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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE INVOCA LA OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE APLICAR JURISPRUDENCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA HA SIDO CONSENTIDA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 80/2003. · Registro digital (IUS): 18252
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 1398.

REVISIÓN FISCAL 80/2003. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.

CONSIDERANDO.

SÉPTIMO. Son fundados el primer y tercer agravios que esgrime la autoridad recurrente, en mérito de los motivos que se exponen a continuación:

Asiste razón jurídica a la disconforme cuando sostiene que no es válido que la Sala Regional introduzca, en beneficio del contribuyente, la aplicación de una jurisprudencia de inconstitucionalidad de ley emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el gobernado ha consentido tal ley.

En principio, cabe puntualizar que la revisionista no discute la facultad de que goza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para aplicar jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes; facultad que encuentra su apoyo en la jurisprudencia P./J. 38/2002, del Pleno del más Alto Tribunal en la República, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 5, de rubro y texto:

"JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado, la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación."

En efecto, lo que la inconforme afirma es que no debió declararse fundado el concepto de impugnación en el que se plantea el tema de constitucionalidad del artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, porque el contribuyente consintió tal norma, al no haber hecho las deducciones en función con el impuesto al activo, en los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve, respecto de las deudas que contrajo con el sistema financiero en dicho periodo.

Como se ve, lo que la autoridad discute es que si el particular tuvo la oportunidad legal de plantear la inconstitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, desde que se aplicó en su perjuicio, por primera vez, en tal hipótesis debe considerarse que en el juicio contencioso ahora en revisión, el concepto de impugnación respectivo deberá declararse inoperante, ya que el precepto fue consentido.

En función con el punto que trae a colación la demandada, se transcribe a prosecución, la confesión vertida por la contribuyente en lo que concierne al consentimiento del dispositivo:

"Resulta que materialmente es incorrecta la base de los pagos provisionales liquidados, porque al establecerla tácita pero necesariamente la liquidadora -y también la resolutora demandada- aplicaron contra mi representada el artículo 5o., párrafo segundo, de la Limpac, que ha permanecido inmutable desde 1989, y durante 1998 a 2000, haciéndolo en la medida en que tomaron en cuenta un Impac de 1999, sustantivamente incorrecto (1), porque contra derecho mi representada dejó de deducir las deudas que entonces mantuvo con el sistema financiero y cuya existencia ya fue acreditada en este caso. En efecto, pericialmente demostraremos que Zanella calculó bajo protesta su Impac declarado respecto de 1999 y 1998, sin considerar deducibles tales deudas financieras, por haberse encontrado así ordinariamente obligada al determinar la base de su señalado impuesto por el referido artículo 5o., pero siendo el caso que tal norma ha sido ya jurisprudencialmente declarada inconstitucional por el honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se aprecia en la jurisprudencia P./J. 123/99, consultable bajo el rubro ‘ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’, visible a página 10, Tomo X, noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mi representada hoy sostiene que su Impac verdadero y debido, no es el que la autoridad está utilizando respecto de 1999 para liquidarle diferencias de sus pagos provisionales de 2000, sino otro muy inferior, en todo caso, de manera tal que en la especie sostiene que el artículo 7o., de la Limpac, así integrado y sistemáticamente entendido, es una norma indebida, incorrecta e insuficiente, amén de inconstitucional por participación, para sostener la liquidación que inicialmente nos ha ocupado, de suerte tal que por ello la misma debió revocarse y hoy debe ser anulada, merced a la anulación que de la resolución que la confirmó, en la especie decrete la honorable Sala conocedora." (foja 5 del expediente de origen).

De lo que se colige que el contribuyente reconoce que ha hecho el entero del impuesto al activo en ejercicios anteriores (verbigracia, mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve), sin restar los pasivos contratados con el sistema financiero, como correctamente lo señala la promovente de este recurso.

En este estado de cosas conviene destacar, de primer orden, que la actuación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en casos como el que se discute, debe limitarse a determinar si en el caso concreto sometido a su conocimiento resulta o no aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de proceder a su observancia. Cuestión que se encuentra referida al análisis que debe efectuar ese tribunal, para verificar si una jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley se puede aplicar al examinar un tema de legalidad, de acuerdo con la situación jurídica en que se encuentre el justiciable, esto es, conforme a la hipótesis en que éste se ubique. En otras palabras, como sucede también con la aplicación de la ley, el tribunal, antes de aplicar una jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley, debe comprobar si procesalmente ello puede hacerse.

Luego, aun cuando en el juicio de nulidad que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se puede, al juzgar la legalidad del acto administrativo, emplear jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes, es imperativo que ello ocurra siempre que el precepto haya sido aplicado por primera vez en el acto cuya anulación se demande, pues de lo contrario, ha de ponderarse que el gobernado se conformó con el precepto.

Así, para que la aplicación de la jurisprudencia se justifique legalmente en el juicio contencioso, es menester que ello sea con motivo del primer acto aludido, mas no a partir de un acto de autoridad posterior que deriva del primero ya consentido, ya que tal proceder implicaría desconocer una situación legal ya aceptada, so pretexto de declaración de inconstitucionalidad del precepto relativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conllevaría, paralelamente, una nueva posibilidad de introducir temas de constitucionalidad de normas, bajo el tamiz de un estudio de legalidad, para todos aquellos que las hubieren consentido por no haberlas combatido en los momentos oportunos. Por tanto, ante una ley tolerada, la Sala debe declarar inoperantes los conceptos de impugnación, en los que se plantee la aplicación de jurisprudencia que la Corte haya sustentado, en torno a un tópico particular acerca de constitucionalidad de leyes.

Entonces, la obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se parafrasea, no puede subsistir invariablemente, sino que es ineludible que ante todo analice si no se actualiza un supuesto de inoperancia de los conceptos de anulación relacionados con la aplicación de una jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, como lo es, por ejemplo, cuando existió un consentimiento de ésta última, pues la aplicación de la jurisprudencia no puede estar desvinculada del acto de aplicación de la ley.

En este sentido, cobra vigencia la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 115, que tiene por rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN."; así como la tesis de la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la República, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 371, intitulada: "AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA LEY APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA CON ANTERIORIDAD."; mismas que reprodujo la inconforme al emitir sus agravios y que resultan aplicables a este asunto por imperar la misma razón legal en éstas, que la que rige en el punto aquí discurrido.

Igualmente se transcribe, por su contenido jurídico, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 300, que tiene por contenido:

"CONSULTAS FISCALES. LA RESPUESTA QUE PROPORCIONE LA AUTORIDAD RESPECTIVA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN QUE SE FUNDE, QUE PUEDE DAR ORIGEN A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA OBEDEZCA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA Y QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE DICHAS DISPOSICIONES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales ‘... sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados ...’, lo cual no significa que no deban contestar otras consultas, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, pues el precepto mencionado debe interpretarse en el sentido de que las autoridades fiscales solamente están obligadas a pronunciarse sobre el fondo de la consulta que se les hace, siempre que se refiera a situaciones reales y concretas, pero manteniendo en todo caso su atribución de dar respuesta a todas las peticiones que, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les eleven los particulares, toda vez que si se aceptara que las aludidas autoridades sólo tienen la obligación de contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas, se estaría violando el derecho de petición de los gobernados consagrado en el mencionado precepto constitucional como una garantía individual. En consecuencia, si bien es cierto que las autoridades fiscales pueden contestar todas las consultas que les dirigen los contribuyentes, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, y que conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis, la respuesta de dichas autoridades a las consultas fiscales sí constituye un acto de aplicación de los preceptos legales sobre los cuales versa, aun en el caso de que todavía no se le determine un crédito fiscal, también lo es que el hecho de que tal respuesta constituya un acto de aplicación de las normas legales que analice, no implica necesariamente y en todo caso, que constituya un acto de aplicación en perjuicio del contribuyente que lo faculte para promover juicio de amparo en su contra, pues si la consulta fiscal se efectúa respecto de una situación que no es real ni concreta y es contestada en cumplimiento del referido derecho de petición, o bien, si no se trata del primer acto de aplicación, o si dicha autoridad da una respuesta favorable al contribuyente, otorgándole un beneficio, resulta inconcuso que el juicio de garantías es improcedente en contra de los preceptos que hayan sido analizados, ya que ningún perjuicio le podría irrogar al quejoso. De ahí que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe analizar si la respuesta a la consulta fiscal se refiere a una situación real y concreta y, por lo mismo, constituye un acto de aplicación del precepto legal sobre el que haya versado, pues en caso contrario no se encontraría acreditado el interés jurídico del quejoso."

También asiste razón jurídica a la disconforme al afirmar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad de leyes.

En este apartado, debe recordarse que en el acto de aplicación de una jurisprudencia a un caso concreto, el Juez sólo ejerce libertad de jurisdicción en la determinación relativa si el referido caso se ciñe a los supuestos que lleven a su empleo, mas no en el criterio que la jurisprudencia adopta, limitándose su actuación, una vez determinada la procedencia de la aplicación de la jurisprudencia, a nulificar el acto impugnado por el vicio de legalidad.

