COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ORIGINA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
REVISIÓN FISCAL 428/2007. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ZAPOPAN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios transcritos con anterioridad resultan jurídicamente ineficaces. Por razón de método se analizarán en distinto orden al en que fueron planteados.
En principio, resulta infundado el primero de los agravios hechos valer por la autoridad inconforme, en el que aduce, en esencia, que es ilegal la sentencia recurrida, ya que si la Sala Fiscal tiene la facultad de invocar "hechos notorios" conforme lo establece el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, entre los que se encuentran las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio de nulidad, que son una cuestión de orden público y de examen oficioso, debió ir descartando todas y cada una de ellas; señalando "el porqué no se ubica el caso en particular a ellas, o el porque sí, dependiendo".
En efecto, el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, respectivamente disponen:
"Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.",
"Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes."
Pues bien, del examen armónico de los numerales antes transcritos, se desprende que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias podrán invocar hechos notorios, independientemente de que no hayan sido alegados por las partes; sin embargo, la autoridad inconforme parte de una premisa errónea, pues desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; razón por la que al ser notorio, la ley exime de su prueba, precisamente por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.
Al tenor de lo expuesto, debe decirse que las causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento a que se contraen los artículos 202 y 203 del Código Fiscal de la Federación, de manera alguna pueden considerarse como un hecho notorio que necesariamente deben invocarse en el fallo, toda vez que si bien, dichas causas de inejercibilidad del juicio deben analizarse por la Sala Fiscal lo aleguen o no las partes por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al del fondo del asunto, también lo es que las mismas se encuentran plenamente establecidas en el texto de la ley, lo que implica que corresponde a la Sala establecer si a su juicio se actualizan o no alguno de los supuestos que ahí se consignan.
Esto significa que el surgimiento de las causales de improcedencia y de sobreseimiento, ineludiblemente debe tener sustento en una prueba con eficacia plena, pues de lo contrario no podrá establecerse su actualización, lo que no sucede con el hecho notorio que se encuentra eximido de acreditarse mediante elemento de convicción alguno, al ser conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.
En consecuencia, si la Sala Fiscal no dijo de manera expresa que no se actualizaba en el caso alguna de las causales de improcedencia o de sobreseimiento previstas en la ley, esto no quiere decir que hubiese incurrido en una violación al numeral 237 del Código Fiscal de la Federación. Máxime que la recurrente pierde de vista que el último párrafo de la fracción XVI del numeral 202 de ese ordenamiento legal, no le obliga a hacerse cargo oficiosamente del estudio y pronunciamiento de todas y cada una de esas causas de inejercibilidad, para tener por satisfecha la hipótesis inmersa en este precepto legal.
Al respecto, cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia P./J. 22/91 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo VII del mes de junio de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento."
Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006 del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página 963, Tomo XXIII del mes de junio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comunmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento."
Luego, deben declararse inoperantes los argumentos que hace valer la autoridad inconforme en el tercero y cuarto de sus agravios, en los que aduce, esencialmente, que la insuficiente o incompleta fundamentación de la competencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, sólo podía estudiarse por la Sala Fiscal si la parte actora lo hubiese alegado como concepto de impugnación, por lo que no podía hacerlo de oficio y así, suplió la deficiencia de la queja.
La inoperancia radica en que, con independencia de las razones de la Sala, ésta sí estaba en condiciones de estudiar, de oficio, la insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, por lo cual no incurrió en apreciación errónea de la legislación aplicable y, en vía de consecuencia, su proceder es apegado a derecho.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 218/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, autorizada en sesión privada de siete de noviembre de dos mil siete, que dispone:
"COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad."
De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 14/97 sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 21, Tomo V del mes de abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."
Por otro lado, en el séptimo de sus agravios la autoridad inconforme aduce que la sentencia recurrida deviene violatoria de lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la Sala Fiscal considera que la demandada debió revocar lisa y llanamente la resolución recurrida en la instancia administrativa. En efecto, dice la recurrente que el vicio que la Sala Fiscal consideró fundado, "consistió en que el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, se encuentra indebidamente fundada, lo que se traduce en un vicio formal por lo que debió dejar sin efectos la resolución recurrida ... Esto es, la violación cometida es del tipo formal, la cual sólo afecta las defensas del particular y trasciende en el sentido de la resolución impugnada, pues si bien, sin conceder que así sea, el vicio cometido consistió en una indebida fundamentación, dicha ilegalidad no puede acarrear la revocación lisa de la resolución determinante del crédito fiscal ... En conclusión, la indebida fundamentación de la competencia de una autoridad constituye una violación formal en términos del artículo 16 constitucional, que impide el estudio de fondo del asunto; en consecuencia, cuando en los actos de autoridad no se expresan, como parte de la formalidad consagrada en dicho precepto de la Ley Fundamental, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, debe declararse la nulidad para efectos de modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya o reponer el procedimiento en el que se subsane el vicio formal apuntado."
