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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN. LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN LO PARTICULAR, Y NO A TRAVÉS DE UNA SOLA PERSONA QUE ACTÚE EN NOMBRE DE AMBAS. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES PROVIENE DE UN ACUERDO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y NO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLVIENDO EN PLENO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21252
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIB
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 499.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CIRCUITO, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio del año dos mil uno, pues a pesar de que el tema que se expone pertenece a la materia común, los criterios que la integran provienen de tribunales en materia administrativa, especialidad de esta Sala, pero además, porque existen precedentes que pueden aplicarse para resolver la problemática que se plantea.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del director general interino de Asuntos Jurídicos, quien se ostenta además como representante legal del órgano legislativo, habiendo sido éste parte en los asuntos cuyas ejecutorias se aduce son contradictorias.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso resolverla, resulta indispensable tener presentes los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintidós de agosto de dos mil siete, el amparo en revisión 229/2007, determinó en la parte que interesa:

"TERCERO. Por ser un presupuesto de estudio oficioso, es necesario en principio, examinar si la autoridad recurrente se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión. Con ese propósito, es pertinente mencionar que de acuerdo con el doctrinario Hernando Devis Echandía, por recurso se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el mismo Juez que profirió una providencia, o su superior, la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. El mismo autor señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juzgador que le causen gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra (sic) las providencias del Juez, pero, afirma el referido autor, como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores de quien juzga que perjudican al recurrente, de una determinada providencia, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o moral, pero concreto, actual y objetivo respecto de la materia de la providencia; y por tal motivo, concluye, puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso. En relación con el tema de la legitimación, Eduardo Pallares la define como la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Si puede hacerlo, está legitimado; en caso contrario no lo está. El concepto de legitimación ha surgido en el derecho procesal, pero de allí se ha extendido a otras ramas de la juridicidad, especialmente al derecho público. Según Carnelutti la legitimación es la idoneidad de la persona para actuar en el juicio, inferida no de sus cualidades personales, sino de su posición respecto del litigio. Decidir si una parte está legitimada respecto de determinados actos, quiere decir que sólo ella puede ejecutarlos con eficacia jurídica. Asimismo, la llamada legitimación para la impugnación es la facultad de interponer los recursos y medios que otorga la ley contra las resoluciones judiciales o los actos que lesionen los derechos de las partes. Según Carnelutti está legitimada para promover la impugnación, sólo la parte que haya tenido cualidad para provocar la resolución impugnada. Ahora bien, en primer lugar, es menester analizar si la autoridad recurrente tiene legitimación procesal (ad procesum), esto es, si el subdirector de amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión puede representar a este órgano del Estado, para tal efecto es importante reproducir el contenido de los preceptos en que aquel funcionario fundamentó su personalidad, esto es, los artículos 70, párrafos segundo y cuarto, y 77, fracciones I y III, de la Constitución General de la República; 21 y 23, numeral 1), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 y 19 de la Ley de Amparo; así como el oficio de ‘Delegación de Facultades de Representación con Poder General para Pleitos y Cobranzas’, los cuales son del tenor literal siguiente: ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. «Artículo 70. ... El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. ... Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.». «Artículo 77. ... I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. ... III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma ...».’. ‘Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. «Artículo 21. 1. La mesa directiva es dirigida y coordinada por el presidente; se reunirá por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 2. Como órgano colegiado, la mesa directiva adoptará sus decisiones por consenso, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes mediante el voto ponderado, en el cual el diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario. En caso de empate, el presidente de la mesa tendrá voto de calidad. 3. Para los efectos del párrafo anterior, el diputado facultado para ejercer el voto ponderado, será el vicepresidente. En el caso de los grupos parlamentarios que no cuenten con vicepresidente o ante la ausencia del vicepresidente respectivo a las reuniones de la mesa, el voto ponderado será ejercido por el secretario que corresponda. 4. A las reuniones de la mesa concurrirá el secretario general de la Cámara, con voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.». «Artículo 23. 1. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva las siguientes: a) Presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión Permanente; así como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando la presidencia de la Comisión Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva formará parte de la propuesta de diputados que deberán integrarla; b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno; y aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 constitucional; c) Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente; d) Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones; e) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello; f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara; g) Firmar, junto con uno de los secretarios y con el presidente y uno de los secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso General; y suscribir, también con uno de los secretarios, los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara; h) Convocar a las reuniones de la mesa directiva de la Cámara, a las de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las resoluciones que le correspondan; i) Comunicar al secretario General de la Cámara las instrucciones, observaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; j) Firmar junto con el secretario general los acuerdos de la mesa directiva; k) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara; l) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario; m) Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que le competen; n) Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales; o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios; y p) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria ...».’. ‘Ley de Amparo. «Artículo 12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen. En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio.». «Artículo 19. Salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de esta ley y en el párrafo segundo del presente artículo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme la citada ley orgánica. En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el Reglamento de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría.». ‘Delegación de facultades de representación con poder general para pleitos y cobranzas. Que de conformidad con lo expuesto en los artículos 70, párrafo segundo, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 17, 21, 22 y 23, numeral 1, inciso L), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a nombre de este órgano legislativo, otorgo y delego facultades de representación con poder general para pleitos y cobranzas, a favor de los señores licenciados en derecho **********, cuyas firmas aparecen al final de este escrito, para que comparezcan ante autoridades judiciales, administrativas o jurisdiccionales, tanto federales como locales, de manera conjunta o separada, en defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los delegados designados podrán comparecer en juicio o pro

edimiento administrativo, o fuera de ellos, en representación de la Cámara de Diputados, quedando facultados para que articulen y absuelvan posiciones, aun las de carácter personal; formulen querellas y denuncias; se desistan y otorguen perdón en procedimientos penales; se constituyan en coadyuvantes del Ministerio Público en términos de ley; interpongan y se desistan de cualquier recurso e incidente en mi ausencia; rindan informes previos y justificados en los juicios de amparo; además, en forma enunciativa, mas no limitativa, podrán recibir pagos, hacerlos líquidos, extender los recibos correspondientes, en relación a siniestros de vehículos propiedad de este órgano legislativo. Por lo antes expuesto y fundado: A las autoridades judiciales, administrativas, electorales y jurisdiccionales, tanto federales como locales, atentamente solicito se sirvan: Único. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, con la personalidad con que me ostento, designando como delegados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las personas que se señalan en el cuerpo del presente escrito, para todos los efectos legales conducentes. Protesto lo necesario. (Rúbrica). Dip. Fed. Jorge Zermeño Infante. Presidente de la mesa directiva.’. De las anteriores transcripciones se advierte que Sergio Ascary Castro Garibay, subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sí tiene legitimación para representar a esa autoridad legislativa, en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1), inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la mesa directiva de la referida Cámara delegó facultades de representación con poder general para pleitos y cobranzas al citado servidor público, quien de conformidad con el precepto 12 de la Ley de Amparo puede representar a ese órgano de Estado en los juicios de garantías. Una vez realizadas las anteriores precisiones, es necesario interpretar el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para verificar si el órgano del Estado recurrente tiene legitimación en la causa (ad causam), con ese objeto es menester acudir a los métodos teleológico subjetivo e histórico de la referida porción normativa para desentrañar su alcance. En ese sentido, para Savigny interpretar es colocarse en el punto de vista del legislador y repetir artificialmente la actividad de éste; y para Windscherd, la interpretación es la fijación del sentido que el legislador ha unido a sus palabras, de tal manera, que el aplicador tiene que penetrar lo más posible en el alma del legislador (Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo, editorial Porrúa, México, 2005), para estos autores las técnicas del elemento teleológico subjetivo de interpretación son las siguientes: 1. Examen de trabajos preparatorios. 2. Análisis de la iniciativa de la ley que será objeto de la interpretación. 3. Análisis de los dictámenes que se hayan elaborado en relación con la iniciativa de ley. 4. Análisis de la exposición de motivos de la ley. 5. Examen del Diario de Debates. 