AGENTE ADUANAL. SI EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO A SU CARGO AL ATRIBUÍRSELE UNA INDEBIDA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, LA SALA FISCAL NO DEMUESTRA QUE HAYA DEMANDADO, ADEMÁS, EL PAGO DEL VALOR DE LAS MERCANCÍAS QUE PASARON A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL A QUIEN ACREDITE SER SU LEGÍTIMO PROPIETARIO, NO PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, POR NO SER PARTE DE LA LITIS.
REVISIÓN FISCAL 932/2010. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ZAPOPAN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Se tiene por reproducida la resolución recurrida, de la que se ordena agregar copia certificada a los presentes autos, e igualmente se dan por transcritos los agravios planteados en su contra, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las resoluciones, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación a cargo de este Tribunal Colegiado de Circuito; además de que no se deja en estado de indefensión al recurrente, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados del escrito de expresión de agravios, los cuales deben ser estudiados y dárseles respuesta oportuna, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad citados en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, localizable en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
Asimismo, resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo criterio se comparte, visible en la página 2115 del Tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."
QUINTO. En un aspecto, son ineficaces los agravios esgrimidos y, en otro, sustancialmente fundados.
Como antecedentes que informan el acto reclamado, cabe tener presente que la parte actora **********, en su carácter de agente aduanal, por su propio derecho, el ********** demandó del administrador de la aduana de Manzanillo y del administrador local jurídico de Colima, ambos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del secretario de Hacienda y Crédito Público, la resolución contenida en el oficio número **********, de **********, emitida por el administrador local jurídico de Colima, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la diversa resolución contenida en el oficio número **********, de **********, emitida por el administrador de la aduana de Manzanillo, firmada en suplencia de ésta por el subadministrador de la aduana de Manzanillo del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que le impuso un crédito por la cantidad de $**********, atribuyéndole la comisión de la infracción de los artículos 176, fracción I, 178, fracción IV, de la Ley Aduanera y 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
Seguida la secuela procesal, la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia el **********, en la que declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de **********, la que fue emitida por el subadministrador de la aduana de Manzanillo, en la que determinó que la mercancía consistente en 6,180 piezas de juegos didácticos de baterías, modelos **********, **********, ********** y **********, declaradas en el pedimento de importación **********, cuentan con componentes eléctricos/electrónicos que permiten emitir sonidos, pero no representan la parte esencial que activa el funcionamiento intrínseco de los juguetes; por tanto, consideró que al no contar con un mecanismo eléctrico o electrónico que represente la parte esencial que activa su funcionamiento y clasificarse en la fracción arancelaria 9503.00.99, están afectas al pago de la cuota compensatoria del 351%, esto de conformidad con el punto 630 de la resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de juguetes; mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de las partidas 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507 y 9508 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil seis.
Sobre esta determinación, la Sala responsable tomó en cuenta que la parte actora, para demostrar lo contrario, es decir, que las 6,180 piezas de juegos didácticos de baterías modelos **********, **********, ********** y **********, cuentan con componentes eléctricos o electrónicos esenciales para su funcionamiento, ofreció una pericial en materia de ingeniería industrial; probanza ésta que, por acuerdo de ********** (foja 441 del juicio de nulidad), se requirió al subadministrador de la aduana de Manzanillo, para que en el plazo de tres días hábiles señalara el lugar en donde se pondría la mercancía a disposición de los peritos de las partes, a fin de que emitieran su dictamen, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se tendrían por ciertos los hechos que la parte actora pretendía probar con el citado medio de convicción; por lo que al no presentar dicha mercancía, por acuerdo de ********** (foja 505 idem), la Magistrada instructora hizo efectivo el apercibimiento formulado al mencionado subadministrador, al no cumplir con el requerimiento realizado; por ello, concluyó en que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tuvo por ciertos los hechos que el actor pretendía probar con la materia de ingeniería industrial, presumiéndose la mercancía amparada en el pedimento de **********, consistente en 6,180 piezas de juegos didácticos de baterías, modelos **********, **********, ********** y **********, los dispositivos eléctricos o electrónicos que contienen no son de carácter accesorio, sino que representan la parte esencial que activa su funcionamiento.
