INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CONDICIONES PARA QUE LA CESIONARIA ACREDITE SU LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER ACCIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE CESIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO-Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que prevalecerá, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
CUARTO. De la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil cuatro, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo civil 89/2004, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Vilchiz Sierra, José de Jesús Ortega de la Peña (ponente) y José Luis Sierra López, se advierte lo siguiente:
1. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil tres, ante el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Civil de León, Guanajuato, Alejandro Mora Vanegas, en su carácter de apoderado de Recuperfin I, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, demandó en la vía ordinaria mercantil a María Socorro Maldonado Zurita, reclamándole, entre otras prestaciones, el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito para vivienda de interés social.
2. La parte demandada dio contestación en tiempo y forma a la demanda, oponiendo como excepciones y defensas, entre otras, la carencia de derecho de la actora para ejercitar la acción, lo anterior, por falta de legitimación activa, al considerar que la documental con la cual pretende acreditar su personalidad y titularidad del crédito reclamado, que lo es la escritura pública, en la cual se ceden onerosamente los derechos de crédito de diversos créditos, incluidos el de la demandada, dicha cesión no reúne los requisitos legales previstos en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.
3. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, el Juez del conocimiento, el dieciséis de octubre de dos mil tres, pronunció sentencia en la que resolvió procedente la excepción de falta de legitimación activa, absolviendo a la parte demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas y condenándose a la actora al pago de costas.
4. Inconforme con lo anterior, Recuperfin I, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien lo registró con el número de toca 543/2003, y el veintisiete de noviembre de dos mil tres pronunció sentencia en la que confirmó la sentencia recurrida y condenó a la actora al pago de las costas erogadas en ambas instancias.
5. En contra de dicha resolución, Recuperfin I, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil cuatro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.
6. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, a quien por razón de turno conoció del juicio de amparo, el cinco de marzo de dos mil cuatro, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, al considerar, en lo conducente, lo siguiente:
Determinó, por una parte, infundados y, por otra, inoperantes los conceptos de violación formulados.
El primero lo consideró infundado, al señalar que la demandada en el juicio de amparo tercero perjudicada, se excepcionó indicando que la institución de crédito que cedió el crédito a la actora no reunía los requisitos legales que preveía el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que de las documentales exhibidas no se desprendía que contara con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ceder su crédito.
Por tanto, dicha aseveración es en sentido negativo, es decir, que la institución que cedió el crédito a su contraria no demostraba haber tenido autorización para cederlo; sin que dicha negativa, por tanto, implique una afirmación expresa de un hecho, y sin que, por otra parte, la quejosa indique en qué consistiría, a su juicio, esa afirmación expresa de un hecho, pues se limita a señalar que se hallaba obligada a probar en ese sentido, pero sin indicar qué hecho sería ese.
Sin que pueda tenerse por afirmación expresa el que se "hubiera omitido" obtener permiso de la autoridad correspondiente, ya que esa omisión es, precisamente, el hecho negativo que sostiene la demandada, ahora tercero perjudicada, al aseverar que no se probaba que hubiera obtenido la autorización mencionada.
Por tanto, de concluir que le asiste razón a la impetrante de garantías, la previsión del artículo 1195 del Código de Comercio sería nugatoria, ya que el hecho negativo consistente en que no se hubiera hecho algo, siempre podría cambiarse a abstenerse de hacer algo, sin que por ello pueda concluirse que deban probarse las abstenciones de alguien, ya que las mismas son, precisamente, un no actuar, es decir, no realizar determinada conducta. Así, probar la abstención implica acreditar un hecho negativo, lo cual, de acuerdo con el artículo citado, no corresponde a quien lo sostiene; esto es, en el caso concreto correspondía a la ahora quejosa probar el hecho negado por la tercero perjudicada, consistente en la existencia de la autorización mencionada.
Asimismo, el hecho de que el artículo 1194 del citado ordenamiento prevea que la reo debe probar sus excepciones, debe interpretarse armónicamente con lo establecido en el diverso 1195, por lo que si una excepción se basa en un hecho negativo, entonces, no es obligación del reo probar el mismo, sino de la contraria acreditar que sí se realizó el actuar positivo, a fin de que no se tenga por automáticamente acreditada la defensa de la contraparte.
Declaró infundado el segundo concepto de violación, ya que estableció que de la lectura de los artículos 93 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que, efectivamente, una institución crediticia únicamente puede ceder (como en el caso) o descontar cartera con el Banco de México o con cualquier otra institución de crédito, o bien, con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, y que cualquier otra excepción a tal disposición podrá hacerse mediante reglas de carácter general, a través de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estableció que la cesión de derechos en el presente asunto quedó plasmada en la escritura pública número 28,996, tirada ante la fe del notario público número ciento dos del Distrito Federal, el trece de septiembre de dos mil uno, y en relación con la autorización referida en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, se estableció, en el capítulo de declaraciones, que está autorizada para operar como institución de banca múltiple, por lo que cuenta con las facultades necesarias para la celebración y cumplimiento del contrato.
Asimismo, agregó que, entre los documentos del apéndice del notario, se agregó el contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos, de fecha catorce de agosto de dos mil uno, celebrado entre Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como cedente, y Recuperfin I, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como cesionario, mismo en el que en el inciso g) del capítulo de declaraciones se plasmó que cuenta con todas las autorizaciones (gubernamentales o de cualquier otra naturaleza) necesarias para celebrar el presente contrato y para cumplir con sus obligaciones derivadas del mismo.
El Tribunal Colegiado señaló que de lo anterior, únicamente se desprendía que la cedente manifestó unilateralmente contar con las autorizaciones necesarias para realizar el acto (cesión), mas ello no lleva a concluir que efectivamente hubiera contado con ellas, toda vez que la autorización a que se refiere el artículo 193 de la Ley de Instituciones de Crédito no aparecía relacionada en el apéndice del fedatario público, ni como parte integrante del acuerdo de voluntades entre cedente y cesionario.
Por tanto, no es por tales "indicios", como los denomina la quejosa, a través de los cuales se pueda llegar a conocer que la cedente contaba con las autorizaciones necesarias para ceder el crédito, sino que, al oponerse la excepción correspondiente, era su deber probar en contra de la misma, de manera fehaciente, en términos de lo previsto por el artículo 1194 del Código de Comercio y no mediante la lectura de lo que en su oportunidad las partes contratantes hubieran manifestado de manera unilateral.
El Tribunal Colegiado siguió el mismo criterio al resolver los amparos directos número 424/2004, 546/2004, 675/2004, 72/2005 y 73/2005, es decir, consideró necesario que cuando las instituciones de crédito cedan o descuenten su cartera con otras instituciones diferentes al Banco de México, otras instituciones de crédito o los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, deben obtener la autorización correspondiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ésta debe hacerse constar fehacientemente, de manera que para celebrar la citada cesión, el notario público debe insertar las autorizaciones necesarias, o bien, adjuntarlas al testimonio que expidió, a fin de que en caso de que se demande alguna prestación relacionada con este acto jurídico, el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de analizar dichas autorizaciones, comprobando así la legitimación en la causa.
QUINTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada en el amparo directo civil número 77/2005, promovido por Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas, Gabriel Jorge Vargas Ruiz, resuelto el treinta y uno de marzo de dos mil cinco, por unanimidad de tres votos de los Magistrados Alejandro de Jesús Baltazar Robles, José de Jesús Quesada Sánchez y Víctor Manuel Estrada Jungo, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:
1. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil tres, en la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de León, Guanajuato, turnado al Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, Gabriel Jorge Vargas Ruiz, demandó en la vía ordinaria mercantil de Héctor Rodríguez Quiroz y Magdalena Rocha Morales, el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, contenido en la escritura pública setecientos nueve de trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, tirada ante la fe del notario público número noventa y ocho de León, Guanajuato.
2. Los demandados dieron contestación en tiempo y forma a la demanda, oponiendo como excepciones y defensas, entre otras, la carencia de derecho para ejercitar la acción y la falta de legitimación activa, al considerar que la documental con la cual pretende acreditar su pretensión, que lo es la póliza 2,614, no contiene la autorización que debió expedirse conforme con el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.
3. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, el Juez del conocimiento, el veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, pronunció sentencia en la que resolvió que toda vez que Gabriel Jorge Vargas Ruiz fue omiso en acompañar la documental idónea a través de la cual se deduzca que existe autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se pudiera ceder o descontar con personas ajenas a las que habla el numeral 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de justificar que se encuentra legitimado para obtener esos derechos crediticios por cesión, por lo que dejó a salvo sus derechos y lo condenó al pago de costas.
4. Inconforme con lo anterior, Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado general, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien lo registró con el número de toca 532/2004, y el treinta de noviembre de dos mil cuatro, pronunció resolución en la que confirmó la sentencia recurrida y condenó a la actora al pago de las costas erogadas en ambas instancias.
5. En contra de dicha resolución, Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado general, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.
6. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, a quien por razón de turno conoció del juicio de amparo, el treinta y uno de marzo de dos mil cinco, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, se dictara otra en la cual, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declarara fundado el agravio consistente en que los demandados carecen de legitimación para inconformarse en torno a los vicios y errores de los que supuestamente adolece la cesión de derechos realizada por Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer, a favor de la aquí quejosa Sólida Administradora de Portafolios Sociedad Anónima de Capital Variable y, por ende, con plenitud de jurisdicción abordara el resto de la litis planteada resolviendo lo que en derecho procediera.
Para establecer que son fundados los conceptos de violación expuestos, luego de transcribir el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito y hacer referencia a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consideró que al margen de que no se haya acompañado a la demanda prueba documental de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resulta suficiente que en el apartado de declaraciones del instrumento público dos mil seiscientos catorce, de veintiuno de junio de dos mil dos, que contiene la formalización del contrato de cesión onerosa de créditos a favor de la actora, se asentara la declaración de la institución bancaria cedente, de que contaba con todas las autorizaciones gubernamentales o de cualquier otra naturaleza necesarias para celebrar el contrato y para cumplir con las obligaciones derivadas del mismo, habida cuenta que de no ser cierto, esto es, que no contara con la autorización de la comisión, esa conducta sólo tendría efectos administrativos para el banco infractor de las directrices de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no priva al cesionario del crédito de su calidad de nuevo titular, ni por supuesto del derecho a exigir su pago al acreditado y demás obligados.
Por tanto, aunque ciertamente como bien apuntó la Sala responsable, la cartera de las instituciones de crédito sí puede ser objeto de cesión o descuento sin ninguna restricción, con la única limitante de que cuando se haga a favor de personas ajenas a la banca, se requiere autorización del organismo público antes referido; empero, la falta de la mencionada autorización no tiene efectos sustantivos ni priva al adquirente de legitimación activa en la causa.
En ese contexto, teniendo en cuenta que en el caso Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, acudió ante el juzgado de origen a reclamar en la vía ordinaria mercantil el pago de diversas prestaciones a cargo de Héctor Rodríguez Quiroz y Magdalena Rocha Morales; que exhibió como documentos fundatorios de la acción, el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer, en su calidad de acreditante, y los demandados, en cuanto acreditados; así como el contrato de cesión de derechos de documentos de cobro, celebrado entre la institución bancaria aludida, en cuanto cedente, y la sociedad actora, en su carácter de cesionaria; es evidente que los aquí tercero perjudicados no tienen legitimación para inconformarse en torno a los vicios y errores de los que supuestamente adolece la transmisión de derechos, por cuanto que, como se tiene dicho, éstos únicamente pueden hacerse valer por el cesionario o por el cedente, que son quienes intervinieron en la operación contractual, no así por los deudores quienes si bien resultaron afectados por la transmisión, sólo están facultados, por una parte, a exigir la exhibición del documento en el que conste el crédito, o bien, la transferencia del mismo, a efecto de verificar que realmente se realizó la cesión y saber a quién deben hacer el pago de lo debido; y, por otra, a oponer no sólo las excepciones que tuvieren contra el cedente, sino también en relación con el cesionario; motivo por el cual, se insiste, aun cuando existieran vicios en la cesión del crédito, mientras se le haya notificado la celebración de dicho acto jurídico, los reos tienen la obligación de pagar al cesionario las sumas que resulten conforme a derecho.
Cabe señalar que criterio similar sostuvo dicho órgano jurisdiccional al resolver por unanimidad de votos los amparos directos 808/2000 y 180/2004.
SEXTO. De lo hasta ahora expuesto se advierte que sí se produce la discrepancia de criterios, habida cuenta que ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los tribunales pronunció una solución opuesta, dado que difieren en la manera de cómo debe tenerse por acreditada la legitimación activa en la causa de la parte actora, con base en la interpretación del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En efecto, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes en la contradicción de tesis emitieron sus consideraciones teniendo como denominador común el examen del artículo mencionado, pero arribaron a conclusiones jurídicamente discrepantes, basados sustancialmente en los criterios siguientes:
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 89/2004, 424/2004, 546/2004, 675/2004, 72/2005 y 73/2005, en las consideraciones que son discrepantes con el criterio del Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, básicamente sostuvo que conforme con el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones de crédito podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México, otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, y que cualquier excepción a tal disposición podrá hacerse mediante reglas de carácter general a través de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por tanto, conforme con lo que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado, dicha autorización debe de transcribirse o adjuntarse al testimonio público por el que se protocolice la cesión de derechos crediticios, de tal manera que se pueda comprobar de manera fehaciente que se cuenta con la referida autorización.
Entonces, no basta la declaración unilateral en el instrumento notarial de que se cuenta con la autorización en cuestión, sino que ésta debe hacerse constar fehacientemente para poder acreditar la legitimación en la causa, para efectos de que el cesionario del crédito pueda ostentar su calidad como nuevo titular o de exigir el pago al acreditado y demás obligados.
Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil número 77/2005, contrariamente a lo argumentado por Tercer Tribunal, en las consideraciones sostuvo que cuando las instituciones de crédito realicen la cesión o descuento de su cartera, con personas ajenas a la banca, debiendo contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resulta suficiente que en el instrumento notarial en el cual conste dicha cesión de crédito, se asiente la declaración de que la institución de crédito cedente cuenta con todas las autorizaciones gubernamentales o de cualquier otra naturaleza, necesarias para celebrar el contrato de cesión y cumplir con las obligaciones inherentes al mismo.
Por tanto, sostiene el Primer Tribunal que aunque la cartera de las instituciones de crédito sí puede ser objeto de cesión o descuento con personas diferentes al Banco de México, otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, con la limitante de que cuando se haga a favor de personas diferentes a las mencionadas, se debe obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la falta de ésta no tiene efectos sustantivos ni priva al adquirente de legitimación activa en la causa, para efectos de que el cesionario del crédito pueda ostentar su calidad como nuevo titular o de exigir el pago al acreditado y demás obligados.
En estas circunstancias, debe concluirse que los fallos emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito sí reúnen los requisitos necesarios para generar una contradicción de tesis, pues al resolver los respectivos amparos directos, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes.
Pues bien, de acuerdo con los criterios anteriores, el punto materia de la contradicción consistirá en determinar si, conforme con el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando una institución de crédito cede o descuenta su cartera a favor de personas ajenas a la banca, es decir, diferentes al Banco de México, otras instituciones de crédito o fideicomisos gubernamentales creados para el fomento económico, es necesario que en el testimonio público correspondiente se inserte o adjunte "la autorización" que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de manera que se pueda hacer constar de manera fehaciente que se cuenta con la misma; o por el contrario, si basta con la simple mención unilateral en el testimonio notarial de que se cuenta con dicha autorización. Lo anterior para efectos de que el cesionario del crédito esté en condiciones de acreditar en juicio que cuenta con la legitimación activa en la causa.
Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia que se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SÉPTIMO. Como quedó establecido precedentemente, en la especie existe la contradicción de criterios toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes al analizar en las ejecutorias relativas el mismo problema jurídico, concluyeron de manera distinta.
Así, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, para desestimar por infundado el concepto de violación expresado por el quejoso en su demanda de garantías, luego de interpretar el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito y referir que la cesión de derechos quedó plasmada en la escritura pública 28,996 de la Notaría Pública 102 del Distrito Federal de trece de septiembre de dos mil uno, y que en relación con la autorización referida en el citado numeral, en las declaraciones relativas se estableció que la institución cedente contaba con las facultades necesarias para la celebración y cumplimiento del contrato de cesión, además de que la declaración 1, inciso g) del contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos de catorce de agosto de dos mil uno, celebrado entre Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como cedente, y Recuperfin I, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como cesionario, se estableció que la institución cedente "cuenta con todas las autorizaciones (gubernamentales o de cualquier otra naturaleza) necesarias para celebrar el presente contrato y para cumplir con sus obligaciones derivadas del mismo".
De esta manera el Tribunal Colegiado determinó que en ambos actos la cedente manifestó unilateralmente contar con las autorizaciones necesarias para realizar el acto (cesión) referido, mas ello no lleva a concluir que efectivamente hubiera contado con ellas, toda vez que la autorización a que se refiere el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, no aparece relacionada en el apéndice del fedatario público, ni como parte integrante del acuerdo de voluntades entre cedente y cesionario.
Agrega dicho tribunal que no es con tales "indicios", como lo denomina la quejosa, a través de los cuales se llegue a conocer que la cedente contaba con las autorizaciones necesarias para celebrar la cesión del crédito, sino que, al oponerse la excepción correspondiente, era su deber probar en contra de la misma de manera fehaciente, en términos de lo previsto por el artículo 1194 del Código de Comercio, y no mediante la lectura de lo que en su oportunidad las partes contratantes hubieren manifestado de manera unilateral.
Se aprecia de lo anterior que el Tercer Tribunal Colegiado esencialmente concluye con lo siguiente:
a) Que de conformidad con el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, una institución crediticia únicamente puede ceder o descontar de su cartera con el Banco de México o con cualquier otra institución de crédito, o bien, con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico.
b) Que cualquier excepción a tal disposición podrá hacerse mediante reglas de carácter general a través de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
c) Que debe constar de manera fehaciente la citada autorización, en el instrumento notarial que contenga el respectivo contrato de cesión de derechos.
Pues bien, de acuerdo con el criterio anterior, el citado Tribunal Colegiado refiere que en el caso de excepción citado se debe contar con "autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", esto es, en un acto administrativo que emane del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual debe constar fehacientemente en el instrumento notarial que contenga el contrato de cesión de derechos.
En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, luego de transcribir el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito y referirse en lo conducente al artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, determinó:
a) Que al margen de que no se haya acompañado a la demanda prueba documental de la "autorización" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resulta suficiente que en el apartado de declaraciones del instrumento público 2,614, de veintiuno de junio de dos mil dos, que contiene la formalización del contrato de cesión onerosa de créditos a favor de la actora, se asentara la declaración de la institución bancaria cedente, de que contaba con todas "las autorizaciones" gubernamentales o de cualquier otra naturaleza necesar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19328-e6498766/instituciones-de-credito-condiciones-para-que-la-cesionaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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