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Modo: Corpus Pro

PERMISIONARIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN CARRETERA FEDERAL. NO OPERA A SU FAVOR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA TRATÁNDOSE DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS SIMILARES A TERCERAS PERSONAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 340/2009. · Registro digital (IUS): 22003
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, , Pág. 1680.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 340/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realiza el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que es uno de los órganos colegiados contendientes.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario atender al contenido de las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. La ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, relativa al recurso de revisión número ********** señala en la parte que interesa lo siguiente:

"SEXTO. En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 91, fracciones I y III de la Ley de Amparo, se reproducen los conceptos de violación que esgrime el quejoso en su escrito de demanda: Primero: Mediante los actos que reclamo, las autoridades que he señalado como responsables violan en perjuicio de mi representada ********** las garantías constitucionales de legalidad, previa audiencia, justicia, seguridad jurídica, equidad, exacta aplicación de la ley, toda vez que sin cumplir las formalidades previstas en la misma Constitución, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, arbitrariamente pretenden disminuir las jornadas de trabajo e ingresos correspondientes a mi mandante, derivados de los permisos con que cuenta y que cumplidamente viene ejerciendo desde hace muchos años para la prestación de los servicios auxiliares de grúas para arrastre y salvamento y depósito de vehículos accidentados y detenidos en carreteras federales de jurisdicción federal, en la ruta: Carretera federal No. 15 del km. 33+000 al 90+000; ********** entronque carretera No. 15 ********** sin haberle comunicado previamente la fecha, forma, términos y condiciones bajo las cuales se haya otorgado al mismo el permiso correspondiente, y sin notificarle previamente el inicio del procedimiento federal administrativo inherente a la solicitud del permiso y enrolamiento que el nuevo permisionario debió formular y darnos en dicho trámite, la intervención que legalmente nos corresponde como parte interesada, incluida la garantía de audiencia. Segundo: El artículo 16 de nuestra Constitución Política establece en su primer párrafo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En ese mismo tenor se encuentra el artículo 3o. la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al momento de establecer en su fracción V como elementos y requisitos de los actos administrativos que éstos estén fundados y motivados. Pues bien, en el caso particular y concreto, tenemos que el oficio número ********** de fecha ********** y que fuera signado por el subdirector de Transporte del Centro SCT Nayarit de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según su propio texto pretende estar fundado en el artículo 45 D, del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, pero en realidad es violatorio del mismo en detrimento de los más elementales derechos de mi mandante. En efecto, el precepto de referencia textualmente establece que: ‘Artículo 45 D. Si al momento de establecerse el rol de servicios, los permisionarios no logran llegar a un acuerdo, la secretaría fijará un plazo improrrogable de diez días hábiles para que de común acuerdo los mismos establezcan el rol y sometan a su consideración el documento que lo contenga, apercibiéndolos de que en caso de no hacerlo, será la secretaría quien determinará el rol de servicio, y se procederá a notificar a todos los permisionarios autorizados.’. Pero como puede verse, del texto del mencionado dispositivo resulta evidente que sus disposiciones derivan de las de otro artículo a cuya disposición la autoridad responsable emisora del mismo omite apegarse, y que en efecto es el 45 C, del mismo ordenamiento, cuyo texto íntegro es el siguiente: ‘Artículo 45 C. En aquellos tramos carreteros en donde estén autorizados dos o más permisionarios del servicio de arrastre y salvamento, deberán elaborar de común acuerdo, un rol de servicio que regule su operación. Los permisionarios tendrán en todo tiempo, la oportunidad de establecer o modificar de común acuerdo el rol de servicios correspondiente, garantizando en todo momento la prestación ininterrumpida, puntual y eficiente del servicio, los acuerdos que al efecto adopten deberán constar por escrito, con la concurrencia y conformidad de todos los permisionarios o de sus legítimos representantes. Los acuerdos entre los permisionarios deberán ser registrados ante el centro SCT que corresponda a su domicilio. Una vez registrado el rol, deberá notificarse el mismo a la Policía Federal Preventiva, para su oportuna aplicación.’. Del texto del artículo 45 C se infiere que es imprescindible para que pueda determinarse la exhortación a los permisionarios de elaborar de común acuerdo un rol de servicios, en los tramos carreteros que compartan, que previamente sean informados de la existencia de esa circunstancia, así como de las condiciones en las que cada uno de ellos va a operar el servicio, para que puedan negociarse entre ellos un acuerdo equitativo. Por ejemplo, resulta indispensable saber con cuántas unidades va a participar en la prestación de servicio cada uno de los permisionarios a fin de que el enrolamiento sea equitativo y corresponda a la inversión y capacidad operativa de cada uno de ellos. En consecuencia, es evidente la carencia de fundamentación de dicha resolución que contraviene los más elementales principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Igualmente el acto reclamado es violatorio a (sic) las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 constitucional, así como también transgrede la fracción V del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos (sic), por carecer en absoluto de motivación, siendo obligación de toda autoridad la de fundar y motivar sus actos. En efecto, el oficio número ********** de fecha ********** remitido a mi mandante, es completamente carente de motivación, pues en el mismo se omite manifestar las razones de hecho que llevan a la autoridad a adoptar la resolución de mérito. Por ejemplo: A) En primer término, el oficio sin número (sic) ya referido, omite señalar en qué fecha, con cuántos equipos o grúas, y bajo qué circunstancias y condiciones, se otorgó el permiso correspondiente al ********** que lo habilita para la prestación de los servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos. B) Tampoco se precisa en el mencionado documento la longitud exacta de la ruta o tramo carretero (sic) se pretende enrolar el **********, pues desde su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 45 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, en su último párrafo, claramente establece que los permisionarios del servicio de arrastre y salvamento sólo podrán efectuar el servicio en la carretera federal en tramos de hasta 100 kilómetros. Y siendo aplicable tal limitante a los permisionarios autorizados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, y no a los pre-existentes, en base al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. C) Asimismo se me deja en estado de indefensión al ignorar a partir de cuándo y bajo qué circunstancias o en qué modalidad le fueron concedidos los permisos al tercero perjudicado, pues no debemos olvidar que el artículo 45 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, en su segundo párrafo establece que para la operación de arrastre y salvamento se deberá contar con el tipo de vehículo que para cada caso se señale en la norma respectiva, la cual corresponde a la norma oficial ********** misma que en su punto 4 nos indica las clases de grúas existentes dependiendo del tipo de servicio, capacidad, etc.; así como tampoco debemos olvidar que estamos hablando de tres permisos distintos, pues es el de arrastre, el de salvamento y el de depósito, como al efecto en forma por demás clara lo señalan los artículos 45 y 46 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, cuestiones todas ellas que no señala el oficio número ********** de fecha **********. D) Ahora bien, considero que es necesario que la autoridad emisora del multicitado oficio, motivara ese acto administrativo señalando desde cuándo el tercero perjudicado es permisionario, el tipo de permiso con el que cuenta, así como los términos en los que fueron otorgados esos permisos y bajo qué circunstancias, así como el número y tipo de unidades que le fueron autorizadas; pues de otorgar permiso de arrastre, salvamento depósito sobre los mismos tramos de carretera federal autorizados previamente a mi mandante, se estaría pretendiendo que el suscrito elaborara un rol de trabajo, lo que significa ceder parte de las actuales jornadas laborales de mi representada con otro u otros permisionarios, y ello sólo es válido si el nuevo permisionario ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos que las disposiciones legales vigentes exigen satisfacer previamente al otorgamiento de los permisos respectivos, y si existen razones específicas que hagan necesaria la autorización a un nuevo permisionario en condiciones que permitan garantizar mejores condiciones para la prestación de servicios y la viabilidad económica de ambos prestadores de servicios; sin que su operación pueda resultar ruinosa, y todo lo cual debe constituir necesariamente la motivación de una determinación como la contenida en el oficio cuya inconstitucionalidad reclamo. De otro modo se estaría imponiendo a mi representada el someterse a la competencia desleal, violando además las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica que prohíben dichas prácticas. Con todas las omisiones referidas se causa indefensión a mi representada al imponerle realizar un rol que va a reducir dramáticamente sus actuales jornadas de trabajo y consecuentemente sus ingresos, a fin de que el nuevo permisionario labore sin permitirnos siquiera conocer cuál es la capacidad operativa que le ha sido autorizada, es decir, el número y capacidades de las grúas con las que pretende enrolarse para prestar el servicio alternándose de alguna manera con mi poderdante, siendo el conocimiento de dicha circunstancia imprescindible para los efectos de poder convenir un enrolamiento equitativo, que corresponda a la cantidad y capacidad de los equipos de cada uno. Además no debe olvidarse que las normas legales vigentes exigen un mínimo de siete grúas para cada tramo carretero de hasta 100 kilómetros, y que dichas grúas deben corresponder a los tipos A, B, C y D de pluma y A, B y C de plataforma establecidos en el punto 4.1.4 de la Norma Oficial Mexicana ********** que se diferencian entre sí por su diversa capacidad de carga, ya que sólo contando con cuando menos una unidad de cada capacidad se puede garantizar la debida atención del servicio para auxiliar a cualquier tipo de vehículo que deba ser objeto del mismo. Como se desprende de los puntos antes señalados, era sumamente importante que la responsable motivara su acto administrativo, a fin de que mi representada tuviera la oportunidad real de saber si se encuentra ante un competidor desleal o no, asimismo, las áreas específicas que compartiríamos; pues el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, considerando el suscrito que dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero, para ello es necesario que quede claro el razonamiento sustancial respectivo. El único argumento en el que la autoridad r

sponsable emisora del multicitado oficio pretende motivarlo es del todo inadmisible y sólo sirve a dejar en evidencia la parcialidad con que la misma autoridad se conduce, pues se limita a señalar que el ********** en un escrito de fecha ********** que no logró establecer con mi mandante un acuerdo de enrolamiento. En el presente caso, estamos ante una evidente omisión total de motivación, pues el oficio fuente del agravio no da al suscrito los elementos mínimos necesarios para defender los derechos de mi mandante o impugnar el razonamiento de la autoridad responsable, que lo motivaron a requerirnos y apercibirnos en los términos ya referidos, violando con ello el principio de legalidad en lo concerniente a la falta de motivación, en nuestro perjuicio, dejándonos con ello en el total estado de indefensión al desconocer la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad responsable, y en consecuencia de ello, nos deja completamente incapacitados para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad y para alegar en contra de la argumentación jurídica que la autoridad debió hacer y que omitió. Tercero. El artículo 14 de nuestra Carta Magna establece en su segundo párrafo que nadie puede ser privado de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por lo que todas las autoridades deben oír en juicio a una persona a la que se le pretenda privar de un bien de su propiedad o derecho. En la especie, mi representada ha resentido una violación a su garantía de audiencia, pues si bien es cierto que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en sus artículos 52 fracción III y 55 señala que los permisos para el arrastre, salvamento y depósito de vehículos accidentados, los concede la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que las condiciones de operación y modalidades se sujetarán a los reglamentos respectivos, en este caso, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, en sus artículos que van del 45 al 48 prevén las cuestiones de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en carreteras federales, la circunstancia de que ambos ordenamientos no prevean que para el otorgamiento de un nuevo permiso del servicio auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en carretera federal, deba oírse previamente a los permisionarios que presten el servicio indicado en la misma ruta, lo cierto es que como esa expedición, en el caso particular y concreto, implica privación de los derechos adquiridos por éstos, en acatamiento de lo previsto por el artículo 14 de la Constitución Federal, las autoridades encargadas de expedir tales permisos, deben darles oportunidad de intervenir en el procedimiento administrativo respectivo, para alegar lo conducente en cuanto a la observancia de lo dispuesto por los artículos 8o., 9o. y 10 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como los diversos 11 al 15 del reglamento referido, previamente a la expedición relativa. En efecto, al concederse permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la misma ruta sobre la cual previamente ya se había concedido permiso a mi representada, y al requerirnos para el efecto de que elaboremos, con el nuevo permisionario, un rol de trabajo, la responsable estaría afectando seriamente las jornadas de trabajo de mi mandante, y restringiendo seriamente la explotación de los permisos a ella concedidos con más de 50 cincuenta años de anterioridad al otorgado al nuevo permisionario. Si bien es cierto que nuestra Constitución Política prohíbe en su artículo 28 las prácticas monopólicas, también es cierto que prohíbe la competencia desleal, y eso es precisamente, una competencia desleal la que está fomentando la responsable al pretender restringir los permisos concedidos a mi mandante para que pueda explotar el suyo el nuevo permisionario, sin darnos oportunidad de intervenir en el procedimiento a fin de estar en posibilidades de percatarnos si existe motivación y justificación legal para la expedición del nuevo permiso, y si el nuevo permisionario ha cumplido o no con todos los requisitos que para el otorgamiento de tales permisos exigen las normas legales aplicables, o bien, en todo caso, estar en posibilidades de defender el mejor derecho de explotación del permiso correspondiente a mi mandante, derivado de su mayor experiencia, inversión, capacidad e infraestructura operativa no por ser el de mayor antigüedad, sino por contar con los distintos tipos de vehículos-grúas que se requieren para prestar los varios tipos de servicios, en forma puntual y eficaz. De todo lo anteriormente expuesto resulta evidente que las autoridades que señalo como responsables, mediante los actos que de ellas reclamo, arbitrariamente pretenden disminuir las jornadas de trabajo de mi representada, así como sus ingresos correspondientes, derivados de los permisos con que cuenta y que cumplidamente viene ejerciendo desde hace muchos años para la prestación de los servicios auxiliares de grúas para arrastre y salvamento, y depósito de vehículos accidentados y detenidos en carreteras federales de jurisdicción federal, en los tramos que se han dejado especificados en el apartado número 2 del capítulo de antecedentes del acto reclamado, de esta misma promoción, al intentar imponer a mi mandante la obligación de enrolarse con un nuevo permisionario, sin habernos comunicado previamente la fecha, forma, términos y condiciones bajo los cuales se otorgó al mismo el permiso correspondiente, y sin notificarnos previamente del inicio del procedimiento federal administrativo inherente a la solicitud de permiso y del consecuente enrolamiento que el nuevo permisionario debió formular, y sin darnos tampoco en dicho trámite la intervención que legalmente nos corresponde como parte interesada, incluida la garantía de audiencia. En las apuntadas condiciones, y ante la procedencia de los conceptos de violación expuestos, solicito a esta autoridad federal conceda a mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal, dada la evidente trasgresión a sus garantías individuales. SÉPTIMO. Los transcritos conceptos de violación, a criterio de este órgano colegiado, son, algunos infundados y otros inoperantes, motivo por el cual, al no advertirse además motivo para que opere a favor de la empresa quejosa el principio de suplencia de la queja deficiente, en términos de lo estatuido por el artículo 76 Bis, lo correcto es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión instada. Ahora bien, de manera reiterada, en diversas partes de los conceptos de violación del escrito de demanda de garantías, la peticionaria del amparo sostiene, en esencia, que las autoridades responsables, con el otorgamiento del permiso de prestación de servicios auxiliares en carretera federal de arrastre, salvamento y depósito de vehículos a favor de ********** así como con la emisión del oficio ********** transgreden en su perjuicio las garantías constitucionales de legalidad, previa audiencia, justicia, seguridad jurídica, equidad, exacta aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior lo considera así, acota la empresa quejosa, porque al imponérsele, como consecuencia de la expedición del referido permiso al tercero perjudicado, la obligación de estatuir un rol para la prestación del servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en tramo carretero federal, de manera arbitraria se le pretende disminuir de las ‘jornadas de trabajo e ingresos correspondientes’ emanados precisamente de la explotación del permiso del que es titular para la prestación de los referidos servicios, sin que previamente se le hubiere comunicado la fecha, forma, términos y condiciones bajo las cuales se otorgó el mencionado permiso, así como sin haberle notificado del inicio del procedimiento federal administrativo de expedición de este último y, con ello, sin darles la intervención que legalmente le corresponde como parte interesada; ya que, si bien es verdad que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, no prevén ‘que para el otorgamiento de un nuevo permiso del servicio auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en carretera federal, deba oírse previamente a los permisionarios que presten el servicio indicado en la misma ruta, lo cierto es que como esa expedición, en el caso particular y concreto, implica privación de los derechos adquiridos por éstos; en acatamiento de lo previsto por el artículo 14 de la Constitución Federal, las autoridades encargadas de expedir tales permisos, deben darles oportunidad de intervenir en el procedimiento administrativo respectivo, para alegar lo conducente en cuanto a la observancia de lo dispuesto por los artículos 8o., 9o. y 10 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como los diversos 11 al 15 del reglamento referido, previamente a la expedición relativa.’, máxime que, reitera la quejosa, al ordenársele la celebración de un rol, se le afectan seriamente las jornadas de trabajo y se restringe la explotación de los permisos con los que cuenta y que ha tenido por más de cincuenta años, ya que si bien es verdad que el artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios, también lo es que proscribe la competencia desleal y en el caso concreto la restricción de la explotación para que opere un nuevo permisionario, genera precisamente, una competencia desleal. Los argumentos de previa síntesis son infundados, toda vez que parten de la falsa premisa de estimar que con el actuar de las responsables se le pretende privar de ‘los derechos’ que estima adquirió con la titularidad del permiso para la prestación del servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en tramo de carretera federal (que ha explotado con una antigüedad superior a los cincuenta años) ya que con la imposición de un rol de prestación del referido permiso para dar intervención a un tercero (nuevo permisionario) se le disminuirá ‘drásticamente las jornadas de trabajo e ingresos económicos’ que percibe por ese concepto. En primer término, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en numerosas ejecutorias que ‘el derecho adquirido’ constituye un acto realizado que introduce un bien, una ‘facultad o un provecho al patrimonio de una persona’. Dicha definición se encuentra consignada, entre otras, en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, del tomo ciento cuarenta y cinco guión ciento cincuenta, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: ‘DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). Ahora bien, de acuerdo con los argumentos vertidos por la parte quejosa en su libelo constitucional, se advierte que el pretendido derecho que considera ha adquirido y del que dice se verá privado por las autoridades responsables al imponerle, en consecuencia del permiso otorgado a ********** un rol para la prestación del servicio de arrastre, salvamento y depósito en tramo de carretera federal, radica en la supuesta renuncia o cesión de ‘jornadas de trabajo’ a favor del nuevo permisionario (tercero perjudicado) a partir de que se establezca el rol que se le ordena convenir en el oficio **********. Sin embargo, tal argumento es equivocado porque de acuerdo con la legislación que rige el acto reclam

do, el original o primigenio permisionario no tiene un derecho adquirido para realizar todos y cada uno de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en el tramo carretero que se define en su correspondiente permiso; esto es, la legislación aplicable al caso concreto no otorga al original concesionario la exclusividad para el ejercicio de todos y cada uno de los servicios de arrastre, salvamento o depósito que las diferentes eventualidades de tránsito generen en el área a que aluda su permiso. Lo anterior resulta fundamental, pues la garantía de audiencia, como se desprende del contenido del artículo 14 constitucional, y de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una garantía que tiene un ámbito de protección aplicable sólo a los actos de privación de derechos incorporados previamente a la esfera jurídica de las personas, de modo tal que, si no existe un derecho jurídico anterior a la actuación de la autoridad, por tanto, no existe un ámbito de protección exigible desde la garantía de audiencia. En efecto, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de audiencia, establece lo siguiente: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). De lo que se infiere, que el debido respeto a la garantía de audiencia exige, que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, esta garantía de audiencia puede entenderse o examinarse bajo dos aspectos: Uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende todos los medios establecidos en su propio texto para dar cumplimiento a tal garantía, a saber, la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; el segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la propia garantía, que es evitar se deje en estado de indefensión al posible afectado del acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. Los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales las que garanticen lo anterior. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 40/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época, página 5, que establece lo siguiente: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (se transcribe). Así las cosas, el concepto de permiso administrativo es definido como: ‘El reconocimiento a cargo de la autoridad competente de un derecho del particular, que allana la vía para el ejercicio de una actividad especial reglamentada por el Estado o la realización de actos que ensanchan la esfera jurídica de su circunstancia ... . En la legislación administrativa mexicana, el universo de los permisos administrativos engloba el régimen jurídico de las actividades de los particulares para explotar y utilizar vías generales de comunicación ...’ (Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo P-Z, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, editorial Porrúa, México, 1995, página 2388). Sobre el particular, la doctrina mexicana coincide en que el permiso es el acto administrativo por medio del cual la administración pública federal confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprende la propiedad industrial. En estas condiciones, resulta necesario precisar que los artículos 25 y 28 de la Constitución Federal de la República, establecen lo siguiente: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). ‘Artículo 28.’ (se transcribe). De lo que se desprende, en lo que interesa, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, con la finalidad de que este desarrollo sea integral y sustentable fortaleciendo la soberanía nacional; para ese efecto, el Estado induce la actividad económica mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se prevé la concurrencia de los sectores públicos, social y privado; existiendo áreas económicas estratégicas para alcanzar este desarrollo, las que de manera exclusiva el sector público tiene a su cargo, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan; que quedan prohibidos los monopolios o prácticas monopólicas, sin que constituyan monopolios las funciones que el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22003-1e75509e/permisionario-de-la-prestacion-de-los-servicios-auxiliares · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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