JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES IMPROCEDENTE SU APLICACIÓN TRATÁNDOSE DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES CUANDO LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA RESPECTIVA SE LLEVA A CABO CON POSTERIORIDAD A LA DEROGACIÓN DE LA NORMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presentes los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan:
I. Antecedentes y consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 86/2005:
• Mediante formato 38 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la empresa Servicios Corporativos AHMSA, S.A. de C.V., expidió constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados a favor de su trabajador Vladimiro Ledezma Ríos, por el ejercicio fiscal de 2001, en la que hizo constar, entre otros datos, la cantidad de $9,111.00 como monto de subsidio acreditable.
• Por formato 8 "Declaración del ejercicio personas, físicas, sueldos, salarios y conceptos asimilados", presentado con fecha dos de mayo de dos mil dos, Vladimiro Ledezma Ríos presentó declaración del ejercicio fiscal 2001, en la que se autodeterminó, entre otras, la cantidad de $10,439.00 como subsidio acreditable y la cantidad de $17,938.00 como saldo a favor.
• Con fecha nueve de febrero de dos mil cuatro a través del formato 8 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Vladimiro Ledezma Ríos presentó declaración complementaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2001, en la que modificó los montos que se había aplicado por concepto de subsidio acreditable, y determinó un saldo a favor de $70,811.00 por concepto del impuesto sobre la renta.
• A través del oficio número 322-SAT-05-11-V-1188 de veintisiete de abril de dos mil cuatro la Administración Local de Recaudación de Saltillo, Coahuila, le devolvió la documentación comprobatoria negándole la devolución por presentar diversas inconsistencias.
• No conforme con esta determinación, el trabajador Vladimiro Ledezma Ríos promovió juicio de nulidad, el que se radicó con el número 4816/04-05-02-8 ante la Segunda Sala Regional del Norte, Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien dictó sentencia el diez de noviembre de dos mil cuatro, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
• En contra de esta determinación Vladimiro Ledezma Ríos, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, quien lo tramitó con el número 86/2005, y lo resolvió en sesión del día veintiuno de abril de dos mil cinco, en el sentido de negar el amparo al quejoso con base en las consideraciones siguientes:
"Como se adelantó, este Tribunal Colegiado considera infundados los diversos argumentos que conforman el único concepto de violación de la demanda de amparo, ya que contrariamente a las afirmaciones del quejoso, la Sala Fiscal responsable se ajustó a derecho al considerar que, en el caso, en la resolución impugnada en el juicio de nulidad, resultaba improcedente la aplicación de la jurisprudencia clave 2a./J. 21/2003, invocada en el escrito inicial de demanda, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2003, página 197, con el rubro: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, APTAS PARA REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES.’. Se dice lo anterior, porque con independencia de lo que estableció la Sala responsable en la sentencia reclamada, en el sentido de que la negativa de devolución de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil uno, contenida en la resolución impugnada en el juicio de nulidad, no se trataba del primer acto de aplicación del artículo 80-A, párrafo quinto, de la ley de la materia, vigente en el ejercicio fiscal en comento, que fue la disposición legal declarada inconstitucional en la jurisprudencia antes referida, pues según lo estimó la propia Sala Fiscal, fue desde la presentación de la declaración normal relativa a la contribución que nos ocupa, ocurrida en fecha dos de mayo de dos mil dos, como consta en el formulario respectivo, visible en la foja 22 del expediente de nulidad; cuando el contribuyente, aquí quejoso, aplicó por vez primera la proporción de subsidio acreditable, a que se refiere la disposición legal en comento, utilizando para dicho propósito los datos que su patrón le dio a conocer en la ‘Constancia de percepciones y retenciones para efectos del impuesto sobre la renta’; razón por la que si la resolución impugnada en el juicio de nulidad, contenía un acto posterior de aplicación de esa misma norma, entonces dicha circunstancia impedía que en la sentencia reclamada se observara, en beneficio del contribuyente, la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 80-A, párrafo quinto, a que nos hemos estado refiriendo. Sin embargo, se considera correcta esta conclusión, porque si bien es cierto que en la jurisprudencia clave P./J. 38/2002, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2002, página 5, identificada con el rubro: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’, se señala que el tribunal administrativo de referencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se encuentra obligado a observar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se declara la inconstitucionalidad de una ley; en la especie, no menos cierto resulta, que dicha observancia se encuentra condicionada a que resulte procedente la aplicación de la jurisprudencia, debiéndose entender que esto último no se presenta cuando el quejoso consintió por manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento, la