6. Estudio de teorías en los casos en que, de cualquiera de los documentos anteriores, puede desprenderse que el legislador se basó en aquéllas para la elaboración de la ley. Por su parte, el elemento histórico se refiere al estudio de los antecedentes y a la evolución jurídica que precedió a la formación de la ley. Apunta el autor Castán Tobeñas que las disposiciones legales, incluyendo a las que aparentemente son más novedosas, suelen ser reproducción, modificación o desarrollo de un derecho preexistente, las técnicas de este método de interpretación son las siguientes: 1. Análisis de los precedentes remotos. 2. Análisis de precedentes inmediatos. Sobre esas premisas, es pertinente acudir al antecedente histórico inmediato del artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, el cual es el numeral 86 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación, precepto que era del tenor siguiente: ‘Artículo 86. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado. Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.’. Cabe señalar que las anteriores Leyes de Amparo de mil ochocientos sesenta y nueve, y de mil ochocientos ochenta y dos, no preveían un recurso de revisión a favor de la autoridad responsable (promotor fiscal), ni de otra parte del juicio de garantías (recurso de amparo), en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito, sino que se trataba de una revisión oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Barragán Barragán, José, Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1869 y Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1882, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980 y 1993): ‘Ley de Amparo de 1869. «Artículo 13. Concluido el término de prueba, se citará de oficio al actor y al promotor fiscal, y se dejarán los autos por seis días comunes en la secretaría del juzgado, a fin de que las partes tomen los apuntes necesarios para formar sus alegatos escritos, que entregarán al juzgado dentro de dicho término; en el de cinco días pronunciará el Juez su sentencia definitiva; en todo caso, y sin citación, remitirá los autos a la Suprema Corte para que revise la sentencia.». «Artículo 14. Si alguna de las partes no presentare su alegato dentro de los seis días de que habla el artículo anterior, le quedará el recurso de enviarlo directamente a la Suprema Corte, para que lo tome en consideración en caso de que llegare con oportunidad.».’-Ley de Amparo de 1882. ‘Artículo 32. Concluido el término de prueba, se citarán a las partes, a instancias de cualesquiera de ellas, y se dejarán los autos por seis días comunes en la secretaría del juzgado, a fin de que tomen los apuntes necesarios para formar los alegatos escritos, que entregarán al juzgado dentro de dicho término.’. ‘Artículo 33. Transcurrido éste, y sin más trámite, el Juez dentro de ocho días pronunciará su sentencia definitiva, sólo concediendo o negando el amparo y sin resolver cuestiones sobre daños y perjuicios, ni aun sobre costas; notificada a las partes, y sin nueva citación, remitirá los autos a la Suprema Corte para los efectos de esta ley. Las sentencias de los Jueces nunca causan ejecutoria, y no pueden ejecutarse antes de la revisión de la Corte, ni aun cuando haya conformidad entre las partes.’. En esos términos, el diecisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve el presidente de la República presentó la iniciativa de reforma y adición a los numerales 19, 27 y 86 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación, en la que plasmó la siguiente exposición de motivos: ‘... En ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes someto a la consideración y aprobación, en su caso, del Poder Legislativo de la Federación, la siguiente iniciativa de adiciones y reformas a los artículos 19, 27 y 86 de la Ley Orgánica de los Artículos, 103 y 107 de la misma Constitución. Fundan y justifican esta iniciativa los siguientes motivos: I. La reforma introducida por el decreto del 31 de diciembre de 1942, al artículo 19 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, estableció que el titular del Poder Ejecutivo puede ser representado en los juicios de garantías, por los secretarios y jefes de departamentos de Estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley de Secretarías y departamentos de Estado. Dado que el carácter que tiene el procurador general de la República de representante de la Federación, en los términos del artículo 102 de la Constitución Política de México, le permite conocer los asuntos de la administración pública, es conveniente que en los casos relativos a la dependencia de su cargo, pueda ostentar la representación del titular del Poder Ejecutivo, cuando éste se la otorgue; II. Ya se ha expresado que el actual artículo 19 de la Ley de Amparo previene, en su párrafo último, que el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites del juicio de garantías. El propósito que inspira esta disposición es obvio, puesto que trata de facilitar y garantizar mejor la eficaz defensa de los actos de la administración pública, toda vez que los antecedentes y documentos justificatorios de dichos actos generalmente obran en los archivos de las secretarías y departamentos mencionados, o bien en la Procuraduría General de la República. Sin embargo de lo pertinente de esta disposición, no ha llegado a tener la efectividad deseada por las dilaciones que sufren las modificaciones de los autos, resoluciones y sentencias que pronuncian los tribunales federales en materia de amparo, al hacerse hasta la fecha directamente en el despacho del titular del Poder Ejecutivo, en vez de entenderse con el funcionario que lo represente de acuerdo con el citado artículo 19. En estos términos, y a efecto de poner en armonía el párrafo último del artículo 19 de la Ley de Amparo, con el sistema de notificaciones en el juicio de garantías, es necesario adicionar, como se hace por medio de la presente iniciativa, el artículo 27 de aquella ley, con un tercer párrafo que determine que las notificaciones que deban hacerse al presidente de la República en los juicios de garantías, se practiquen, según el caso, con el secretario o jefe de departamento de Estado que corresponda, o con el procurador general de la República. III. El artículo 86 de la mencionada Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República prescribe que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado. En virtud de los términos de esta disposición legal, podría llegar a colegirse que el titular del Poder Ejecutivo que interviene en el proceso constitucional de elaboración de las leyes, a través del derecho de iniciativa, de la facultad de promulgación y del derecho de veto, no puede revisar las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito en amparos contra leyes, por ser éstas actos ajenos al mismo Poder Ejecutivo. Para disipar toda duda a este respecto, considero procedente que debe reformarse el citado artículo 86, por las siguientes razones: a) Cada vez se afirma más en el ámbito de las funciones del Estado de la armonización de las atribuciones que corresponden a los poderes públicos, puesto que la íntima relación que caracteriza el desenvolvimiento de las actividades públicas, persiste como principio rector de las legislaciones de los diversos países, por la intervención del Ejecutivo en la formación y elaboración de las leyes, por medio del derecho de iniciativa, de la facultad de promulgación y del derecho de veto. b) La Constitución vigente de México otorga al Poder Ejecutivo el derecho de iniciar leyes (artículo 71, fracción I); el derecho de veto (artículo 71. incisos a), b) y c), y la facultad de promulgarlas (artículo 89, fracción I). Esta intervenció

constitucional del mismo Ejecutivo, lo convierte en copartícipe de la realización de la función legislativa, en reconocimiento de la doctrina tradicional imperante sobre esta materia que proclama que el proceso de formación de las leyes es a través de su iniciación, deliberación, aprobación, promulgación y publicación. Esta posibilidad de que disfruta el Ejecutivo lo responsabiliza con los actos del Poder Legislativo y lo obliga, en iguales términos que a esto, a proceder a la defensa constitucional de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, debiendo, por consiguiente, poder revisar la resolución judicial federal en amparos contra leyes. c) Por otra parte, en la teoría del juicio de amparo son fundamentales los elementos de perjuicio e interés, tanto para fundar su procedencia como para definir quiénes son parte en el propio juicio de garantías. Si fundamentalmente son los principios de perjuicio e interés los que gobiernan y rigen el juicio de amparo, los mismos principios rectores deben observarse en la tramitación y continuación de dicho juicio y, de una manera especial, aplicarse para calificar la idoneidad y justificación de la interposición de los recursos que pueden hacerse valer por las partes dentro del citado juicio constitucional, máxime si se trata de resoluciones pronunciadas en amparos contra leyes, en los cuales se plantean problemas auténtica y verdaderamente constitucionales, al definirse la situación jurídica que guardan los Poderes Legislativo y Ejecutivo, como coautores de la ley, frente a la Constitución, Norma Suprema que preside la realización de los actos de autoridad. El interés que guarda una ley, no sólo es para el Poder Legislativo que delibera sobre ella y la aprueba, sino también para el Poder Ejecutivo que la promulga y la aplica, puesto que la promulgación de aquélla es, ante todo, el reconocimiento que hace el Ejecutivo de la adopción de la ley por el órgano legislativo; la certificación de su existencia y de su texto la admisión de su constitucionalidad, y la afirmación de su valor imperativo y ejecutivo, que lo responsabiliza totalmente con el Poder Legislativo. Por ello, pues, es pertinente que los titulares de los órganos del Estado encargados de promulgar las leyes federales o locales, es decir, el presidente de la República o los gobernadores de las entidades federativas, pueden revisar las resoluciones judiciales pronunciadas en amparos contra leyes, máxime si se trata de normas jurídicas en materia tributaria, fuente de ingresos del Estado para el sostenimiento de los servicios públicos. Las consideraciones anteriores fundan la presente iniciativa de adiciones y reformas a los artículos 19, 27 y 86 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo cual propongo a vuestra soberanía la siguiente iniciativa de decreto: Artículo primero. Se reforma, en los siguientes términos, el artículo 19 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Artículo 19. Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados en las audiencias para el sólo efecto de que rindan pruebas, aleguen y hagan promociones en las mismas audiencias. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites de esta ley, por los secretarios y jefes de departamento de Estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley de Secretarías y Departamento de Estado, o por el procurador general de la República, cuando el titular del Poder Ejecutivo le otorgue su representación en los casos relativos a la dependencia de su cargo. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para quedar redactado en los términos siguientes: Artículo 27. Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución. El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquiera persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, rendir las pruebas que hubiesen sido ofrecidas por el interesado y alegar en las audiencias. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el secretario o jefe de departamento de Estado que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el procurador general de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 19 de esta ley. Artículo tercero. S

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21252-e0c1d363/recurso-de-revision-los-representantes-legales-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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