NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN INTEGRÓ SALA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTES: ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distinto circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue presentada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, lo cual encuentra fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito
El citado órgano colegiado, al resolver el trece de noviembre de dos mil ocho, las revisiones fiscales 170/2008, 171/2008 y 179/2008; el veintiuno de julio de dos mil diez, el amparo directo 201/2010, y el diecinueve de enero de dos mil once, la revisión fiscal 190/2010, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
Revisión fiscal 170/2008
"QUINTO. Son parcialmente fundados los agravios hechos valer, por las razones que a continuación se exponen. Antes de realizar el estudio respectivo, para una mejor comprensión del asunto, conviene referir los siguientes antecedentes que se desprenden de los autos del juicio de nulidad de origen: ... precisado lo anterior, por razón de técnica jurídica, este Tribunal Colegiado procederá a continuación al examen conjunto de los dos conceptos de agravio hechos valer por las autoridades recurrentes. En el marcado como ‘único’ (sic), que en realidad corresponde al primer agravio (fojas 5 a 8), las recurrentes sostienen en esencia que el fallo recurrido es ilegal, toda vez que la nulidad declarada por la Sala Fiscal debió ser para el efecto de que se emitiera una nueva actuación por parte de la autoridad exactora, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse actualizado una violación de carácter formal al inicio del procedimiento de fiscalización en materia aduanera, pero no así una declaratoria de nulidad lisa y llana como sucedió en el caso; que ello es así, porque ante la ilegal notificación del acta de irregularidades de las mercancías de difícil identificación que fueron objeto del reconocimiento aduanero, se surte una violación a los requisitos formales del procedimiento referida expresamente en la fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal en cita, lo que trae como consecuencia que se declare la nulidad para efectos de la resolución determinante primigenia. ... Por su parte, en el segundo agravio (fojas 8 vuelta a 11), las autoridades inconformes refieren esencialmente que la sentencia recurrida es contraria a derecho, porque si bien la Sala Fiscal declaró la nulidad de las resoluciones impugnada y recurrida, citando como fundamento de ello a la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el presente caso, la nulidad declarada por la Sala fue lisa y llana pero sin dejar a salvo las facultades de la autoridad para emitir un nuevo acto, lo que resulta ilegal porque la violación que se estimó actualizada constituye un vicio de forma que es susceptible de subsanarse. ... Son parcialmente fundados los agravios antes resumidos. Como cuestión previa al examen de los tipos de nulidad contenidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con las consideraciones de la sentencia recurrida y con los argumentos hechos valer al respecto por las recurrentes, en el caso a estudio conviene señalar inicialmente que tratándose de los procedimientos de fiscalización en los que se levante un acta de muestreo con motivo del reconocimiento aduanero de mercancías de difícil identificación, como acontece en el presente asunto, dicho procedimiento no inicia con el levantamiento de la propia acta de muestreo, sino que ello acontece sólo cuando a partir del examen técnico de las muestras tomadas y con los dictámenes correspondientes, en su caso, se advierte la existencia de irregularidades respecto de la mercancía declarada al momento de la importación, y en consecuencia se emite el escrito de hechos u omisiones o acta de irregularidades a que se refiere el artículo 46 de la Ley Aduanera, siendo hasta ese momento cuando inicia el procedimiento aduanero, dado que la denominada acta de irregularidades antes referida, al tenor de lo dispuesto por el artículo 152, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, debe ser legalmente notificada al contribuyente, y el mismo contará con un plazo de diez días para desvirtuar los hechos u omisiones respectivos, aportando las pruebas y haciendo valer los alegatos que a su derecho convengan. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 102/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 213 del Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO, TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, DEBE LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS RESPECTIVO.’ (se transcribió). Precisado lo anterior, conviene señalar que como se advierte de los antecedentes narrados previamente, en la sentencia recurrida la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnada y determinante recurrida, ante la ilegalidad de la notificación del acta de irregularidades de las mercancías de difícil identificación que fueron objeto del reconocimiento aduanero, misma que como se ha visto significó el inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en el presente caso, y que por tanto, la nulidad declarada por la Sala se sostuvo en un vicio de forma, al surtirse un caso análogo al que acontece con la ilegalidad de la notificación de una orden de visita domiciliaria, en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido jurisprudencialmente que en esos supuestos se actualiza una violación formal, y que tiene una similitud relevante con el caso a estudio en la medida de que en ambos se trata del inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. La jurisprudencia a que se alude se identifica con el número 2a./J. 63/2002, y se encuentra publicada en la página 443, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía, que a la letra señala: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA FALTA DEL REQUISITO FORMAL DEL CITATORIO CONSISTENTE EN NO ESPECIFICAR QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA, ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA A LA DECLARATORIA DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribió). En la jurisprudencia transcrita, se señala que la ilegalidad que se encuentre en el citatorio que precede a la entrega de una orden de visita domiciliaria (situación análoga al caso de que se estime ilegal la notificación del acta de irregularidades en tratándose de un procedimiento aduanero respecto de mercancías de difícil identificación, como sucedió en la especie), constituye un vicio formal que conduce a una nulidad que no obliga a la autoridad a subsanar su acto, pero tampoco se lo impide, en términos de lo dispuesto por el artículo 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación (precepto actualmente derogado). De esta forma, ese tipo de nulidad excepcional, también llamado ‘discrecional’ atendiendo a ese tipo de facultades de la autoridad demandada, expresamente se contemplaba diferenciada por el legislador en el artículo de referencia, de la nulidad ‘para efectos’ y de la diversa llamada ‘lisa y llana’. Sin embargo, actualmente el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no hace esa distinción y prevé únicamente dos tipos de nulidades: ‘lisa y llana’ y ‘para efectos’, como se observa de la siguiente transcripción: ‘Artículo 52. ...’. (se transcribió). El precepto legal antes transcrito, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2006-PL, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del Más Alto Tribunal del País, cuya ejecutoria se encuentra publicada a partir de la página 743 del Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en lo conducente establece: (se transcribió). La ejecutoria que en lo conducente se transcribió, dio origen a la tesis P. XXXIV/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (misma que no constituye jurisprudencia porque no resolvió el tema de la contradicción planteada), que a la letra dice: ‘NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN.’ (se transcribió). De todo lo antes transcrito, se constata que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diferenció los actuales tipos de nulidad previstos en el artículo 52 de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, distinguiendo entre ‘nulidad lisa y llana o absoluta’ y ‘nulidad para efectos o relativa’. La nulidad lisa y llana puede ser por vicios de fondo, de forma o de procedimiento o, incluso, por falta de competencia, según sea la causa por la que el acto impugnado carezca de todo valor jurídico y, por ello, queda nulificado, ya que el acto impugnado puede nulificarse por provenir de un procedimiento viciado, por adolecer de vicios formales, o por carecer de competencia la autoridad que lo emita. Sin embargo, existe la posibilidad de que se emita una nueva resolución que supere la deficiencia que originó la nulidad, como sería corregir el procedimiento, fundar y motivar la nueva resolución, o que la autoridad competente emita otra; asimismo, que solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto, es la que no permite dictar nueva resolución, al ya existir cosa juzgada sobre el problema de fondo debatido; no obstante, respecto a vicios formales o de procedimiento o de falta de competencia, en estos casos no se juzgó sobre el fondo y ello significa que no puede existir cosa juzgada al respecto, por tanto, las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden dar lugar, tanto a la declaración de nulidad lisa y llana, como a la nulidad para determinados efectos, dependiendo de las particularidades del caso. Lo anterior, guarda coincidencia además con la redacción del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues como ha quedado de manifiesto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, únicamente, puede declarar la nulidad ‘para efectos’ o bien ‘lisa y llana’ de fondo o de forma, conteniéndose por tanto en la última, la nulidad del tipo excepcional que se preveía en el artículo 239, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, en su redacción vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, pues en este supuesto, no se puede obligar a la autoridad a actuar pero tampoco se le puede impedir que lo haga, por derivarse de vicios formales. Precisado lo anterior, en el caso a estudio, se estima que en primer término, no asiste razón a las autoridades recurrentes, en cuanto señalan que, la Sala debió declarar la nulidad para efectos de las resoluciones impugnada y recurrida, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse actualizado una violación de carácter formal al inicio del procedimiento de fiscalización en materia aduanera, referida