REVISIÓN EN AMPARO. LA PERSONA A QUIEN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, PUEDE INTERPONER DICHO RECURSO EN DEFENSA DE ESE ÓRGANO DEL ESTADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 194/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio del año dos mil uno, porque existen precedentes que pueden aplicarse para resolver la problemática que se plantea.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien está legitimado en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para denunciar la contradicción de tesis, por pertenecer a uno de los tribunales que intervino en la emisión de una de las resoluciones, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso resolverla, resulta indispensable tener presentes los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintidós de agosto de dos mil siete, el amparo en revisión 229/2007, determinó en la parte que interesa:
"TERCERO. Por ser un presupuesto de estudio oficioso, es necesario en principio, examinar si la autoridad recurrente se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión. Con ese propósito, es pertinente mencionar que de acuerdo con el doctrinario Hernando Devis Echandía, por recurso se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el mismo Juez que profirió una providencia, o su superior, la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. El mismo autor señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juzgador que le causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra (sic) las providencias del Juez, pero, afirma el referido autor, como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores de quien juzga que perjudican al recurrente, de una determinada providencia, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o moral, pero concreto, actual y objetivo respecto de la materia de la providencia; y por tal motivo, concluye, puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso. En relación con el tema de la legitimación, Eduardo Pallares la define como la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Si puede hacerlo, está legitimado; en caso contrario no lo está. El concepto de legitimación ha surgido en el derecho procesal, pero de allí se ha extendido a otras ramas de la juridicidad, especialmente al derecho público. Según Carnelutti la legitimación es la idoneidad de la persona para actuar en el juicio, inferida no de sus cualidades personales, sino de su posición respecto del litigio. Decidir si una parte está legitimada respecto de determinados actos, quiere decir que sólo ella puede ejecutarlos con eficacia jurídica. Asimismo, la llamada legitimación para la impugnación es la facultad de interponer los recursos y medios que otorga la ley contra las resoluciones judiciales o los actos que lesionen los derechos de las partes. Según Carnelutti está legitimada para promover la impugnación, sólo la parte que haya tenido cualidad para provocar la resolución impugnada. Ahora bien, en primer lugar, es menester analizar si la autoridad recurrente tiene legitimación procesal (ad procesum), esto es, si el subdirector de amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión puede representar a este órgano de Estado, para tal efecto es importante reproducir el contenido de los preceptos en que aquel funcionario fundamentó su personalidad, esto es, los artículos 70, párrafos segundo y cuarto, y 77, fracciones I y III, de la Constitución General de la República; 21 y 23, numeral 1), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 y 19 de la Ley de Amparo; así como el oficio de ‘Delegación de Facultades de Representación con Poder General para Pleitos y Cobranzas’, los cuales son del tenor literal siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 70. ... El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. ... Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.’. ‘Artículo 77. ... I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. ... III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma ...’-Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 21. 1. La mesa directiva es dirigida y coordinada por el presidente; se reunirá por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 2. Como órgano colegiado, la mesa directiva adoptará sus decisiones por consenso, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes mediante el voto ponderado, en el cual el diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. En caso de empate, el presidente de la mesa tendrá voto de calidad. 3. Para los efectos del párrafo anterior, el diputado facultado para ejercer el voto ponderado, será el vicepresidente. En el caso de los Grupos Parlamentarios que no cuenten con vicepresidente o ante la ausencia del vicepresidente respectivo a las reuniones de la mesa, el voto ponderado será ejercido por el secretario que corresponda. 4. A las reuniones de la mesa concurrirá el secretario general de la Cámara, con voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.’. ‘Artículo 23. 1. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva las siguientes: a) Presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión Permanente; así como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando la presidencia de la Comisión Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva formará parte de la propuesta de diputados que deberán integrarla; b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno; y aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 constitucional; c) Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente; d) Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones; e) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello; f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara; g) Firmar, junto con uno de los secretarios y con el presidente y uno de los secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso General; y suscribir, también con uno de los secretarios, los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara; h) Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, a las de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las resoluciones que le correspondan; i) Comunicar al secretario general de la Cámara las instrucciones, observaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; j) Firmar junto con el secretario general los acuerdos de la mesa directiva; k) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara; l) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario; m) Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que le competen; n) Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales; o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios; y p) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria ...’