con motivo de la aclaración de sentencia. En cambio, como el término para la promoción del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva emitida en un juicio de nulidad, no está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en consecuencia, su artículo 54 no tiene el alcance jurídico de regirlo y, por ende, poder interrumpirlo. Es decir, la interrupción del término para impugnar una sentencia definitiva con motivo de su aclaración, no comprende el plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de garantías en la vía directa; máxime que la ley de la materia, específicamente su numeral 22, es el que establece sus propias excepciones a la temporalidad requerida para instar el juicio de garantías sin remitir a otros ordenamientos legales. QUINTO. La demanda de amparo fue promovida oportunamente contra la resolución aclaratoria de sentencia de doce de enero de dos mil diez y la parte aclarada de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, dictadas por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el expediente número **********. Lo anterior, en razón de que la resolución aclaratoria se notificó a la parte quejosa el veintidós de enero de dos mil diez y surtió efectos el día hábil siguiente, por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de enero al diecisiete de febrero del citado anuario, sin considerar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno del primer mes citado, así como el seis, siete, trece y catorce del segundo mes indicado, por corresponder a sábados y domingos, por tanto, inhábiles, al igual que el cinco de febrero, acorde a lo dispuesto por los artículos 23, párrafo primero, de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como también el uno de febrero, conforme a lo estatuido en el artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, como la demanda fue presentada en la Oficialía de Partes de la Sala responsable el dieciséis de febrero del año en curso, es claro que se hizo oportunamente. Esto es, la demanda de amparo directo fue promovida dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución de la aclaración de la sentencia definitiva. Ello, como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 36/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y cinco, del Tomo XXVIII, correspondiente al mes de octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: ‘SENTENCIA DEFINITIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SU ACLARACIÓN, NO ES EXTEMPORÁNEO.’ (se transcribe). Sin embargo, conviene señalar que la aludida oportunidad opera exclusivamente por la resolución aclaratoria y la parte sujeta a aclaración de la sentencia definitiva; habida cuenta que ambas constituyen un todo, debido a que aquella forma parte de ésta y la jurisprudencia indica tener como fin, que los gobernados no queden en estado de indefensión ante una sentencia oscura, confusa o contradictoria, sino que puedan impugnar las irregularidades cometidas tanto en la sentencia como en la resolución de su aclaración, y con ello, que se administre justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Carta Magna. Es decir, esa posibilidad de impugnación no opera en relación con la totalidad de la sentencia reclamada, sino únicamente en la parte oscura, confusa o contradictoria, sujeta a aclaración, así como también respecto de la propia resolución aclaratoria; lo cual se dilucida con claridad al imponerse del contenido de la ejecutoria pronunciada en la contradicción de tesis número **********, de la cual derivó dicha jurisprudencia; en cuya parte de interés (página 33), se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la oportunidad de promover el amparo directo después de resuelta la aclaración de sentencia, obedece a que la resolución aclaratoria puede generar nuevos agravios que no se cometieron en la sentencia, o bien, cambiar el perjuicio que se causa a la parte afectada. Por ende, se entiende que la jurisprudencia 1a./J. 36/2008 acota la oportunidad de la promoción de la demanda de amparo directo, únicamente contra la resolución aclaratoria y se hace extensiva esa posibilidad respecto de la sentencia reclamada, pero únicamente en su parte aclarada, que es aquella en la que el gobernado está en estado de indefensión por su oscuridad, confusión o contradicción. De lo contrario, esto es, de considerar que la jurisprudencia 1a./J. 36/2008 permite que la parte quejosa pueda, a través del amparo directo impugnar la totalidad de la sentencia definitiva hasta después de que se emita su resolución aclaratoria; se llegaría al absurdo de dejar en manos de los justiciables el plazo para promover el juicio de amparo, lo cual, fue denegado expresamente en la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis **********, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 149/2005; en la que además, el Tribunal Pleno destacó que la demanda de garantías debe interponerse en el término que establece la ley de la materia; esto, como se puede corroborar de la lectura a las páginas cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, del tenor siguiente: (se transcribe). Consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedó ratificada al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 01/2006-PL, en cuya parte relativa, esencialmente dilucidó que no es potestativo para el quejoso promover o no el amparo directo contra la sentencia definitiva, mientras está en trámite la aclaración de sentencia, sino