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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO). SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2006-PL. · Registro digital (IUS): 20718
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 892.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, AHORA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA, FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizó un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.

TERCERO. Previo al análisis del problema planteado, debe señalarse que el hecho de que los criterios de los tribunales contendientes, no se encuentren redactados y publicados conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior deriva de la jurisprudencia número 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos diecinueve del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice a la letra:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

CUARTO. Para estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, se estima necesario tener presentes los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan:

I. El actualmente denominado Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito al resolver los amparos en revisión administrativa números ARA. 244/2006, promovido por Alejandro Rodríguez Lara; ARA. 392/2005, promovido por Pedro Lara Hernández; ARA. 414/2005, promovido por Daniel Tavarez Villa; y ARA. 209/2005, promovido por Pieles Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesiones de dieciséis de marzo de dos mil seis, tres de febrero de dos mil seis, cinco de enero de dos mil seis y treinta de septiembre de dos mil cinco, respectivamente, sostuvo en esencia las consideraciones que a continuación se indican: (por ser similares se transcriben únicamente, en obvio de repeticiones, las relativas a la resolución recaída al ARA. 244/2006).

Antecedentes:

• Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil cinco en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, Alejandro Rodríguez Lara por su propio derecho, promovió demanda de garantías en contra de actos de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato y otras autoridades, reclamando la discusión, aprobación y expedición del artículo 34, del capítulo quinto "De las contribuciones especiales", sección segunda "Por el servicio de alumbrado público" de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de 2005, contenida en el Decreto Número 145 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil cuatro y su aplicación.

• Previa aclaración, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato admitió a trámite la demanda de garantías con el número de expediente 430/2005-V, y seguido el juicio en todos sus trámites legales, dictó sentencia el treinta y uno de octubre de dos mil cinco, en la que resolvió SOBRESEER en el juicio con fundamento en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21 de la Ley de Amparo y 74, fracción IV, de dicha ley.

• Inconforme con esta resolución, el quejoso Alejandro Rodríguez Lara interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien lo tramitó con el número ARA. 244/2006, y dictó sentencia el día dieciséis de marzo de dos mil seis en el sentido de declarar en la materia de la revisión, parcialmente fundado el recurso de revisión y CONCEDER el amparo al quejoso, respecto de los actos concretos de aplicación del Decreto 145, en cuanto establece el cobro del derecho de alumbrado público en su artículo 34.

La parte considerativa que interesa de este fallo, dice:

"Por otra parte, en la resolución recurrida, el juzgador federal también sobreseyó en el juicio de garantías porque estimó que, en el particular, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 21 de dicho ordenamiento legal. Esa decisión se sustentó en el hecho de que el quejoso reclamó la norma aludida con motivo de su primer acto de aplicación ocurrido el veinticinco de febrero de dos mil cinco, fecha en la cual el impugnante manifestó haber realizado por primera ocasión el pago por concepto del derecho de alumbrado público y para demostrar tal aseveración exhibió tres comprobantes de pago con sus correspondientes avisos-recibos, todos relativos al periodo de consumo del diez de enero al once de febrero de dos mil cinco. ... Por tanto, contrario a lo aseverado por el recurrente, de las constancias existentes en autos se demuestra fehacientemente que desde el veintiséis de enero de dos mil cinco, fecha en que cubrió el pago por el derecho de alumbrado público, se aplicó en perjuicio del quejoso el cuerpo de leyes tildado de inconstitucional, consistente en la Ley de Ingresos para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, vigente en el dos mil cinco. De suerte que, como correctamente determinó el Juez de Distrito, en el caso el demandante de la protección constitucional consintió tácitamente la ley reclamada. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.’. Por su parte, el artículo 21 del invocado cuerpo de leyes, dispone: ‘El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.’. Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte quejosa tuvo conocimiento de que se aplicó en su perjuicio la ley tildada de inconstitucional desde el veintiséis de enero de dos mil cinco, fecha en que realizó el pago correspondiente al derecho de alumbrado público por los primeros diez días de enero de esa anualidad; por tanto, el término para promover el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de dicho acto, es decir, el veintisiete de enero y feneció el dieciséis de febrero de la presente anualidad, plazo durante el cual no se incluyen los días veintinueve y treinta de enero, así como cinco, seis, doce y trece de febrero por haber sido inhábiles. De donde se sigue que si la demanda de garantías, en la que el peticionario de garantías reclamó la Ley de Ingresos para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, fue presentada ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el ocho de marzo del mismo año, según se desprende del sello de recibido visible a foja dos del expediente, resulta inconcuso que el juicio constitucional fue promovido fuera del término de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo y, por tanto, se patentiza que la parte quejosa consintió tácitamente dicho acto. Pese a lo anterior, en el caso debe suplirse la deficiencia de los argumentos exteriorizados por el quejoso, en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, y conceder el amparo solicitado, respecto de los actos concretos de aplicación, ello porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia número 25/2004, que resolvió la contradicción de tesis número 137/2003-SS, consultable en la página 317 del Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual ha establecido el siguiente criterio: ‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). En su ejecutoria se precisó, que la Ley de Ingresos para el Municipio de León, vigente en dos mil tres, decía: ‘Artículo 33. La contribución por la prestación del servicio de alumbrado público se causará y liquidará conforme a las siguientes: Tasas. I. 8% respecto del importe facturado que resulte de la aplicación de las tarifas 1, 2, 3, O-M y H-M a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos. II. 5% respecto del importe facturado que resulte de la aplicación de las tarifas H-S y H-T a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos.’. Ahí se indicó que debía recordarse que la ‘tasa’ de la ‘contribución especial por servicio de alumbrado público’, prevista en las diversas Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Guanajuato, es un elemento esencial del tributo. Tomando en cuenta lo anterior, se señaló que debía resolverse si al impugnarse sólo las Leyes de Ingresos de los diversos Municipios anotados del Estado de Guanajuato, en la parte que aquí interesa, es decir, la ‘tasa’ de la ‘contribución especial por servicio de alumbrado público’, puede o no considerarse, respecto de ese elemento esencial, el planteamiento de invasión de esferas. Así se señaló, que en cuanto a ese aspecto, la Constitución Federal prevé: ‘Artículo 103.’ (se transcribe). En tanto que la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Se mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para los efectos del amparo, la invasión de esferas tiene que implicar una violación a las garantías individuales de un gobernado; además, dicha invasión consiste en el ejercicio, por la autoridad federal, de facultades reservadas a las entidades locales o por las autoridades de éstas, de atribuciones constitucionales privativas de la Federación. Ello, se indicó se desprendía de los siguientes criterios: ‘INVASIÓN DE ESFERAS DE LA FEDERACIÓN A LOS ESTADOS Y VICEVERSA, AMPARO POR.’ (se transcribe). ‘INVASIÓN DE ESFERAS. INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO CUANDO EL PROBLEMA PLANTEADO NO IMPLICA EL POSIBLE EJERCICIO POR LA AUTORIDAD FEDERAL, DE FACULTADES RESERVADAS A LOS ESTADOS, O, POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTOS, DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES PRIVATIVAS DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Conforme a esos preceptos legales y tesis mencionadas, se señaló que podía concluirse válidamente que lo que el Constituyente busca es proteger a los gobernados de la actuación de las autoridades en ámbitos que no les corresponden, y en torno a quién corresponde regular todos los aspectos de energía eléctrica, se mencionó que la propia Constitución señala que es competencia exclusiva de la Federación, para lo cual se transcribieron los artículos 27, párrafo sexto; 73, fracciones X y XXIX, punto 5o., inciso a); y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), punto 2o., de la Constitución Federal. Luego, específicamente se señaló, que en cuanto al servicio de energía eléctrica, el Congreso de la Unión emitió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la cual se transcribieron los artículos 1o., 30 y 31, y de su Reglamento, el 1o., 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. Con base en ellos, se aludió al hecho de que corresponda exclusivamente a la Federación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, así como la facultad exclusiva del Congreso de la Unión de legislar en esta materia, otorgan a aquélla, competencia respecto al abastecimiento o prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que comprende el establecimiento de las tarifas para su venta, mismas que son emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se dijo que debía tenerse presente que la llamada ‘contribución especial por servicio de alumbrado público’ que se cobra a los usuarios de ese servicio público en los diversos Municipios del Estado de Guanajuato, de conformidad a las Leyes de Ingresos referidas, se causará y liquidará conforme a las siguientes: ‘Tasas. I. 8% respecto del importe facturado que resulte de la aplicación de las tarifas 1, 2, 3, O-M y H-M a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos. II. 5% respecto del importe facturado que resulte de la aplicación de las tarifas H-S y H-T a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos.’. Es decir, que el legislador local hace depender la ‘tasa’ (al margen de los otros elementos esenciales del tributo) de las tarifas que para venta señala la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos. En consecuencia, se precisó que el legislador ordinario establece como ‘tasa’ de ese tributo, diversos porcentajes que inciden en tarifas cuya emisión compete sólo a las autoridades federales, por lo que hay invasión de esferas, ya que, como se dijo anteriormente, la autoridad local actúa en un ámbito que no le corresponde. Lo anterior, se refirió, se robustece si se tiene presente que no sólo la tarifa, sino también la base del tributo, se hace depender de tarifas emitidas en virtud de competencia federal, lo que se desprende del contenido del artículo 246 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. De ahí que se estableció que al impugnarse las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Guanajuato, ahí anotadas, en cuanto al elemento ‘tasa’ de la ‘contribución especial por servicio de alumbrado público’, sea aplicable el criterio que adoptó el Pleno del más Alto Tribunal del país, al emitir la siguiente jurisprudencia: ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Así se indicó, que si bien la jurisprudencia hace referencia a la base y objeto de ese tipo de tributos, lo cierto es que al menos en el supuesto de la ‘tasa’ prevista en las diversas Leyes de Ingresos, igualmente invade la esfera de atribuciones federales, ya que lo que también se sanciona con tal invasión, en este caso, es que los Congresos Locales legislen trasladando para sí facultades que no les corresponden, como lo son todas las materias que inciden en la energía eléctrica. Del mismo modo, se mencionó, que las Legislaturas Locales no pueden establecer contribuciones o elementos de ellas que tomen como base las tarifas que se pagan por consumo de energía eléctrica, facultad que está reservada a la Federación, y a las contribuciones relativas al Congreso de la Unión, lo cual se desprende del primer precedente que integró la jurisprudencia. En este sentido, se puntualizó que el elemento ‘tasa’ de la ‘contribución especial por servicio de alumbrado público’, previsto en las diversas Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Guanajuato, en sí mismo invade la esfera de competencias de la Federación. Incluso, se determinó que al impugnarse esas Leyes de Ingresos como acto destacado -a las que cabe aplicar el criterio de que son inconstitucionales según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, procede, incluso, ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, suplir la queja deficiente, en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, se explicó que al concederse el amparo respecto del elemento esencial ‘tasa’ anotado, éste permea todos los demás elementos, por lo que la concesión abarca todo el tributo. Entonces, cabe señalar que la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, fue declarada inconstitucional, bajo el argumento esencial de que la ‘tasa’ prevista en las diversas Leyes de Ingresos para el Estado de Guanajuato, vigentes en el año dos mil tres, invaden la esfera de atribuciones federales, que las Legislaturas Locales no pueden establecer contribuciones o elementos de ellas que tomen como base las tarifas que se pagan por consumo de energía eléctrica, facultad que está reservada a la Federación, y las contribuciones relativas al Congreso de la Unión, de donde se puntualizó que el elemento ‘tasa’ de la ‘contribución especial por servicio de alumbrado público’, previsto en las diversas Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Guanajuato, en sí mismo invade la esfera de competencias de la Federación. En el caso, la Ley de Ingresos para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en que se sustentó el acto de aplicación reclamado, es la vigente para el año dos mil cinco, específicamente el numeral 34, el cual señala: ‘Artículo 34. Los derechos por la prestación del servicio de alumbrado público se causarán y liquidarán conforme a las siguientes:

"‘Tasas

"‘I. 8 % respecto del importe facturado que resulte de la aplicación de las tarifas 1, 2, 3, O-M y H-M a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos.

"‘II. 5% respecto del importe facturado que resulte de la aplicación de las tarifas H-S y H-T a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos.’

"Como se advierte, dicho normativo es similar al precepto 33 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil tres, que se analizó en la ejecutoria de mérito, por tanto, es dable señalar, adolece del mismo vicio de inconstitucionalidad, como se destacó en la jurisprudencia de rubro: ‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’, que se citó con antelación. Con base en lo anterior, debió suplirse la deficiencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto a los actos de aplicación del artículo 34 de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cinco que tildó de inconstitucional. En relación a ese supuesto, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, impone la obligación de suplir la queja deficiente en cualquier materia, tratándose de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por ese Alto Tribunal, como se corrobora con la transcripción de dicho numeral que a la letra dispone: ‘Artículo 76 Bis.’ (se transcribe). Partiendo de lo anterior y dada la especial naturaleza y finalidad del amparo contra leyes, se estima procedente apuntar a continuación algunas consideraciones sobre el tema. ... Ahora bien, sobre el tema concerniente a la obligación de aplicar la jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley, deben puntualizarse los siguientes aspectos. ... En ese sentido y considerando que la suplencia en materia de amparo contra leyes declaradas inconstitucionales, se instituyó como un medio para hacer eficaz el control constitucional de la legislación en general, debe estimarse que los Jueces y tribunales judiciales, al advertir que el acto reclamado se funda en una norma declarada inconstitucional en jurisprudencia emitida por ese Máximo Tribunal, están obligados a suplir la deficiencia de la queja y a observar la jurisprudencia respectiva, a fin de dejar insubsistente, en el caso jurídico sometido a su decisión, la aplicación de la ley inconstitucional. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 8/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas, que a la letra señala: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe). Más aún es de destacar que la suplencia de la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un imperativo para los juzgadores de amparo, a fin de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes, y así garantizar el principio de supremacía constitucional. ... Finalmente, resta señalar que la suplencia prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, implica que la jurisprudencia por la que se declara inconstitucional una ley pueda aplicarse a casos similares a los que motivaron su emisión. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia consultable en la página 184, Tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY PUEDE TENER APLICACIÓN A CASOS SIMILARES A LOS QUE MOTIVARON SU EMISIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS GENERALES.’ (se transcribe). En esa virtud, al estar sustentados los actos de aplicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, específicamente su artículo 34, en una ley que adolece del vicio de inconstitucional (sic), debe concederse el amparo respecto de los mismos, para el efecto de que la Comisión Federal de Electricidad ordene la devolución y entrega del numerario que por concepto de derecho de alumbrado público del periodo de consumo comprendido del diez de enero al once de febrero de dos mil cinco, pagó la parte quejosa, el cual se tiene consignado en los tres comprobantes de pago expedidos por dicha autoridad."