Sobre este tema expuso, que al quedar demostrado que el motivo por el cual la autoridad aduanera determinó el pago de la cuota compensatoria del 351% deriva de una indebida apreciación de los hechos, los fundamentos y motivos que sustentan la liquidación no son suficientes para concluir que en el caso a estudio, respecto de la mercancía que amparó el pedimento de importación **********, se incurrió en una omisión de contribuciones al comercio exterior; de ahí que, en relación con las cuotas compensatorias, el impuesto al valor agregado, las actualizaciones, los recargos y las multas, su determinación resulta contraria a las disposiciones legales aplicadas al dejarse de observar las debidas.
De todo lo cual finalizó diciendo, que al probar el demandante que no se actualizó, en la especie, la violación al artículo 176, fracción I, de la Ley Aduanera, consistente en "omitir el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias que deban cubrirse", también le asiste la razón cuando afirma que la imposición de las multas al amparo de los artículos 178, fracción IV, de la Ley Aduanera y 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, son contrarias a derecho.
Por ende, la resolución determinante del crédito fiscal se encuentra indebidamente fundada y motivada, en contravención de lo dispuesto por el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al dejar de observarse las disposiciones debidas, producto de una incorrecta apreciación de los hechos.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 51 y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró la nulidad lisa y llana de la liquidación combatida, así como de la determinación de la autoridad aduanera en el sentido de que la mercancía pasó a propiedad del fisco federal, estando obligado el Servicio de Administración Tributaria, a través del funcionario competente, a pagar el valor de la mercancía embargada a quien acredite su propiedad, al constatarse el oficio ********** de treinta de noviembre de dos mil nueve, signado por el jefe de departamento de la aduana de Manzanillo, en suplencia por ausencia del administrador y del acta administrativa de transferencia de bienes adjudicados a favor del fisco federal, ubicados en los recintos fiscalizados de la aduana de Manzanillo, de catorce de agosto de dos mil nueve, que fue vendida mediante subasta ********** de **********.
Citó como apoyo de su determinación la jurisprudencia 2a./J. 240/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 433, cuyo rubro es:
"NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN."
Por su parte, la autoridad inconforme en el único de los agravios, señaló que se viola lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que encierra el principio de congruencia porque, en su concepto, la Sala a quo, al emitir la sentencia que hoy se recurre, es incongruente en su manera de resolver, dado que sus consideraciones son totalmente erróneas, pues incumple con su obligación de fundar en derecho y resolver sobre las pretensiones del actor que se deduzcan de su demanda, en relación con la resolución impugnada, incluyendo sus antecedentes, ya que en el cuarto considerando del fallo que se recurre se observa claramente la ilegalidad de los alcances de la misma, al desviar la litis y resolver sobre cuestiones que no fueron planteadas, como es la devolución del valor de las mercancías que pasaron a propiedad del fisco federal, a la persona que acredite su propiedad, la cual en ningún momento fue parte en el juicio, otorgando un beneficio a persona incierta, la cual ya había consentido los efectos correspondientes a su cargo de la resolución que se impugna en el juicio natural.
Esto es, alega la recurrente que la parte actora en momento alguno se encuentra argumentando la devolución de las mercancías que pasaron a propiedad del fisco federal, resultando improcedente que la a quo se hubiera pronunciado sobre una cuestión que en ningún momento fue parte de la litis; máxime que, como se puede apreciar, tal circunstancia no le causa afectación alguna al inconforme, ya que dichas mercancías no son parte de su propiedad, tan es así que no realiza pronunciamiento al respecto en ninguna parte de su demanda, por lo que tal circunstancia no afecta su esfera jurídica ni patrimonial.
Más aún, que como este Tribunal Colegiado podrá apreciar de la resolución impugnada, el crédito determinado a la parte actora fue en su carácter de agente aduanal, como responsable directo de las contribuciones omitidas, con excepción de las multas determinadas, sin que le cause afectación alguna, en su esfera jurídica, el hecho de que las mercancías embargadas hubieran pasado a ser propiedad del fisco federal, por lo que la a quo debió de abstenerse de realizar pronunciamiento al respecto, y hacerlo solamente sobre las cuestiones efectivamente planteadas dentro de la litis, toda vez que, como se aprecia de la parte que fue transcrita, dicha juzgadora fue quien en un principio delimitó la misma, sin que en dicha delimitación se aprecie agravio o cuestión referente a la devolución de las mercancías.