que es obligatorio; ello como se puede constatar de la lectura a las páginas cuarenta y cuarenta y uno, del tenor siguiente: ‘Lo anterior es así, ya que en el cuerpo de la ejecutoria relativa quedó de manifiesto que la aclaración de sentencia no es un recurso porque no puede modificar, revocar o nulificar la sentencia y, que atento a ello no afecta el principio de definitividad de la misma, por lo que el amparo debe promoverse una vez que ha sido notificada la sentencia, razón por la cual la presentación de la demanda de garantías, antes de que se haga pronunciamiento sobre la aclaración, no provoca la improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Luego entonces, la duda que plantea el tribunal solicitante, en relación a que quizás sean conceptos distintos el «no impedimento» para promover el amparo estando pendiente de emitirse la aclaración de sentencia y «la obligación» de presentarla estando pendiente de resolverse la aclaración, lo único que denota es un problema de interpretación del criterio contenido en la jurisprudencia, por inexactitud e imprecisión de la tesis relativa que, según el decir de los solicitantes, provoca confusión o duda al momento de aplicarse, lo que de modo alguno puede conducir a la modificación del criterio referido’. Luego, en el caso, la quejosa promovió el amparo directo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución aclaratoria de la sentencia definitiva; de ahí que por tal acto y la parte aclarada de la sentencia definitiva, el juicio de garantías es oportuno. SEXTO. Respecto de la resolución aclaratoria de doce de enero de dos mil diez y la parte aclarada de la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil nueve, dictadas por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número **********; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 166, fracción VI, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; en virtud de que la sociedad quejosa omitió expresar conceptos de violación contra tales determinaciones reclamadas. En efecto, la aclaración no fue promovida en relación con las consideraciones de dicha sentencia definitiva, en la que la Sala Regional del Caribe, declaró inoperantes e infundados los conceptos de anulación; sino que fue solicitada exclusivamente en torno a la parte final de la sentencia, en la que la mencionada responsable decidió reconocer no sólo la validez de la resolución impugnada, sino también la de la recurrida en la instancia administrativa. Aclaración que la Sala Fiscal declaró procedente y fundada, porque el reconocimiento de validez respecto de la resolución primigenia, constituyó una ambigüedad, pues ello no fue demandado por la actora, debido a que la autoridad hacendaria ya había dejado insubsistente esa resolución contenida en el oficio ********** de veintinueve de agosto de dos mil siete, por vicios de forma. Por tanto, la aclaración fue en el sentido de concluir que el reconocimiento de validez y legalidad únicamente aconteció respecto de la resolución impugnada, consistente en la contenida en el oficio número ********** de veintiuno de mayo de dos mil ocho, emitida por el administrador local jurídico de Cancún, Quintana Roo, en el recurso de revocación número **********; que dejó insubsistente la aludida resolución primigenia dictada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Cancún, en la que impuso a la contribuyente un crédito fiscal por la suma de un millón quinientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho pesos con sesenta y ocho centavos ($1'565,558.68), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos, actualizaciones y multas; determinado tras la revisión de gabinete efectuada por el periodo del siete de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Empero, la quejosa omitió expresar conceptos de violación tanto contra esa determinación como contra la parte aclarada de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve; a fin de controvertirlas como un todo, dado el sentido desfavorable de la sentencia reclamada, una vez aclarada. En efecto, la lectura de los conceptos de violación expresados en la demanda, revela que la peticionaria se dedicó a impugnar la constitucionalidad de los artículos 7o., fracción XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 42, primer párrafo, fracción II y 48, ambos del Código Fiscal de la Federación, aplicados en el procedimiento de revisión de gabinete del que derivó la resolución determinante primigenia; al igual que los considerandos tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo sexto, décimo noveno y vigésimo primero, de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el expediente número **********. Sin embargo, respecto de esas consideraciones y disposiciones impugnadas, como se dijo, fue improcedente el juicio de amparo directo, por extemporáneo. De manera que, por exclusión, contra la parte aclarada de la sentencia definitiva y la resolución aclaratoria, no existe concepto de violación, ni opera la suplencia de la deficiencia de la queja; debido que no se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 76 Bis, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo, pues en el caso no se advierte la aplicación de algún precepto declarado inconstitucional por el Alto Tribunal de Justicia de la Nación, ni la violación manifiesta de la ley que haya dejado a la peticionaria en estado de indefensión. En consecuencia, como la quejosa no cumple con el requisito elemental de formular conceptos de violación contra la resolución aclaratoria y la parte aclarada de la sentencia definitiva reclamada, apreciadas como un todo; tal cual lo estatuye el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo deviene improcedente en términos de dicho precepto interpretado en sentido contrario en relación con el normativo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número ciento setenta y siete, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página ciento trece, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGARLO.’ (se transcribe). SÉPTIMO. En virtud de lo resuelto por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción de criterios, con el del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, el que al resolver por mayoría de votos el amparo directo 48/2010 de su índice, sustentó la tesis VIII.A.C. 10 K, difundida en la página dos mil doscientos tres, del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS. PARA DETERMINAR EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL INICIA EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CUANDO SE TRAMITÓ LA ACLARACIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE ATENDERSE A LA TRASCENDENCIA DE LAS CUESTIONES SOBRE LAS QUE ÉSTA VERSE (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 149/2005 Y 1a./J 36/2008).’ (se transcribe). Lo anterior, en atención a que este órgano colegiado considera que la aplicación de las jurisprudencias P./J. 149/2005 y 1a./J. 36/2008, es armónica, en tanto la primera establece la regla general de promover el juicio de garantías contra sentencias definitivas a pesar de estar sujetas a aclaración, dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo; mientras que la segunda establece la excepción a esa regla, en cuanto otorga posibilidad de impugnar la sentencia definitiva, únicamente en la parte objeto de aclaración, independientemente de que sea en un aspecto formal o sustancial, dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución aclaratoria. Lo cual, al parecer pugna con lo decidido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, en cuanto dilucidó que la aplicación de las jurisprudencias P./J. 149/2005 y 1a./J. 36/2008, es excluyente, es decir, aplica una u otra jurisprudencia dependiendo del tipo de aclaración, ya sea meramente formal, o bien, sustancial. ..."

II. Tesis del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito. Este tribunal, al resolver el juicio de amparo directo ********** en sesión de veinticinco de marzo de dos mil diez, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEGUNDO. ... En el caso procede sobreseer en el juicio de garantías por haberse presentado la demanda de manera extemporánea. En efecto, el artículo 21 de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). Como puede verse, y como regla general, las partes cuentan con un término de quince días para promover el juicio de amparo, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución reclamada; de que se tenga conocimiento de él, o se ostente sabedor del mismo. A su vez, dicho dispositivo señala que, por lo que hace al primer supuesto, es decir, el relativo a que el término para la promoción de la demanda correrá a partir de que surta efectos la notificación del acto reclamado, se debe atender en ese tópico a la ley que lo rige. Pues bien, del análisis de las constancias del toca familiar que se remite, del cual emana la sentencia que se reclama, se coligue (sic) que a la quejosa le fue notificada tal resolución por cédula el veintiocho de mayo de dos mil nueve, en términos de los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila, según constancia que obra en la foja treinta y cuatro, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la aludida legislación, tal notificación surtió efectos el mismo día, esto es, el propio veintiocho de mayo; de manera que si el término para promover el juicio de amparo que nos ocupa empezó a correr del veintinueve de mayo siguiente descontados el treinta y treinta y uno del señalado mes, así como seis, siete, trece y catorce que dicho término feneció el dieciocho del mes citado en último término (sic). De ahí que si la demanda de garantías se presentó hasta el veintidós de junio de dos mi nueve, según se aprecia del sello de recepción impreso en la demanda de referencia, lo que se corrobora con la certificación realizada por la Secretaría de Acuerdos y Trámite de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, residente en esta ciudad; en consecuencia, es inconcuso que ya había transcurrido el término de quince días que marca el artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo que resulta extemporánea y, por consiguiente, se impone sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos catorce del Tomo I de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), que a la letra dice ‘AMPARO, DEMANDA DE.’ (se transcribe). De igual manera, cabe invocar la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que se comparte, consultable en la página sesenta y cinco del tomo 48, Sexta Parte de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘AMPARO DIRECTO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. DEBE COMPUTARSE A PART

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24558-0fdf118c/aclaracion-de-sentencia-el-computo-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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