norma declarada inconstitucional, pues en ese caso será improcedente la utilización de la jurisprudencia respectiva, como sucedió en la especie, tratándose del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en que se apoyó la negativa de devolución controvertida. En razón de lo anterior, contrariamente a lo expuesto por el quejoso, la Sala Fiscal se encontraba legalmente impedida para velar por la aplicación del criterio jurisprudencial en donde se declaró la inconstitucionalidad de la norma en comento, al juzgar la legalidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, porque ello habría implicado reconocer efectos retroactivos a la aplicación de la jurisprudencia respecto de una ley que el contribuyente consintió por manifestaciones de voluntad que entrañaron ese consentimiento, en los términos previstos en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, al presentar la declaración normal en la que tomó en cuenta el subsidio acreditable que calculó su patrón, aplicando lo dispuesto en el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual resulta indudable que con base en la declaración complementaria, en la que modificó la proporción de subsidio acreditable calculado por el patrón, tuviera otra oportunidad procesal el contribuyente no prevista en nuestro sistema legal para cuestionar la constitucionalidad de una norma a partir de una instancia administrativa, como es la solicitud de devolución de impuestos, no obstante que ya había consentido por manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento dicha norma jurídica al presentar su declaración normal. Respecto a estas cuestiones es aplicable en lo conducente y sustancial la tesis clave I.4o.A.400 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, diciembre de 2003, página 1365, citada en la sentencia reclamada, con los siguientes rubro y texto: ‘CONSULTAS FISCALES O SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. REGLAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.’ (se transcribe). En este orden de ideas, resulta infundado que en el concepto de violación bajo análisis, se señale que en la sentencia reclamada debió dársele eficacia jurídica a la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; ya que sobre el particular, este Tribunal Colegiado considera que, precisamente, en el artículo 81 en comento, se prevé que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, que en la especie tendió a demostrar la indebida fundamentación de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, por apoyarse en una norma declarada inconstitucional, es por esta razón, que era improcedente la aplicación de dicha jurisprudencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, porque la falta de aplicación de la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no podía justificarse porque, en el caso, existen manifestaciones de voluntad del quejoso que entrañan el consentimiento de la norma tildada de inconstitucional, pues con fecha dos de mayo de dos mil dos, el contribuyente presentó su declaración normal anual del impuesto sobre la renta, del ejercicio fiscal del año dos mil uno, considerando la proporción de subsidio acreditable que calculó su patrón; por lo que tomando en cuenta lo anterior, en opinión de quienes esto resuelven, se considera improcedente la aplicación de la jurisprudencia en comento, porque en este caso el contribuyente, aquí quejoso, había consentido por manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento, la ley declarada inconstitucional, en los términos previstos en el artículo 73, fracción XI, última parte, de la Ley de Amparo, que para mejor proveer se transcribe a continuación: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Ahora bien, del precepto legal antes transcrito se puede concluir que la constitucionalidad de dicha norma fue consentida por manifestaciones de voluntad que entrañaron ese consentimiento, en los términos previstos en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, como al efecto sucedió en el caso del contribuyente, aquí quejoso, respecto al primer acto de aplicación del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que como se dijo previamente, ocurrió el día dos de mayo de dos mil dos, al presentar la declaración normal anual del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año de dos mil uno, utilizando precisamente la proporción del subsidio acreditable, cuyo cálculo se encuentra previsto en el artículo 80-A, párrafo quinto, en comento, con lo que se comprueba, como queda asentado, hubo manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento de dicha norma tributaria, en los términos previstos en el artículo 73, fracción XI, en cita, por lo cual el concepto de violación sobre inconstitucionalidad de dicha norma, asimismo, resulta inoperante. En este orden de ideas, si en el caso el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el quejoso lo consintió por manifestaciones de voluntad que entrañaron ese consentimiento, en los términos previstos en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, a partir del primer acto de aplicación referido, lo que evidentemente implica que dicho gobernado ya no podía atacar con posterioridad la constitucionalidad del precitado artículo 80-A, párrafo quinto, así fuere confrontándola en contra de una norma constitucional, en los términos señalados en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, o solicitando a su favor la aplicación de una jurisprudencia que haya declarado la