EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL VIGENTE A PARTIR DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS, HAYA ACOTADO EL MOMENTO Y EL PLAZO PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN RESPECTO DE DICHOS ACTOS.
REVISIÓN FISCAL 78/2008. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios que hace valer la autoridad recurrente deben desestimarse por las siguientes consideraciones.
En principio cabe destacar que se demandó por Wilfrido Ignacio Galicia Barranco, por su propio derecho, la nulidad del mandamiento de ejecución de dos de mayo de dos mil siete y acta de requerimiento de pago y embargo respecto del crédito fiscal número H-668145 (foja 2).
Debe desestimarse la parte relativa del primer agravio en el que la autoridad inconforme manifiesta que la sala fiscal no analizó la causa de improcedencia en los términos en que fue planteada en la contestación a la ampliación de demanda, contraviniendo así el principio de congruencia que debe imperar en las sentencias, dado que adujo que se actualizaba la prevista en la fracción XVI del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin embargo la sala al resolver indebidamente refirió que no se actualizaba la causa de improcedencia contenida en la fracción II del citado numeral; lo anterior porque no obstante que de manera incorrecta la sala fiscal al desestimar la causa de improcedencia planteada por la autoridad demandada hace referencia a la prevista en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cierto es que las consideraciones que sustentan su determinación se encuentran vinculadas con los razonamientos que expuso la autoridad demandada para sostener que se actualizaba la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI del mencionado precepto legal, relativa a la improcedencia del juicio en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución debido a la reforma que sufrió el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, respecto de la procedencia del recurso de revocación y que toda vez que el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 109/2005 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.", se basó en el hecho de que los actos de ejecución no son definitivos, pero que al ser optativo el recurso antes de promover el juicio de nulidad, este último resultaba improcedente, por lo que estima que al haber sufrido reformas los motivos y fundamentos en que se apoyó el Máximo Tribunal para emitir el criterio jurisprudencial, éste dejó de ser aplicable, pues al respecto la sala fiscal sostuvo lo siguiente:
"A criterio de los Magistrados que integran este Cuerpo Colegiado, la causal de improcedencia en análisis resulta infundada de acuerdo a las siguientes consideraciones. Obra en autos, de la foja 1 a la 26, la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, de la cual se desprende que el promovente señala expresamente como resoluciones controvertidas al mandamiento de ejecución de fecha dos de mayo de dos mil siete, y a las actas de requerimiento de pago y embargo, levantadas por la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur el veintidós de mayo de dos mil siete, relativas al crédito fiscal número H-668145. Ahora bien, por lo que respecta a las resoluciones expresamente controvertidas en la presente instancia, esta Sala determina que no se actualiza la causal prevista por las fracciones II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece la improcedencia del juicio de nulidad cuando se promueva en contra de actos que no competa conocer a este Tribunal. Lo anterior, ya que de acuerdo a la jurisprudencia por contradicción de tesis 76/2005-SS, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la interpretación que realiza a los artículos 116, 117, fracción II, 120 del Código Fiscal de la Federación y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se llega a la conclusión de que el juicio de nulidad procede en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, tal como se desprende del contenido de dicho criterio, mismo que fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Tesis 2a./J. 109/2005, y a la letra dispone: ‘EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD. Conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, la interposición del recurso de revocación en contra de los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, de la interpretación armónica del citado precepto con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b), 127 del Código Fiscal de la Federación y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que los actos a que se refiere el aludido procedimiento pueden impugnarse válidamente a través del recurso de revocación o, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante dicho Tribunal, dado que no se encuentran regidos por el principio de definitividad, sino por el contrario, la fracción II, inciso b) antes citada, expresamente otorga al contribuyente tal beneficio; de ahí que los actos que vayan suscitándose durante la tramitación del procedimiento de referencia podrán impugnarse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal mencionado cuando se considere que no están ajustados a la ley. (Cita precedente).’-En esa virtud, de acuerdo a la jurisprudencia en cita, misma que es de observancia obligatoria para esta Sala en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, si los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución pueden impugnarse válidamente a través del recurso administrativo de revocación, también pueden ser controvertidos vía juicio de nulidad. Sin que sea óbice a lo anterior, la reforma que sufrió el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, y que a partir del veintinueve de junio de dos mil seis establece que en el caso de que el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, pues contrario a la interpretación que de dicho numeral hace la autoridad enjuiciada, la citada modificación únicamente resulta aplicable para la procedencia del recurso administrativo de revocación, y no respecto del juicio de nulidad, por lo que en el supuesto que nos ocupa, continúa siendo de observancia obligatoria la jurisprudencia por contradicción de tesis 76/2005-SS, citada con antelación, razón por la cual, al resultar infundada la causal de improcedencia propuesta por las demandadas, NO ES DE SOBRESEERSE NI SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD." (fojas 135 a 136 vuelta).
