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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. LA LEY DE LA MATERIA PREVÉ LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL INDICADO RECURSO, SIN NECESIDAD DE OTORGAR, EN ESA INSTANCIA, UN PLAZO AL MINISTERIO PÚBLICO PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS Y FORMULAR PEDIMENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/2008-PL. · Registro digital (IUS): 21774
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 1911.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: FERNANDO SILVA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que la materia de la contradicción de tesis versa sobre un tema común del juicio de amparo, siendo innecesaria la intervención del Pleno para su resolución.

SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. El presente asunto de contradicción de tesis versa sobre el tema relativo a la forma y alcance de la intervención que debe otorgarse al Ministerio Público Federal dentro del procedimiento relativo al recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto.

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, en síntesis, son las siguientes:

Posición 1.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el recurso de reclamación 12/2008, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil ocho, por unanimidad de votos, estimó que, tratándose del amparo en revisión, la Ley de Amparo dispone que la intervención que el Tribunal Colegiado de Circuito debe brindar al Ministerio Público Federal se limita a notificarle el auto admisorio del recurso de revisión respectivo (y no a otorgarle un plazo para imponerse de los autos y formular pedimento), para lo cual consideró, en esencia, lo siguiente:

"... dentro de la tramitación que sobre el recurso de revisión previene el numeral 90 de la Ley de Amparo, se establece que corresponde al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, calificar la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo, por lo que una vez que se admite el recurso por éste, se debe notificar tal situación al Ministerio Público, y una vez hecho lo anterior, procederá el tribunal a dictar la resolución procedente, dentro del término de quince días; sin embargo, en ese precepto ni en alguno de los demás que se refieren al trámite de la revisión de amparo, como se dijo, no se contempla remisión alguna al numeral 181 de la Ley de Amparo, que se refiere al trámite del amparo directo, pero además de ello, no existe base para estimar que con la notificación que ahí se menciona, lo que el legislador pretendió fue generar una entrega física del expediente a la representación social de la Federación adscrita, para que ésta los pueda llevar fuera del tribunal, dado que sólo dispone el hacer del conocimiento de la fiscalía sobre la admisión del recurso de que se habla -notificar-, para que en el caso de estimarlo conveniente al interés de su representación, formule el pedimento correspondiente, pero nunca el instaurar un estadio procesal en el que se dé lugar a esa sustracción de actuaciones para su consulta, máxime que la regulación del trámite del recurso en cita, además de no presentar insuficiencia para su aplicación a la situación concreta presentada, evidencia su tendencia a la celeridad de tramitación al evitar mayores demoras, pues no debe dejarse de mencionar que el desarrollo histórico del numeral 90 de la Ley de Amparo, evidencia que la notificación que se previene en el tercer párrafo de su texto actual ... no puede constituir una deficiente o imprecisa regulación, porque el texto de ese párrafo, anterior a la reforma sufrida por ese artículo, el siete de enero del año de mil novecientos ochenta, hace manifiesto que el legislador, de una manera deliberada, trató de agilizar el trámite ahí previsto, ya que basta con hacer una simple comparación entre el texto actual y lo previsto por esa misma norma antes de la reforma, en que establecía lo siguiente: ‘... Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito, se mandará correr traslado al Ministerio Público, por el término de cinco días, y con lo que exponga y aleguen las partes por escrito, el tribunal resolverá lo que fuere procedente, dentro del término de quince días.’

"...

"La legislación reglamentaria aplicable determina la forma específica en la que se le debe dar intervención a la representación social federal, en lo que interesa, tanto en el recurso de revisión como en el juicio de amparo directo, pues en el primer caso, el numeral 90 de la ley de la materia, en su tercer párrafo, previene para los supuestos en los que se admite la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito, la práctica de una simple notificación al Ministerio Público Federal, es suficiente para estimar que con ello se da la intervención legal que le compete a esa parte procesal del juicio de garantías, mientras que en el caso del trámite del amparo directo, en el numeral 181 del mismo ordenamiento reglamentario, se establece un supuesto de entrega material de las actuaciones a la fiscalía, por el término de diez días, para la formulación de su pedimento, lo que evidencia dos diversas formas de regulación para dar intervención a la representación social federal ...

