VISITA DOMICILIARIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR LA MOTIVACIÓN LEGAL DEL ACTO QUE ORDENA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 404/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realiza el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es uno de los órganos colegiados contendientes.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario atender a los antecedentes y contenido de las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. La ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativa al amparo directo número DA. **********, refiere lo siguiente:
Antecedentes
1) Al actor persona física **********, le fue notificado el ********** de ********** de ********** el oficio **********, suscrito por el administrador central de Programas Especiales de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en el que le requiere la presentación de diversos documentos que forman parte de su contabilidad del periodo del ********** de ********** al ********** y ********** de ********** de **********.
2) Con fecha ********** de ********** de ********** el contribuyente acompañó ante la autoridad hacendaria la documentación que le fue requerida.
3) Derivado de ello, el ********** de ********** de **********, la autoridad hacendaria requirió al contribuyente para que aclarara el origen de los recursos depositados en las diversas cuentas bancarias números **********, ********** y **********, relativas al ejercicio fiscal de **********.
4) A través del oficio de ********** de ********** de **********, la Administración Central de Programas Especiales pretendió ampliar el plazo para la conclusión de la revisión que se le estaba efectuando al contribuyente respecto del ejercicio fiscal de **********.
5) El ********** de ********** de **********, la autoridad fiscalizadora emitió oficio de observaciones.
6) El ********** de ********** de **********, la autoridad hacendaria determinó a cargo del contribuyente un crédito fiscal en cantidad de ********** por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de **********.
7) En contra de este crédito fiscal, el contribuyente promovió juicio de nulidad, del que conoció la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien dictó sentencia el ********** de ********** de ********** en la que reconoció la validez de la resolución impugnada y declaró la nulidad de las diligencias de cobro.
8) Inconforme con este fallo, el contribuyente promovió juicio de amparo directo del que conoció con el número DA. ********** el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien dictó su fallo el ********** de ********** de **********, en el sentido de conceder el amparo al quejoso.
La parte conducente de esta ejecutoria, es la siguiente:
"SEXTO. ... Aunado a lo anterior, cabe señalar que también asiste razón a la sociedad aquí quejosa, al manifestar dentro del tercero de los conceptos de violación que hace valer en su demanda de garantías, que es incorrecto el razonamiento de la Sala responsable en cuanto a que no está en aptitud legal de analizar lo correcto o incorrecto de la motivación del oficio mediante el cual se amplió el plazo de visita domiciliaria o revisión de contabilidad practicada a la actora. Es decir, le asiste razón al quejoso al manifestar que es incorrecta la determinación de la Sala de referencia, en el sentido de que no tiene facultades para analizar si la motivación expuesta por la autoridad demandada en el oficio mediante el cual ordenó ampliar el plazo de visita o revisión, es debida o indebida. Se dice lo anterior, porque como se aprecia de la sentencia aquí reclamada, concretamente de su considerando sexto, la Sala responsable resolvió declarar inoperante el segundo de los conceptos de impugnación expuestos por la actora en su demanda de nulidad, basándose para ello, en la tesis del Tribunal Colegiado que a continuación se transcribe, junto con sus datos de localización: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA SALA FISCAL NO PUEDE ANALIZAR LO CORRECTO O INCORRECTO DE LA MOTIVACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL EN EL OFICIO PARA AMPLIAR SU PLAZO.’ (se transcribe). De la tesis transcrita se aprecia que la razón expuesta para considerar que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no están facultadas para analizar la motivación de los oficios mediante los cuales se amplía el plazo de la visita domiciliaria, es porque el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no establece los casos o circunstancias en que procede la ampliación de una visita, lo cual impide a la Sala Fiscal tener un marco de referencia para calificar lo correcto o incorrecto de los razonamientos aducidos por la autoridad fiscal al dar la motivación en los citados oficios de ampliación. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en tesis ha establecido que basta la sola existencia del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los requisitos de las visitas domiciliarias que prevé subsistan por encima de la legislación ordinaria, por lo que, aun cuando el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación no establezca las hipótesis en que la autoridad administrativa puede ampliar el plazo para la conclusión de una visita domiciliaria, no significa que su duración se extienda ilimitadamente, o que el término de la misma quede sujeto a su arbitrio, pues el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal para establecer el motivo por el cual ordena la ampliación del mencionado plazo, se encuentra limitado por la referida disposición constitucional, al señalar la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. La citada tesis es la número 1a. I/2003, que se puede consultar en la página doscientos dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, febrero de dos mil tres, Novena Época, y es del tenor literal siguiente: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Consecuentemente, contrario a lo que resolvió la Sala responsable y como bien lo señala la sociedad quejosa en el tercero de los conceptos de violación que hace valer, la Sala responsable sí tiene facultades para analizar lo correcto o incorrecto de la motivación expuesta por la autoridad demandada para ampliar el plazo de la visita domiciliaria o revisión practicada a la actora ahora quejosa, dado que, como ya se dijo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si bien el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no establece las hipótesis en que la autoridad administrativa puede ampliar el plazo para la conclusión de una visita domiciliaria, no significa que su duración se extienda ilimitadamente, o que el término de la misma quede sujeto a su arbitrio, pues el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal para establecer el motivo por el cual ordena la ampliación del mencionado plazo, se encuentra limitado por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, al señalar la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. En otras palabras, si el fin que persigue la ampliación de la visita es continuar con la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicho ejercicio de facultades discrecionales no es absoluto e irrestricto sino prudente, sujeto al principio de oportunidad y a las reglas de la razón y la sana lógica, de lo que se puede concluir que actuar de manera discrecional no es arbitrariedad, pues existe un marco legal que debe respetarse (los plazos para concluir la visita), un interés legítimo que no debe transgredirse (la violación del domicilio) y una finalidad que debe mantenerse (la verificación del exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales). Por tanto, como ya se dijo, los motivos que se pudieran llegar a tomar en cuenta cuando se amplíe una visita domiciliaria, pueden juzgarse a través del juicio de nulidad, pues en ese supuesto deberá atenderse a las circunstancias particulares que justifican la prórroga, sin dejar de observar lo dispuesto en la orden de visita, como son el periodo que abarca, los impuestos por revisar y los lugares de su práctica, de la mano con la necesidad de fundar y motivar el acto de autoridad, ya que se insiste, el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal para establecer el motivo por el cual ordena la ampliación del mencionado plazo, se encuentra limitado por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, al señalar la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. Otra razón que justifica el estudio de la violación relativa a la indebida motivación del oficio mediante el cual se ordenó la ampliación de la visita practicada al actor, ahora quejoso, por parte de la Sala responsable, es porque el artículo 17 constitucional establece, entre otras garantías, que la justicia deberá ser pronta y expedita, lo cual constituye una obligación a cargo de las autoridades judiciales para sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Por ello, en atención a la garantía constitucional mencionada, si bien es cierto que los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen un orden para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa proceda al estudio de las causas de anulación dentro del juicio de nulidad, también lo es que dicho orden obedece a principios técnicos jurídicos establecidos en el artículo 16 constitucional, prototipo de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas, como son la fundamentación y motivación de los actos de autoridad las que, por lógica, las formales preceden a las materiales o de fondo. Sobre este punto, cobran aplicación las tesis de jurisprudencia emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismas que comparte este órgano jurisdiccional y que a continuación se transcriben, respectivamente: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA QUE CONCLUYA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).’ (se transcribe). ‘VISITA DOMICILIARIA. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REQUIERE DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003).’ (se transcribe). Resulta pertinente señalar que el criterio en el cual funda su determinación la Sala responsable, no se comparte por este Tribunal Colegiado en atención a las razones expuestas en párrafos precedentes, además de que, por ser emitido por un órgano jurisdiccional de la misma jerarquía del que aquí resuelve, su observancia no es obligatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo."
II. Este criterio fue compartido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver los amparos directos **********, **********, así como las revisiones fiscales números **********, ********** y **********, las cuales dieron origen a la tesis de jurisprudencia VIII.1o. J/30, del índice de dicho órgano colegiado que dice:
"VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA QUE CONCLUYA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). La circunstancia de que la ampliación del plazo para concluir una visita domiciliaria, prevista en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 28 de junio de 2006, constituya una facultad discrecional de la autoridad, no implica que pueda dictarse en forma irrestricta, sino que como todo acto de molestia, la orden relativa debe estar debidamente fundada y motivada por imperativo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresando las razones que sirvan de sustento a la citada ampliación, independientemente de que el indicado precepto 46-A sea omiso en disponerlo, pues no debe perderse de vista que la legislación ordinaria se encuentra supeditada al orden constitucional." (No. Registro: 167,995. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, tesis VIII.1o. J/30, página 2615).
En obvio de repeticiones inútiles, sólo se transcribe a continuación la parte conducente de la revisión fiscal **********, que es una de las cinco ejecutorias que dieron origen a la tesis antes citada, pues el sentido es coincidente con el de los cuatro asuntos del índice de ese órgano colegiado.
Recurso de revisión fiscal RF. ********.
"QUINTO. Son por una parte infundados y por otra inoperantes, los argumentos hechos valer por la autoridad recurrente en su único concepto de agravio. Expone la revisionista, que la sentencia recurrida violó lo dispuesto en los artículos 50, primer párrafo, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por su inobservancia, así como violación de los diversos artículos 38, fracción III y 46-A del Código Fiscal de la Federación, por su indebida aplicación, exponiendo en síntesis lo siguiente: ... Ahora bien, para un correcto pronunciamiento sobre el tópico en controversia, es dable puntualizar, que según se desprende de la sentencia recurrida, para declarar la ilegalidad del oficio de ampliación del plazo de la visita domiciliaria, la Sala Fiscal básicamente analizó la congruencia de la motivación expuesta en dicho oficio para decidir ampliar el plazo para la conclusión de dicha visita, es decir, si los motivos precisados por la autoridad hacendaria se basaban en hechos existentes y justificables; empero, en modo alguno consideró que el oficio fuera ilegal, porque no se hizo con determinado tiempo de anticipación, como dogmáticamente lo afirma la inconforme en sus agravios. Aclarado lo anterior, se tiene que los argumentos antes destacados, resultan infundados; y para así estimarlo, es necesario partir de la idea de que ciertamente las autoridades fiscales, en reflejo de lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuentan con facultades para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, han cumplido con las obligaciones tributarias mediante la práctica de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete o escritorio; empero, en tanto constituyen actos de molestia a los particulares, están sujetos a lo dispuesto en dicho mandato constitucional que consagra también las garantías de inviolabilidad domiciliaria y seguridad jurídica de los gobernados. De este modo, todo procedimiento de auditoría, tendente a valorar las circunstancias en que acontece la conducta del contribuyente sujeto a revisión que nace con la orden correspondiente, se inicia con la notificación de dicha orden y culmina con la decisión de la autoridad fiscal en la que se determinan las consecuencias legales de los hechos y omisiones advertidos por el personal visitador o revisor, y está establecido en los mencionados principios constitucionales. La referida intromisión implica una excepción a la inviolabilidad del domicilio del particular que se justifica por el interés general que existe en verificar que los gobernados cumplan con los deberes que el legislador establece en relación con su obligación de contribuir para el gasto público en términos de lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna; pero en atención al principio de seguridad jurídica tutelado en el referido artículo 16, la facultad de la autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias no significa que tenga potestad de intervenir ilimitada y permanentemente en el domicilio de los contribuyentes. Partiendo de lo anterior, es dable sostener que si bien el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no establece las hipótesis en que puede ampliarse una visita domiciliaria, lo cual constituye una facultad discrecional de la autoridad; ello no da la pauta para que ésta pueda actuar a su arbitrio, sino que en todo momento debe ajustarse al mandato constitucional previsto en el artículo 16 de la Ley Fundamental (retomado por el numeral 38, fracción III, del código tributario), y que impone a la autoridad el deber de razonar el porqué consideró prudente ampliar el plazo de la visita, lo cual debe ser congruente con la situación o casos en que se encuentre el contribuyente. Es decir, el artículo 16 constitucional prevalece sobre la legislación ordinaria, aun cuando, como en la especie acontece, ésta sea omisa al respecto; de ahí que el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal para ordenar la ampliación del plazo de la visita domiciliaria, se encuentra limitado por la mencionada disposición constitucional; sin demérito de que si el contribuyente considera que las razones y motivos expresados por la autoridad son ilegales, esté en aptitud legal de controvertirlas, pues de lo contrario, la actuación de la autoridad se volvería molestia constante o permanente intromisión al domicilio, tornándose dichas facultades fiscalizadoras en arbitrarias o caprichosas, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis clave 1a. I/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 218, del tenor literal siguiente: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La circunstancia de que el segundo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación no establezca las hipótesis en que la autoridad administrativa puede ampliar el plazo para la conclusión de una visita domiciliaria, no transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es suficiente la sola existencia de este precepto constitucional para que los requisitos de las visitas domiciliarias que prevé subsistan por encima de la legislación ordinaria, aun cuando ésta sea omisa al respecto, es decir, el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal para establecer el motivo por el cual ordena la ampliación del mencionado plazo, se encuentra limitado por la referida disposición constitucional, al señalar la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. Esto es, la discrecionalidad de la actuación de la autoridad no puede ser caprichosa o arbitraria, sino que debe ajustarse al mandato constitucional, que le impone el deber de razonar por qué consideró prudente ampliar el plazo, atendiendo a la situación o casos en que se encuentre el contribuyente. Además, el hecho de que el citado artículo 46-A del referido código no establezca los supuestos en que la autoridad pueda ampliar el plazo de una visita, no significa que su duración se extienda ilimitadamente, o que el término de la misma quede sujeto a su arbitrio, toda vez que con toda claridad dispone que el plazo de seis meses, que en principio debe durar una visita, sólo podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones.’. De igual forma, es aplicable la tesis sustentada por este Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, enero de 2004, tesis VIII.1o.58 A, página 1647, que dice: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA QUE CONCLUYA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La circunstancia de que la ampliación del plazo para concluir una visita domiciliaria constituya una facultad discrecional de la autoridad fiscal, no implica que pueda dictarse en forma irrestricta, sino que como todo acto de molestia, debe estar debidamente fundada y motivada por imperativo del artículo 16 constitucional, expresando las razones que sirvan de sustento a la citada ampliación, con independencia de que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación establezca como única limitante al respecto, que el plazo pueda ampliarse hasta por dos periodos iguales, el primero, con la notificación del oficio de prórroga expedido por la autoridad fiscal que ordenó la visita y, el segundo, por el superior jerárquico de dicha autoridad; sin embargo, ello no conduce a estimar que pueda dictarse sin fundamento y motivación alguna, pues no debe perderse de vista que la legislación ordinaria se encuentra supeditada a un orden constitucional.’. En ese contexto, es evidente que no le asiste la razón a la revisionista cuando afirma que basta con que el oficio de ampliación del plazo para practicar la visita domiciliaria, contenga el motivo por el que se determina dicha ampliación y que éste sea relativo al procedimiento de fiscalización llevado a cabo con el demandante, invocando unos criterios de Tribunales Colegiados que sostienen que la Sala Fiscal no puede calificar los motivos por los que consideró prudente ampliar el respectivo plazo, pero que éstos deben ser congruentes con la situación particular de la visita domiciliaria; ello en virtud de que como se dijo en párrafos precedentes, la facultad discrecional de la autoridad fiscal para establecer el motivo por el cual se ordena la ampliación del plazo de mérito, se encuentra limitada por el artículo 16 constitucional, al estatuir la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; de tal manera que la discrecionalidad de la actuación de la autoridad no debe hacerse en forma arbitraria, sino que debe reflexionar y razonar el por qué (sic) estima atinado ordenar la mencionada ampliación. Razonamiento que en todo momento tiene que ser acorde con la situación o casos en que se encuentre el contribuyente, quien de estimarlo ilegal, está en posibilidad de controvertirlo; pues la tutela del mandato constitucional al prever la motivación del acto autoritario, no pretende que el gobernado conozca cualquier razón por la que la autoridad hubiese podido emitir dicho acto, sino el motivo que precisamente corresponde a las circunstancias particulares de su caso; de lo contrario, la autoridad podría apoyarse en cualquier pretexto para invadir la privacidad del domicilio del contribuyente, con franca violación a las garantías establecidas en el artículo 16 constitucional. Sin que obste a lo considerado, el hecho de que la ampliación del plazo para efectuar una visita domiciliaria, constituya una facultad discrecional de la autoridad; ya que no debe confundirse esa naturaleza discrecional, que tiene que ver únicamente con la decisión de molestar o no a los contribuyentes, y que de cualquier forma, su ejercicio debe encontrarse fundado y motivado, con la actuación arbitraria de la autoridad, quien injustificada y permanentemente no puede entrometerse en el domicilio de los gobernados. Por tanto, aun cuando la autoridad fiscalizadora hubiese expresado la razón por la cual decidió ampliar el plazo para concluir la visita domiciliaria; si se demuestra que tal razonamiento no es congruente con la situación o circunstancias de la visita o del contribuyente de forma tal que se justifique el aplazamiento de la intromisión de la autoridad en el domicilio del particular, entonces, dicha ampliación resulta ilegal. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, tesis P. LXII/98, página 56, cuyo rubro y texto son: ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. Es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional.’. Por otra parte, se sostiene que el agravio bajo análisis resulta inoperante, en tanto que la autoridad revisionista no controvierte adecuadamente las precisas consideraciones vertidas por la Sala del conocimiento para estimar indebida la motivación del multirreferido oficio de ampliación del plazo para concluir la visita domiciliaria practicada a la contribuyente actora. Lo anterior se afirma, porque la recurrente aduce en esencia, que contrario a lo afirmado por la Sala Fiscal, el acto de molestia está debidamente fundado y motivado, al haberse plasmado como motivo preponderante, el que a la fecha de emisión del oficio, por medio del cual se comunicó a la actora la ampliación del plazo de seis meses, para concluir las facultades de comprobación de la autoridad, no había proporcionado información y documentación que le había sido solicitada y que dicha documentación e información resultaba necesaria para finiquitar la revisión. Sin embargo, para declarar la ilegalidad del oficio de ampliación del plazo para la conclusión de la visita domiciliaria en razón de su incongruente motivación, la Sala a quo estableció, lo siguiente: ..."
III. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en las ejecutorias relativas al recurso de revisión número **********, así como a las revisiones fiscales **********, **********, ********** y ********** que dieron origen a la jurisprudencia número VI.3o.A. J/49, del índice de este órgano colegiado, la que a continuación se transcribe, coincide en criterio con los órganos jurisdiccionales ya mencionados.
La tesis jurisprudencial de referencia dice:
"VISITA DOMICILIARIA. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REQUIERE DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003). La ampliación del plazo que establece el segundo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2003 para la conclusión de las visitas domiciliarias, implica el ejercicio de una facultad discrecional, que no por serlo deviene irrestricta, sino sujeta al principio de legalidad, e incluso, a control jurisdiccional; de manera que si en la determinación respectiva sólo se señala que se amplía el plazo porque no se concluyó la visita, pero no se justifica con motivos suficientes, la orden de que se trata resulta violatoria de la garantía de debida motivación contemplada en el artículo 16 constitucional." (No. Registro: 176,414. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, tesis VI.3o.A. J/49, página 2580).
En el caso, sólo se transcribe la parte conducente de la ejecutoria de la revisión fiscal número RF. **********, en obvio de repeticiones, pues esta resolución fue una de las cinco que dieron origen a la jurisprudencia VI.3o.A. J/49 ya transcrita.
Recurso de revisión fiscal RF. **********.
"SÉPTIMO. Son infundados los agravios expuestos por la autoridad recurrente, como enseguida se precisa. Como el tema de litis gira en torno a si existe o no deber de motivar el oficio de ampliación de la visita domiciliaria y sobre ese único aspecto se pronunció la Sala Fiscal y la autoridad recurrente en sus agravios, se estima innecesario hacer un resumen del contenido de éstos. La posibilidad que confiere al fisco el numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación para ampliar la práctica de una visita domiciliaria o de revisión de escritorio, implica el ejercicio de facultades discrecionales, que no por discrecionales son irrestrictas, sino,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22068-5ab8656f/visita-domiciliaria-el-tribunal-federal-de-justicia-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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