En ese sentido, es que consideró que la a quo se encuentra desviando la litis planteada por el accionante, al determinar una cuestión que no fue planteada por éste en su demanda, sino que resulta irrelevante para su esfera jurídica, toda vez que éste, en momento alguno, se encuentra acreditando el interés jurídico necesario para solicitar la devolución de las mercancías que pasaron a propiedad del fisco federal en el caso que nos ocupa, ya que no acredita su propiedad.
Citó como apoyo las tesis cuyos rubros son:
"VARIACIÓN DE LA LITIS.", "AGRARIO. VARIACIÓN IMPROCEDENTE DE LA ACCIÓN, FIJADA LA LITIS.", "JUICIOS DE NULIDAD. VARIACIÓN DE LA LITIS" y "TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VARIACIÓN DE LITIS EN EL."
De dichos criterios dedujo, que si bien la juzgadora natural contaba con las facultades de analizar las acciones planteadas por el actor, así como de analizar las cuestiones intrínsecas de sus argumentos, también lo es que tal facultad del órgano jurisdiccional no debe llegar al extremo de variar la específica acción intentada, condenando a prestaciones no deducidas en el juicio, puesto que ello implica desatender la litis propuesta por las partes; que en la especie, la a quo, en la sentencia que se recurre, se encuentra otorgando el beneficio de la devolución de la mercancía que pasó a propiedad del fisco federal a una persona que en momento alguno intervino en la litis, como fue el propietario de la mercancía, violando el principio de la parte agraviada, en virtud de que tal cuestión nunca fue planteada en la demanda que dio origen a dicha sentencia, además de que en el juicio nunca compareció el referido propietario, por lo que se debe considerar que tal afectación se encuentra plenamente consentida de su parte, resultando ilegal que la emisora de la sentencia se pronuncie al respecto.
Abundó sobre este aspecto, en que si el propietario de la mercancía no impugnó, dentro de los términos legales establecidos para ello, la resolución por la que la autoridad decretó que la mercancía pasaba a propiedad del fisco federal, tal cuestión pasó a ser un acto consentido por éste, independientemente de que en la sentencia que se recurre se hubiera decretado la nulidad de dicho acto, pues la afectación causada a tal persona ya fue consentida sin que la juzgadora natural cuente con las facultades de pronunciarse sobre ello, siendo así que el propio artículo 9o., fracción II, en relación con el diverso 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé el sobreseimiento de los juicios contencioso administrativos en los casos de consentimiento de los actos, por lo que para el caso de que la Sala Fiscal se encontrara en condiciones de pronunciarse sobre la devolución de la mercancía, la parte agraviada debió haber controvertido tal cuestión o, en su caso, haber comparecido al juicio que nos ocupa, sin que en la especie ocurriera tal circunstancia.
Por ende, es que se consideró que la a quo en la sentencia que se recurre, viola el principio de relatividad jurídica, al otorgar un beneficio a una persona que no fue parte de la litis, además de que nunca compareció a juicio ni controvirtió la resolución en la que se determinó que la mercancía pasaba a propiedad del fisco federal, resultando un acto plenamente consentido por el propietario de ésta.
Invocó en apoyo a su determinación la tesis cuyo rubro es: "AMPARO, RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DEL."
En ese contexto es que se consideró que la emisora de la sentencia controvertida viola los principios de parte agraviada y relatividad, al otorgar un beneficio a una persona que nunca impugnó que la mercancía hubiera pasado a propiedad del fisco federal, mucho menos que tal cuestión formara parte de la litis en el presente asunto, más aún que tal cuestión ya había sido consentida, por lo que dicha juzgadora no contaba con las facultades para realizar pronunciamiento al respecto, ya que tal cuestión nunca fue parte de la litis, máxime que ella misma delimita ésta dentro de su sentencia, resultando evidente que en momento alguno se controvirtió el que la mercancía pasara a propiedad del fisco federal.