"Se debe tener presente que esa entrega material regulada obedece al hecho de que en el juicio de amparo uniinstancial no existió algún contacto previo con la fiscalía federal, a diferencia de cómo acontece en el biinstancial, de manera que la legislación, en el caso del directo, proporciona un mecanismo cuya tendencia es la de dar cierta comodidad a la parte de que se habla, al serle facilitados los autos para su examen, en aras de la formulación del pedimento que corresponda, pero no por ello se debe entender que este mecanismo debe ser aplicado en todos los casos en los que se le da intervención al Ministerio Público Federal, porque como se dijo, es la propia legislación reglamentaria de la materia, la que previene en lo procesal las formas en que se debe actuar para dar la intervención de la parte multicitada."

(subrayado añadido).

Posición 2.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el recurso de reclamación 6/91 en sesión de once de abril de mil novecientos noventa y uno, y partió de la premisa consistente en que, tratándose del recurso de revisión en amparo indirecto, la Ley de Amparo establece la obligación legal en el sentido de que el Tribunal Colegiado de Circuito debe otorgarle al Ministerio Público Federal el plazo de diez días a efecto de que se imponga de los autos y formule el pedimento correspondiente, al estimar, en esencia, que:

"... el mencionado artículo 181 (de la Ley de Amparo), dispone que cuando el Ministerio Público solicita los autos para formular pedimento deberá devolverlos dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido y si no (sic) los devolviere al expirar el término mencionado, el Tribunal Colegiado mandará recogerlos de oficio; numeral que debe ser interpretado en forma adminiculada al artículo 90, párrafo tercero, de la ley en consulta, que establece que admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación del Ministerio Público, el propio tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro de quince días, lo que permite concluir que ciertamente, el término para la formulación del pedimento de la representación social federal es de diez días, que corren a partir de que le es notificado el acuerdo admisorio del recurso y no de la en (sic) que se le entreguen materialmente los autos para su consulta. ..."

Dicha sentencia, dio lugar a la siguiente tesis:

"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PEDIMENTO DEL AGENTE DEL. TÉRMINO PARA FORMULARLO. Una recta interpretación del artículo 90, párrafo tercero, en relación con el 181 de la Ley de Amparo, permite concluir que el término de que goza el representante social federal para formular pedimento, es de diez días, que corren a partir de la notificación de la admisión de la demanda o del recurso legal de que se trate, y no de la fecha en que a petición de éste, se le entreguen materialmente los autos para su consulta, ya que legalmente se tienen por puestos a su disposición desde la fecha en que se encontró en aptitud de imponerse de ellos y el ejercicio de ese derecho, indudablemente no puede señalar el principio del cómputo, porque implicaría dejar el término al arbitrio de una de las partes, lo que no es permitido conforme a derecho, por atentar contra la garantía de seguridad jurídica que debe imperar en todo procedimiento judicial." (No. Registro: 222,577. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, junio de 1991. Página 326).

CUARTO. De conformidad con lo señalado en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, este Alto Tribunal ha establecido que para que exista contradicción de tesis, es menester que se actualicen los siguientes supuestos:

1. Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.(1)

Esta Segunda Sala observa que, con independencia de las importantes diferencias existentes entre los dos asuntos que fueron del conocimiento de los Tribunales Colegiados contendientes, lo cierto es que, de una u otra forma, establecieron posiciones interpretativas divergentes en lo relativo al tema concerniente a la forma y alcance de la intervención que debe otorgarse al Ministerio Público Federal en el procedimiento que se sigue dentro del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto.

Concretamente, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (posición 1) estimó que, tratándose del amparo en revisión, la intervención que el Tribunal Colegiado de Circuito debe brindar al Ministerio Público se limita a notificarle el auto admisorio del recurso de revisión para los efectos que dicha institución estime pertinentes, de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Amparo que regula dicho tema de manera específica; en cambio, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (posición 2) consideró que, tratándose del recurso de revisión en amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito debe otorgar al Ministerio Público Federal el plazo de diez días a efecto de que se imponga de los autos y formule el pedimento correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Amparo, que (a su juicio) debe relacionarse con lo previsto en el numeral 181 de dicho ordenamiento legal.

