REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA ACLARADA Y DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS SU NOTIFICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 530/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE ENERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de criterios contrarios suscitados entre Tribunales Colegiados de Circuito al resolver un tema fiscal y, se estima innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto en claro perjuicio del orden público y el interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realiza el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. Con el propósito de dilucidar la existencia en el caso de la contradicción de tesis denunciada, se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan las hipótesis específicas de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito; así como también el criterio del Pleno de este Alto Tribunal, en el sentido de que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es suficiente que se actualicen los supuestos contenidos en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro, texto y datos de publicación siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P. /J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Núm. Registro IUS: 164120. Jurisprudencia. Materia: común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)
CUARTO. De igual manera, para determinar la existencia o no de la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario atender a los antecedentes que informan las consideraciones de las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. La ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, antes Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en esa ciudad en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que resolvió la revisión fiscal **********, y que dio origen a la tesis III.2o.T.Aux.32 A, informa lo siguiente:
1) El actor ********** presentó demanda de nulidad en contra de la resolución dictada el primero de octubre de dos mil ocho, que le determinó un crédito fiscal a su cargo por la cantidad de **********, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multas de la que conoció la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el número de expediente **********;
2) Seguido el procedimiento, la Sala Regional del conocimiento dictó sentencia el diecinueve de abril de dos mil diez, en la que resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada.
3) Con relación a este fallo, la parte actora solicitó aclaración de la sentencia en cuanto a la precisión del acto impugnado, la cual se declaró procedente para quedar de la siguiente manera:
"PRIMERO. Que el 1o. de octubre de 2008, el **********, en representación legal de la empresa **********, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, de 1o. de julio de 2008, por la que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, le determina un crédito fiscal en cantidad total de ********** por concepto de los impuestos, sobre la renta y al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas, por el ejercicio fiscal de 2005; asimismo, le determina la renta gravable base del reparto de utilidades, en cantidad de **********."
4) En contra de la sentencia de diecinueve de abril de dos mil diez, la autoridad demandada promovió recurso de revisión fiscal, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el número **********, en sesión del veintisiete de enero de dos mil once.
La parte que interesa de esta revisión fiscal **********, es la siguiente:
"TERCERO. Procedencia de la revisión fiscal. La revisión fiscal es procedente de conformidad con el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la resolución impugnada en el juicio de nulidad se emitió por una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 140/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 452, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’. No es obstáculo a lo anterior la causa de improcedencia de la revisión fiscal expuesta por la parte actora (fojas 18 a 26 del toca de origen), en tanto estimó: a) La sentencia definitiva es aquella que no se puede revocar o modificar; asimismo, los recursos son medios legales por los cuales se puede modificar o revocar una sentencia y así alcanzar definitividad. Apoya su dicho en las tesis de rubros: ‘SENTENCIA DEFINITIVA.’, ‘SENTENCIA DEFINITIVA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO.’, ‘SENTENCIA DEFINITIVA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO.’, ‘SENTENCIA DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.’ ‘RECURSOS ORDINARIOS.’ y ‘RECURSOS ADMINISTRATIVOS, FORMULISMOS Y EXIGENCIAS DE EXPRESIÓN EN LOS. NO SON ESENCIALES PARA QUE PROCEDAN.’