inconstitucionalidad de dicho precepto legal ... Por ello, es que resulta apegado a derecho que en el juicio contencioso administrativo, para examinar la aplicación de la jurisprudencia en donde se declaró la inconstitucionalidad del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Sala Fiscal haya examinado si en el caso concreto existía algún acto anterior de aplicación de la ley impugnada, que hiciera improcedente la aplicación de la jurisprudencia en comento, como sucedió en la especie, según se ha comprobado a lo largo de esta ejecutoria, por lo que en estas condiciones, ningún agravio causa al quejoso que la Sala Fiscal haya dejado de aplicar el criterio jurisprudencial a que alude, puesto que se demostró que la resolución impugnada en el juicio de nulidad, en realidad contenía un acto de aplicación de la ley cuestionada, posterior a la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil uno, que como se ha explicado con anterioridad, fue el momento en el que el contribuyente aplicó por vez primera la regulación contenida en la disposición legal en cita, y de ahí lo infundado de esta parte del concepto de violación bajo análisis. Por tanto, en estas condiciones, debe decirse que ni aun en el supuesto de que se considerara que procede la aplicación de la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de un segundo o ulterior acto de aplicación, podría concederse la tutela constitucional para los efectos solicitados por el quejoso, en atención a que precisamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido mediante el criterio jurisprudencial que más adelante se cita, que la devolución de impuestos solicitada por un contribuyente, derivada de un pronunciamiento jurisdiccional donde se aplicó una jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de una ley, solamente procede respecto de los pagos efectuados con posterioridad a la presentación de la instancia administrativa. En consecuencia, si en la especie, la declaración complementaria del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil uno, donde resultó el saldo a favor solicitado en devolución por el contribuyente, aquí quejoso, fue presentada el día nueve de febrero de dos mil cuatro, luego entonces, los efectos de una eventual sentencia favorable a los intereses del quejoso en contra de un segundo o ulterior acto de aplicación del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente versaría sobre pagos posteriores a esa fecha; pero como se dijo con antelación, en este caso la pretensión del contribuyente tenía por objeto que se autorizara la devolución de impuestos ya pagados, siendo por esta razón que las tesis aisladas citadas en la demanda de garantías no son aplicables para el caso que nos ocupa, pues en el momento en que el contribuyente realizó el pago del impuesto solicitado en devolución, tenía plena eficacia jurídica la disposición contenida en el artículo 80-A, párrafo quinto, en cita, y de ahí que los pagos realizados con anterioridad a la presentación de la instancia administrativa del contribuyente, aquí quejoso, de la que derivó la resolución impugnada en el juicio de nulidad, sería improcedente que se ordenara su devolución mediante pronunciamiento jurisdiccional ..."
II. Antecedentes y consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 80/2005 en sesión del día treinta y uno de marzo de dos mil cinco.
• Con fecha veinte de febrero de dos mil tres, Florencio García Maldonado presentó declaración anual normal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001 en la que se determinó un saldo a favor de $9,072.00, cuya devolución solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Mediante oficio número 322/SAT-05-2-V-222 de doce de marzo de dos mil tres, el administrador local de Recaudación de Saltillo, Coahuila, le negó la devolución de esta cantidad solicitada.
• No conforme con esta determinación, Florencio García Maldonado promovió demanda de nulidad, la que se tramitó con el número de juicio 1187/03-05-01-9 del índice de la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien dictó sentencia el quince de julio de dos mil tres, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad hacendaria devolviera al contribuyente la cantidad total solicitada.
• En contra de esta determinación, el administrador local Jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, quien lo tramitó con el número 148/2003 y dictó resolución el veintinueve de octubre de dos mil tres, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, motivo por el cual la autoridad procedió a efectuar la devolución de la cantidad de $9,072.00 a Florencio García Maldonado, determinada en la declaración normal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001.
• El diez de marzo de dos mil cuatro, el contribuyente Florencio García Maldonado presentó declaración complementaria correspondiente al ejercicio de 2001 en la que determinó un saldo a su favor de $11,570.00, cuya devolución solicitó a la autoridad hacendaria.
• Mediante resolución contenida en el oficio número 322/SAT-05-II-V-1291 de fecha treinta de abril de dos mil cuatro, el administrador local de Recaudación de Saltillo, negó al contribuyente la devolución de la cantidad solicitada.
• No conforme con esta determinación Florencio García Maldonado promovió juicio de nulidad del que conoció la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien tramitó el expediente con el número 4675/04-05-02-4 y dictó sentencia el diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.