Por tanto, sí existe la contradicción de tesis denunciada, en lo referente al tema relativo a la forma y alcance de la intervención que debe otorgarse al Ministerio Público Federal en el procedimiento que se sigue dentro del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto.

QUINTO. Este Alto Tribunal encuentra que el punto de contradicción consiste en determinar si tratándose del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto, la intervención que se debe otorgar al Ministerio Público Federal se limita a la notificación del auto admisorio de dicho medio de impugnación para los efectos que dicha institución considere pertinentes, en términos del artículo 90 de la Ley de Amparo; o bien, si además de dicha notificación, se debe otorgar a la representación social el plazo de 10 días para que, impuesto de los autos, formule pedimento, de conformidad con aquel numeral en relación con el artículo 181 de la Ley de Amparo.

Este tribunal tiene claro que el Ministerio Público Federal es una de las partes en el juicio de amparo y, en consecuencia, tiene derecho a intervenir en todos los juicios de amparo (a través de la figura del "pedimento"), así como a interponer los recursos legalmente establecidos, en los que se encuentre de por medio el interés público y social, de conformidad con los artículos 107, fracción XV, constitucional; 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 3o. y 4o., fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.(2)

Sin embargo, la intervención de todas las partes en el juicio de amparo (incluido el Ministerio Público Federal) no es absoluta e ilimitada, en atención a que también es preciso garantizar que la justicia impartida a través de dicho proceso constitucional sea pronta y expedita, según lo exigen las garantías de tutela judicial efectiva del artículo 17 constitucional, máxime que las normas constitucionales sobre derechos y libertades que están involucradas en el juicio de garantías podrían violarse irreparablemente durante su tramitación.

Es por ello que la Ley de Amparo contiene disposiciones que concilian, de un lado, el interés que tienen las partes de intervenir en el juicio; y de otro, el interés constitucional en el sentido de que el conflicto sea efectiva y definitivamente resuelto sin dilaciones indebidas.

Precisamente, las disposiciones legales que regulan la intervención del Ministerio Público Federal presentan esa dualidad de finalidades: por un lado, abren la posibilidad de que dicha institución intervenga en los juicios de amparo en que se encuentre de por medio el interés público y social; por otro lado, prevén condiciones y límites temporales a dicha intervención, lo que tiene por objeto que el proceso de garantías no se prolongue excesivamente en perjuicio del quejoso.

Ese estado de cosas pone de manifiesto la relevancia de la regulación de la intervención del Ministerio Público Federal según el tipo de juicio de amparo de que se trate.

En efecto, la Ley de Amparo ha previsto una especie de graduación de la intervención del Ministerio Público Federal según se trate del juicio de amparo indirecto o del directo.

Así, tratándose del juicio de amparo indirecto, la intervención del Ministerio Público Federal, a través del otorgamiento de un plazo para la imposición de autos y la formulación de pedimento, se actualiza, desde luego, en la primera instancia ante el Juez de Distrito, lo que puede apreciarse, por ejemplo, de lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Amparo:

"Capítulo IV

"De la sustanciación del juicio

"Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda."

Igualmente, tratándose del juicio de amparo directo, la intervención del Ministerio Público Federal, a través del otorgamiento de un plazo para la imposición de autos y la formulación de pedimento, se genera en esa única instancia, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:

"Artículo 181. Cuando el Ministerio Público solicite los autos para formular pedimento, deberá devolverlos dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido. Si no devolviere los autos al expirar el término mencionado, el Tribunal Colegiado de Circuito mandará recogerlos de oficio."

En ambos casos, se encuentra justificada la intervención del Ministerio Público Federal brindándole un plazo a efecto de que se imponga de los autos y formule un pedimento, toda vez que en ambas instancias, dada su naturaleza, dicha institución tiene, por primera vez, conocimiento del conflicto jurídico-constitucional que se ventila.

