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Modo: Corpus Pro

SUBSIDIO ACREDITABLE. LA APLICACIÓN, DETERMINACIÓN Y EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 80-A Y 141-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO CONSTITUYEN UNA REGLA GENÉRICA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 1o. DE ENERO DE 2002).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 117/2002. · Registro digital (IUS): 17343
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE ZAPOPAN.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 692.

REVISIÓN FISCAL 117/2002. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE ZAPOPAN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios son infundados.

Tocante a la fundamentación y motivación de la resolución ante ella impugnada, dijo la Sala que: "la autoridad, al momento de resolver lo relativo a la devolución del subsidio, argumentando que dicha petición, por parte de la ahora actora, cuenta con inconsistencias, lo hace sin el debido análisis, basando este argumento únicamente en que no se aplicó lo establecido en el artículo 80-A, en relación con el 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resultando con esto una falta de motivación por parte de la autoridad, así como una errónea apreciación de los hechos que motivaron dicha resolución; por consiguiente, se considera procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la demandada pueda emitir otra, debidamente fundada y motivada, haciendo un análisis de las operaciones aritméticas mediante las cuales determine si es o no procedente la devolución solicitada, tomando como base el cálculo del subsidio, de conformidad con la opción tomada por el contribuyente al calcularlo, ciñéndose al procedimiento establecido por el artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.". Dice el recurrente, que contrario a lo señalado por la Sala, sí existió debida fundamentación y motivación, puesto que se expresaron los preceptos legales aplicables al caso concreto y las circunstancias especiales tomadas en consideración para la emisión del acto administrativo; para evidenciarlo, la recurrente transcribe la parte de la resolución administrativa en que, a su juicio, se contienen los requisitos formales negados por la Sala y que dice: "Al revisar la documentación que anexó a su promoción de solicitud de devolución de impuesto sobre la renta, se verificó que en su declaración anual correspondiente al ejercicio 1999, calculó de manera incorrecta el subsidio, ya que no aplicó lo establecido por el artículo 141-A, en relación con el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.". En contrario a lo alegado en los agravios, lo transcrito no muestra el cumplimiento del requisito de motivación a que hizo referencia la Sala Fiscal, pues el solo argumento de que no se aplicó lo establecido por el artículo 141-A, en relación con el 80-A, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, carece incluso de las razones que indiquen por qué se estimó que no se aplicaron esos preceptos; por ende, es incierto que se hayan señalado las circunstancias especiales y causas tomadas en consideración para la emisión del acto, como erróneamente se aduce en los susodichos agravios, por ende, acertadamente la Sala señaló que era procedente declarar la nulidad para el efecto de que la demandada "pueda emitir otra, debidamente fundada y motivada, haciendo un análisis de las operaciones aritméticas mediante las cuales determine si es o no procedente la devolución solicitada".

Además, la Sala señaló que la autoridad aplicó incorrectamente el artículo 141-A, en relación con el 80-A, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque, dijo, si bien el citado artículo 141-A remitía al 80-A, en cuanto al procedimiento que se debe seguir respecto del cálculo del subsidio acreditable, lo cierto es, dijo, que la obligación establecida en el último de esos numerales es a cargo del empleador, mas nunca del prestador de servicios; del análisis de tales preceptos, la Sala concluyó que en el año de mil novecientos noventa y nueve el prestador de servicios contaba con dos opciones para calcular el subsidio anual y podía escoger entre utilizar el coeficiente que le comunicó el empleador o realizarlo él mismo, estando apegado a derecho, y que no estaba obligado a elegir alguna de esas opciones porque ninguna disposición legal lo establece así. En contra de ello, en los agravios se sostiene que del texto del artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice: "... Tratándose de los ingresos a que se refiere el capítulo I de este título, el empleador deberá calcular y comunicar a las personas que le hubieran prestado servicios personales subordinados, a más tardar en el mes de febrero de cada año, el monto del subsidio acreditable y el no acreditable respecto a dichos ingresos, calculados conforme al procedimiento descrito en el artículo 80-A de esta ley. ..."; esto es, dice el recurrente que de ese texto se desprende que el trabajador deberá acreditar a su favor únicamente el monto del subsidio que su empleador determine, a más tardar en el mes de febrero de cada año, y que es incorrecto que tal precepto señale una obligación únicamente para el empleador y no para el prestador de servicios. Tales alegatos del inconforme son incorrectos, porque basta la lectura del precepto que invoca, anteriormente transcrito, para advertir que contiene un deber del empleador, consistente en calcular y comunicar a sus empleados, a más tardar en el mes de febrero de cada año, el monto del subsidio acreditable y el del no acreditable, mas de tal precepto no se desprende de manera alguna que el empleado o prestador de servicios deba asumir el coeficiente que le comunicó su empleador y menos que no pueda hacer uso de las opciones a que se refirió la Sala consistentes en: "Aplicar lo previsto por el numeral 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo establecido por el artículo 141-A en su primer y segundo párrafos, o bien ... esperar a que su empleador, a más tardar en el mes de febrero, calcule y comunique el monto del subsidio acreditable a dichos ingresos".