expresamente en la fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal en cita, lo que a su decir trae como consecuencia, que se declare la nulidad para efectos de la resolución determinante primigenia. Ello es así, porque como antes se ha visto, en el caso concreto, el vicio de ilegalidad que estimó actualizado la Sala Fiscal, aconteció al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, esto es, ante la ilegalidad de la notificación del acta de irregularidades en un procedimiento de fiscalización aduanera respecto de mercancías de difícil identificación, y en consecuencia, si bien como se ha sostenido con antelación, se trató de un vicio formal, éste se surtió desde el origen del ejercicio de una facultad de comprobación de las autoridades fiscales, de tal forma que como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema de Justicia de la Nación, en casos análogos, la nulidad en dichos supuestos no puede ser para el efecto de que se obligue a la propia autoridad tributaria a que ejerza una facultad que en los términos legales resulta de naturaleza discrecional, pues el ejercicio de las facultades fiscalizadoras, que son propias de la autoridad, derivan de la ley y no de lo señalado en una sentencia fiscal, bastando que con la declaratoria de nulidad no se impida ni se obligue a la autoridad respectiva a actuar en el sentido que legalmente le competa, con la sola limitante de que las facultades de comprobación, de ser el caso, se ejerzan conforme al plazo de la caducidad que para aquéllas se prevé, en el artículo 67 del código tributario federal. En ese mismo sentido, se cita por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 89/99 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 185, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribió). En mérito de lo expuesto, resulta infundado el argumento de las autoridades recurrentes relativo a que la Sala debió declarar la nulidad para efectos de las resoluciones impugnada y recurrida de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción II y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, resulta fundado lo sostenido por las autoridades inconformes en cuanto refieren que si bien la Sala Fiscal declaró la nulidad de las resoluciones impugnada y recurrida, citando como fundamento de ello a la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicha determinación es ilegal porque se emitió una declaratoria de nulidad lisa y llana pero sin dejar a salvo las facultades de la autoridad para emitir un nuevo acto, lo que resulta contrario a derecho porque la violación que se estimó actualizada constituye un vicio de forma que es susceptible de subsanarse. Efectivamente, como se ha señalado con antelación, en la especie el vicio formal que estimó actualizado la Sala Fiscal se hizo consistir en la ilegal notificación del acta de irregularidades en un procedimiento de fiscalización aduanera respecto de mercancías de difícil identificación, en consecuencia, como lo refieren las recurrentes, en el caso a estudio la Sala ilegalmente consideró que ese motivo de ilegalidad constituía un vicio de fondo que impedía a las autoridades la emisión de un nuevo procedimiento de fiscalización, ubicando esa causa de ilegalidad en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que señala: ‘Artículo 51. ... IV. ...’. (se transcribió). Sin embargo, en el caso concreto no se trata realmente del supuesto en el que los hechos que motivaron la resolución determinante fueran distintos o se apreciaran en forma equipada, o que en cuanto al fondo del asunto haya una ilegal aplicación u omisión en la cita de las disposiciones legales aplicables; sino que por el contrario, como lo ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos en que se notifica ilegalmente el inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, esa actuación constituye realmente un vicio de forma que se ubica en cambio en la fracción III del propio artículo 51 del ordenamiento legal referido, en cuanto se refiere a los vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al resultado del fallo, como se advierte de la siguiente transcripción: ‘Artículo 51. ... III. ...’. (se transcribió). Efectivamente, como se ha señalado con antelación, en la especie el vicio formal que estimó actualizado la Sala Fiscal en el caso a estudio, se hizo consistir en la ilegal notificación del acta de irregularidades en un procedimiento de fiscalización aduanera respecto de mercancías de difícil identificación, y en mérito de ello, esa actuación constituye realmente un vicio de forma que si bien en los términos del vigente artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conlleva a una declaratoria de nulidad lisa y llana, ese tipo de nulidad no encuentra sustento en cuestiones de fondo sino de forma, y por tanto, la nulidad en dichos supuestos no puede ser para el efecto de que se obligue a la propia autoridad tributaria a que ejerza una facultad que en los términos legales resulta de naturaleza discrecional, pero tampoco puede impedirse a las autoridades que ejerzan la atribución que conforme a sus atribuciones legales les competa, con la sola limitante de que las facultades de comprobación, de ser el caso, se ejerzan conforme al plazo de la caducidad que para aquéllas se prevé en el artículo 67 del código tributario federal ..."
