QUEJA. NO SON MATERIA DE ESTE RECURSO LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A COMBATIR LA VALIDEZ DE UNA NOTIFICACIÓN PRACTICADA EN UN JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción se estima conveniente transcribir, en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales que emitieron los criterios contradictorios.
a) El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el veintiuno de octubre de dos mil dos la queja administrativa 70/2002, promovida por René Padilla Verduzco, por conducto de su autorizado legal Domingo Gutiérrez Mendívil, en contra del acuerdo dictado el treinta de agosto del mismo año por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, mediante el cual se desechó la ampliación de la demanda de garantías interpuesta por la propia quejosa en el juicio de amparo indirecto 285/2002, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Es infundado el recurso de queja interpuesto, pues carecen de sustento los agravios que vierte el inconforme contra la resolución recurrida, en los que sostiene, fundamentalmente, que de manera indebida el a quo desechó por extemporánea la ampliación de demanda presentada en el juicio de garantías, siendo que tal ampliación, aduce, la presentó dentro del término de ley, pues nunca se le notificó personalmente, como debió hacerse, la admisión del último informe justificado y a partir de donde debía computarse el término para ese efecto; que por ello éste debía computarse no a partir de que se publicó en listas de acuerdos la admisión de éste último informe, sino a partir de que el quejoso se hizo sabedor de la existencia de la nueva autoridad que conoció a través de los informes rendidos por la responsable, que fue precisamente en la fecha que presentó la ampliación de la demanda de amparo y que, por ello, ésta la presentó dentro del término legal. Son infundados los agravios así resumidos. En efecto, contra el parecer del inconforme, acertadamente el resolutor desechó por extemporánea la ampliación de la demanda de garantías presentada por el quejoso pues, ciertamente, se presentó fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, precepto que si bien establece ese término para la presentación de la demanda de amparo, éste se ha hecho extensivo para la presentación del escrito de ampliación de dicho escrito inicial, como se aprecia de las tesis que enseguida se invocan, la primera de ellas de carácter jurisprudencial, ambas compartidas por este tribunal. ‘DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDADES PARA FORMULARLA.’ (se transcribe con sus datos de identificación). ‘DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA SU AMPLIACIÓN. NO SE SUSPENDE AL SUSCITARSE UNA CUESTIÓN DE COMPETENCIA.’ (se transcribe). Ahora, si como lo dice el juzgador (y sobre esto, además, no hay objeción alguna por parte del quejoso), el último informe rendido ante él por las autoridades responsables fue admitido mediante auto publicado en la lista de acuerdos el diecinueve de junio del presente año, y el término para hacer valer la ampliación de la demanda comenzó a correr a partir del día siguiente de que surtió efectos la notificación de dicho auto, es concluyente que la ampliación hecha valer en el caso es extemporánea, como lo determinó el juzgador. Esto es así porque las notificaciones que, como la del caso, se hagan a las partes mediante la publicación en la lista de acuerdos, surten sus efectos a partir del día siguiente de dicha publicación, por disposición del artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, mientras que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la propia ley, el término de quince días para la presentación de la ampliación de demanda empieza a computarse al día siguiente de que surtió efectos la notificación referida. Es decir, si como lo dijo el resolutor, el último informe de las autoridades responsables lo admitió mediante auto que publicó en la lista de acuerdos el diecinueve de junio del presente año, la notificación de ese auto, ciertamente, surtió efectos al día siguiente, esto es, el día veinte de ese mismo mes y año, mientras que el término de quince días hábiles que el quejoso tenía para interponer la ampliación de la demanda de amparo empezó a computarse el día siguiente, es decir, el veintiuno de junio posterior, para concluir el día once de julio del presente año, de ahí que, si como lo señaló el resolutor, el mencionado escrito de ampliación fue presentado el veintitrés de agosto siguiente, afirmación respecto de la cual ninguna objeción manifestó el quejoso, es clara entonces la extemporaneidad del señalado escrito de ampliación por haberse presentado fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo. Contra lo anterior no puede alegarse, como lo hace el recurrente, que el auto mediante el que fue recibido el último informe de autoridad debió notificarse de manera personal y no mediante su publicación en la lista de acuerdos del juzgado que lo emitió, porque esa situación, en todo caso, atañe a un problema de notificación irregular del acuerdo repetido, cuestión que desde luego es ajena al recurso de queja que nos ocupa, en el que la materia del mismo se circunscribe a determinar si fue correcta o no la decisión del resolutor de desechar por extemporánea la ampliación de la demanda de amparo interpuesta. Así, esa situación alegada por el quejoso, que involucra una irregularidad en la forma en que fue practicada la notificación del auto que tuvo por admitido el último informe de autoridad y a partir de la cual le fue computado el término para la interposición de la citada ampliación de demanda, debió, en su caso, combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 32 de la Ley de Amparo, y no cuestionarse, como se dijo, a través de un medio de impugnación que no es el idóneo para cuestionar la falta de formalidad en la práctica de las notificaciones. En ese contexto, infundado como resultó el agravio expresado por el recurrente, lo mismo sucede con el recurso de queja interpuesto." (foja 78 vuelta del toca de contradicción de tesis).
b) El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por su parte, resolvió el veintiséis de septiembre de dos mil dos el recurso de queja administrativa 67/2002, promovido por la quejosa María Inés Sánchez Padilla, también por conducto de su autorizado legal Domingo Gutiérrez Mendívil, en contra del auto de treinta de agosto del mismo año, mediante el cual el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora desechó la ampliación de la demanda de garantías promovida en el juicio de amparo indirecto 335/2002.
Las consideraciones que sustentan la determinación del Tribunal Colegiado son del tenor literal siguiente:
"QUINTO. Los agravios expuestos son fundados. Efectivamente, asiste razón al recurrente al aducir, en dichos motivos de impugnación, que cuando de los informes justificados rendidos por las responsables se advierta la existencia de una diversa autoridad no señalada inicialmente en la demanda de garantías, el Juez de Distrito debe, indefectiblemente, ordenar la notificación personal a la parte quejosa del contenido de aquellos informes, con el objeto de que se encuentre en posibilidad de promover lo que a sus intereses convenga, a fin de no dejarla inaudita. Lo anterior encuentra apoyo en la teleología que inspira la hipótesis del artículo 30 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, tal como lo arguye la inconforme, el auto impugnado es violatorio, por inexacta aplicación, de los artículos 21 y 146 de la Ley de Amparo, al desechar la ampliación de la demanda de garantías en contra de los actos de la autoridad responsable ejecutora denominada gerente divisional de Distribución Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que indebidamente el a quo consideró, en dicho acuerdo, que: ‘... el penúltimo informe que obra agregado a los autos fue publicado en lista con fecha veintisiete de junio del presente año, surtiendo efectos al día siguiente y empezando a correr el término para la ampliación de la demanda el día primero de julio del presente año, mismo que es rendido por el subprocurador fiscal federal de Amparos en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y por ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, es decir, al momento de dicha solicitud había transcurriendo (sic) en exceso el término que señala el citado artículo 21 de la Ley de Amparo.’. Lo anterior resulta así, se insiste, porque la vista que se ordenó dar con el referido informe justificado debió notificarse personalmente. Es aplicable a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción P./J. 127/2000 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). También apoya lo expuesto la tesis V.2o.37 A, sustentada por este propio órgano colegiado, publicada en la página 1113, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época, del citado Semanario, que dice: ‘INFORME JUSTIFICADO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA VISTA DEL, CUANDO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DIVERSO ACTO O LA INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD DISTINTA A LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.’ (se transcribe). Igualmente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 397, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INFORME JUSTIFICADO. CUANDO INCORPORA ELEMENTOS NUEVOS A LA LITIS PROCESAL PLANTEADA, SU INTEGRACIÓN EN AUTOS DEBE SER NOTIFICADA PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y NO POR LISTA.’ (se transcribe). Luego, el Juez Tercero de Distrito en el Estado no debió, como lo hizo, practicar el cómputo del término para la ampliación de la demanda de garantías que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, tomando como punto de partida la fecha en que se publicó en lista la vista que a la quejosa se le dio con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables señaladas originalmente, pues en los casos como el que nos ocupa, la notificación del contenido de dichos informes debe hacerse personalmente en términos del artículo 30 de la propia ley reglamentaria en consulta, de manera que mientras no se efectúe dicha notificación personal, jurídicamente no puede correr término alguno. En el contexto apuntado, lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar se admita a trámite la ampliación de la demanda de garantías en contra de los actos de la responsable ejecutora denominada gerente divisional de Distribución Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad." (foja 103 del toca de contradicción de tesis).
CUARTO. Es procedente que esta Primera Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y pronuncie la resolución correspondiente, con independencia de que el procurador general de la República no haya expuesto su parecer dentro del plazo concedido, no obstante estar debidamente notificado el treinta y uno de enero del presente año, según consta a foja ciento once del expediente en que se actúa, por lo que debe entenderse que precluyó su derecho para hacerlo.
Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial de la Primera Sala de este Alto Tribunal que se transcribe enseguida:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: 1a./J. 107/2001
"Página: 8
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA NO EMITE SU OPINIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece expresamente una facultad potestativa a favor del procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente que al efecto designe, exponga su parecer en relación con las contradicciones de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de un plazo de treinta días. Ahora bien, si el referido funcionario no ejerce esa facultad en dicho término, debe concluirse que su derecho para hacerlo precluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
"Contradicción de tesis 29/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 84/2000. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Ricardo Horacio Díaz Mora.
"Contradicción de tesis 20/2001-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del referido circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 63/2001-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el antes Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Javier Solís López.
"Contradicción de tesis 100/2000-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo."
QUINTO. Por cuestión de orden, conviene determinar si, en la especie, existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio es el que debe prevalecer.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que existe materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, si existe, al menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otros términos, se da la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, interpretaciones o razonamientos jurídicos de las sentencias respectivas; y,
c) Los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
La tesis de jurisprudencia de referencia, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes se citan, es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
Ahora bien, para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es pertinente hacer alusión a los antecedentes que se advierten de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
1. Antecedentes de la queja administrativa 70/2002, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil dos ante la Oficialía de Partes de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, y turnado un día después al órgano jurisdiccional referido, Domingo Gutiérrez Mendívil, con el carácter de autorizado legal del quejoso René Padilla Verduzco, promovió el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de treinta de agosto de dos mil dos, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora en el juicio de amparo indirecto 285/2002, mediante el cual se desechó por extemporánea la ampliación de la demanda de amparo que hizo valer el quejoso, en la que solicitó se tuviera por señalada como nueva autoridad responsable ejecutora al gerente divisional de Distribución Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad.
La decisión del Juez Federal, para desechar la ampliación de la demanda de amparo, se sustentó en el hecho de que el quejoso había tenido conocimiento de la actuación de la nueva autoridad responsable a través de los informes justificados rendidos por diversas autoridades, de ahí que, si el último informe que se encuentra agregado a los autos fue publicado por medio de lista con fecha diecinueve de junio de dos mil dos, y la ampliación de la demanda de amparo fue presentada hasta el veintitrés de agosto siguiente, resulta claro que al momento de dicha solicitud había transcurrido en exceso el término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, aplicable también para los casos de ampliación de la demanda de garantías.
En los agravios expresados en el recurso de queja, el autorizado del quejoso señaló que la admisión del último informe justificado o de cualquier otro, de los que se desprendiera la existencia de una nueva autoridad responsable, en todo caso tendría que haberse notificado de manera personal, por lo que no es verídico que el término para la interposición de la ampliación de la demanda de amparo haya empezado a correr a partir de que surtió efectos la publicación en lista del acuerdo respectivo, sino más bien a partir de que el quejoso se hizo sabedor de la existencia de la nueva autoridad responsable, y que fue, precisamente, en el momento en que se promovió la ampliación de demanda.
El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito declaró infundada la queja considerando, para ello, que el Juez Federal estuvo en lo correcto al desechar por extemporánea la ampliación de la demanda de amparo que hizo valer el quejoso, pues la misma se presentó fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo. Asimismo, el tribunal de referencia señaló que: "Contra lo anterior no puede alegarse, como lo hace el recurrente, que el auto mediante el que fue recibido el último informe de autoridad debió notificarse de manera personal y no mediante su publicación en la lista de acuerdos del juzgado que lo emitió, porque esa situación, en todo caso, atañe a un problema de notificación irregular del acuerdo repetido, cuestión que desde luego es ajena al recurso de queja que nos ocupa, en el que la materia del mismo se circunscribe a determinar si fue correcta o no la decisión del resolutor de desechar por extemporánea la ampliación de la demanda de amparo interpuesta. Así, esa situación alegada por el quejoso que involucra una irregularidad en la forma en que fue practicada la notificación del auto que tuvo por admitido el último informe de autoridad y a partir de la cual le fue computado el término para la interposición de la citada ampliación de demanda, debió, en su caso, combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 32 de la Ley de Amparo, y no cuestionarse, como se dijo, a través de un medio de impugnación que no es el idóneo para cuestionar la falta de formalidad en la práctica de las notificaciones."
2. Antecedentes de la queja administrativa 67/2002, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil dos ante la Oficialía de Partes de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, y turnada un día después al Tribunal Colegiado mencionado, Domingo Gutiérrez Mendívil, con el carácter de autorizado legal de la quejosa María Inés Sánchez Padilla, interpuso el recurso de queja establecido en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de treinta de agosto de dos mil dos, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de amparo indirecto 335/2002, mediante el cual se desechó por extemporánea la ampliación de la demanda de amparo que hizo valer la quejosa, en la que solicitó se tuviera por señalada como nueva autoridad responsable ejecutora al gerente divisional de Distribución Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad.
La determinación del Juez Federal para desechar la ampliación de la demanda de amparo se sustentó, al igual que sucedió con el diverso amparo indirecto 285/2002, reseñado líneas arriba, en la circunstancia de que la quejosa había tenido conocimiento de la actuación de la nueva autoridad responsable a través de los informes justificados rendidos por otras diversas autoridades, por lo que si el último de los informes con justificación relevante para el caso fue publicado mediante la lista de acuerdos de veintisiete de junio del dos mil dos, y la ampliación de la demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de agosto siguiente, resulta claro que al momento de su presentación había transcurrido en exceso el término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo.
En los agravios expresados en el recurso de queja, el autorizado de la quejosa (que es el mismo en los dos casos que se analizan), hizo valer los agravios que ya han quedado sintetizados en el punto anterior, es decir, que mientras no se notificara de manera personal el auto mediante el cual se tuvo por rendido el informe con justificación, de cuyo contenido se desprende la existencia de una nueva autoridad responsable, no señalada en la demanda de garantías, no podía comenzar a correr el término de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo.
Al resolver el citado medio de defensa, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito declaró fundados los agravios formulados y ordenó la admisión de la ampliación de la demanda de amparo solicitada, considerando para ello que cuando de los informes justificados rendidos por las responsables se advierta la existencia de una diversa autoridad responsable no señalada inicialmente en la demanda de garantías, el Juez de Distrito debe, indefectiblemente, ordenar la notificación personal a la parte quejosa del contenido de aquellos informes, con el objeto de que se encuentre en posibilidad de promover lo que a sus intereses convenga.
Luego, señaló el tribunal federal, "el Juez Tercero de Distrito en el Estado no debió, como lo hizo, practicar el cómputo del término para la ampliación de la demanda de garantías que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, tomando como punto de partida la fecha en que se publicó en lista la vista que a la quejosa se le dio con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables señaladas originalmente, pues en los casos como el que nos ocupa, la notificación del contenido de dichos informes debe hacerse personalmente en términos del artículo 30 de la propia ley reglamentaria en consulta, de manera que mientras no se efectúe dicha notificación personal, jurídicamente no puede correr término alguno."
De la lectura de las ejecutorias transcritas, así como de los antecedentes de los casos reseñados, se advierte que sí existe contradicción de tesis pero no por las razones aducidas por el denunciante de la misma en el escrito que aparece transcrito en el resultando primero de este fallo, sino por los motivos siguientes.
En primer término, debe decirse que los Tribunales Colegiados contendientes son coincidentes en cuanto a que el término para solicitar la ampliación de una demanda de amparo es el de quince días, de conformidad con el artículo 21 de la ley de la materia, precepto que si bien se refiere a la presentación de la demanda de garantías, su aplicación se ha hecho extensiva para el primero de estos actos procesales.
Tampoco existe discrepancia en cuanto a que el Juez debe, si advierte del informe justificado la existencia de una nueva autoridad responsable, notificar personalmente al quejoso para que pueda hacer valer lo que a su interés convenga, como por ejemplo, ampliar su demanda de garantías.
En efecto, si bien es cierto que en la queja administrativa 67/2002 el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito señaló expresamente que cuando de los informes justificados rendidos por las responsables se advierta la existencia de una diversa autoridad no señalada inicialmente en la demanda de garantías, el Juez de Distrito debe ordenar la notificación personal a la parte quejosa del contenido de aquellos informes, también lo es que el Primer Tribunal de ese mismo circuito al resolver la diversa queja 70/2002 no hizo pronunciamiento alguno sobre este punto, toda vez que en su sentencia se limitó a señalar que los agravios encaminados a evidenciar que se debió notificar personalmente y no por lista el auto mediante el cual se tuvo por rendido el informe con justificación del que se advertía la existencia de una nueva autoridad responsable, no señalada en la demanda de garantías, no eran materia del recurso de queja, sino, en todo caso, del incidente de nulidad de notificaciones.
De ahí que, contrario a lo que sostiene el denunciante de la presente contradicción de tesis, ésta no se presenta en virtud de que uno de los tribunales sostenga que debe notificarse personalmente el auto que tiene por recibido un informe justificado, de cuyo contenido se desprende la existencia de una nueva autoridad responsable, y el otro afirme exactamente lo contrario, pues sobre este punto sólo hubo pronunciamiento expreso por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, y no puede estimarse que el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito sostenga una postura contraria en relació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17745-393815cc/queja-no-son-materia-de-este-recurso-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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