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito al resolver los amparos en revisión administrativa números ARA. 278/2005, promovido por Martha Elvia Pérez Ontiveros; ARA. 229/2005, promovido por Eduardo Collado Bosch y ARA. 467/2005, promovido por Tenería Vargas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesiones de fechas siete de noviembre de dos mil cinco, treinta de septiembre de dos mil cinco y diecisiete de marzo de dos mil seis, respectivamente, resolvió: (se transcribe únicamente la resolución recaída al ARA. 467/2005 por ser similar a las diversas pronunciadas por dicho órgano colegiado).

Antecedentes:

• Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil cinco en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en la ciudad de León, Tenería Vargas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, promovió demanda de garantías en contra de la actual Legislatura Local del Estado de Guanajuato y otras autoridades, reclamando la aprobación y expedición del Decreto Número 171, que contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2004, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, entre los que se encuentra el artículo 34, ubicado en la segunda sección, capítulo quinto, con el rubro: "Por el uso de alumbrado público", así como la aprobación y expedición del Decreto Número 133 que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año de 2005, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintisiete de diciembre de dos mil cuatro, entre los cuales su artículo 35, ubicado en la segunda sección, capítulo quinto, "De las contribuciones especiales", con el rubro "Por el servicio de alumbrado público", contiene la tasa o tarifa del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público; y del Decreto Número 73, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve que en sus artículos 245, 246 y 247 contiene los elementos esenciales del sujeto, objeto y época de pago por servicio público de alumbrado y la aplicación de dichas normas.

• El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato admitió la demanda con el número de expediente 347/2005, y seguido el juicio en todos sus trámites legales dictó sentencia el día veintinueve de septiembre de dos mil cinco en la que resolvió SOBRESEER en el juicio, respecto de la aplicación del Decreto 171 relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de 2004 y del Decreto 133, relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de 2005 en cuanto establece el cobro del derecho de alumbrado público y su ejecución; NEGAR el amparo a la quejosa respecto del acto de aplicación del Decreto 171 relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2004 y, CONCEDER el amparo a la quejosa, respecto del Decreto 133, relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2005, en cuanto establece el cobro del derecho de alumbrado público y su ejecución.

• No conformes con esta determinación, la quejosa así como el presidente, tesorero y síndico del Ayuntamiento de León, Guanajuato, interpusieron respectivos recursos de revisión, de los que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que los tramitó con el número de expediente ARA. 467/2005 y dictó sentencia con fecha diecisiete de marzo de dos mil seis, en la que resolvió: En la materia del recurso de revisión se modifica la sentencia recurrida, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados, consistentes en la aplicación del Decreto 171 relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de 2004, así como del Decreto 133 que contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, vigente en 2005; NEGAR el amparo respecto del acto de aplicación del Decreto 171, relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, vigente en 2004; y, CONCEDER el amparo en relación con el Decreto 133 relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de 2005, en cuanto establece el cobro del derecho de alumbrado público y su ejecución.

La parte que interesa de esta resolución dice:

"SEXTO. ... La inconforme en sus agravios expuso que en su demanda de garantías tildó de inconstitucional la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, por el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, con base en el argumento de que el artículo 34 contiene un mecanismo de determinación tributaria (tasa) para imponer la contribución por servicio de alumbrado público, que se traduce en un gravamen al consumo de energía eléctrica, pues se calcula sobre el consumo de dicho fluido, por lo que se invaden las facultades reservadas exclusivamente a la Federación, dado que es la única autorizada para legislar en esa materia; precisó que la indicada ley es similar a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, vigente durante dos mil tres, misma que fue declarada inconstitucional po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20718-007fb668/suplencia-de-la-queja-deficiente-condiciones-para-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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