Lo anterior resulta infundado. En efecto, en la sentencia recurrida, la Sala Fiscal consideró fundado el tercer concepto de impugnación hecho valer por la parte actora, en el que adujo que el acta de inicio del procedimiento aduanero de que fue objeto, se encuentra indebidamente fundada, pues el fundamento que cita la Aduana de Manzanillo pretendiendo fundar su competencia territorial, corresponde a la Aduana de Toluca y que, por tanto, la resolución impugnada, vía recurso de revocación, debió ser anulada de manera lisa y llana.
Para arribar a tal conclusión, la Sala adujo que si el vicio que la autoridad demandada consideró fundado, consiste precisamente en que el acta de inicio del procedimiento administrativo aduanero que dio origen a la resolución recurrida, se encuentra indebidamente fundada, dicha violación encuadra en el supuesto previsto por la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, "toda vez que no se trata de un simple vicio de forma, sino de una contravención a las disposiciones legales."
Luego, tal determinación, a juicio de este órgano colegiado, no resulta objetivamente incorrecta. Así es, entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior puede darse de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto.
La indebida fundamentación, tema que aquí nos ocupa, implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan razones, pero éstas no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana.
Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.6o.A.33 A, que este Tribunal Colegiado comparte, visible en la página 1350 del Tomo XV del mes de marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código."
En ese orden de ideas, se conviene con la Sala Fiscal en considerar que el hecho de haberse señalado en forma indebida el dispositivo legal que otorgara competencia por razón de territorio a la autoridad que levantó el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, seguido contra la parte actora, actualiza la causal de anulación prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, lo que conlleva a declarar la nulidad lisa y llana y no para efectos como lo pretende hacer ver la inconforme, pues en el caso, se insiste, lo que aconteció fue que la autoridad administrativa citó fundamentos indebidos o inaplicables para acreditar su competencia territorial; en concreto, citó el artículo tercero, párrafos 38 y 39 del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; por lo que en este supuesto la Sala debía, como así sucedió, declarar la nulidad lisa y llana y no para efectos como lo asevera la inconforme.
Lo antes considerado hace innecesario el estudio de los restantes agravios hechos valer por la autoridad inconforme, tendientes a combatir la determinación de la Sala Fiscal, de considerar que la resolución impugnada en el juicio de nulidad recaída al recurso de revocación a que se hizo alusión en párrafos precedentes, carece de una suficiente fundamentación en cuanto a la competencia territorial de la autoridad que la emitió. Lo anterior es así, pues de resultar fundado alguno de dichos argumentos y concluir este tribunal que la resolución impugnada no adolece de tal requisito; esto es, que la autoridad demandada sí fundó suficientemente su competencia territorial en la misma, a ningún efecto práctico conduciría su estudio y, por ende, la revocación de la sentencia recurrida en ese preciso aspecto, en tanto que, al haberse estimado fundado el argumento de la parte actora en el sentido de que en el acta de inicio del procedimiento administrativo aduanero de que fue objeto, la autoridad fundó indebidamente su competencia territorial, deberá dejarse insubsistente dicha acta y los actos administrativos subsecuentes, como son la resolución recurrida de diecisiete de enero de dos mil cinco, por la que se impuso a la parte actora un crédito fiscal en cantidad de $105,851.00 (ciento cinco mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), así como la resolución recaída a dicho recurso de revocación, impugnada en el juicio de nulidad, al ser fruto de un acto viciado de origen.
Esto es, la Sala Fiscal consideró fundado el concepto de impugnación vertido por la parte actora, en el que adujo que el vicio en que incurrió la autoridad, de no señalar en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de que fue objeto su competencia territorial para emitir dicho acto en forma debida, traía como consecuencia la nulidad lisa y llana de la resolución determinante del crédito fiscal que le fue impuesto con motivo de dicho procedimiento aduanero; luego, tal declaración de nulidad, considerada correcta por este tribunal en párrafos precedentes, no puede constreñirse a la resolución determinante; esto es, no puede incidir sólo en dicha resolución, pues si el vicio se originó en el acta de inicio del procedimiento administrativo aduanero, todos los actos subsecuentes deberán quedar también insubsistentes; de ahí que a ningún efecto práctico conduciría el analizar los diversos agravios expuestos por la inconforme, dado que los mismos tienden a evidenciar la ilegalidad de un acto administrativo que, con motivo de la nulidad decretada, quedará sin efecto alguno.
Consecuentemente, al quedar de manifiesto la ineficacia de los motivos de inconformidad hechos valer por la autoridad recurrente, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión y declarar la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 3789/05-07-03-4, del índice de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos que lo estableció.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se confirma la sentencia recurrida.
Notifíquese; y mediante oficio con testimonio de esta resolución a la autoridad recurrente; con testimonio diverso de la misma, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este toca.
Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los señores Magistrados presidente Hugo Gómez Ávila (quien vota en contra) y Julio Ramos Salas, así como la licenciada Hortensia María Emilia Molina de la Puente, secretaria en funciones de Magistrada de Circuito, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/5879/2007, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete, siendo ponente la última de los nombrados.
Nota: La jurisprudencia 2a./J. 218/2007 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 154.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21026-97d116d2/competencia-de-la-autoridad-demandada-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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