La anterior transcripción pone de manifiesto que la sala fiscal no dejó de analizar la cuestión planteada por la autoridad demandada, pues sostuvo por una parte que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 109/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede el juicio de nulidad en contra de los actos del procedimiento de ejecución, y en otra señaló que la reforma al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación se refiere al momento en que pueden ser controvertidos los actos de ejecución a través del recurso de revocación, esto es que la modificación sólo resulta aplicable a la procedencia del recurso de revocación y no respecto del juicio de nulidad, por tanto consideró que continúa siendo de observancia obligatoria el criterio jurisprudencial en comento; por tanto este órgano colegiado estima que no existe la incongruencia alegada por la autoridad recurrente.
En las restantes manifestaciones del primer y segundo agravios la autoridad inconforme señala que contrario a lo resuelto por la sala fiscal no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 109/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refería la procedencia del juicio de nulidad en contra de los actos de ejecución, porque como lo adujo en la causa de improcedencia que planteó, ya no puede ser de observancia obligatoria por las reformas que sufrió el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación y que sirvió de sustento para dicha jurisprudencia, por lo que dejó de tener aplicación y al efecto cita la jurisprudencia 89/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO."
Añade que la a quo resolvió en forma indebida porque lo planteado fue en el sentido de que el juicio de nulidad no procede contra un acto independiente del procedimiento de ejecución por virtud de la reforma al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación; que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 109/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el razonamiento toral fue que aun cuando los actos de ejecución no son definitivos, basta para su impugnación que se cometan dentro del procedimiento administrativo de ejecución, puesto que en términos de los artículos 117, fracción II, y 120 del Código Fiscal de la Federación pueden ser impugnados a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, y que de acuerdo a lo que establecía el artículo 127 del mismo ordenamiento legal cada acto de ejecución podía ser impugnado en forma independiente, sin embargo, aduce, que con la reforma al último de los artículos que menciona dejó de ser aplicable el criterio sostenido en la citada jurisprudencia, dado que a partir del veintinueve de junio de dos mil seis, el recurso de revocación y por ende el juicio de nulidad sólo será procedente contra la impugnación del procedimiento administrativo de ejecución hasta el momento de la publicación de la convocatoria del remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria.
Continúa alegando la inconforme que la procedencia del juicio de nulidad en contra de los actos de ejecución tuvo su fundamento en las fracciones I, XIV y XV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que con la reforma al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil seis, los actos del procedimiento administrativo de ejecución ya no encuadran en ninguna de las hipótesis del citado artículo 11 de la ley de referencia, pues dicho numeral establece que son resoluciones definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa y en el caso los actos de ejecución previos a la emisión de la convocatoria del remate ya no admiten recurso alguno y por ende su impugnación tampoco es optativa.
Los anteriores argumentos son infundados.
En principio conviene destacar que no le asiste razón a la autoridad inconforme al manifestar que ya no es aplicable el criterio jurisprudencial 2a./J. 109/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro "EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.", porque la ejecutoria de donde emanó dicho criterio tuvo como apoyo el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, el cual fue reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis; lo anterior porque si bien en la ejecutoria de referencia se hizo el análisis de lo dispuesto por el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta la mencionada fecha, también lo es que tal pronunciamiento fue parte del estudio integral que llevó a cabo la Segunda Sala de diversos numerales, entre los que destacan los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales no han sufrido reforma alguna por el Poder Legislativo, de ahí que no resulten aplicables los criterios jurisprudenciales 2a./J. 54/2005 de rubro: "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA PARA RESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD DE UN ACTO FUNDADO EN UNA DISPOSICIÓN DIVERSA A LA DECLARADA INCONSTITUCIONAL, AUN CUANDO REITERE SU CONTENIDO.", y P./J. 89/97 de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO."
En efecto, se afirma lo anterior porque en la ejecutoria de referencia para arribar a la consideración toral de que contra los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución procede el juicio de nulidad cada vez que se considere violada la ley, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que de acuerdo a lo previsto en la fracción II, inciso b) del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación procede el recurso de revocación en contra de los actos del procedimiento de ejecución, sin que se exija que éstos tengan el carácter de definitivos, medio de defensa que al resultar optativo para el contribuyente antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de acuerdo a lo previsto por el artículo 120 del mismo ordenamiento legal, procede el juicio de nulidad mencionado y respecto del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el veintiocho de junio de dos mil seis) refirió que tal numeral establece el recurso administrativo de revocación contra el embargo, como acto independiente, el que deberá interponerse en cualquier tiempo antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, pero sostiene que ello no impide que en contra de los demás actos del procedimiento administrativo de ejecución proceda el recurso cada vez que se considere violada la ley, por tanto concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de la interpretación armónica de los artículos 117, fracción II, inciso b), 120 y 127 del Código Fiscal de la Federación, y 11 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es posible combatir cada uno de los actos que se llevan a cabo dentro del procedimiento de ejecución de manera independiente, a través del recurso o en su caso, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por razones de la optatividad respecto del recurso administrativo de revocación referido.
Como se desprende de la parte que nos interesa de la ejecutoria que resuelve la contradicción de tesis 76/2005, como sigue:
"SÉPTIMO. ... Ahora bien, delimitado el tema materia de contradicción, lo que procede es determinar cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Como se verá a continuación, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se debe recordar que el tema de contradicción consiste en determinar si la diligencia de requerimiento de pago, embargo y el acta de descripción de bienes embargados, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, son susceptibles de impugnarse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, si tales actos por emitirse durante el procedimiento administrativo de ejecución, como actos dentro del procedimiento, solamente pueden ser impugnados hasta el momento en que sea emitida la resolución con la que culmine tal procedimiento, resultando de esa manera improcedente el juicio de nulidad que se promueva en contra de actos de tal naturaleza. Debe precisarse que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentra regulado en el título quinto, capítulo III, del Código Fiscal de la Federación, es decir en los artículos del 145 al 196-B, los cuales son del tenor siguiente: ... Del contenido de los preceptos transcritos con anterioridad se puede establecer que el procedimiento administrativo de ejecución es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, no cubiertos por el causante en los términos establecidos por la ley, actividad también conocida como facultad económica coactiva del Estado. De igual manera, se puede advertir que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentra integrado por una serie concatenada de actos, los cuales tienen su inicio propiamente con el requerimiento de pago y su culminación con la resolución que aprueba o desaprueba el remate, puesto que el artículo 183 del Código Fiscal de la Federación, que tutela tal procedimiento, previene que el Servicio de Administración Tributaria fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Desde luego, debe hacerse énfasis en el sentido de que dentro de tal procedimiento se encuentran reguladas otras etapas intermedias como son el requerimiento de pago antes mencionado, la ejecución forzada, el embargo y su tramitación, la intervención, el remate, la adjudicación, su preferencia, la enajenación fuera del remate, el abandono de bienes a favor del fisco y la prescripción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo. Conforme a lo anterior, se puede establecer que el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que tienen su inicial orientación en lo que dispone el artículo 145 del Código Fiscal Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, o bien, el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etcétera; de igual manera, se establecen las formalidades que se deben seguir en cada una de las diligencias, consistentes en levantar acta pormenorizada al finalizar la diligencia y entregar copia de la misma a la persona con la que se entendió. En los propios preceptos antes aludidos, también se establece que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual se deben fijar las bases para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el contribuyente embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la ampliación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. Acorde con lo antes precisado, se puede establecer que el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto concatenado de actos vinculados entre sí por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Además, se debe señalar que el procedimiento administrativo de ejecución tiene lugar con apoyo en un crédito fiscal firme, ya bien porque haya sido impugnado a través de los medios legales de defensa y el contribuyente no haya obtenido sentencia favorable, declarándose la validez del crédito, o bien, por no haber sido impugnado y, por consecuencia, haber adquirido firmeza por haberse conformado con el mismo, lo cual constituirá título ejecutivo que podrá hacerse efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución, por constituir un presupuesto formal de éste, lo cual implica que la ejecución forzada brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación; sin embargo, no obstante la firmeza que ya haya adquirido el crédito fiscal, ello de modo alguno puede evitar que al momento de que pretenda hacerse efectivo se cometan violaciones que necesariamente tengan que ser impugnadas por el contribuyente y reparadas por la autoridad administrativa, como se verá a continuación, a través de los medios legales correspondientes. Ahora bien, para determinar si los actos que se susciten dentro de la tramitación del procedimiento administrativo de ejecución, como son el requerimiento de pago, diligencia de embargo y acta de descripción de los bienes embargados, son impugnables a través del juicio de nulidad, se hace necesaria la transcripción de los artículos 116, 117, 120 y 127 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales son del tenor siguiente: Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación.’. (Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995). ‘Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código.’. ‘Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente’. (Reformado primer párrafo, D.O.F. 15 de diciembre de 1995). ‘Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate podrán hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, de actos de imposible reparación material o de lo previsto por el artículo 129, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta’. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Reformado primer párrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000). ‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. IV. Las que causen un agravio en mate
ia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. (Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000). Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración. VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada. VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades. IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados. X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente. XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000). XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000). XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. (Adicionada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000). XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. (Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000). El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. (Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre 2000). También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21083-f5547621/ejecucion-en-materia-fiscal-contra-los-actos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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