Es incierto que la Sala haya actuado con exceso, al resolver, dice el inconforme, que "por el solo hecho de que el contribuyente no tenga la obligación de plasmar en su declaración anual el subsidio acreditable calculado por el retenedor, tampoco tiene la obligación de calcular dicho subsidio acreditable, con base en el coeficiente que conforme al artículo 80-A calcule su patrón". Se dice que no hubo tal exceso, porque la Sala no negó que el trabajador deba prescindir, para calcular el subsidio acreditable, de la aplicación del citado artículo, pues, inclusive, dijo que el trabajador puede optar por utilizar el coeficiente que le comunicó su empleador o realizarlo él mismo, estando apegado a derecho, lo que implica que no niega la aplicación de los preceptos legales conducentes; si en todo caso lo que pretende el inconforme es que el trabajador calcule el subsidio con base en el coeficiente utilizado por el patrón, tal pretensión es equivocada, porque, como lo dijo la Sala Fiscal, ningún precepto legal lo obliga a ello. Pero además, la mencionada Sala no interpretó indebidamente el criterio que invocó sustentado por el Pleno del propio tribunal, que dice en lo conducente: "Por otra parte, no existe dispositivo alguno que expresamente indique la obligación del asalariado de plasmar en su declaración anual el subsidio acreditable calculado por el retenedor en la constancia de percepción que entrega a su empleado, toda vez que el dispositivo de referencia no impide al contribuyente-trabajador la posibilidad de que efectúe el cálculo del subsidio acreditable correspondiente, a partir del coeficiente que conforme al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta calcule su patrón". El criterio señalado coincide con lo expuesto por la Sala, en el sentido de que el trabajador no tiene únicamente la opción de acogerse al cálculo realizado por el patrón y, además, nada impide al primero para que efectúe dicho cálculo, conforme al coeficiente del artículo 80-A mencionado; por ende, es incierto que la Sala Fiscal haya interpretado indebidamente el criterio que invocó.

Por otra parte, el voto en contra de los sentenciados no muestra que ello sea ilegal, por ende, el hecho de que la sentencia recurrida haya sido votada en contra por un Magistrado, no implica por ese solo hecho que sea incorrecta, como infundadamente se sostiene en los agravios, pues a favor votaron los otros dos en los términos que este tribunal estima acertados.

En las condiciones apuntadas, los agravios no muestran que la sentencia que se revisa sea incorrecta, por lo que procede confirmarla.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión fiscal.

SEGUNDO.-Se confirma la sentencia que se revisa, emitida el diecinueve de febrero de dos mil dos, por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2103/00-04-01-5, promovido por Rafael Sánchez Gómez.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que integran los señores Magistrados Jaime C. Ramos Carreón, ponente, Luis Francisco González Torres y el licenciado José Vega Cortez, quien desempeña las funciones de Magistrado de Circuito por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17343-4645d4f8/subsidio-acreditable-la-aplicacion-determinacion-y-excepcion-previstas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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