Cabe señalar que en las revisiones fiscales 171/2008, 179/2008, 190/2010, y en el amparo directo 201/2010, el Tribunal Colegiado de Circuito de mérito sostuvo consideraciones similares, por lo que resulta innecesario realizar su transcripción.
Así, de dichas ejecutorias derivó la jurisprudencia que a la letra dice:
"Registro digital: 162781
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXIII, febrero de 2011
"Materia: administrativa
"Tesis: VI.1o.A. J/53
"Página: 2138
"NULIDAD LISA Y LLANA POR VICIOS DE FORMA DECLARADA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN III, Y 52, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE ACTUALIZA ANTE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, Y SUS ALCANCES SON LOS DEL TIPO DE NULIDAD EXCEPCIONAL QUE SE PREVEÍA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. De la ejecutoria emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis 15/2006-PL, y del criterio que derivó de aquélla de número P. XXXIV/2007, cuyo rubro se lee: ‘NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN.’, se constata que los actuales tipos de nulidad previstos en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, son únicamente los distinguidos como ‘nulidad lisa y llana o absoluta’ y ‘nulidad para efectos o relativa’, siendo que la declaratoria de nulidad lisa y llana puede generarse por vicios de forma, de procedimiento o inclusive de falta de competencia, así como por vicios de fondo y que ante los primeros, la autoridad puede emitir un nuevo acto subsanando el vicio detectado, conteniéndose por tanto en estos casos, la nulidad del tipo excepcional que se preveía en el artículo 239, fracción III, y último párrafo del Código Fiscal de la Federación en su redacción vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, pues en estos supuestos no se puede obligar a la autoridad a actuar pero tampoco se le puede impedir que lo haga, por derivarse de vicios formales. En consecuencia, en los supuestos en que se notifica ilegalmente el inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, esa actuación constituye un vicio de forma que se ubica en la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto se refiere a los vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al resultado del fallo, y si bien en los términos del artículo 52, fracción II, del mismo ordenamiento legal, esa violación conlleva a una declaratoria de nulidad lisa y llana, por acontecer desde el origen del ejercicio de una facultad discrecional, ese tipo de nulidad no encuentra sustento en cuestiones de fondo sino de forma, y por tanto, la nulidad en dichos supuestos no puede ser para el efecto de que se obligue a la autoridad tributaria a que ejerza una facultad que en los términos legales resulta de naturaleza discrecional, pero tampoco puede impedirse a las autoridades que actúen en el sentido que legalmente les competa, con la sola limitante de que las facultades de comprobación se ejerzan conforme al plazo de la caducidad que para aquéllas se prevé en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación."