. b) En cuanto a la aclaración de sentencia, prevista en el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si bien no es un medio de defensa, de igual forma a través de la misma sí se puede lograr su modificación, además de que la norma de mérito reputa como parte integrante del fallo lo resuelto en esa aclaración, aunado a la interrupción del término para su impugnación. Por eso, la sentencia ahora impugnada no es definitiva porque la revisión fiscal se promovió cuando estaba pendiente de resolver la aclaración descrita, de ahí su improcedencia. Apoya su dicho en las tesis de rubros: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA.’, ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CASO DE.’, ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA.’ y ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LAS QUE SE HAYA SOLICITADO SU ACLARACIÓN Y ÉSTA NO HAYA SIDO RESUELTA.’. Los aludidos argumentos son ineficaces para evidenciar la improcedencia de la revisión fiscal, por lo siguiente: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 12/2005-PL, en la cual, es necesario destacarlo, los criterios contendientes fueron tres y de ellos dos derivaron de juicios civiles ordinarios, mientras que el otro provino de un juicio de nulidad resuelto por la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, lo cual generó, tal como se hizo, la necesidad de analizar el artículo 239-C del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto es similar al ordinal 54 de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues al respecto consideró: ‘SEXTO. ... La materia de la presente denuncia de contradicción de tesis radica en determinar si es procedente o no el juicio de amparo en contra de una sentencia dictada en un juicio ordinario mientras está pendiente de resolverse la aclaración de dicha sentencia. Si bien se trata de juicios de naturaleza diferente y de sentencias dictadas en etapas diferentes, conforme a la naturaleza propia de cada procedimiento, todas estas disposiciones regulan la institución procesal denominada aclaración de sentencia, la cual se hizo valer respecto de sentencias dictadas en los juicios naturales materia de la presente denuncia de contradicción de criterios, con anterioridad a la presentación de los juicios de amparo. Es así como se dijo existe contradicción de tesis. SÉPTIMO. El criterio que debe prevalecer es el que este Tribunal Pleno sustenta, de acuerdo con las siguientes consideraciones: ... La aclaración de sentencia es una institución procesal establecida por la ley en beneficio de los gobernados. Cuando se dicta una sentencia, ésta puede contener algún error que es factible de ser corregido mediante la aclaración de sentencia, y la resolución que se dicte en la misma forma parte de la sentencia. ... La aclaración de sentencia no es un recurso porque no puede modificar, revocar o nulificar la sentencia y, por ello, no afecta el principio de definitividad de la misma, por lo que en estos casos el amparo debe promoverse una vez que ha sido notificada la sentencia. En el caso, no se trata de un recurso la aclaración de sentencia -como se explicó- en tanto que es una institución procesal que forma parte integrante de la sentencia. Por los anteriores motivos, en el caso de que se promueva una aclaración de sentencia, la presentación de la demanda de garantías antes de que se haya hecho pronunciamiento sobre la misma, no actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, que establecen: ... (se transcriben). De la lectura de los preceptos anteriores se colige que procede el juicio de amparo contra sentencias definitivas o laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio. Y que se entenderán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos jurídicos del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia y para los efectos del artículo 44, antes transcrito, se entenderán por resoluciones que ponen fin a juicios, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tales motivos, y como quedó precisado con antelación, la aclaración de sentencia no es un recurso, por lo que su interposición no impide que se promueva juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva, una vez que ésta ha sido notificada. De admitir otra posición, por un lado tendría el daño de considerar improcedente un juicio de amparo que de acuerdo con los preceptos de la legislación específica sí resulta procedente y, por el otro, la consecuencia de dejar en manos de los justiciables el plazo para promover el juicio de amparo. Por otra parte, la demanda de garantías debe interponerse en el término que establece la ley de la materia. Dicho plazo de quince días empieza a correr a partir de la notificación de la aclaración de sentencia, para promover, según sea el caso, el juicio de amparo en contra de esa resolución, o bien, la ampliación de la demanda de amparo que en contra de la sentencia definitiva se haya interpuesto previamente al pronunciamiento sobre la aclaración. ...’ (énfasis añadido). De la ejecutoria transcrita derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 149/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXII, diciembre de 2005, página 5, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. La aclaración de sentencia no tiene la naturaleza de un recurso, porque no puede modificar, revocar o nulificar una sentencia; por tanto, su tramitación no impide que se promueva juicio de garantías contra la sentencia definitiva, una vez que ésta ha sido notificada; así, el hecho de que la demanda de garantías en contra de la sentencia definitiva se presente antes de que exista el pronunciamiento relativo a la aclaración de sentencia, no actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo.’. Con base en lo anterior, si bien las razones legales y tesis reproducidas se enfocan en el juicio de amparo directo, pues no hacen alusión a la revisión fiscal, también lo es que, de la ejecutoria referida, se advierte la referencia a la figura de la aclaración de sentencia prevista en el Código Fiscal de la Federación y juicio de nulidad donde se promovió la misma, institución jurídica la citada que se reprodujo en el ordinal 54 de la vigente Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tal como se hizo alusión líneas atrás, motivo por el que tales razones cobran aplicación al caso concreto y también se deben entender referidas a la revisión fiscal, de lo contrario se adoptaría un criterio contrario a lo resuelto por la superioridad, mismo que, además, es obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Así, la aclaración de sentencia no es un recurso en tanto forma parte de ella y, por eso, no afecta el principio de definitividad de la misma, razón por la cual la revisión fiscal se debe promover luego de notificarse la sentencia correspondiente, pues aun cuando se hubiese promovido tal aclaración, esa particularidad no conlleva la actualización de la improcedencia de la revisión fiscal, en tanto la sentencia impugnada conserva su carácter de definitiva, pues resolvió o definió la cuestión principal expuesta en el juicio de nulidad en cuanto a la acción y defensa se refiere. De no ser así, al tenor de lo dispuesto por la superioridad, se tendría por improcedente una revisión fiscal aun cuando los preceptos de la ley aplicable sí prevén su procedencia; ello, sin perjuicio de que la autoridad recurrente tuviese oportunidad de ampliar o promover un nuevo recurso después de resuelta la indicada aclaración, con la finalidad de privilegiar el derecho de defensa y no dejarla inaudita mediante una aplicación técnica exagerada con sustento en una interpretación que iría en sentido contrario a las consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa medida, la ineficacia de los argumentos del actor se configura porque, contrario a su dicho, la sentencia recurrida en revisión fiscal sí tiene el carácter de definitiva a pesar de la solicitud de su aclaración, en atención a lo expuesto y en continuidad de las consideraciones de la superioridad. Ahora, el numeral 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente: ‘Artículo 54.’ (se transcribe). De conformidad con el numeral en comento, la aclaración de sentencia se puede promover por estimarla contradictoria, ambigua u oscura, empero, de ser procedente la solicitud, las consideraciones por exponer no tendrán el efecto de variar la sustancia o esencia del fallo, lo cual deja patente la intención del legislador de acotar los alcances de esa institución procesal, pues al no ser un recurso, carece del alcance legal necesario para lograr su modificación o revocación o anulación. Es decir, si se considera alguna contradicción en la sentencia, la aclaración tendrá por efecto rectificar la misma y establecer cuál consideración o dato o razón legal debe prevalecer; en el supuesto de calificar la motivación como ambigua, por tener dos o más significados atribuibles al mismo elemento, a través de esa institución se podrán hacer entendibles o comprensibles los conceptos ambiguos mediante la indicación concreta de cómo se deben entender en función del caso concreto; y, en la hipótesis de oscuridad, la consecuencia será explicar esos conceptos o rubros a fin de darles sentido y alcance en atención al fallo al cual pertenecen. Por eso, a través de la aclaración de sentencia ésta no se puede modificar, porque de ser así su contenido se limitaría o se podría restringir o incluso sufriría una transformación, cambio o alteración de tal forma que se afectaría su sustancia o esencia, lo cual prohibió de forma expresa el legislador. En tal contexto, son ineficaces las aseveraciones del actor mediante las cuales pretende fundar la improcedencia de la revisión fiscal porque, en atención al texto del numeral 54, la aclaración de sentencia no permite modificación alguna sobre la misma. Aunado a ello, si bien el ordinal 54 citado, de forma expresa establece que lo resuelto en la aclaración de sentencia pasará a formar parte de la misma, siempre y cuando sea fundada la solicitud, además de hacer la indicación en el sentido de que la promoción de esa petición interrumpe el plazo para impugnar la resolución, ello en modo alguno evidencia la posibilidad legal de lograr la modificación del fallo, sino sólo las consecuencias de presentar dicha solicitud y máxime porque la oportunidad de controvertir el fallo, según expuso la superioridad, se puede actualizar de dos formas: I) A partir de la notificación de la sentencia. II) Después de resuelta la aclaración, la parte que pretenda impugnarla podrá presentar ampliación del medio de defensa o una nueva revisión fiscal en la cual se incluyan los agravios tendentes a controvertir dicho fallo y la aclaración de mérito. Conviene precisar que si bien la ampliación de la revisión fiscal o su promoción por segunda ocasión, en el supuesto de haber solicitud de aclaración de sentencia, no se prevén en la ley aplicable, también lo es que se deben aceptar con la finalidad de privilegiar el derecho de defensa y permitir al juzgador resolver la litis de manera integral; además, de esa forma se evitan trampas procesales que pudiesen generar consecuencias negativas en el ejercicio del derecho de defensa y, concomitante a ello, se privilegia el acceso a la justicia así como su impartición completa, pronta e imparcial. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en el Tomo XVIII, julio de 2003, página 11, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). Asimismo, las tesis de rubros: ‘SENTENCIA DEFINITIVA.’, ‘SENTENCIA DEFINITIVA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO.’, ‘SENTENCIA DEFINITIVA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO.’, ‘SENTENCIA DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.’, ‘RECURSOS ORDINARIOS.’, ‘RECURSOS ADMINISTRATIVOS, FORMULISMOS Y EXIGENCIAS DE EXPRESIÓN EN LOS. NO SON ESENCIALES PARA QUE PROCEDAN.’, ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA.’, ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CASO DE.’ y ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA.’. No generan beneficio legal alguno al actor, en cuanto a la improcedencia de la revisión fiscal se refiere, porque sólo indican qué debe entenderse por sentencia definitiva o recurso sin ser procedente desecharlos por exigencias de forma o expresión, además de definir la aclaración de sentencia y precisar que el fallo adquiere el carácter de definitivo luego de aclarar su contenido, el cual pasa a formar parte de la misma. Sin embargo, de los criterios descritos no se aprecia consideración alguna con base en la cual se supere o haga inaplicables las consideraciones de la contradicción de tesis y tesis de jurisprudencia P./J. 149/2005, de rubro: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.’, pues la misma, tal como se expuso, también analizó la aclaración de sentencia en juicio de nulidad y en atención a las normas aplicables al caso concreto, de ahí que dicho criterio deba imperar. Por lo que se refiere a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en el Tomo XIV, julio de 2001, página 502, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LAS QUE SE HAYA SOLICITADO SU ACLARACIÓN Y ÉSTA NO HAYA SIDO RESUELTA. Si bien la aclaración de sentencia prevista en el artículo 239-C del Código Fiscal de la Federación, no constituye un recurso en el estricto sentido de la palabra, sí puede considerarse como un medio de defensa en los términos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene como objeto modificar las resoluciones dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación), corrigiendo las partes que se estimen contradictorias, ambiguas u oscuras; de ahí que las sentencias que emita el aludido tribunal en las que se haya solicitado por alguna de las partes su aclaración no revisten el carácter de definitivas, porque de proceder dicha aclaración aquéllas se verían modificadas y la resolución que al respecto se dictara formaría parte integrante de ellas. En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del citado código, a través del recurso de revisión fiscal podrán impugnarse las sentencias definitivas, resulta inconcuso que dicho recurso es improcedente en contra de aquellas sentencias en las que la solicitud de aclaración se encuentre pendiente de resolver, pues éstas no están debi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24425-f06ee9e3/revision-fiscal-procede-contra-la-sentencia-aclarada-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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