Igualmente dijo, que no resulta óbice para lo anterior el que se decretara la nulidad de la resolución en la que se determina que la mercancía pasa a propiedad del fisco federal, toda vez que tal cuestión plenamente se consintió por el importador o por el propietario de la mercancía, por lo que independientemente de la violación cometida, dicha cuestión subsiste al convalidarse, sin que la a quo cuente con las facultades suficientes para revocarla, toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sólo puede pronunciarse sobre lo expresa e intrínsecamente planteado en la demanda, así como sobre cuestiones que afecten al accionante, y no así sobre aspectos que no fueron planteadas en juicio, además de otorgar beneficios a persona incierta que nunca compareció en juicio, sin que se encuentren afectados los intereses jurídicos del actor, como aconteció en la especie.
Por todo ello dijo, resulta incorrecto el fallo que ahora se recurre, dado que contrario a lo vertido por la Sala responsable, tal juzgadora no cuenta con las facultades suficientes para pronunciarse sobre cuestiones que no fueron planteadas en la litis, y que ya se encuentran consentidas por la parte agraviada, resultando una clara violación a lo establecido en el citado artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Terminó diciendo que procede que este Tribunal Colegiado, al amparo de su correcta interpretación, revoque la sentencia que se recurre para el efecto de que se repare la violación aquí apuntada y la a quo se abstenga de pronunciarse sobre la devolución del valor de la mercancía que pasó a propiedad del fisco federal.
Como se advierte, de la síntesis realizada a los agravios propuestos, la recurrente únicamente impugna los efectos de la nulidad, es decir, la determinación de la Sala responsable contenida en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, en la que se declaró la nulidad para el efecto de que se pagara el valor de la mercancía a quien acredite su propiedad; sin embargo, no combate la diversa decisión contenida en ese mismo considerando, relativa a la nulidad lisa y llana de dicha resolución por una apreciación indebida de los hechos.
Por tanto, en cuanto a la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida, el agravio de que se trata es inoperante.
En efecto, la confrontación de las consideraciones de la Sala responsable con los agravios propuestos por la autoridad, revelan que en éstos se deja de combatir eficazmente lo resuelto en aquélla, en virtud de que la recurrente no externó los razonamientos lógicos-jurídicos directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, pues para ello requería haber combatido legalmente la consideración de la autoridad responsable, en el sentido de que la actora con la prueba pericial ofrecida y con el apercibimiento hecho efectivo, demostró que las 6,180 piezas de juegos didácticos de baterías modelos **********, **********, ********** y **********, cuentan con componentes eléctricos o electrónicos esenciales para su funcionamiento o, en todo caso, debió refutar la consideración de que las 6,180 piezas de juegos didácticos de baterías, modelos **********, **********, ********** y **********, así como los dispositivos eléctricos o electrónicos que contienen no son de carácter accesorio, sino que representan la parte esencial que activa su funcionamiento; argumentos estos que son los que dieron lugar a declarar la nulidad total del acto impugnado, pues sólo se limitó a impugnar lo que denominó la variación de la litis.
Por ello es que, en todo caso, debió explicar como es que el motivo por el cual la autoridad aduanera determinó el pago de la cuota compensatoria del 351%, no deriva de una indebida apreciación de los hechos, o que los fundamentos y motivos que sustentan la liquidación son suficientes para concluir que en el caso a estudio, respecto de la mercancía que ampara el pedimento de importación **********, se incurrió en una omisión de contribuciones al comercio exterior; también debió refutar que la determinación de las cuotas compensatorias, el impuesto al valor agregado, las actualizaciones, los recargos y las multas, resulta contraria a las disposiciones legales aplicadas, al dejarse de observar su clasificación legal o que, en todo caso, se actualizó en la especie la violación al artículo 176, fracción I, de la Ley Aduanera, consistente en "omitir el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse"; o en el mejor de los casos, la autoridad recurrente debió aclarar en qué basa esta aseveración, y no sólo referir que se devolvió la mercancía de manera indebida. Además, dejó de mencionar por qué no era aplicable el criterio que citó la Sala Fiscal, como apoyo de sus determinaciones, cuyo rubro es: "NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN."; igualmente, nada dijo en relación con que la resolución determinante del crédito fiscal se encuentra indebidamente fundada y motivada, en contravención a lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, al no controvertir tales razonamientos debe quedar incólume y continua rigiendo, en ese aspecto, el sentido de la sentencia impugnada.
Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 50, Primera Parte, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. La recurrente en la revisión debe atacar en sus agravios todos los argumentos a través de los cuales el juzgador manifestó que la propia quejosa no demostró la inconstitucionalidad de los actos reclamados, o por lo menos referirse a ellos en la forma que lo estime conveniente; pero si solamente se refiere a alguno o algunos de dichos argumentos, ignorando los demás, como en materia administrativa impera el principio de estricto derecho, debe negarse el amparo."
Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia V.2o. J/54 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 1110, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AGRAVIOS INOPERANTES. Si la Sala Fiscal, en cumplimiento con lo ordenado por el segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, examina todos y cada uno de los conceptos de nulidad que se hacen valer por omisión de formalidades o violaciones de procedimiento, estimando fundados unos e infundados otros, y las autoridades recurrentes no combaten la totalidad de los razonamientos conforme a los cuales se consideran fundados diversos conceptos de nulidad, ello implica que los agravios sean inoperantes, por insuficientes, ya que con independencia de lo correcto o incorrecto de los mismos, lo cierto es que al no desvirtuar sendas consideraciones como cada una por separado, es suficiente para apoyar la legalidad de la sentencia impugnada, ésta queda firme pues no se demuestra la ilegalidad de los motivos y fundamentos que la sostienen, y de ahí que devengan inoperantes los agravios que en su contra se hagan valer."
Lo anterior impide a este tribunal efectuar el análisis de las razones que tuvo la Sala responsable para desestimar la acción de nulidad, las cuales, correctas o no, deben subsistir ante la falta de impugnación de parte del recurrente.
No obstante lo anterior, deviene sustancialmente fundado el agravio por el cual la autoridad inconforme refiere que la Sala indebidamente ordenó la devolución o pago de las mercancías a quien resulte ser el legítimo propietario, pues como se verá, esta cuestión no formó parte de la litis en el juicio de nulidad y, por tanto, la Sala responsable no tenía porqué pronunciarse al respecto.
Efectivamente, la Sala responsable, luego de declarar la nulidad de la resolución impugnada, consideró:
"En consecuencia, con fundamento en los artículos 51 y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró nulidad lisa y llana de la liquidación combatida, así como de la determinación de la autoridad aduanera en el sentido de que la mercancía pasó a propiedad del fisco federal, estando obligado el Servicio de Administración Tributaria, a través del funcionario competente, a pagar el valor de la mercancía embargada a quien acredite su propiedad al constatarse el oficio ********** de treinta de noviembre de dos mil nueve, signado por el jefe de departamento de la aduana de Manzanillo, en suplencia por ausencia del administrador, y del acta administrativa de transferencia de bienes adjudicados a favor del fisco federal, ubicados en los recintos fiscalizados de la aduana de Manzanillo, de catorce de agosto de dos mil nueve, que fue vendida mediante subasta ********** de **********.
Citó como apoyo de su determinación, la jurisprudencia 2a./J. 240/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 433, cuyo rubro es:
"NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN."
Los artículos que sirvieron a la autoridad responsable para pronunciarse en los términos en que lo hizo, señalan:
"Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
"I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.
"III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
"IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.
"V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.
"Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:
"a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.
"b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22802-a3a4f82f/agente-aduanal-si-en-el-juicio-de-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUBSIDIO ACREDITABLE. LA APLICACIÓN, DETERMINACIÓN Y EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 80-A Y 141-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO CONSTITUYEN UNA REGLA GENÉRICA (LEG (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ORIGINA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPU (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EN ESTA ETAPA EL ACTOR ADUCE IGNORAR ACTOS PREVIOS AL CRÉDITO FISCAL QUE DIJO DESCONOCER, LOS CUALES NO (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO NO ES UN REQUISITO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DEBA CUMPLIRSE POR EL (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO CONTRA ACTOS JUDICIALES. (s/clave)
- AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. (s/clave)
- REVISION IMPROCEDENTE, EN AMPARO CONTRA ACTOS DEL TRIBUNAL FISCAL. (s/clave)
- EJECUTIVO DEL ESTADO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis