JURISDICCIÓN CONCURRENTE. LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO TIENEN COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE JUECES DE DISTRITO CUANDO SE ALEGUE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN MATERIA PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que la materia sobre la que versa la contradicción, si bien referida al juicio de amparo indirecto se circunscribe al ámbito penal, que es de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de Circuito y, por ello, su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, según la cual podrán denunciar la contradicción dichos funcionarios.
TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis), deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Cuarto Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito.
CUARTO. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Este órgano jurisdiccional conoció del caso siguiente: un sujeto pidió amparo en la vía indirecta en contra del auto de formal prisión emitido por un Juez Federal con residencia en Ensenada, Baja California. En sus conceptos de violación adujo violaciones directas a la Constitución (respecto de los artículos 14, 16 y 19).
Dirigió su demanda a un Tribunal Unitario de Circuito y la presentó ante la oficialía de partes de dichos órganos con sede en Tijuana, Baja California.
Tomó conocimiento del asunto el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, la sentencia del Magistrado fue en el sentido de conceder el amparo.
En contra de este fallo, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al propio Unitario interpuso revisión. Del recurso conoció el Cuarto Tribunal Colegiado, el que emitió sentencia el dos de mayo de dos mil cinco, en el sentido de revocar la sentencia y ordenar la remisión de los autos a un Juez de Distrito en el propio circuito.
Las razones en las que se apoyó para llegar a esta conclusión, son éstas:
El artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo, da competencia expresa a los Jueces de Distrito para conocer del amparo contra actos emitidos por un diverso Juez de Distrito.
El artículo 21, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece la competencia de los Unitarios para conocer del amparo indirecto cuando la demanda se entabla contra actos emanados de un diverso Tribunal Unitario, siempre que no constituyan sentencias definitivas.
De estas reglas competenciales, el Colegiado derivó que la ley no da facultades a los Tribunales Unitarios de Circuito para conocer del amparo indirecto en contra de actos emitidos por Jueces de Distrito.
En contra de este entendimiento no podía aducirse lo previsto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución y 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando se reclamara la violación de las garantías previstas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 constitucionales, podría conocer del amparo el superior del tribunal responsable, dado que, conforme a las reglas competenciales descritas, los Unitarios tenían limitada su competencia de amparo indirecto sólo respecto de actos de otros Unitarios.
Tampoco era óbice la jurisprudencia por contradicción de la Primera Sala, de rubro: "COMPETENCIA CONCURRENTE. EL GOBERNADO TIENE LA OPCIÓN DE PRESENTAR SU DEMANDA DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, O BIEN, ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO, POR VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, EN MATERIA PENAL, 19 Y 20, APARTADO A, FRACCIONES I, VIII Y X, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CARTA MAGNA, CUANDO AMBAS AUTORIDADES RESIDAN EN EL MISMO LUGAR.", porque del análisis de las ejecutorias de las que derivó el criterio se veía que el problema a dilucidar estuvo referido a actos emitidos por Jueces del orden común, y que "el superior del tribunal responsable" lo fue el Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa correspondiente.
Invocó, además, la tesis XII.2o.12 P del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, del tenor que sigue:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VI, septiembre de 1997
"Tesis: XII.2o.12 P
"Página: 662
"COMPETENCIA. CARECEN DE ELLA LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO, EN AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE UN JUEZ DE DISTRITO POR VIOLACIÓN DE GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA PENAL. Al tenor del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, vigente desde el día siguiente de su publicación, los Tribunales Unitarios de Circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencias definitivas; mientras que con apego a los artículos 42, primer párrafo y 55 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría, y ningún Juez o tribunal podrá promover competencia a sus superiores. Conforme a estas disposiciones, un Juez de Distrito, luego de recibir una demanda de garantías remitida por un Tribunal Unitario de Circuito, no puede válidamente considerar competente a éste, ante quien inicialmente se reclamó, en contra de otro Juez de Distrito, la violación de garantías del artículo 16 constitucional, en materia penal; máxime que, si bien se desprende del artículo 107, fracción XII, de la Constitución, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, en concordancia con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que puede reclamarse la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución, ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, ello no significa que un tribunal como este último esté facultado para conocer de los juicios de amparo promovidos en contra de órdenes de aprehensión, cuya emisión se atribuya a un Juez de Distrito, ya que su actuación como tribunal de amparo, en ese aspecto, se limita a los casos en que se promuevan contra actos de otro Tribunal Unitario de Circuito. De no ser así, ningún objeto tendrían las disposiciones competenciales especiales contenidas en los artículos 29, fracción I y 42, primer párrafo, primeramente citados. La anterior afirmación armoniza con la intención del legislador externada en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección, acerca de la iniciativa del proyecto de reformas del indicado precepto constitucional, que en esencia menciona: ‘Es obvio que la intención que incorpora como autoridad de amparo a los Tribunales Federales de apelación, ha de entenderse necesariamente limitada a los casos en que otro Tribunal Unitario se convierte en autoridad responsable dentro del juicio indirecto de protección constitucional ...’.
"Competencia 1/97. Suscitada entre el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, el Juez Noveno de Distrito y el Juez Segundo de Distrito, todos en el Estado de Sinaloa. 8 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Edén Wynter García. Secretario: Manuel González Díaz."
Así, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, concluyó que los Tribunales Unitarios carecen de competencia para conocer del amparo indirecto en contra de actos como el reclamado, si es que lo emite un Juez de Distrito.
Las consideraciones expresas de este tribunal son del siguiente tenor:
"QUINTO. En la especie no se estudiará la sentencia recurrida ni los agravios vertidos en su contra, por las consideraciones y fundamentos siguientes.
"Consta en autos que ... promovió el juicio de amparo indirecto número 4/2005, ante el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez Décimo de Distrito en el Estado con residencia en Ensenada, Baja California, consistente en el auto de formal prisión de cuatro de marzo de dos mil cinco, dictado en contra del mencionado quejoso, por la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 86, fracción II, en relación con el 41, fracción IV, inciso e), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
"La autoridad responsable, Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Ensenada, Baja California, al rendir su informe con justificación (foja 50 de autos), aceptó el acto que se le reclamó, ya precisado en el apartado que antecede.
"En la sentencia que aquí se revisa, el tribunal a quo resolvió conceder al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por estimar que el acto reclamado infringe sus garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales.
"Ante tal situación, este Tribunal Colegiado considera que el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario de este circuito carece de competencia para resolver la litis del juicio de amparo indirecto número 4/2005, promovido por el quejoso de mérito, en atención a las siguientes consideraciones.
"En efecto, de la demanda de garantías y del informe justificado, así como de las constancias remitidas, se advierte que el acto reclamado (auto de formal prisión de cuatro de marzo de dos mil cinco), proviene del Juez Décimo de Distrito en el Estado con residencia en la ciudad de Ensenada, y que conforme al artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el conocimiento de esa demanda le corresponde a un Juez de Distrito que resida en el mismo lugar o jurisdicción, debido a que el procesado decidió no agotar el recurso de apelación sino acudir directamente al amparo, en razón de que en el juicio de garantías hizo valer violaciones directas a la Constitución.
"Lo anterior es así, porque el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Tribunales Unitarios de Circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito que no constituyan sentencias definitivas; de lo que se desprende que no puede considerarse legalmente competente al Tercer Tribunal Unitario de este circuito para conocer de la demanda de garantías que promovió ... en contra del auto de formal prisión que le dictó el Juez Décimo de Distrito en el Estado con residencia en Ensenada, Baja California, al no provenir el acto reclamado de otro Tribunal Unitario de Circuito.
"Sin que se contraponga a lo anterior el contenido del artículo 107, fracción XII, constitucional, en relación con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establecen que la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución, pueden reclamarse ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda; toda vez que ello no significa que el Tribunal Unitario esté facultado para conocer de los juicios de amparo promovidos en contra de los autos de formal prisión cuya emisión se atribuya a un Juez de Distrito, ya que su actuación como tribunal de amparo, en ese aspecto, se limita a los casos en que se promuevan contra actos de otro Tribunal Unitario de Circuito, pues de no ser así, ningún objeto tendrían las disposiciones competenciales especiales contenidas en los artículos 29, fracción I y 42, primer párrafo, antes citados.
"Tampoco es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 61/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 99/2001-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), consultable en la página 24 del Tomo XVI, noviembre de 2002, Novena Época, materia constitucional, penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA CONCURRENTE. EL GOBERNADO TIENE LA OPCIÓN DE PRESENTAR SU DEMANDA DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, O BIEN, ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO, POR VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, EN MATERIA PENAL, 19 Y 20, APARTADO A, FRACCIONES I, VIII Y X, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CARTA MAGNA, CUANDO AMBAS AUTORIDADES RESIDAN EN EL MISMO LUGAR.’ (se transcribe), pues atendiendo al texto antes transcrito, y habiendo analizado las ejecutorias que motivaron la integración de la jurisprudencia en comento, se advierte que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal al dilucidar el asunto planteado ante los Tribunales Colegiados contendientes, estimó que no es obstáculo para que el gobernado pueda presentar su demanda de amparo ante el Juez de Distrito, o bien, ante el superior jerárquico de la autoridad que cometió la violación (competencia concurrente), la circunstancia de que en el mismo lugar resida un Juez de Distrito; de lo que se sigue que el acto reclamado que originó las tesis contendientes consistió en un auto de formal prisión dictado por un Juez del fuero común, y que de conformidad con la fracción XII del artículo 107 constitucional y 37 de la Ley de Amparo, es opcional para el quejoso acudir en amparo ante el Juez de Distrito o ante el superior jerárquico que cometió la violación (Tribunal Superior de Justicia del Estado); hipótesis diversa a la que se revisa en el presente asunto, ya que el acto reclamado por el quejoso ... proviene de un Juez de Distrito y, por tanto, como ya se dijo en el apartado que antecede, la demanda de amparo debe ser conocida por un Juez de la misma categoría, conforme al artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y no por un Tribunal Unitario de Circuito, el cual, como tribunal de amparo sólo le compete conocer de los actos que provengan de otros Tribunales Unitarios, de acuerdo a la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Por tanto, al ser legalmente incompetente el Tercer Tribunal Unitario de este circuito para conocer del asunto, deberá revocarse la resolución recurrida y remitirse los autos al Juez de Distrito en el Estado que se encuentre en turno en la ciudad de Tijuana, para el único efecto de que dicte la sentencia respectiva, ya que el conocimiento del asunto no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia para conocer del caso, puesto que las cuestiones de competencia están elevadas a normas de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, independientemente de que se constituyen en presupuestos procesales y naturalmente de orden público.
"La decisión apuntada encuentra sustento en el contenido de la tesis número XII.2o.12 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 662 del Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA. CARECEN DE ELLA LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO, EN AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE UN JUEZ DE DISTRITO POR VIOLACIÓN DE GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA PENAL.’ (se transcribe). También orienta el criterio la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable con el rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’ (se transcribe). Así las cosas, al resultar legalmente incompetente el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, se revoca la sentencia recurrida y se ordena remitir los autos del juicio de amparo 4/2005 al Juez de Distrito en turno de la ciudad de Tijuana, para que conozca del asunto, y dicte la sentencia correspondiente."
QUINTO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Este tribunal conoció del caso siguiente:
Los autorizados de un quejoso interpusieron queja en contra del auto emitido por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, mediante el cual su titular declinó competencia en favor de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo indirecto. Amén de ello, el Unitario no proveyó sobre la admisión del escrito ni respecto de la suspensión.
En la demanda, la parte quejosa combatió la orden de aprehensión dictada por un Juez de Distrito y adujo violaciones directas a la Constitución. El Unitario estimó que de ello era competente un Juez de Distrito, al tenor de lo dispuesto, principalmente, en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo y en las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que previenen la competencia de los Unitarios y de los Jueces de Distrito.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó fundado el recurso de queja y determinó que el Unitario que previno resultaba competente para conocer de la demanda, sobre la base de lo establecido en los artículos 107, fracción XII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales un Tribunal Unitario resulta ser el superior de la autoridad responsable, y la ley orgánica previene, además, que los Unitarios tienen competencia para conocer en general de los asuntos que les encomienden las leyes.
En sus consideraciones, el Colegiado adujo que:
"QUINTO. Son fundados los agravios en los que se alega que los autos recurridos causan agravios por cuanto a que el quejoso en el juicio principal ... haciendo uso del derecho que le concede la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción XII, en relación al artículo 37 de la Ley de Amparo, vinculado con diversos dispositivos legales, referente a la jurisdicción concurrente, comparecía ante el Cuarto Tribunal Unitario de este circuito, a solicitar el amparo y protección solicitado, en contra del auto de formal prisión que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, al considerarlo presunto responsable del delito de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, dentro de la causa penal 492/99-I, y que mediante auto del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve el Tribunal Unitario declinó la competencia a favor del Juzgado de Distrito, correspondiéndole por razón de turno, a la Juez Quinto de Distrito en el Estado, quien por auto de veintitrés de noviembre de ese mismo año, admitió la demanda de garantías, registrándola con el número 1115/99, determinaciones que los recurrentes consideran ilegales, ya que afirman que de acuerdo a los artículos 107, fracción XII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, es procedente el amparo biinstancial a favor de los Tribunales Unitarios.
"En efecto, los artículos 107, fracción XII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo a la letra dicen: Artículo 107 constitucional, fracción XII. ‘XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción III ...’. Artículo 37 de la Ley de Amparo: ‘La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación.’. Ahora bien, del contenido del auto dictado por el Cuarto Tribunal Unitario, aparece que para declarar la competencia a favor de un Juzgado de Distrito, se apoyó en lo dispuesto por los artículos 42 y 54 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Ahora bien, como ya se dijo, se aprecian correctos los agravios hechos valer, ya que en el caso que nos ocupa fue indebido que el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario haya considerado que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, cuyo acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario federal, pues, atento a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley orgánica, fracción VI, que a la letra dice: ‘Los Tribunales Unitarios conocerán: ... VI. De los demás asuntos que les encomiendan las leyes.’. Luego, si la Ley de Amparo al respecto prevé en su artículo 37 que las violaciones de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación, resulta evidente que dentro del plano del procedimiento penal federal el superior jerárquico del Juez de Distrito lo es el Tribunal Unitario, luego, éste debió conocer de la demanda de amparo que ante él se presentó.
"El supuesto jurídico para que un Tribunal Unitario de Circuito conozca de un juicio de amparo indirecto, es más claro en el texto de la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bien merece ser transcrita.
"‘La violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que lo cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiendo recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos previstos por la fracción VII.’
"La autoridad recurrida Cuarto Tribunal Unitario de este circuito, al rendir su informe justificado, expuso que el recurso de queja es improcedente contra el auto que declina la competencia, alegato que en principio se presenta correcto, sin embargo, en el caso que nos ocupa deviene inatendible, ya que se refiere al supuesto de que la determinación de la autoridad a la que se remitió la demanda estuviera en posibilidad de aceptar o no la competencia que se declinó a su favor, lo que en la especie no sucede, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito estaba constreñido a abocarse al conocimiento del juicio como así lo hizo.
"De igual manera resulta inaplicable el criterio que invoca, que a la letra dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS, RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO.’. Misma que tiene relación con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Amparo, hipótesis diversa a la que originó el acto reclamado en amparo y que a su vez proyectó la queja que nos ocupa, pues se insiste, la posibilidad de que se presente una demanda de amparo ante el Tribunal Unitario, está prevista en la fracción XII ya citada del artículo 107 constitucional.
"Por otra parte, se aprecia incorrecta la interpretación que la autoridad recurrida hace de la tesis que invoca, del rubro siguiente: ‘COMPETENCIA CARECEN DE ELLA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO, EN AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE UN JUEZ DE DISTRITO POR VIOLACIÓN DE GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA PENAL.’, pues de la misma redacción se deduce que es únicamente la opinión que se presentó en un dictamen respecto de la iniciativa de ley sobre la reforma del artículo 107 constitucional que quedó solamente en eso, un dictamen, por tanto, debe atenderse el texto de la ley en los términos que fue aprobado independientemente de que las pretensiones fueran contrarias.
"Atento a lo anterior, procede declarar fundada la queja que nos ocupa y determinar que conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo recayó en el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, pues fue prevenido en su conocimiento y, en consecuencia, la Juez Quinto de Distrito en el Estado, deberá de abstenerse de seguir conociendo del juicio y remitirlo a la autoridad que declinó en su favor."
SEXTO. Tema de la contradicción de tesis. Como se advierte de la lectura de los dos considerandos anteriores, existe contradicción de tesis en tanto dos Tribunales Colegiados de Circuito, en sendas sentencias, analizaron una misma cuestión jurídica y la resolvieron de forma distinta a la luz de los mismos dispositivos, a saber: si con base en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, constitucional, 37 y 42 de la Ley de Amparo, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Unitarios tienen competencia para conocer del amparo indirecto promovido en contra de resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito dentro de juicios del orden penal, en los que se aduzca la violación de las garantías contenidas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 constitucionales. Así, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, concluyó que carecían de competencia, mientras que el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, concluyó que sí la tenían.
SÉPTIMO. Solución. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que los Tribunales Unitarios de Circuito tienen competencia para conocer del amparo indirecto en casos como el descrito.
A efecto de demostrarlo, conviene tener presente el texto de los artículos involucrados. Particularmente, el del artículo 107, fracción XII, constitucional. Este dispositivo previene, desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro:
"XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.
"Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca."
La regla anterior debe leerse en comunión con la fracción VII del mismo artículo 107, que es la que establece qué órgano es el competente, de ordinario, para conocer del amparo en contra de actos emitidos por autoridad judicial: un Juez de Distrito. La fracción VII reza así:
"VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."
Así, la fracción XII introduce una regla de excepción a la fracción VII -que establece la jurisdicción ordinaria de los Jueces de Distrito para conocer del amparo contra actos judiciales-; esa excepción consiste en que de los amparos en que se alegue la conculcación de los artículos 16, en lo que atañe a la materia penal, 19 y 20 constitucionales, además de los Jueces Federales, puedan conocer "el superior del tribunal responsable" y los Tribunales Unitarios de Circuito.
Correlativos de estos numerales, los artículos 37 y 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicen a la letra:
"Artículo 37. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19642-cad6ed15/jurisdiccion-concurrente-los-tribunales-unitarios-de-circuito-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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