COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio del año dos mil uno, pues a pesar de que el tema que se expone pertenece a la materia común, uno de los criterios que la integran proviene de un Tribunal en Materia de Trabajo, especialidad de esta Sala, pero además, porque existen precedentes que pueden aplicarse para resolver la problemática que se plantea.
SEGUNDO. La contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente de uno de los órganos colegiados cuya resolución participa de la denuncia.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso resolverla, resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil ocho, la competencia 12/2007, determinó en la parte que interesa:
"TERCERO. Debe declararse la competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata, a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Efectivamente como lo manifiestan los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado, en la demanda de garantías ********** señaló como acto reclamado, la sentencia de treinta de mayo de dos mil siete, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, dentro del toca de apelación número I-208/2007; resolución que modificó la sentencia relativa al incidente de liquidación de sentencia, gastos y costas, pronunciada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, en el juicio ejecutivo mercantil número 199/2006. Los dos Jueces de Distrito participantes en el conflicto competencial interpretaron la naturaleza del acto reclamado, empero sostuvieron puntos de vista distintos en torno a sus efectos, pues mientras el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, consideró que dicho acto reclamado ‘... es meramente declarativo y, por ende, no tiene ejecución, material ni directa ni indirecta’, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad capital, estimó que ‘... el acto reclamado antes precisado es de aquellos que conllevan inmersa una ejecución material ... resolución que por su propia naturaleza, presenta un principio de ejecución, ya que su efectividad implica que el Juez de origen, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en segunda instancia, realice actos encaminados para hacer cumplir lo ordenado por el tribunal revisor.’. En la especie, como ya se dijo, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado. Lo anterior es así, porque efectivamente, este último no advirtió, como legalmente lo estimó su similar del Juzgado Octavo de Distrito, que el acto reclamado es de naturaleza declarativa, precisamente, porque aunque modificó la interlocutoria de liquidación de sentencia -en el caso, para incrementar la suma liquidatoria inicialmente determinada por el a quo de la responsable- lo cierto es que el fallo reclamado carece de un principio material de ejecución, toda vez que en sí no guarda ni impone al Juez de primera instancia el despliegue de un actuar específico a fin de ejecutar lo determinado por la autoridad responsable. Lo anterior se corrobora, pues si bien el fallo reclamado determina la liquidez de lo juzgado en sentencia, esa liquidación sólo constituirá la base para que el acreedor -la parte quejosa- inicie el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, el fallo reclamado per se carece de un principio autónomo de ejecución. De ahí que, como (sic) contrario a lo que estimó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, no puede considerarse que el acto reclamado esté provisto de ejecución material, pues se insiste, el hecho de que en la resolución relativa al recurso de apelación, que modificó la interlocutoria de liquidación de sentencia, no implica que la resolución reclamada tenga ejecución material, pues ello será, en su caso, una vez que se inicie el procedimiento de ejecución correspondiente. Esto es, la sentencia reclamada tiene efectos declarativos como así lo estimó el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán. Es de invocarse por compartir este Tribunal Colegiado la tesis XXI.4o.J/6, del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que se puede ver en la página 1499, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que también invocó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, que dice: ‘COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UNA INTERLOCUTORIA QUE SÓLO PRODUCE EFECTOS DECLARATIVOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DIVERSA JURISDICCIÓN, SI NO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). Por otra parte, es menester señalar que en el caso a estudio, el quejoso no impugna actos de ejecución, tampoco fueron señaladas autoridades responsables con residencia en Apatzingán, Michoacán, -donde en concepto del Juez Séptimo de Distrito en el Estado- habrá de ejecutarse el acto reclamado por el Juez Primero de primera instancia en Apatzingán, Michoacán. Por consiguiente, la competencia legal, se insiste, se surte a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado, tanto porque como se dijo la sentencia tiene efectos declarativos, y aquí reside la autoridad que emitió el acto reclamado, lugar en el que ejerce jurisdicción el Juez de amparo indicado en último término, además de que se insiste en la demanda de garantías no se hizo referencia alguna a su ejecución, lo que legalmente estimó el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, al estimar, que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías ya indicada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, Tomo IX, marzo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CORRESPONDE AL JUEZ QUE TENGA JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO SI EN LA DEMANDA NO SE HIZO REFERENCIA ALGUNA A SU EJECUCIÓN. Para dirimir un conflicto competencial suscitado entre Jueces de Distrito que no son de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, para conocer de un juicio de amparo indirecto en materia civil, debe atenderse a la forma en que la parte quejosa planteó su demanda de garantías; y si en ella se desvinculó el acto reclamado de su ejecución, la competencia debe resolverse a favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción sobre la autoridad que dictó ese acto pues, en esa hipótesis debe tomarse en cuenta que en la propia demanda de amparo no se impugnaron actos de ejecución, ni fueron señalados como responsables autoridades con residencia en el lugar donde habrán de ejecutarse los actos reclamados.’. Asimismo se comparte la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, (sic) Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 1743, registro número 185230, del rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN QUE SE RECLAME UNA INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO, SI SÓLO SE DISCUTE SU LEGALIDAD. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Que cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Que si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora, si los actos reclamados se hacen consistir en el dictado de una sentencia interlocutoria sobre liquidación de intereses, así como su autorización y notificación por parte de las responsables ordenadoras y ejecutoras, ello indica que ya fueron pronunciados y que, por tanto, se han consumado al emitirse, autorizarse y notificarse tal interlocutoria. De consiguiente, tratándose de una resolución de liquidación de intereses y sus consecuencias de índole estrictamente legal, conforme al citado precepto será competente el Juez Federal del lugar donde se ejecute el acto reclamado, de lo cual se sigue que la autoridad de amparo que tiene jurisdicción en la sede o residencia de las autoridades respectivas debe conocer de la demanda de garantías materia del conflicto competencial planteado, si además inexiste ejecución alguna actual por falta de requerimiento en un eventual incumplimiento de lo determinado sobre la liquidación de intereses, pues en esas condiciones ni siquiera hipotéticamente podría hablarse de una ejecución y, por ende, es obvio que sólo se determinará lo conducente en derecho sobre la legalidad de la resolución reclamada, pero nada respecto de algo que no se ha mandado llevar a efecto.’. Por las razones precedentes, no se comparte la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, que aparece con el registro 177675, del rubro: ‘COMPETENCIA. DEBE CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE RESIDE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN.’, criterio invocado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado. En consecuencia, como el acto reclamado, por ser declarativo, no requiere de ejecución material ni está provisto de él, como ya se dijo, en acatamiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, el conocimiento del juicio de garantías corresponde al Juez de Distrito, dentro de cuyo territorio reside la autoridad responsable que dicta la resolución reclamada, es decir, al Juez Séptimo de Distrito en el Estado."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el nueve de febrero de dos mil siete la competencia 1/2007, determinó en la parte que interesa:
"SEGUNDO. Se considera que el Juez Séptimo de Distrito, con residencia en esta ciudad, debe conocer del juicio del que deriva la presente competencia. De la demanda de amparo presentada por ********** de la que por turno correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado se advierte que señaló como acto reclamado, la sentencia pronunciada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el veintiséis de septiembre de dos mil seis, dictada dentro del toca civil número 1-365/2006, que resolvió el recurso de apelación por ella interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada en la planilla de liquidación de diez de julio de dos mil seis, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 624/2001, que promovió ********** en contra de la peticionaria del amparo, en el Juzgado Tercero de lo Civil de Uruapan, Michoacán. Así como su ejecución, la que reclamó al Juez Tercero de lo Civil de Uruapan, Michoacán. El Juez Quinto de Distrito en el Estado, en proveído de siete de noviembre de dos mil seis, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo, porque el mismo estaba relacionado con el juicio de amparo 208/2005-II tramitado y resuelto en el Juzgado Octavo de Distrito, y que como eran las mismas partes en el juicio natural y el acto reclamado derivaba del mismo procedimiento, procedía, con apoyo en lo establecido en el artículo 6o. del Acuerdo General 23/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitir el expediente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado para que conociera del mismo. El Juez Octavo de Distrito, se avocó al conocimiento del asunto y siguió sus cauces legales, pero por resolución de treinta de noviembre de dos mil seis, determinó que carecía de competencia legal para resolverlo, por lo siguiente: ‘... el acto reclamado del Magistrado responsable no tiene ejecución material ni directa ni indirecta, sino que se trata de un acto meramente declarativo, toda vez que se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, sin que lleve aparejada una ejecución material, puesto que no implica modificación alguna a derechos o situaciones existentes, esto es, que su contenido se agota precisamente en la declaración que hace. Dicho de otra forma, la resolución reclamada del Magistrado responsable es meramente declarativa, porque no ordena que se verifique materialmente algún acto de ejecución en este distrito judicial, amén de que aquellos acuerdos o medidas legales que en su momento procesal oportuno llegara a emitir el Juez responsable, derivarían ya de sus determinaciones propias, pero no de esa resolución. Por tanto, la resolución reclamada del Magistrado responsable no tiene ejecución material ni directa ni indirecta, sobre todo si se pondera que se impugna por vicios propios, así como que aquella ejecución que en su caso podría ordenarse, sería remitir copia certificada o autorizada del fallo de apelación correspondiente al juzgado de origen; medida que tendría lugar en Morelia, Michoacán, residencia del tribunal de alzada. Incluso, la ejecución que en su caso y en momento podría efectuar el Juez responsable, es una situación incierta, ya que éste podría o no pronunciarse respecto de ella a la llegada del testimonio respectivo o esperar hasta que la parte que obtuvo su pretensión, solicite por escrito que se cumpla con la interlocutoria confirmada, que consigna una condena y ello traería como consecuencia, que hasta ese momento existiera un acto de ejecución material. Luego, es evidente que se actualiza la hipótesis del párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, de modo que procede concluir que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver este asunto.’. Y apoyó esa determinación en los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UNA INTERLOCUTORIA QUE SÓLO PRODUCE EFECTOS DECLARATIVOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DIVERSA JURISDICCIÓN, SI NO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS.’; ‘ACTOS DECLARATIVOS.’, ‘COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.’, ‘COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CAREZCA DE EJECUCIÓN MATERIAL, ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD QUE LO TRAMITÓ.’. El Juez Octavo de Distrito, dijo también que no era obstáculo para arribar a esa conclusión, que ********** señalara como autoridad responsable ejecutora al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta población ‘habida cuenta que la ejecución que en su caso y en un momento dado vaya a dar a la resolución que se combate en esta vía constitucional, no entrañaría una ejecución que pueda considerarse como material, al ser un acto meramente declarativo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: «COMPETENCIA, ACTO QUE MATERIALMENTE EJECUTABLE. NO LO DETERMINA NECESARIAMENTE, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE PROVENGA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA.».’ Y, por tanto, ordenó remitir las constancias pertinentes al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, para que conociera del mismo. Por razón de turno, el juicio se remitió al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien en proveído de fecha siete de diciembre de dos mil seis, estimó que era incompetente para conocer y resolver la demanda de garantías de referencia, apoyándose en los siguientes razonamientos: ‘... contrario a lo expuesto por la autoridad que se estima legalmente incompetente para conocer de la demanda que nos ocupa, este resolutor lamenta no compartir el criterio adoptado por aquélla, pues al efecto debe establecerse que la resolución reclamada al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que se confirmó la de primer grado, en la que, a su vez, se declaró parcialmente procedente el incidente de ampliación de liquidación de sentencia, sí entraña una ejecución material, que se traduce en la condena de que fue objeto ********** al pago de la cantidad de $********** misma que tendrá verificativo en la ciudad de Uruapan, Michoacán, por ser en ese lugar donde se siguió el juicio ejecutivo mercantil de origen, lugar en el que, por razones obvias, ejerce su jurisdicción el homólogo declinante, lo que nos lleva a la inequívoca conclusión de que en la especie se surte la competencia legal para conocer y resolver del presente juicio a dicho juzgador, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo.’. Y en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, tesis XXI.2o.C.T.28 C, página 1855, que dice: ‘COMPETENCIA. DEBE CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE RESIDA EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN. La sentencia de segunda instancia que modifica una interlocutoria de primer grado, en la que se moderó la planilla de liquidación por concepto de intereses moratorios sobre el saldo de capital e intereses vencidos y no pagados, es una resolución que, por su propia naturaleza, presenta un principio de ejecución en el entorno fáctico, ya que su efectividad implica que el Juez de primer grado realice actos encaminados para hacer cumplir lo ordenado por el tribunal revisor, por lo que la demanda de amparo promovida contra la citada interlocutoria debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se pretenda realizar la ejecución.’. Y, por ende, ordenó devolverlo al Juez Octavo de Distrito en el Estado, para que resolviera lo que en derecho correspondiera. En proveído de quince de diciembre de dos mil seis, la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito, encargada del despacho por ministerio de ley, insistió en que la competencia se surte a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, sosteniendo para ello en esencia, las argumentaciones y consideraciones que motivaron la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil seis. Ahora bien, de acuerdo con los datos precisados, este Tribunal Colegiado considera que la competencia para conocer y resolver el juicio de garantías de que se trata, corresponde al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad por las siguientes consideraciones legales: El artículo 36 de la Ley de Amparo, establece: ‘Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’. De ese precepto legal se advierte que son tres las reglas fundamentales para fijar la competencia a favor de los Juzgados de Distrito: 1. A favor del Juez Federal en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. A favor de cualquiera de los Jueces de Distrito de las jurisdicciones respectivas, a prevención, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. 3. A favor del Juez Federal en cuya jurisdicción resida la autoridad ordenadora, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En la especie, el acto reclamado se ubica en la última regla prevista por el artículo 36 de la Ley de Amparo, pues lo constituye la sentencia emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el veintiséis de septiembre de dos mil seis, dictada dentro del toca civil número 1-365/2006, que confirmó la sentencia de diez de julio de dos mil seis, que resolvió el incidente de ampliación de liquidación de (sic) dentro del juicio ejecutivo mercantil número 624/2001, tramitado en el Juzgado Tercero de lo Civil de Uruapan, Michoacán, por ********** frente a ********** y si bien es cierto que en dicha resolución se condenó a ********** al pago de la cantidad de ********** empero no se advierte dato alguno de ejecución actual, al no obrar algún requerimiento por incumplimiento de lo determinado sobre la liquidación de intereses, de suerte que sólo se analizará lo relativo a la legalidad de la sentencia reclamada, pero nada respecto de una ejecución que no se ha mandado llevar a efecto, por lo que la competencia corresponde al Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que dictó la sentencia reclamada, que es el Juez Séptimo de Distrito; y al efecto es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, tesis II.2o.C.79, (sic) página 1743, cuyo criterio comparte este tribunal y que es del siguiente tenor: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN QUE SE RECLAME UNA INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO, SI SÓLO SE DISCUTE SU LEGALIDAD. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Que cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Que si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora, si los actos reclamados se hacen consistir en el dictado de una sentencia interlocutoria sobre liquidación de intereses, así como su autorización y notificación por parte de las responsables ordenadoras y ejecutoras, ello indica que ya fueron pronunciados y que, por tanto, se han consumado al emitirse, autorizarse y notificarse tal interlocutoria. De consiguiente, tratándose de una resolución de liquidación de intereses y sus consecuencias de índole estrictamente legal, conforme al citado precepto será competente el Juez Federal del lugar donde se ejecute el acto reclamado, de lo cual se sigue que la autoridad de amparo que tiene jurisdicción en la sede o residencia de las autoridades respectivas debe conocer de la demanda de garantías materia del conflicto competencial planteado, si además inexiste ejecución alguna actual por falta de requerimiento en un eventual incumplimiento de lo determinado sobre la liquidación de intereses, pues en esas condiciones ni siquiera hipotéticamente podría hablarse de una ejecución y, por ende, es obvio que sólo se determinará lo conducente en derecho sobre la legalidad de la resolución reclamada, pero nada respecto de algo que no se ha mandado llevar a efecto’. También es aplicable la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, tesis XXI.4o. J/6, página 1499, criterio que también se comparte por este Tribunal Colegiado y que es del siguiente tenor: ‘COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UNA INTERLOCUTORIA QUE SÓLO PRODUCE EFECTOS DECLARATIVOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DIVERSA JURISDICCIÓN, SI NO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. La sentencia de segunda instancia que confirma una interlocutoria de primer grado en la que se resuelve un incidente, que por su intrínseca naturaleza produzca efectos meramente declarativos y, por lo mismo, carezca de ejecución material, se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en términos del cual la autoridad competente para conocer del juicio de garantías, es el Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la autoridad que dictó la sentencia reclamada; de ahí que la sentencia dictada por una Sala que confirmó la interlocutoria de primera instancia sea una resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio que por su propia naturaleza constituye una determinación de carácter declarativo pues, por sus efectos, únicamente clarifica el derecho obtenido con la sentencia definitiva, sin imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la Sala que dictó la sentencia reclamada, la competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, sin que sea obstáculo que también se reclamen actos de ejecución atribuidos al Juez de primera instancia de otra jurisdicción, porque no se combaten por vicios propios, sino sólo por ser consecuencia lógica y jurídica de la sentencia dictada por la autoridad ordenadora.’. No obsta a lo anterior que en la demanda de amparo se hubiese señalado como autoridad responsable ejecutora al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, toda vez que, la ejecución que en su caso podría efectuar el Juez responsable, es una situación incierta, ya que dicha autoridad podría o no pronunciarse al respecto, a la llegada del testimonio respectivo, o esperar que, a instancia de parte, se solicite el cumplimiento de la sentencia que en su caso confirmara la condena y sería hasta ese momento en que existiría un acto de ejecución material. Por tanto, debe concluirse que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta capital, es el competente para conocer de la demanda de garantías promovida por ********** por lo que se ordena comunicar esta ejecutoria a las autoridades contendientes y remitirse los autos al Juez que se ha determinado es él competente, para los efectos legales procedentes."
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el treinta de mayo de dos mil cinco, el conflicto competencial 3/2005, determinó en la parte que interesa:
"SEGUNDO. Como punto de partida para el estudio del conflicto competencial, debe tenerse presente lo que establece la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, del Tomo XVII, junio de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el IUS 2004, con el número de registro 184186, que al rubro y texto dice: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe). Conforme al criterio anterior se estima que sí existe conflicto competencial, porque los órganos jurisdiccionales contendientes manifestaron de manera expresa su no aceptación para conocer de la demanda de garantías, bajo las siguientes posturas. a) El Juez Séptimo de Distrito con residencia en esta ciudad, no aceptó la competencia planteada, al estimar que la interlocutoria de liquidación de intereses reclamada, sí tiene una ejecución material y será precisamente en la jurisdicción del Juez declinante, con residencia en Acapulco, Guerrero. b) Por su parte, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, sostuvo su incompetencia, al aducir que si bien (sic) la determinación reclamada conlleva una ejecución material, también lo es, que los actos de ejecución no se combaten por vicios propios, por lo que debe conocer el Juez de Distrito que reside en el lugar de la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. En el caso, a fin de resolver
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21413-eaa49497/competencia-en-amparo-indirecto-cuando-se-reclama-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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