TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SE ENCUENTRA FACULTADO PARA APLICAR JURISPRUDENCIA QUE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, PERO NO TESIS AISLADAS SOBRE EL TEMA, AL IGUAL QUE TAMPOCO PUEDE REALIZAR APLICACIONES ANALÓGICAS.
REVISIÓN FISCAL 100/2003. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de agravio son parcialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida.
Con apoyo en el artículo 79 de la Ley de Amparo, a continuación se analizan en forma conjunta los argumentos expresados en los agravios primero y segundo, ya que se encuentran estrechamente vinculados.
Aduce la inconforme que el fallo sujeto a revisión deviene ilegal, porque en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad demandada no se halla facultada para resolver consultas con base en jurisprudencias que versen sobre la inconstitucionalidad de una norma tributaria, ni menos aún para aplicar esos criterios jurisprudenciales al caso concreto, de acuerdo con el artículo 192 de la Ley de Amparo.
Añade que también en forma ilegal, la Sala toma en consideración el concepto de impugnación de la parte actora, sin advertir que éste resulta inoperante debido a que la contribuyente consintió tácitamente la aplicación de la norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no la combatió en vía de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, siendo por demás evidente su intención de lograr, a través del juicio contencioso administrativo, la inaplicabilidad a su favor de aquella disposición legal.
Son parcialmente fundadas las argumentaciones anteriores.
La resolución impugnada a través del juicio de origen fue la contenida en el oficio 325-SAT-21-I-I-3153 (fojas 23 a 26), dictada el veintiséis de junio de dos mil dos, por el Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en la consulta 72/02.
Mediante dicha instancia, la contribuyente pidió que se confirmara el criterio conforme al cual era posible deducir el valor promedio de las deudas contratadas con extranjeros que no tuvieran establecimiento permanente en México, al igual que las pactadas con el sistema financiero, para efectos del cálculo del Impuesto al Activo. También solicitó que se confirmara el criterio en el sentido de que, de acuerdo con lo anterior, resultaría procedente solicitar la devolución de dicha contribución pagada en forma excesiva, previa presentación de las declaraciones complementarias correspondientes a los ejercicios de mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, considerando la deducción de los adeudos antes mencionados.
Al respecto, el artículo 5, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, indica:
"ARTÍCULO 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto. No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."
En cuanto al primer párrafo de dicho precepto, ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que la imposibilidad legal de deducir las deudas contratadas con empresas extranjeras sin residencia en territorio nacional, transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que la distinción entre el tipo de adeudos que afectan los activos de los causantes de la contribución en comento, se realiza en función de circunstancias ajenas a ellos, referidas exclusivamente al lugar de residencia de las empresas acreedoras, de ahí que no se justifique la prohibición de deducir, pues las deudas que los sujetos del Impuesto al Activo hayan contraído con empresas extranjeras sin residencia en el país, inciden sobre su capacidad contributiva de la misma manera que aquellas contratadas con sociedades o empresas nacionales, o residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en México, es decir, en todos los casos se trata de contribuyentes con pasivos en sus registros contables, que repercuten en el objeto del impuesto.
Ese criterio se encuentra en la tesis aislada 1a. XXVII/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 275 del tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al igual que en la diversa tesis aislada 2a. CCX/2001, sustentada por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, consultable en la página 39 del tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario y Gaceta antes mencionados, cuyos contenidos son los siguientes:
"ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto legal, en su párrafo primero, autoriza a deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, excluyendo, en consecuencia, de dicha autorización, las deudas contraídas con empresas extranjeras sin residencia en el país. Ahora bien, esta distinción entre el tipo de deudas que afectan los activos de los contribuyentes, en función de circunstancias ajenas a ellos y que atañen, exclusivamente, al lugar de residencia de las empresas acreedoras, no se justifica por el hecho de que las empresas extranjeras con las que hubieren contratado aquéllos, no sean causantes del impuesto al activo y sólo estén sujetas a un régimen especial en términos de lo previsto en el título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este sentido, al prohibir el párrafo primero del citado artículo 5o. la deducción de las deudas que las personas físicas y morales sujetas del impuesto al activo tienen contratadas con empresas extranjeras y que inciden sobre su capacidad contributiva del mismo modo que las deudas contratadas con sociedades o empresas nacionales o de residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en el país, viola el principio de equidad tributaria, consagrado en la fracción IV, del artículo 31 constitucional, en virtud de que trata de manera desigual a los contribuyentes que se encuentran en la misma situación, esto es, que tienen pasivos en sus registros contables, mismos que repercuten en el objeto del tributo."
"ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO EXCEPTÚA DEDUCIR LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO TENGAN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN MÉXICO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto legal, en su párrafo primero, autoriza a deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, pero indirectamente exceptúa de dicha autorización a las que hubieren sido contratadas con empresas residentes en el extranjero que no tienen establecimientos permanentes ubicados en México. Con la excepción descrita se hace una injustificada distinción entre las deudas que afectan el objeto del tributo, ocasionándose con esto un trato desigual a iguales, al permitirse a unos contribuyentes las deducciones de sus deudas y a otros no, por situaciones ajenas a ellos y propias de los acreedores, sin que pueda considerarse que tal distinción de deudas se justifique por el hecho de que, de permitirse su deducción, no se pagaría el impuesto por ese concepto, dado que ambas clases de operaciones constituyen un pasivo para el contribuyente en sus registros contables, que incide sobre el objeto del tributo, consistente en la tenencia de activos propios de las empresas, concurrentes a la obtención de utilidades."
Por otro lado, en lo concerniente al segundo párrafo del propio artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en la jurisprudencia P./J. 123/99, que mientras que en el párrafo primero de esa disposición se permite la deducción de adeudos con empresas residentes en el país o con residentes en el extranjero que tengan establecimientos permanentes ubicados en México, en el segundo párrafo del mismo precepto, se prohíbe deducir deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, con lo cual se efectúa una injustificada distinción entre los contribuyentes, por situaciones ajenas a ellos, propias de los acreedores, cuando lo cierto es que ambas clases de operaciones constituyen un pasivo para los causantes, el cual incide en el objeto del impuesto.
La aludida jurisprudencia P./J. 123/99 se halla publicada en la página 10 del tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y literalmente dice:
"ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto legal, en su párrafo primero, autoriza a deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, pero en su párrafo segundo exceptúa de dicha autorización a las que hubieren sido contratadas con el sistema financiero o con su intermediación. Con la excepción descrita se hace una injustificada distinción entre las deudas que afectan el objeto del tributo, ocasionándose con esto un trato desigual a iguales, al permitirse a unos contribuyentes las deducciones de sus deudas y a otros no, por situaciones ajenas a ellos y propias de los acreedores, sin que pueda considerarse que tal distinción de deudas se justifique por el hecho de que, de permitirse su deducción, no se pagaría el impuesto por ese concepto, dado que ambas clases de operaciones constituyen un pasivo para el contribuyente en sus registros contables, que incide sobre el objeto del tributo, consistente en la tenencia de activos propios de las empresas, concurrentes a la obtención de utilidades."
Ahora bien, al dictar la sentencia recurrida, en relación con el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, la a quo aplicó la jurisprudencia plenaria número P./J. 123/99, la cual, señaló, le resultaba obligatoria de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto del primer párrafo del mismo precepto legal, la Sala aplicó las tesis aisladas 1a. XXVII/2001 y 2a. CCX/2001. Con base en ello, anuló la resolución impugnada de manera lisa y llana, al tenor de los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
Precisado lo anterior, debe decirse que aun cuando la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es obligatoria para las autoridades administrativas, como el Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en términos del precitado numeral 192 de la Ley de Amparo, lo cierto es que ésta sí obliga a todos los órganos que ejerzan funciones jurisdiccionales, en este caso, los tribunales ordinarios de jurisdicción contencioso administrativa, como la sala a quo.
En efecto, los artículos 94, octavo párrafo, de la Constitución Federal y 192 de la Ley de Amparo, disponen:
"ARTÍCULO 94. ... La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación."
"ARTÍCULO 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados."