• En contra de esta sentencia definitiva, el contribuyente Florencio García Maldonado promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el número de expediente amparo directo administrativo 80/2005 y dictó sentencia el treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en el sentido de conceder el amparo al quejoso, con base en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. ... Es fundado lo planteado en el apartado primero de conceptos de violación. En efecto, tal como lo sostiene el quejoso, en el caso no puede considerarse que se actualiza la preclusión de su derecho a ventilar en juicio la legalidad de lo asentado en su declaración complementaria y que derivó en la obtención del saldo a favor que solicita, en atención a que el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación establece a favor de los contribuyentes la posibilidad de corregir y modificar las declaraciones presentadas hasta por tres ocasiones, lo que determina que en cada corrección o modificación puede variar su situación frente al fisco. Dicho precepto legal establece: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). De lo preceptuado por el artículo transcrito se desprende que las declaraciones normales del ejercicio tendrán el carácter de definitivas; sin embargo, podrán modificarse por el propio contribuyente mediante la presentación de declaraciones complementarias hasta por tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Esto es, si se toma en cuenta que por regla general las declaraciones normales del ejercicio se pueden modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, y que ello puede dar lugar a que se alteren sustancialmente los resultados declarados inicialmente, entonces, es evidente que cabe la posibilidad de que el saldo a favor cuya devolución se pide no se refleje en la declaración normal del mismo, sino hasta la primera, segunda o tercera declaración complementaria, con motivo de los ajustes que se realicen a los datos aportados en aquélla. Ahora bien, la preclusión deriva del latín pre, antes y claudo, cerrado, y se actualiza por la extinción de la facultad procesal que no se usó en tiempo propio por la consumación por uso de la facultad procesal, ya que ejercitado el acto de que se trata, no es posible volver a realizarlo, aun sea con el pretexto de mejorarlo o integrarlo con elementos omitidos en la primera oportunidad, o bien, por haberse agotado la actividad procesal respecto al tema, existiendo decisión jurisdiccional al respecto, lo que se identifica con la cosa juzgada. En la especie, no se concreta la figura de la preclusión. Es cierto que por declaración normal correspondiente al ejercicio de dos mil uno, el actor determinó un saldo en su favor por nueve mil quinientos sesenta y dos pesos, cuya devolución solicitó, siendo negada por la autoridad administrativa, lo que motivó que Florencio García Maldonado promoviera el juicio de nulidad que fue radicado con el número 1187/03-05-01-9, del índice de la Primera Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien mediante sentencia de quince de julio dos mil tres, ordenó que se autorizara la devolución solicitada. Sin embargo, no por ello puede sostenerse que precluyó su derecho, en atención a que, en primer lugar, en aquel juicio no se analizó la legalidad del procedimiento para el cálculo del subsidio acreditable, sino el procedimiento para la aplicación del crédito general que establece el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en segundo lugar, mediante declaración complementaria el particular modificó su situación fiscal, precisamente en lo que atañe al rubro del cálculo del subsidio acreditable, de lo que hizo derivar un resultado favorable a sus intereses, pues dio lugar a la existencia de un saldo a favor, cuya devolución solicitó y le fue negada en el acto impugnado. Conforme a lo expuesto, resulta inconcuso que si la ley otorga al particular la facultad de modificar hasta por tres ocasiones su declaración normal del ejercicio, y tal modificación incide en una diversa situación del gobernado frente al fisco, es obvio que cada modificación a su declaración genera derechos u obligaciones y, en consecuencia, si el saldo a favor cuya devolución se pretende, deriva precisamente de una nueva situación fiscal generada por la presentación de una declaración complementaria en la que se modificó la normal del ejercicio, no puede considerarse que precluyó el derecho del gobernado a ventilar en juicio la legalidad del cálculo realizado en la complementaria, dado que la figura de la preclusión se encuentra íntimamente ligada al aspecto temporal de la reclamación, de tal suerte que si es precisamente en la modificación de la normal, mediante la declaración complementaria, de donde el gobernado hace surgir el derecho a la devolución, de ninguna forma puede considerarse precluida la acción correspondiente. En el segundo apartado de los conceptos de violación se esgrime que la Sala responsable está obligada a aplicar la jurisprudencia, sin que ello implique que se pronuncie sobre inconstitucionalidad de leyes, sino únicamente el resolver que un acto de autoridad se encuentra indebidamente fundado y motivado al apoyarse en la ley declarada inconstitucional. Que no resultaría legal la aplicación de la jurisprudencia, si no fuera acorde con los elementos del juicio donde se aplica, o se razona en forma ilógica o incongruente para forzar su aplicación. Que la sentencia combatida para declarar la validez de la resolución administrativa impugnada en el juicio natural, se funda en el artículo 80-A, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ha sido declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que la Sala responsable omite aplicarla aun cuando es exactamente aplicable al presente asunto, por lo que viola el citado artículo 192 de la Ley de Amparo, pues incluso puede hacerlo en suplencia de la deficiencia de la queja ... . Los resumidos conceptos de violación resultan también fundados, en atención a que, contrariamente a lo establecido en el acto reclamado, el quejoso en su demanda de nulidad reclamó la ilegalidad de la resolución impugnada, por haberse apoyado en un precepto legal que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo disponen: (se transcriben). Del contexto de los preceptos legales transcritos se aprecia que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas es obligatoria, entre otros órganos jurisdiccionales, para los tribunales administrativos, como en el caso lo es para la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es un tribunal administrativo. Así pues, como bien lo señala el aquí quejoso, el planteamiento que realizó en su demanda de nulidad fue la ilegalidad de la resolución impugnada, por apoyarse en un precepto legal que ha sido declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implica que la autoridad responsable, al momento de emitir el acto aquí reclamado, estaba obligada a la aplicación de la jurisprudencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no en función de la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, sino porque el acto impugnado en el juicio de nulidad se apoya precisamente en ese precepto declarado inconstitucional. Al efecto, en la resolución impugnada, visible a fojas dieciocho del juicio de nulidad 4675/04-05-02-4, la autoridad demandada adujo como motivo de la negativa a la devolución del saldo a favor determinado por el contribuyente aquí quejoso, lo siguiente: (se transcribe). De lo que se aprecia que la autoridad demandada apoyó su negativa de devolución en que el contribuyente no se sujetó a lo establecido por el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 44, publicada en el Apéndice de 2002, Tomo I, Constitucional, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 67, Novena Época, que a la letra dice: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PARA EFECTOS DE REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES.’ (se transcribe). En este contexto, como bien lo aduce el quejoso, si el acto impugnado se apoyó en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y este precepto legal ya fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; luego entonces, sí estaba obligada la Sala responsable a aplicar la jurisprudencia aludida, no para reiterar la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, sino para establecer la ilegalidad de la resolución impugnada, por fundarse en un precepto ya declarado inconstitucional. Al caso es aplicable la jurisprudencia 38/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/2002, localizable en la página 5 del Tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’ (se transcribe). Por ende, son incorrectas las consideraciones de la Sala responsable, en el sentido de que no procede la aplicación de la jurisprudencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del precepto en cita, argumentando que no se trata del primer acto de aplicación, el cual estimó que aconteció el veinte de febrero de dos mil tres, fecha en la que el aquí quejoso presentó su declaración normal del ejercicio fiscal de dos mil uno, y que, por ende, se trata de un acto consentido, conforme al artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque además de que estas disposiciones no sólo son aplicables por autoridades de amparo en el juicio de la misma naturaleza, en la especie no se planteó la inconstitucionalidad del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino la ilegalidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, por haberse fundamentado en ese precepto legal, que ya fue declarado inconstitucional."
III. Antecedentes y consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 15/2005 en sesión del día tres de marzo de dos mil cinco.
• El veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el contribuyente José Luis Martínez de León presentó declaración normal correspondiente al ejercicio normal de 1998, mediante formato de personas físicas, sueldos, salarios y conceptos asimilados en materia del impuesto sobre la renta, en la que se determinó un saldo a favor de $8,947.00, cuya devolución solicitó a la auto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19292-0fb796ab/jurisprudencia-sobre-inconstitucionalidad-de-leyes-es-improcedente-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CONDICIONES PARA QUE LA CESIONARIA ACREDITE SU LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER ACCIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE CESIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 93 DE L (CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2005-PS)
- COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y REVISADAS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2005-PS)
- ABOGADOS PROCURADORES. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA TENERLOS POR AUTORIZADOS PARA ARTICULAR POSICIONES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2005-PS)
- QUERELLA EN LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. LOS SUBDELEGADOS LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ESTÁN FACULTADOS PARA PRESENTARLA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2008-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- RESOLUCIONES QUE NO CAUSAN ESTADO. (XX.71 K)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis