PROPIEDAD INMOBILIARIA. LOS ORDENAMIENTOS QUE ESTABLEZCAN UN SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, RESPETAN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, pues se trata de la materia administrativa, respecto de la cual esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes de uno de los órganos colegiados cuya resolución participa de la denuncia.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso resolverla, resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver, el quince de octubre de dos mil siete, el amparo en revisión 154/2007, determinó en la parte que interesa:
"NOVENO. Respecto a las consideraciones aducidas por la Jueza Octava de Distrito para negar el amparo, en la parte que dan respuesta al planteamiento sustancial de la demanda, la revisionista manifiesta que la postura de la sentencia sujeta a revisión es producto de un análisis incorrecto del artículo 115 constitucional, en primer lugar, porque en éste se establece que la base gravable de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria ‘es’ la que esté contenida en las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, y no algún otro parámetro; y en segundo término, porque hace depender el respeto al Texto Constitucional, de la circunstancia de que se obligue a los peritos valuadores a emitir sus dictámenes tomando como orientación la referida tabla de valores, pero sin que se indique que deben aplicarla tal como fue concebida por la legislatura. De acuerdo con ello, a decir de la parte quejosa, cuando la Jueza de Distrito argumenta que el Texto Constitucional no se viola, y sustenta su afirmación en que la normatividad que rige el desempeño de los peritos les obliga a tomar en cuenta las tablas aprobadas por el Congreso del Estado, comete una equivocación, tanto más que, por otra parte, también se demostró en autos que para el ejercicio fiscal dos mil seis, las referidas tablas no están expedidas, sino que siguen rigiendo las que tuvieron vigencia en años anteriores, mismas que por falta de actualización, dice la recurrente, no respetan la voluntad del Poder Constituyente Permanente. Pues bien, los agravios expresados por la revisionista son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, en particular en el punto en que refieren que la Jueza a quo interpreta indebidamente el artículo 115 constitucional, en virtud de que, según estima este Tribunal Colegiado de Circuito, es verdad que en dicho dispositivo se establece el principio de que las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria únicamente pueden causarse sobre la base gravable ahí establecida, que se constituye por las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, motivo por el cual, si la legislación de Guerrero permite que esa misma base se integre de diversa manera, entonces es evidente que ambos órdenes normativos se contraponen. Para explicar por qué lo anterior se considera así, es preciso tener en cuenta que en el precepto en comento se establece, como uno de los más importantes rubros que integran la hacienda pública municipal, que los Municipios deben percibir, entre otros, ingresos por contribuciones a la propiedad inmobiliaria, en los siguientes términos: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ... c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. ... Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes Estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.’. De conformidad con el dispositivo constitucional transcrito, es posible afirmar lo siguiente: a) En primer lugar, que el Municipio tiene la libre administración de su hacienda, y que ésta (la hacienda municipal) está formada, entre otros conceptos, con las contribuciones que la Legislatura Estatal establezca en su favor; b) En segundo término, que necesariamente, dentro de esas contribuciones establecidas para formar la hacienda municipal, deben estar comprendidas las que gravan la propiedad inmobiliaria, en cuanto a su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora y cambio de valor; c) Asimismo, que los Ayuntamientos tienen la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones; y finalmente; d) Que estas últimas, es decir, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. En efecto, la redacción del precepto constitucional en análisis es categórica en cuanto a que la base gravable de las contribuciones que las Legislatura Estatales establezcan a favor de los Municipios, cuando se trata de propiedad inmobiliaria, está constituida por las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, tan es así que se establece la posibilidad de que sean los propios Ayuntamientos quienes las propongan, dado el importante peso específico que tienen en la integración de la hacienda municipal. La postura anterior se confirma, incluso, al tener en cuenta que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que dio origen a la actual redacción de ese precepto, incluyó un artículo transitorio (el quinto) en el que se obligó a los Congresos Estatales a actualizar las referidas tablas a fin de que en éstas se refleje el valor comercial de los inmuebles, cuya redacción, sin embargo, reitera que son solamente las referidas tablas las que deben servir de base para el cobro de las contribuciones en comento, como se confirma de su literalidad, que es la siguiente: ‘Artículo quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.’. El artículo constitucional transitorio en comento, como puede verse, es también categórico al afirmar que son las tablas de valores unitarios las que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, motivo por el cual, es obligación de las legislaturas, en coordinación con los Municipios, procurar que los valores de esas tablas se equiparen a los valores comerciales, además de que, en su caso, como resultado de la adecuación de las tablas, debieron modificarse las tasas o tarifas para salvaguardar los diversos principios de proporcionalidad y equidad. En ese sentido, no cabe duda para este Tribunal Colegiado que el Constituyente ha deseado que la base gravable de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria destinadas a la integración de la hacienda municipal, sea única y exclusivamente la prevista en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones; y si bien es cierto que debe procurarse que éstas sean un reflejo del valor comercial de los bienes raíces, no menos cierto es que estos últimos valores comerciales no pueden aplicarse directamente, sino que deben reflejarse en las repetidas tablas, para lo cual se procura una interacción constante entre Municipios y legislaturas, quienes tienen el deber, año con año, de mantener actualizadas las mismas. Dicho en otras palabras, es verdad que el valor comercial de los inmuebles es un parámetro de fundamental relevancia para esta clase de contribuciones, pero no menos verdad es que el Poder Constituyente Permanente no mandó que esos mismos valores comerciales se apliquen en forma directa, señalándolos como base gravable de las contribuciones, sino que, más bien estableció un mecanismo de técnica legislativa que permite asignar una ‘presunción de valor comercial’ a todas las categorías de inmuebles de un Municipio, teniendo en consideración su superficie y construcciones, pero reunidas en un solo documento (las tablas), con posibilidad de aplicación general. Evidentemente, la necesidad de este mecanismo no es caprichosa, sino que toma en cuenta que la principal contribución a la propiedad inmobiliaria es el impuesto predial, el cual se paga periódicamente y de manera masiva, de suerte que no sería factible, por razones de orden práctico, calcular, para cada cobro, el valor comercial de cada inmueble al momento de la causación, mediante avalúos. Siendo así, y no existiendo distingo entre impuesto predial y otra clase de contribuciones inmobiliarias, como las que se relacionan con fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora y cambio de valor de los bienes raíces, como es el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles que en este asunto se analiza, sino que, por el contrario, habiendo el Constituyente establecido que todas las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria tienen por base gravable el valor que esté reflejado en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, entonces, sin lugar a dudas, no es admisible utilizar ningún otro parámetro, dado que en el Texto Constitucional no se estableció tal posibilidad. Explicado lo anterior, es evidente que el artículo 30, fracción I, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal, no se adecua al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que señala una base gravable para el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que no es la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, como se confirma con su lectura: ‘Artículo 30. La base del impuesto será: ... I. Tratándose de bienes inmuebles: a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación.’. De conformidad con lo transcrito, la base gravable del tributo resulta ser ‘el valor más alto’, de entre tres posibilidades que son: la primera, el avalúo catastral del inmueble; la segunda, el valor que arroje un avalúo pericial; y la tercera, el monto de la operación que hubiese motivado la transmisión de propiedad. Como puede verse, de esas tres posibilidades, sólo la primera, es decir, el avalúo catastral, se adecuaría a la previsión constitucional, dado que debe entenderse que dicho ‘avalúo’ corresponde a la aplicación, para el inmueble en concreto, de la tabla de valores unitarios de uso del suelo y construcciones. Sin embargo se apunta lo anterior simplemente como argumento adicional, toda vez que lo verdaderamente importante a destacar consiste en que, con independencia de que ‘el valor más alto’ que se obtenga de la aplicación de cualquiera de esos tres métodos pueda ser exactamente igual al que correspondería al aplicar directamente la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, lo cierto es que, al permitir la legislación guerrerense que la base gravable del tributo se calcule de manera distinta a como está expresamente previsto en la Constitución, sin lugar a dudas que transgrede sus preceptos, porque como ya se ha visto, en el texto de la Ley Suprema no se prevé la utilización directa de valores comerciales, sino que se manda que éstos, primeramente, se reflejen en las tablas de valores que, esas sí, se apliquen en forma general. Luego, como ya se adelantó, no cabe duda que el artículo 30, fracción I, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal, es violatorio del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conduce a declarar fundados los agravios y estimarlos suficientes para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso. La concesión de amparo anterior, trae por consecuencia que se desincorporen de la esfera jurídica del impetrante sus obligaciones tributarias exclusivamente en materia de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, en tanto continúe vigente el texto del artículo que, en forma individual, se ha declarado que es contrario al texto de la Constitución; y que por eso mismo, queden insubsistentes los actos de aplicación de dicho numeral, debiendo devolvérsele las cantidades que en su concepto pagó, entre las cuales no se debe incluir, como se explicó con anterioridad, las que se refieren a derechos por servicios catastrales e impuestos accesorios a estos últimos derechos, dado que con respecto a los numerales que los prevén, se decretó el sobreseimiento. Finalmente, este Tribunal Colegiado de Circuito estima pertinente hacer dos precisiones con respecto a diversas tesis invocadas por la Jueza de Distrito para negar el amparo, dos de ellas jurisprudencias de la Suprema Corte, son las siguientes: ‘ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD.’ (se transcribe). ‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DE AQUEL IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). La primera de dichas jurisprudencias no se opone a lo aquí resuelto, toda vez que lo que en ella se trató fue lo relativo a determinar si, por autorizarse a terceras personas que calcularan pericialmente el valor del inmueble, se violaba el principio de legalidad, en virtud que, supuestamente, con ello se permitía que quedara a la discreción de la autoridad administrativa fijar uno de los elementos del tributo, mismo que debe estar previsto en ley, lo que se determinó no ocurre en estos casos. La segunda tesis, por su parte, tampoco es contraria a lo que ahora se resuelve, toda vez que en la misma se analizó que la utilización de métodos alternativos para la fijación de la base gravable, no es contrario al principio de proporcionalidad, toda vez que cualquiera de los métodos utilizados es apto para establecer la capacidad contributiva del sujeto obligado; tema tal que, evidentemente, no es el que ahora se resuelve. En cambio, existe invocación en la sentencia recurrida de una tesis que sí sustenta una posición distinta a la de este órgano resolutor, siendo tal la I.8o.A.93 A sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se publicó en la página 1938 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 158, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2003, AL ESTABLECER QUE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, SE CONSIDERARÁ EL VALOR QUE RESULTE MÁS ALTO ENTRE EL DE ADQUISICIÓN, EL CATASTRAL O EL DE AVALÚO, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NI EL QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE LO REFORMÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999.’ (se transcribe). Pues bien, la tesis anterior no se comparte, puesto que, con independencia de no ser obligatoria para este Tribunal Colegiado en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se estima que la misma interpreta una legislación, la del Distrito Federal, que no tiene relación con el caso, toda vez que dicha entidad federativa se rige por el artículo 122 constitucional, en cuya base primera, que es la que entre otras cuestiones regula el tema impositivo, no se hace ninguna referencia al tercer párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, que es el que aquí se está interpretando, sino únicamente al segundo, relacionado con el tema de exenciones, hipótesis diferente a la que ahora se trata. Además, por otra parte, se considera que la opinión fundamental que subyace en dicha tesis, en el sentido de que la utilización de las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones no es el único parámetro a tomar en cuenta, sino tan sólo uno más, es resultado de una inadecuada apreciación de la jurisprudencia P./J. 1/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de la siguiente literalidad: ‘PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES.’ (se transcribe). De conformidad con dicha jurisprudencia, es verdad que la facultad de los Ayuntamientos para proponer las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones es de ejercicio discrecional, mas ello de ninguna manera significa que dicha discrecionalidad sea también para las Legislaturas de los Estados, pues por el contrario, por mandato expreso del Texto Constitucional, los Congresos Locales sí están expresamente obligados a emitir las referidas tablas, cuando esto sea necesario, dado que sólo éstas pueden servir de base para el cobro de los tributos sobre propiedad inmobiliaria, como aquí se ha sostenido. De acuerdo con lo anterior, en opinión de este Tribunal Colegiado, el contenido de la jurisprudencia que acaba de citarse no resuelve la problemática aquí abordada, dado que en ella únicamente se indica que la omisión de los Ayuntamientos de efectuar su propuesta al órgano legislativo local, no constituye un vicio que afecte el proceso de formación de la Ley de Ingresos; pero en este amparo en revisión, lo que se ha dilucidado es una cuestión distinta que no se relaciona con el proceso legislativo, sino con el contenido material de la ley, en la cual se establece que la base gravable del tributo puede ser otra distinta a las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, lo que se considera contrario al Texto Constitucional. De ahí, en consecuencia, que al existir una posible contradicción de criterio con el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, procede efectuar la denuncia respectiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien resolver."
CUARTO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticinco de agosto de dos mil cinco, el amparo en revisión 111/2005, sostuvo en lo conducente:
"Séptimo. En cambio, son fundados los restantes agravios de la autoridad, en los cuales afirma que el tributo reclamado no es inconstitucional por considerar como uno de los elementos determinante de su base gravable el avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella, y para ello este tribunal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, hace suyo el criterio de jurisprudencia 85/2005 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 13/2005-SS, entre las sustentadas por este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, aprobada en sesión privada del diecisiete de junio de dos mil cinco, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: ‘ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD.’ (se transcribe). En este criterio de jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la determinación alternativa de la base gravable del impuesto relativo al avalúo practicado por la autoridad fiscal o por persona registrada o autorizada por ella, no transgrede el principio tributario de legalidad. Este criterio resulta plenamente aplicable al caso, aun cuando no se refiere al artículo cuestionado, toda vez que el precepto interpretado en la ejecutoria que le dio lugar, a saber, el artículo 138 del Código Financiero vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, establece el mismo mecanismo que el precepto reclamado, es decir, el artículo 158 del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor para el año del dos mil tres, en la parte que se analiza, como se comprueba con la siguiente transcripción: El texto del precepto analizado en la jurisprudencia transcrita, vigente al dos mil cuatro, decía: ‘Artículo 138. El valor del inmueble que se considerará para efectos del artículo 135 de este código, será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma. Cuando se trate de adquisición por causa de muerte, dicho valor deberá estar referido a la fecha de la adjudicación de los bienes de la sucesión.’. El texto del precepto reclamado, en vigor para el dos mil tres, dispone: ‘Artículo 158. El valor del inmueble que se considerará para efectos del artículo 156 de este código, será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por avalúo vigente practicado por personas autorizadas por la misma, el cual, cuando se trate de adquisición por causa de muerte, en cualquier caso deberá estar referido a la fecha de la adjudicación de los bienes de la sucesión. Para determinar el valor del inmueble, se incluirán las construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstos tengan terceras personas, salvo que se demuestre fehacientemente ante la autoridad fiscal, que dichas construcciones se realizaron con recursos del adquirente. Para los fines de este impuesto, se considerará que el usufructo y la nuda propiedad, tienen cada uno de ellos, el 50% del valor del inmueble. Cuando con motivo de la adquisición, el adquirente asuma la obligación de pagar una o más deudas o de perdonarlas, el importe de ellas se considerará parte del valor de adquisición. Los avalúos que se realicen para efectos de este impuesto, deberán ser practicados por las personas morales que cuenten con autorización y por los peritos valuadores registrados, ajustándose a los procedimientos y lineamientos técnicos y a los manuales de valuación técnicos emitidos por la autoridad fiscal. En caso contrario, dichas personas morales autorizadas y peritos registrados se harán acreedores a la suspensión o cancelación definitiva de la autorización o registro y a las sanciones pecuniarias a que haya lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir en el caso de la comisión de algún delito fiscal.’. En estas condiciones, debe concluirse que son fundados en esta parte los agravios de la autoridad y suficientes para conducir a la revocación de la sentencia, pues no resulta exacta la determinación de la Juez de Distrito de que el artículo 158 del Código Financiero del Distrito Federal, resulte inconstitucional por violar el principio de legalidad tributaria, que sobre la materia consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como base gravable alternativa del impuesto sobre adquisición de inmuebles el avalúo practicado por la autoridad fiscal. Debe aclararse que no pasa inadvertido para este tribunal que la autoridad se refiere indistintamente a los artículos 138 y 135 del Código Financiero del Distrito Federal, pero que esta imprecisión debe entenderse esclarecida en los términos anteriores. En las anotadas condiciones, siendo fundado y suficiente el agravio examinado, que condujo a la revocación de la sentencia recurrida, resulta innecesario el examen del segundo concepto de agravio en donde la autoridad recurrente controvirtió los efectos dados a la concesión del amparo, porque no conducirían a un resultado diverso al alcanzado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por compartir el criterio en ella establecido, la tesis de jurisprudencia número V.2o. J./7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, abril de 1991, página 86, que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Ahora bien, visto el resultado alcanzado, resulta innecesario examinar los agravios de la revisión adhesiva interpuesta por la parte quejosa, dado que resultan inoperantes, en tanto que ésta tenía por objetivo demostrar la legalidad de la sentencia recurrida, que fue revocada con motivo de la existencia de la tesis jurisprudencial que ya dilucidó el tema planteado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 14/97, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, visible en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, página 21, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). Así las cosas, al no advertirse de oficio que en el caso opere una causal de improcedencia distintas a las analizadas por la Juez de Distrito que impidan entrar al estudio del fondo del asunto, de conformidad con el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a analizar el resto de los argumentos contenidos en los conceptos de violación cuyo estudio omitió la juzgadora y que se desprenden de la demanda de garantías.’. ... NOVENO. ... Ahora bien, de esta exposición se desprende que la quejosa aduce que el artículo 158 del Código Financiero del Distrito Federal viola el artículo 115 constitucional y el quinto transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa, en relación con los artículos 31, fracción IV y 49 de la Carta Magna, debido a que vulnera la obligación de calcular el monto del impuesto inmobiliario sobre la base del valor catastral consagrada en esos dispositivos constitucionales, en virtud de lo siguiente: a) Que el 158 del Código Financiero del Distrito Federal, contiene tres tipos de bases gravables alternativas para aplicar la que sea más gravosa, lo que provoca que el impuesto se cause sobre una base inadecuada, al no corresponder al valor real del inmueble por el que se paga el tributo. b) Que la Asamblea del Distrito Federal, está obligada a acatar los lineamientos establecidos en la fracción IV del artículo 115 constitucional y artículo quinto transitorio, que constriñen a adoptar y actualizar los valores unitarios de suelo o catastrales para calcular el impuesto a pagar sobre la adquisición de bienes inmuebles, en términos de lo disp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21008-67f09fd7/propiedad-inmobiliaria-los-ordenamientos-que-establezcan-un-sistema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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