. Ley de Amparo. ‘Artículo 12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen. En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio.’. ‘Artículo 19. Salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de esta ley y en el párrafo segundo del presente artículo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme la citada ley orgánica. En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría.’. ‘Delegación de facultades de representación con poder general para pleitos y cobranzas. Que de conformidad con lo expuesto en los artículos 70, párrafo segundo, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 17, 21, 22 y 23, numeral 1, inciso L), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a nombre de este órgano legislativo, otorgo y delego facultades de representación con poder general para pleitos y cobranzas, a favor de los señores licenciados en derecho Felipe de Jesús Zamora Castro, Roberto Sánchez Sánchez, Jorge Alfonso Iturbide Guerra, Miguel Ángel Estrada Garavilla, Ángel Martín Pérez Aparicio, Roberto Carlo Romero Toledo, Sergio Ascary Castro Garibay, Yeimi Sánchez Jiménez, Nuria Fouilloux Meraz, Jorge Antonio Hermosillo Flores, Carlota Vázquez Morales, Miguel Ángel Amabilis Águila y Guadalupe Altamirano Barragán, así como los CC. Nora de la Vega Alcántara y Gerardo Bautista Barrios, cuyas firmas aparecen al final de este escrito, para que comparezcan ante autoridades judiciales, administrativas o jurisdiccionales, tanto federales como locales, de manera conjunta o separada, en defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los delegados designados podrán comparecer en juicio o procedimiento administrativo, o fuera de ellos, en representación de la Cámara de Diputados, quedando facultados para que articulen y absuelvan posiciones, aun las de carácter personal; formulen querellas y denuncias; se desistan y otorguen perdón en procedimientos penales; se constituyan en coadyuvantes del Ministerio Público en términos de ley; interpongan y se desistan de cualquier recurso e incidente en mi ausencia; rindan informes previos y justificados en los juicios de amparo; además, en forma enunciativa, mas no limitativa, podrán recibir pagos, hacerlos líquidos, extender los recibos correspondientes, en relación a siniestros de vehículos propiedad de este órgano legislativo. Por lo antes expuesto y fundado: A las autoridades judiciales, administrativas, electorales y jurisdiccionales, tanto federales como locales, atentamente solicito se sirvan: ÚNICO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, con la personalidad con que me ostento, designando como delegados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las personas que se señalan en el cuerpo del presente escrito, para todos los efectos legales conducentes. Protesto lo necesario. (Rúbrica). Dip. Fed. Jorge Zermeño Infante. Presidente de la mesa directiva.’. De las anteriores transcripciones se advierte que Sergio Ascary Castro Garibay, subdirector de amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sí tiene legitimación para representar a esa autoridad legislativa, en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1), inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la mesa directiva de la referida Cámara delegó facultades de representación con poder general para pleitos y cobranzas al citado servidor público, quien de conformidad con el precepto 12 de la Ley de Amparo puede representar a ese órgano de Estado en los juicios de garantías. Una vez realizadas las anteriores precisiones, es necesario interpretar el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para verificar si el órgano del Estado recurrente tiene legitimación en la causa (ad causam), con ese objeto es menester acudir a los métodos teleológico subjetivo e histórico de la referida porción normativa para desentrañar su alcance."
Se estima innecesaria la reproducción de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 231/2007, del mismo tribunal, puesto que en ella se sostuvo, en esencia, el mismo criterio que el transcrito.
Por lo que hace a la ejecutoria emitida en el recurso de reclamación 1/2008, del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa aduce:
"El agravio sintetizado con la letra b) es inoperante. Lo anterior es así, porque no es el caso que se analice si el subdirector de amparos de la Cámara de Diputados como parte integrante de la ‘Oficina de Asuntos Jurídicos’, tiene legitimación o no para interponer el juicio de amparo en representación de esa Cámara conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo; porque quien interpuso el recurso que se desechó fue la representante legal de la Cámara citada y no el subdirector de amparos; por ende, como el agravio no combate las consideraciones de la resolución recurrida, procede declararlo inoperante. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. XIII/99, Novena Época, Instancia Pleno, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 9, cuyo rubro y texto son los que a continuación se transcriben: ‘REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO, SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.’ (se transcribe)."