Al tenor de las disposiciones transcritas, es cierto que las autoridades administrativas no se encuentran obligadas a fundar sus actos en la jurisprudencia, pues la exigencia de fundamentación y motivación consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración, además de la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, sin que ello signifique que deba citarse también la jurisprudencia respectiva, porque la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional no llega al extremo de que la actuación de las autoridades administrativas tenga que apoyarse también en la jurisprudencia emitida por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, es decir, la obligación de fundar los actos en la ley, no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes, dado que la jurisprudencia presenta notables diferencias respecto de la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque no nace del órgano legislativo, ya que la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales; tampoco es una norma general, debido a que se aplica a los casos particulares mediante la vía del proceso, por lo que sólo tienen obligación de acatarla los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde aplicarla, razón por la cual carece de sustento legal que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que sobre el caso exista, habida cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Carta Magna, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales.
Ello significa que cuando los actos de las autoridades administrativas sean impugnados a través de las vías legales conducentes y anulados por las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que hayan aplicado algún criterio jurisprudencial, aquéllas deberán cumplimentar la nueva resolución conforme a los lineamientos dictados por el órgano resolutor, en acatamiento del Estado de derecho que rige en nuestro país, cuyo incumplimiento trae aparejadas las sanciones previstas en las leyes de la materia, lo cual implica que en este supuesto propiamente no estén acatando la jurisprudencia sino la sentencia en que se aplicó.
Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 38/2002, emitida al resolver la contradicción de tesis 40/2001-PL, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 175 del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente:
"JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS. La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisprudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales."
En otro aspecto cabe señalar que al resolver la Contradicción de tesis 6/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del Décimo Cuarto Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la interpretación armónica de diversos preceptos constitucionales y legales (entre ellos el artículo 192 de la Ley de Amparo, que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte para todos los órganos que desempeñen funciones jurisdiccionales, dentro de los que se ubica el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), llevaba a concluir que el principio de relatividad de las sentencias de amparo, no se opone en forma alguna a que un tribunal de legalidad, en aplicación de la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, determine la nulidad del acto que en ella se funde, es decir, que los efectos limitados de las sentencias de amparo a los casos concretos a que se refieren, impide dejar sin efectos una ley no obstante que en dichas sentencias se determine su inconstitucionalidad, lo cual significa que las autoridades administrativas, aplicadoras y ejecutoras de la ley, no deben dejar de aplicarla a los gobernados que no gocen de la protección de la Justicia Federal, ya que las determinaciones contenidas en las ejecutorias de garantías no tienen efectos derogatorios, por lo que la ley surte todos sus efectos conservando su vigencia, de lo que deriva que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de una ley, conforme a ese sistema, no tendrá por qué ser acatada por las autoridades administrativas a quienes se encomiende su aplicación, pero sí será obligatoria para los tribunales antes mencionados, quienes quedarán constreñidos a aplicarla en los casos concretos sometidos a su conocimiento, siempre y cuando ello resulte procedente.
De esa contradicción de tesis derivó la jurisprudencia número P./J. 38/2002, publicada en la página 5 del tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala:
"JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación."
No obstante lo anterior, en este asunto debe decirse que respecto del primer párrafo del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, no hay jurisprudencia obligatoria para la a quo, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que, a la fecha en que dictó la sentencia recurrida (diecisiete de marzo de dos mil tres), sólo existían las tesis aisladas 1a. XXVII/2001 y 2a. CCX/2001, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los rubros: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." y "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO EXCEPTÚA DEDUCIR LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO TENGAN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN MÉXICO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", respectivamente.