Ahora bien, tratándose del recurso de revisión en amparo indirecto las reglas varían, porque las circunstancias son diversas.

En el recurso de revisión en amparo indirecto, el propio legislador ha estimado que es innecesaria la intervención del Ministerio Público Federal a través del otorgamiento de un plazo para la imposición de autos y la formulación de pedimento, máxime que -a esas alturas (segunda instancia)- dicha institución ya conoce el conflicto jurídico-constitucional, ha tenido oportunidad y plazo para formular pedimento ante el a quo y, además, ha tenido abierta la posibilidad de interponer el recurso de revisión en caso de que se encuentre de por medio el interés público y social.

Desde cierta perspectiva, la "duplicación" (en la primera y la segunda instancia del amparo indirecto) de la intervención del Ministerio Público Federal a través del otorgamiento de un plazo para la imposición de autos y la formulación de pedimento, generaría el riesgo de restar importancia al interés constitucional en el sentido de que la justicia que se imparte sea pronta y expedita, de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 constitucional.

En efecto, antes de la vigencia actual del artículo 90 de la Ley de Amparo, dicha legislación establecía la posibilidad de que el Ministerio Público Federal contara con un plazo de 5 días para alegar lo que a su derecho conviniere, según lo siguiente:

Ley de Amparo

(antes de la reforma de enero de 1980)

"Artículo 90. ...

"Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito, se mandará correr traslado al Ministerio Público, por el término de cinco días, y con lo que exponga y aleguen las partes por escrito, el tribunal resolverá lo que fuere procedente, dentro del término de quince días. Si el Ministerio Público no devolviere los autos al expirar el término antes señalado, el Tribunal Colegiado de Circuito, mandará recogerlos de oficio."

El legislador reformó dicho precepto legal en el mes de enero de 1980, a fin de racionalizar la intervención del Ministerio Público Federal tratándose del recurso de revisión en amparo indirecto. Así, el artículo 90 de la Ley de Amparo, que actualmente se encuentra vigente, establece lo siguiente:

"Artículo 90. ...

(Reformado, D.O.F. 7 de enero de 1980)

"Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días. ..."

En la exposición de motivos de la reforma a dicho numeral (7 de enero de 1980) se expuso la necesidad de regular la intervención del Ministerio Público Federal a fin de agilizar y hacer eficaz la tramitación del juicio de garantías, según lo siguiente:

"Proceso legislativo:

"Exposición de motivos

"Cámara de Origen: Senadores

"Exposición de motivos

"México D.F., a 21 de diciembre de 1979.

"Iniciativa del Ejecutivo

"CC. Secretarios de la

"H. Cámara de Senadores

"Presente

"...

"No basta la mejor organización, así como tampoco la reforma propuesta a la ley orgánica mencionada, si no se realiza paralelamente reforma a la Ley de Amparo, para eliminar procedimientos que la experiencia ha señalado inadecuados, sin restringir en forma alguna la protección que el juicio de amparo otorga a los particulares y por el contrario, dándole mayor efectividad.

"En esta iniciativa de reformas, se trata de hacer más expedita y eficaz la intervención del Ministerio Público Federal como parte en el juicio de garantías. ...

"Algunas otras reformas objeto de esta iniciativa, se detallan en el texto de esta exposición de motivos.

"1. ...

"A través de una mejor coordinación entre la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, se han ido acortando los términos en que el pedimento del Ministerio Público es presentado y esta dependencia del Ejecutivo, en múltiples asuntos de escaso interés ya no formula pedimento. Sin embargo, todavía existe el problema, especialmente tratándose de la intervención del Ministerio Público Federal ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

"Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Procuraduría General de la República, han procurado encontrar fórmulas para acelerar el trámite de los juicios de amparo, y se ha estimado conveniente que el Ministerio Público Federal intervenga sólo en aquellos asuntos, en que, a su juicio, se afecte el interés público. Los plazos especiales que ahora existen para la formulación de pedimentos, así como la entrega material de todos los juicios de amparo, aun cuando carezcan de interés social, deben suprimirse, para que sólo cuando se den los supuestos anteriormente mencionados, los expedientes pasen al Ministerio Público para su estudio y formulación de pedimento.