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito
El citado Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver en sesión del nueve de mayo de dos mil trece, el amparo directo 72/2013, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Es infundado el concepto de violación. En efecto, no asiste la razón a la quejosa en cuanto aduce que, atento a que la génesis de la resolución impugnada fue el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad demandada, las cuales están sujetas a la discrecionalidad de ésta, la Sala responsable no debió declarar la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que emita otra, pues dado que no se le puede obligar a la autoridad a actuar en determinado sentido, la nulidad debió ser lisa y llana; siendo aplicables las jurisprudencias 2a./J. 149/2005 y XVI.lo.A.T. J/19, de rubros: ‘MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.’ y ‘MULTAS DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES. SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES DEBE SER LISA Y LLANA, AL HABERSE ORIGINADO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD.’. Lo anterior es así, porque el hecho de que la resolución impugnada en el juicio de nulidad derive de un procedimiento oficioso iniciado con motivo de facultades discrecionales, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, no tiene el alcance de imposibilitar a la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento para que, cuando decrete la ilegalidad de la resolución indicada por vicios del procedimiento o porque se incumplieron requisitos formales, declare la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución en la que se subsane la deficiencia advertida; sino que únicamente tiene el efecto de que quede a discreción de la autoridad reponer el procedimiento o dictar una nueva resolución, ya que no puede ser conminada para ello a través del procedimiento de cumplimiento de sentencia, en el entendido de que si no lo hace dentro del plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo, precluirá su facultad respectiva, siempre que con ello no se afecte al actor. Para justificar la validez de la anterior aserción, es menester tener en cuenta que los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, los cuales regulaban las causas que daban lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada y la nulidad correspondiente a cada una de ellas, fueron objeto de análisis en la contradicción de tesis 2/97, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se consideró: (se transcribió). De la resolución anterior, derivó la jurisprudencia siguiente: ‘SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribió). El criterio anterior fue reiterado en diversas jurisprudencias, como la siguiente: ‘MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.’ (se transcribió). En cuanto a la obligación de la autoridad demandada, de dictar nueva resolución ante la declaración de su nulidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 41/2000, en la que estableció que ello acontece cuando la nulidad lisa y llana sea insuficiente para restaurar el orden jurídico violado; por lo que la emisión de la resolución administrativa fuera del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no actualiza la causa de ilegalidad contenida en el artículo 238, fracción IV, del invocado código. Criterio del que deriva, de manera implícita, que cuando la resolución administrativa que se emita fuera del indicado plazo legal, no sea menester a fin de tutelar el derecho subjetivo vulnerado, sí origina la citada causa de ilegalidad. La jurisprudencia de que dio noticia, es la siguiente: ‘SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.’ (se transcribió). Ahora bien, los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, analizados en las jurisprudencias que anteceden, fueron derogados a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamiento cuyos preceptos en lo relativo al tema, relacionados con la problemática que nos ocupa, establecen: ‘Artículo 51.’. ‘Artículo 52.’. ‘Artículo 57.’. ‘Artículo 58.’ (se transcribieron). Como se observa, en los preceptos transcritos, ya no se encuentra la distinción que fue materia de análisis en las jurisprudencias de que se dio noticia, atinente a la salvedad de la declaración de nulidad para efectos, cuando se tratara de facultades discrecionales; y que sirvió de premisa fundamental para concluir que en tales casos, procedía una nulidad de tipo excepcional, a través de la cual sólo se declaraba la nulidad de la resolución impugnada, sin imprimirle efecto alguno, pues no se podía obligar a la autoridad a obrar en determinado sentido, atento a sus facultades discrecionales, pero tampoco se le podía impedir que ejerciera tales facultades. Sino que ahora, en la primera parte de la fracción IV del artículo 52 de la citada ley federal, se establece que las causas de ilegalidad atinentes a violaciones procesales o formales, dan lugar, sin excepción alguna, a una nulidad para efectos, pues señala que siempre que se actualice alguno de los referidos motivos de ilegalidad, deberá declararse la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución, según el caso. La disposición en cita, es categórica al prever que en todos los casos en que se declare la ilegalidad de una resolución administrativa con motivo de la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios del procedimiento, cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al sentido de aquélla, la Sala Fiscal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; sin hacer distinción alguna entre las resoluciones que p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25498-2ef7b50c/nulidad-de-resoluciones-o-actos-derivados-del-ejercicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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