Aceptada la anterior premisa medular, se concluye que la aplicación de una jurisprudencia sobre inconstitucionalidad a un asunto particular, por un tribunal obligado a acatarla, no implica el pronunciamiento de éste sobre el tema jurídico en torno al cual verse la jurisprudencia. Es decir, el tribunal no estudia el problema de constitucionalidad, pues quien lo hizo fue la Suprema Corte al establecer la jurisprudencia; así, aquél sólo determina si el acto impugnado fue legal y podrá resolver en sentido favorable a los intereses del gobernado si llegare a advertir que la norma en que se fundó el acto administrativo fue considerada violatoria de la Constitución por el órgano terminal competente para ello.

Así las cosas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando está obligado por la jurisprudencia, no debe determinar que la ley en que se apoyó el acto impugnado es inconstitucional, sino sólo que el referido acto es ilegal por fundarse en un precepto considerado inconstitucional por la Suprema Corte en jurisprudencia, con independencia de que la comparta o no, debido a que aquél no está facultado para declarar la inconstitucionalidad de una ley por más que exista jurisprudencia sobre el tema, en términos de lo establecido por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, fue indebido que la Sala Regional haya dicho: "debe declararse para la contribuyente hoy actora la inconstitucionalidad del artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo."

En una diversa perspectiva, no pasa inadvertida para este cuerpo colegiado la ejecutoria recaída al juicio de amparo directo 168/2001, dictada en sesión de nueve de agosto de mil uno, misma que el contribuyente aportó a su demanda de nulidad, y en la que este órgano jurisdiccional concedió la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, también aquí peticionaria, en un caso similar al ahora puesto a discusión, con la sola salvedad de que aquél se encontraba referido al ejercicio fiscal mil novecientos noventa y siete y en lo que ve a los adeudos contraídos en mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis; empero, una nueva reflexión del tema lleva a abandonar el criterio antes sostenido, toda vez que la resolución allá asumida no puede válidamente subsistir, sino que es necesario admitir que la aquiescencia de la ley, significa que el motivo de nulidad alegado debe ser tildado como inoperante, porque de otra forma se avalaría la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley.

Tampoco se soslaya el criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 65, que a la letra reza:

"APLICACIÓN DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate del segundo acto de aplicación, pues no tiene el carácter de acto reclamado, en virtud de que el planteamiento de inconstitucionalidad de una norma legal que se formula dentro de los conceptos de violación, conduce al tribunal a conceder o negar el amparo respecto de la sentencia, mas no a otorgarlo o negarlo respecto del precepto analizado. Así, aun cuando dentro de la sistemática de la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación que perjudique a la parte quejosa, pues ello se traduce en que se estime consentido y se desprende, también, que de haberse analizado una norma en una ocasión, en relación con el mismo quejoso existirá cosa juzgada sobre el tema, debe precisarse que tal sistema rige el amparo que se tramita ante los Jueces de Distrito, no a los juicios de amparo directo, según se ha explicado, en tanto que el juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito es de carácter restrictivo y el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la sentencia en la que se aplica la norma que se tilda de inconstitucional, sin reflejarse en los resolutivos de la sentencia de amparo la decisión respecto de la ley."

Empero, tal tesis no es aplicable al presente asunto, porque el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, no fue aplicado en la sentencia reclamada, sino que ello ocurrió en la anterior autoaplicación de la norma por parte del contribuyente y, por consiguiente, desde aquel momento tuvo la oportunidad de reclamarlo, como ha quedado de manifiesto en los precedentes parágrafos.

Como corolario de lo dicho, al haber resultado fundados el primero y tercero de los motivos de disentimiento aducidos, deviene innecesario el examen de los restantes, sin que ello signifique contrariar el principio de exhaustividad; por ende, se impone revocar la sentencia en cuestión, con el propósito de que la Sala Regional declare infundado el concepto de impugnación que analizó; además, a fin de no dejar en estado de indefensión al contribuyente, debe hacerse la acotación de que la Sala habrá de emprender la ponderación jurídica de los conceptos cuyo examen haya omitido sin razonamiento alguno.

Por lo expuesto, se resuelve:

ÚNICO.-Se revoca la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil tres, por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 4427/01-12-02-7, promovido por Oficentro Zanella, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos puntualizados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados María del Pilar Núñez González, Jaime Raúl Oropeza García, presidente y Manuel Rojas Fonseca ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18252-88216fcd/conceptos-de-impugnacion-en-el-juicio-contencioso-administrativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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