En relación con las diversas ejecutorias emitidas en los recursos de reclamación 2/2008 y 3/2008 del índice de este mismo Tribunal Colegiado, se dijo respectivamente:
"Los agravios sintetizados en los incisos a) y b), son jurídicamente ineficaces. A efecto de resolver el agravio a estudio, es pertinente mencionar que el presidente de este Tribunal determinó que al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, desechar (sic) por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto por el subdirector de amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contra la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil siete, firmada el veintiocho de diciembre de la misma anualidad, dictada en el juicio de amparo JA. 583/2007 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. La resolución se basó en las consideraciones torales relativas a la Ley del Impuesto al Activo, vigente para el ejercicio de dos mil siete, por lo cual se concedió la protección constitucional, las cuales fueron expedidas por el Congreso de la Unión como órgano colegiado y de composición bicameral, por tal motivo la defensa de esos actos legislativos corresponde al órgano o funcionario que representa a esa autoridad en su conjunto y no sólo a una de las Cámaras, pues la expedición de las leyes federales corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, en su carácter de asamblea única, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución General de la República, así como en los numerales 165 a 169 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se determinó que no es obstáculo a lo anterior que se haya reclamado de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la aprobación de las normas impugnadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin embargo, el resultado del proceso legislativo lo constituye la expedición de la ley en términos de los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Federal, y la aprobación implica sólo un acto del proceso de creación de las normas que es susceptible de reclamarse por vicios propios, así como el refrendo, la promulgación o la publicación de aquéllas. El artículo 87 de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 87.’ (se transcribe). El precepto transcrito señala que las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, y que tratándose de amparo contra leyes, corresponde a los titulares de los órganos del Estado, a quienes se encomienda la promulgación de la ley de la materia, interponer dicho medio de impugnación. Al respecto, es aplicable la tesis 1a./J. 113/2007, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 311, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘REVISIÓN. SI QUIEN INTERPONE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE AMPARO NO ACREDITA LA REPRESENTACIÓN CON QUE SE OSTENTA, ÉSTE DEBE DESECHARSE.’ (se transcribe). Debe decirse que el Juez de Distrito concedió el amparo por diversos artículos de la Ley del Impuesto al Activo, vigente para el ejercicio de dos mil siete, porque consideró que eran violatorios de la garantía de proporcionalidad, los cuales fueron expedidos por el Congreso de la Unión como órgano colegiado y bicameral de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no por una sola de sus Cámaras. Sobre esas bases, el funcionario que interponga un recurso de revisión contra la concesión del amparo de los preceptos citados, debe acreditar estar legitimado en defensa del Congreso de la Unión, es decir, demostrar que representa a esa autoridad en su conjunto, y no sólo a una de sus Cámaras, en razón de que lo que motivó la declaratoria de inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, fue la violación a uno de los principios tributarios que tutela el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no por un vicio en el proceso legislativo que le fuera atribuida (sic) exclusivamente a la Cámara de Diputados. En el caso, quien interpuso el recurso de revisión fue Sergio Ascary Castro Garibay, ostentándose como subdirector de amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo que hace evidente que no tiene la representación de las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión. Por esta razón, el representante de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para estar legitimado para promover esta instancia contra las consideraciones del fallo recurrido, no sólo debió acreditar ser el representante o integrante de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de acuerdo a lo que establece el precepto 12 de la Ley de Amparo, que dice: ‘Artículo 12.’ (se transcribe). Lo anterior es así, porque si bien el artículo 12 mencionado faculta a los titulares de las oficinas de asuntos jurídicos a representar a los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal respecto de los actos que se les reclamen; ello no basta para que se considere satisfecha la legitimación tratándose de amparo contra leyes, porque la legitimación de este tipo de amparos, está específicamente regulada conforme a lo dispuesto por el artículo 87 de la ley de la materia. Esto es, solamente los titulares de los órganos de Estado que intervinieron en su expedición, los encargados de su promulgación o quien los represente en términos de ley, pueden interponer el recurso de revisión. En ese sentido, debe decirse que el representante de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión en estudio contra la concesión del amparo de los artículos descritos anteriormente de la Ley del Impuesto al Activo, vigente para el ejercicio de dos mil siete, porque éstos fueron expedidos por el Congreso de la Unión como órgano colegiado y bicameral de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no por una sola de sus Cámaras. Por tanto, si la expedición del decreto reclamado no fue emitido por la Cámara de Diputados en uso de sus facultades exclusivas, sino que lo fue por el Congreso de la Unión como órgano único, es claro, que corresponde a los órganos de representación de éste interponer el recurso de revisión y no a una sola de sus Cámaras. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis No. I.15o.A.27 (sic) sustentada por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, correspondiente a septiembre de dos mil siete, visible en la página 2,502, que es del tenor siguiente: ‘CONGRESO DE LA UNIÓN. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO RESPECTO DE LEYES QUE EMITIÓ, PERO SÓLO A TRAVÉS DEL ÓRGANO O FUNCIONARIO QUE REPRESENTE A SUS DOS CÁMARAS.’ (se transcribe). En tal virtud, fue correcto que el presidente del tribunal haya determinado que el subdirector de amparos y representante legal de la Cámara de Diputados no se encuentra en ninguno de los supuestos precisados en el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia recurrida."
Por lo que hace a la ejecutoria 3/2008, se asentó:
"Por otra parte, debe decirse que a través del argumento compendiado como a), la autoridad recurrente no controvierte las consideraciones torales del proveído impugnado, pues sólo señala que al ser representante de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene la facultad de representarla en los juicios de amparo en términos del artículo 12 de la ley de la materia e interponer los recursos respectivos; aspecto que no fue materia de análisis al desecharse el recurso de revisión, pues el motivo que se estudió fue el relativo a que la protección constitucional se otorgó respecto de las facultades del Congreso de la Unión como asamblea única por lo cual corresponde al funcionario u órgano que la represente interponer el recurso de revisión y no a una sola de sus Cámaras. A título de abundamiento es importante destacar que si en la sentencia recurrida se concedió el amparo por estimar que los numerales reclamados infringen las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, esto es, por vicios propios de constitucionalidad material de las normas generales, esa determinación no afecta exclusivamente los actos legislativos que se atribuyeron a la Cámara de Diputados, sino los del Congreso de la Unión integrado por sus dos Cámaras. Por tanto, el subdirector de amparos como representante de la Cámara de Diputados no se encuentra legitimado en la causa para recurrir la sentencia dictada en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, en virtud de que esa resolución no le ocasiona agravio, gravamen o perjuicio alguno y, por tanto, aunque tiene el carácter de parte en el procedimiento de garantías del que deriva el presente recurso de revisión, no está legitimado para promover esta instancia contra las consideraciones del fallo recurrido, alegando la constitucionalidad de los artículos 2o. y séptimo transitorio, fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, toda vez que conforme a las reglas previstas en el citado precepto 87, párrafo primero, de la ley de la materia, si no es la autoridad legislativa que expidió el decreto reclamado (Congreso de la Unión) o es el órgano del Estado encargado de la promulgación del cuerpo normativo controvertido, no puede defender la regularidad constitucional de las normas reclamadas."
Los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante proveído del veinticinco de enero de dos mil ocho, acordaron en relación con el recurso de revisión interpuesto en el expediente AR. 25/2008 por la autoridad responsable: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo siguiente:
"En veinticinco de enero de dos mil ocho, la secretaria de Acuerdos da cuenta al Pleno de este tribunal, con el oficio T-2033 signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, por el que remite original y copia del escrito de agravios, así como el juicio de amparo indirecto 167/2007. Conste. San Andrés Cholula, Puebla, a veinticinco de enero de dos mil ocho. Por recibido el oficio T-2033 signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, por el que remite original y copia del escrito de agravios, así como el juicio de amparo indirecto 167/2007; fórmese toca de amparo en revisión correspondiente, regístrese en el libro de gobierno y acúsese recibo. Del análisis que se realiza de los autos del juicio de amparo 167/2007 y del escrito en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del subdirector de amparos representante de dicha Cámara (personalidad que acredita con el ocurso de delegación de facultades de representación con poder general para Pleitos y Cobranzas, de seis de septiembre de dos mil siete), interpone recurso de revisión, se advierte que éste es improcedente y por ende, se desecha. Para estimarlo así, es necesario transcribir el artículo 87 de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.’. De la interpretación del precepto legal transcrito, se desprende que establece una regulación específica sobre la facultad de las autoridades responsables para recurrir las resoluciones tratándose de amparos indirectos en los que se cuestione la constitucionalidad de una ley, por lo cual, en estos casos, los únicos legitimados para recurrir la sentencia en la que se decide sobre la inconstitucionalidad de la ley, es el órgano a quien se encomiend
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21474-15b68ac1/revision-en-amparo-la-persona-a-quien-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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