Por esa razón, tal como lo hace valer la autoridad recurrente, la Sala no tenía facultades para apoyarse en esas tesis aisladas, al igual que tampoco las tenía para aplicar por analogía la jurisprudencia P./J. 123/99, de rubro: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", a fin de considerar que las mismas razones que sirvieron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, son válidas para estimar que el mismo vicio de inconstitucionalidad se genera en relación con el primer párrafo del propio precepto, en virtud de que ese análisis le compete sólo al Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la siguiente transcripción, en lo conducente, del considerando tercero de la sentencia recurrida:
"Argumentos que son valederos y aplicables al presente caso, en lo referente a las deudas contraídas con extranjeros que no tienen domicilio en México, pues siguen siendo pasivos de la hoy actora que inciden sobre el objeto del tributo, y si bien respecto a este punto específico, esto es, respecto a las deudas contraídas con extranjeros, se han emitido criterios aislados tanto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por Tribunales Colegiados, ello significa que el criterio que impera respecto a este tipo de deudas sigue la misma suerte que lo argumentado en la jurisprudencia invocada respecto a las deudas contraídas con el sistema financiero, criterios que esta Juzgadora comparte, emitidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de ellos publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, tesis 2a. CCX/2001, página 39, que enseguida se transcribe: ‘ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO EXCEPTÚA DEDUCIR LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO TENGAN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN MÉXICO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’-(se transcribe). Asimismo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, mayo de 2001, tesis 1a. XXVII/2001, página 275, que es del tenor siguiente: ‘ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (se transcribe).’"
De la transcripción precedente se observa que, en lo tocante al primer párrafo del artículo 5 en comento, la Sala no se concretó a aplicar una jurisprudencia que le resultara obligatoria al tenor del numeral 192 de la Ley de Amparo, sino que efectuó determinados razonamientos para llegar a concluir que, a su juicio, en relación con ese primer párrafo procedía la aplicación analógica de una jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del segundo párrafo del mismo artículo 5, con base además, en las tesis aisladas 1a. XXVII/2001 y 2a. CCX/2001 antes mencionadas, pero lo cierto es que ese estudio se aparta de lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 38/2002, de rubro: "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.", de ahí que sea incorrecto el proceder adoptado por la a quo en cuanto al primer párrafo del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo.
Por otra parte, en lo concerniente al segundo párrafo de esa propia disposición legal, en la especie asiste razón a la recurrente cuando aduce que la Sala no advirtió que el concepto de anulación de la actora resulta inoperante, pues consintió tácitamente la aplicación de la norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no la combatió a través del juicio de garantías dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, toda vez que dados los términos en que formuló la consulta ante la Administración Local Jurídica de Puebla Sur, con la declaratoria de nulidad por parte de la a quo, la contribuyente obtendría un efecto similar al logrado por aquellas personas físicas o morales que en su oportunidad promovieron amparo indirecto en contra de la aplicación de los párrafos primero y segundo del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, como se verá enseguida.
La consulta planteada por la empresa enjuiciante, consistió en lo siguiente:
"Se hace referencia a su escrito de 20 de marzo de 2002, presentado en esta Administración el 22 del mismo mes y año, mediante el cual solicita lo siguiente: Se confirme criterio de que su representada puede deducir el valor promedio de las deudas contratadas con extranjeros que no tienen establecimiento permanente en México, y el valor de aquellas deudas contratadas con el sistema financiero, para efectos del cálculo del Impuesto al Activo. Se confirme criterio en el sentido de que será procedente que solicite en devolución el impuesto pagado en forma excesiva, previa presentación de declaraciones complementaria de los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en las que se considere la deducción de los referidos adeudos contratados con extranjeros sin establecimiento permanente en México y con el sistema financiero." (foja 23 del juicio de nulidad).
Como puede observarse, mediante la consulta en comento, la contribuyente pidió que se confirmara el criterio conforme al cual era posible deducir el valor promedio de las deudas contratadas con extranjeros que no tuvieran establecimiento permanente en México, al igual que las contraídas con el sistema financiero, para efectos del cálculo del Impuesto al Activo; asimismo, pidió que se confirmara el criterio en el sentido de que, en consecuencia, resultaría procedente solicitar la devolución de dicha contribución pagada en forma excesiva, previa presentación de las declaraciones complementarias correspondientes a los ejercicios de mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, considerando la deducción de los adeudos antes mencionados.
De lo anterior puede concluirse que al solicitar la devolución del pago de lo indebido, por deducciones que no se efectuaron desde mil novecientos noventa siete hasta dos mil uno, la ahora actora está aceptando que se colocó en las hipótesi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20910-39c4feb4/tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y-administrativa-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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