"Se propone reformar el artículo 29, fracción II, para que las notificaciones del primer auto dictado en los expedientes de amparo directo, se hagan al Ministerio Público Federal por medio de oficio, como a las demás autoridades que son parte en el juicio; y se suprima el requerimiento al procurador general de la República, para que designe en cada caso al agente que deba intervenir.

"Establecido el sistema de notificación al Ministerio Público Federal como se ha dicho, se propone reformar los artículos 90 y 179 para suprimir el traslado y entrega de los expedientes tanto en los amparos en revisión, como en los directos.

"Se propone la reforma del artículo 181, porque al modificar el artículo 179 se suprimió la referencia al término de diez días para formular pedimento, término que es necesario incluir en este artículo 181, conservando la atribución de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito, para mandar recoger los autos de oficio, si transcurrido el término, no hubieren sido devueltos.

"Las reformas de los artículos 182 y 184 que se proponen, suprimen la referencia a la devolución del expediente por parte del Ministerio Público, en atención al texto que se propone en los artículos 90, 179 y 181, para que el turno de los expedientes no quede relacionado con el concepto devolución.

"Por la misma razón, se propone la reforma de los artículos 195 y 195 Bis, en cuanto a la obligación que se impone al procurador general de la República para que exponga su parecer por sí o por conducto del agente que designare, cuando las denuncias de contradicción de tesis entre las Salas de la Suprema Corte o entre los Tribunales Colegiados no hubieren sido formuladas por él. ..."

Por tanto, en el artículo 90 de la Ley de Amparo el propio legislador estimó innecesaria la intervención del Ministerio Público Federal a través del otorgamiento de un plazo para la imposición de autos y la formulación de pedimento, máxime que, a esas alturas, dicha institución conoce la litis del juicio constitucional, ha tenido la oportunidad y el plazo respectivo para formular pedimento ante el a quo y, además, ha tenido abierta la posibilidad de interponer el recurso de revisión en caso de que se encuentre de por medio el interés público y social, de lo cual resulta que la intervención que el tribunal debe conceder a dicha institución se limita a la notificación de la admisión del recurso de revisión para los efectos que dicha institución estime pertinentes.

Las modificaciones legales antes aludidas pueden reflejarse con mayor claridad en el siguiente esquema:

Ver esquema

De la lectura de las disposiciones legales anteriores se advierte que con anterioridad a las reformas a la Ley de Amparo publicadas el siete de enero de mil novecientos ochenta, existía durante el trámite de la revisión en amparo indirecto un capítulo de alegatos, en el que las autoridades, el quejoso y el tercero perjudicado, podrían expresar su punto de vista con relación a los temas que subsistieran en la segunda instancia, para posteriormente abrirse un espacio a efecto de correr traslado con los autos al Ministerio Público para que pidiera lo que a su representación conviniera, pero expirado el plazo sin que así lo hiciera, se mandarían recoger las actuaciones.

Tratándose de la revisión sustanciada ante los Tribunales Colegiados de Circuito, el plazo para que las partes expresaran alegatos y para que el Ministerio Público formulara su opinión, se concedía en forma simultánea y era de cinco días, y si este último no devolvía los autos en ese plazo, se mandaban recoger de oficio.

El trámite de la revisión de amparos indirectos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptaba un plazo mayor de diez días para que el quejoso, autoridades y tercero perjudicado, formularan sus alegatos, y otro, sucesivo, también de diez días, para que el Ministerio Público evacuara la vista que se le daba con los autos, e igualmente en caso de omitir su opinión, también se le mandaban recoger las actuaciones, con la peculiaridad de que sólo se hacía a petición de parte, salvo en materia penal, en la que se actuaba de oficio.

En resumen, lo relevante en el presente asunto es que para alegar y formular pedimento, se concedían cinco o diez días en los Tribunales Colegiados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, en materia de amparo indirecto en revisión.

Conforme el texto vigente, ya no existe aquel capítulo de alegatos que existió durante el trámite de la revisión de amparos indirectos, lo cual se hizo con el claro propósito de agilizar el trámite de los asuntos, ya que en un caso se desaprovechaban cinco y en otro diez días, en aras de escuchar a las partes en la alzada, no obstante que durante toda la primera instancia tuvieron la oportunidad de ser oídas con toda amplitud.

Esta intención de abreviar el procedimiento es lógico que tuvo que comprender también al plazo que se otorgaba al Ministerio Público para que pidiera lo que a su representación correspondía, pues se hubiera conjurado el objetivo de la reforma si sólo se hubiera suprimido el periodo procesal para que expresaran alegatos el quejoso, las autoridades y el tercero perjudicado, manteniendo abierto el lapso que había para el Ministerio Público, ya que se volvería a caer en el defecto que se pretendía corregir, consistente en aprovechar los cinco o diez días que tanto para expresar alegatos como para formular el pedimento otorgaba la ley, según correspondiera conocer del asunto, en un caso, los Tribunales Colegiados de Circuito, y en otro, la Suprema Corte de Justicia.

La pretensión del legislador se vería truncada si se mantuviera por una mera práctica judicial la apertura de un plazo para que la representación federal emitiera una opinión, durante el trámite de los amparos indirectos en revisión, ya que perdería eficacia la medida legislativa de suprimir los alegatos de las demás partes, si de cualquier manera se le impide al órgano colegiado competente dictar la resolución que corresponda, por tener que esperar la rendición del pedimento del Ministerio Público.

Además, al no haber un periodo legalmente previsto en forma expresa para que el Ministerio Público rinda su pedimento en los amparos indirectos en revisión, se dejaría al libre arbitrio del juzgador dar el plazo genérico de tres días que prevé el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; el de diez días que se prevé para el amparo directo; o el lapso que mejor le parezca bajo su arbitrio judicial, sin que exista una norma legal que le otorgue tal discrecionalidad.

Tampoco existe en amparo indirecto en revisión una disposición legal que autorice entregar los autos al Ministerio Público, en perfecta congruencia lógica con la supresión del derecho que tenía anteriormente para formular la opinión que conviniera a su representación federal, y menos aun alguna norma que autorice al órgano jurisdiccional mandar recoger los autos, ante la ausencia de opinión de aquél, ya que ni se le deben entregar, ni se le debe solicitar pedimento alguno.

Debe tenerse presente que con motivo de las reformas de siete de enero de mil novecientos ochenta, se suprimió la remisión que anteriormente hacía el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo, hacia el artículo 181 del mismo ordenamiento, en el cual se consigna -hasta la fecha- el procedimiento para dar intervención al Ministerio Público en amparo directo, lo cual reafirma con nitidez la intención del legislador de evitar, al máximo, la posibilidad de retrasar el procedimiento con motivo de una intervención de la representación social federal que resultaba ya inoficiosa, porque ésta había tenido oportunidad de participar en toda la secuela procesal de la primera instancia.

Con base en todo lo expuesto, la tesis que debe regir con el carácter de jurisprudencia en los términos de los artículos 192, 193, 195 y 197-A de la Ley de Amparo, es la que sustenta esta Segunda Sala, la cual es del tenor siguiente:

-Tratándose del recurso de revisión en amparo indirecto (segunda instancia del juicio de garantías), el artículo 90 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que es innecesaria la intervención del Ministerio Público Federal a través de un plazo para la imposición de autos y la formulación de un pedimento, porque en esa instancia dicha institución ya conoce la litis del juicio constitucional, al haber tenido la oportunidad para formular pedimento ante el a quo y, además, porque tiene la posibilidad de interponer el recurso de revisión en caso de que se encuentre de por medio el interés público y social, de lo cual resulta que la intervención que el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe conceder a tal repre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21774-de7c65b4/revision-en-amparo-la-ley-de-la-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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