LEY PENAL INTERMEDIA. NO PUEDE APLICARSE AL MOMENTO DE EMITIR LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO HAYA SIDO BENÉFICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en los juicios de amparo directo 285/93, 365/93, 399/93, 419/93, 116/94 y 658/2002, promovidos, respectivamente, por ... resueltos por unanimidad de votos, en ese orden, los días treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres, veinticinco de noviembre del propio año, trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro y veintitrés de enero de dos mil tres, sostuvo el criterio siguiente:
I
Amparo directo penal 285/93. Quejoso: ... Autoridades responsables: Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de autoridad ordenadora, Juez Sexto del Ramo Penal y director de la Penitenciaría de ese Estado, como ejecutoras. Acto reclamado: La sentencia dictada en segunda instancia de fecha 11 de febrero de 1993 y que revoca en parte la sentencia dictada en primera instancia de fecha 20 de octubre de 1992, cuya pena privativa de libertad fue de cuatro años seis meses.
"CONSIDERANDO: III. Los conceptos de violación resultan infundados ... Por lo que ve a la pena impuesta, debe decirse que la misma se fijó con apoyo en lo establecido por el artículo 196 del Código Penal vigente en la época en que se cometió el delito, y además, al momento de dictarse la sentencia de segunda instancia, y tal sanción como puede observarse, se encuentra sumamente próxima al mínimo aplicable, por lo que en tal aspecto le resulta benéfica. Por tanto, resulta correcta dicha imposición de la pena, dado que, aun cuando el aquí quejoso alega que posteriormente al dictado de la sentencia, entró en vigor un nuevo código que le es más benéfico, porque la sanción que fija para el delito de abigeato es inferior a aquélla que prevenía el citado artículo 196, debe decirse que aun cuando es cierto lo afirmado, resulta que la autoridad señalada como responsable, no estaba en aptitud legal de aplicar la nueva norma penal a la que se refiere el quejoso, dado que está claro, que la misma no tenía vigencia aún al momento de dictarse el fallo que se combate. Y por otra parte, si ya causó ejecutoria la sentencia que se combate y, por ende, resulta irrevocable, lo cual impide al tribunal de apelación el que legalmente pueda modificar su sentencia y en el juicio de amparo presente, en esta ejecutoria, este Tribunal Colegiado, únicamente puede ocuparse de las cuestiones relativas a la constitucionalidad de dicha sentencia, por lo que si está claro que la misma se dictó acorde con la ley vigente, resulta correcta y, por tanto, tampoco en lo que ve al capítulo de la pena impuesta se hace necesario conceder la protección federal. Al respecto, son de puntual aplicación las siguientes ejecutorias de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘JURISDICCIÓN PENAL. LÍMITE PROCEDIMENTAL DE LA. Aun cuando el Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León establece, en su transitorio cuarto, que tendrá aplicación retroactiva en cuanto favorezca el inculpado, procesado o sentenciado, el órgano jurisdiccional no está facultado para realizar tal aplicación, habida cuenta que su jurisdicción, que comenzó con el ejercicio de la acción penal, cesó con el pronunciamiento de la sentencia que se reclama anterior a la fecha de vigencia del referido ordenamiento. Precedente: Amparo directo 1684/83. ... 16 de junio de 1983. 5 votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos.’. ‘LEY PENAL, ÁMBITO TEMPORAL DE ACTIVIDAD DE LA. Son infundados los conceptos de violación que expresa el amparista, si afirma que el ad quem debió aplicarle el actual Código Penal del Estado de Nuevo León, habida cuenta de que en la época en que se pronunció la sentencia impugnada, dicho código no existía en el mundo histórico, ni específicamente en el mundo normativo, por no haber sido promulgado, por lo cual no sólo jurídica, sino también lógicamente, el tribunal de alzada estuvo imposibilitado para aplicarlo. En efecto, si la sentencia reclamada fue pronunciada el 17 de septiembre de 1979, como el actual Código Penal del Estado de Nuevo León se promulgó el día 19 de junio de 1981, por tanto, sólo a partir de esta última fecha se inició la actividad de dicha ley penal, quedando el órgano jurisdiccional vinculado con ella. Precedente: Amparo directo 1684/83. ... 16 de junio de 1983. 5 votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos.’. Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y no advirtiendo deficiencia que suplir, se impone negar a ... el amparo que solicita." (fojas 89 a 98).
II
Amparo directo penal 365/93. Quejoso: ... Autoridades responsables: Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, S.L.P. Acto reclamado: La sentencia definitiva dictada en el toca de apelación número 646/92, con fecha 24 de junio de 1992, dentro del proceso penal número 127/90, instruido por el delito de homicidio.
"CONSIDERANDO: QUINTO. Son infundados los conceptos de violación ... En forma correcta el Juez de los autos impuso una sanción de diez años de prisión al sentenciado, pues para ello se basó en todas y cada una de las circunstancias personales del ahora quejoso, así como en las circunstancias que rodearon los acontecimientos delictivos y lo catalogó con una peligrosidad y temibilidad superior a la mínima; todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 107 y 111 del Código Penal vigente en el momento de los hechos de que se habla ... Tampoco asiste razón al quejoso en cuanto alega que debe aplicarse en su contra, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 223 del nuevo Código Penal, en términos de lo previsto en el artículo 5o. del mismo ordenamiento, porque según dice la pena ahí establecida es más favorable, debiéndose aplicar en forma oficiosa. Y que de no aplicarse este nuevo ordenamiento se le estaría aplicando la ley de una manera retroactiva. Se dice que es infundado el alegato de que se trata, pues en el caso no es aplicable el artículo 223, en relación con el 5o., ambos del Código Penal vigente a partir del cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, atento que dicho ordenamiento no estaba vigente al suceder los hechos. Además, tampoco estaba en vigor cuando las autoridades dictaron sentencia en contra del quejoso, pues el Juez de primer grado resolvió el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos, en tanto que el tribunal ad quem dictó sentencia el veinticuatro de junio del mismo año; lo cual indica que no podían aplicar un código inexistente. Así pues, esto mismo revela que no fue aplicado en forma retroactiva el artículo 111 del Código Penal vigente al suceder los hechos. Por otra parte, debe decirse que el Código Penal que pretende se le aplique, fue abrogado por el diverso publicado el veintitrés de septiembre del año en curso, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; por lo que si el quejoso considera que le es más favorable la sanción que este nuevo código previene en relación con su conducta delictiva, deberá acudir al Ejecutivo Estatal, como establece el artículo 95 del mismo ordenamiento; o bien, conforme a igual disposición contenida en el artículo 80 del Código Penal vigente al suceder los hechos. En este orden de ideas lo procedente es negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia de la Unión que solicita." (fojas 105 a 110 vuelta).
III
Amparo directo penal 399/93. Quejoso: ... Autoridades responsables: Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otra. Acto reclamado: La sentencia definitiva dictada en el toca de apelación número 157/92 de fecha 9 de abril de 1992, dentro del proceso penal número 93/91, por el delito de homicidio doloso.
"CONSIDERANDO: QUINTO. Son infundados los conceptos de violación ... Por otra parte, cabe señalar que la Sala responsable no pudo aplicar, como pretende el quejoso, lo dispuesto en el artículo 223 del Código Penal que entró en vigor el cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, en relación con el artículo 5o. del mismo, ya que dicho conjunto normativo no estaba vigente al suceder los hechos por los que fue sentenciado el quejoso, ni el nueve de abril de ese año cuando resolvió el recurso de apelación. Además, el Código Penal cuya aplicación pretende el quejoso, tampoco estaba en vigor a la fecha en que el Juez de primera instancia dictó sentencia, es decir, el quince de enero de mil novecientos noventa y dos. En consecuencia, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita." (fojas 112 a 118).
IV
Amparo directo penal 419/93. Quejoso: ... Autoridad responsable: Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Acto reclamado: La sentencia que dictó la mencionada autoridad el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, en el toca número 724/91.
"CONSIDERANDO: QUINTO. Son infundados los conceptos de violación ... Por último, cabe señalar que no es aplicable como pretende el quejoso, lo dispuesto en el artículo 223 del nuevo Código Penal que entró en vigor el cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, porque según alega, la pena ahí prevista le es más favorable. Ello es así porque dicho código no estaba vigente al suceder los hechos por los que fue sentenciado, lo cual es suficiente para concluir que las autoridades responsables no pudieron aplicar un conjunto normativo inexistente. Además, el Código Penal cuya aplicación pretende el quejoso, tampoco estaba en vigor a la fecha en que dictó sentencia el Juez de primera instancia, es decir, el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y uno; y tampoco se encontraba vigente cuando la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia mencionada, es decir, el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno. En consecuencia, procede negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal que demanda." (fojas 120 a 125).
V
Amparo directo penal 116/94. Quejoso: ... Autoridad responsable: Tribunal Unitario del Noveno Circuito. Acto reclamado: La ejecutoria emitida por dicha autoridad, en los autos del toca No. 244/93-D, formado con motivo del recurso de apelación promovido por el quejoso, en contra de la sentencia condenatoria emitida en su contra por el C. Juez Primero de Distrito en el Estado, en los autos del proceso No. 46/91, por la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de transporte de sustancias prohibidas.
"CONSIDERANDO: SEXTO. Son infundados los conceptos de violación ... Por último, el quejoso solicita que se modifiquen las penas de prisión y pecuniaria impuestas en la sentencia reclamada, tomando en cuenta que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del año en curso (1994), fueron reformados, adicionados y derogados algunos de los artículos del Código Penal Federal, entre ellos los que se refieren a los delitos contra la salud, que ahora establecen sanciones más benignas. Ahora bien, no asiste razón al quejoso a este respecto, tomando en consideración que la resolución reclamada se pronunció el quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, mientras que las citadas reformas, a que alude el promovente, entraron en vigor a partir del primero de febrero del presente año, según el artículo primero transitorio de dicho decreto. En estas condiciones, es procedente aclarar, por una parte, que el tribunal ad quem se encontraba jurídicamente imposibilitado para aplicar los nuevos textos legales en la sentencia reclamada, ya que entraron en vigor con posterioridad a la emisión de la citada sentencia; y por otra parte, es de señalar que tampoco pueden ser aplicadas ahora, por este Primer Tribunal Colegiado, al través del presente juicio de amparo, atendiendo a lo siguiente: El juicio de amparo constituye, en esencia, un medio de defensa cuyo objeto es llevar a cabo un examen sobre la legalidad del acto reclamado, es decir, que al través de dicho procedimiento extraordinario, el órgano de control constitucional analiza y establece si el acto de autoridad reclamado, viola garantías individuales tuteladas por la Constitución Federal, estando expresamente establecido en el artículo 78 de la ley de la materia, que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, no pudiéndose admitir, ni tomar en consideración, las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Así pues, sería ajeno al objeto, esencia misma del juicio de amparo, pretender establecer, en esta ejecutoria, si procede aplicar en beneficio del quejoso las reformas legales a que se hace mérito, tanto más, cuanto que, debe tomarse en consideración, lo cual por cierto es evidente, que la litis constitucional no consiste en determinar si deben o no aplicarse dichas reformas, ya que no estaban en vigor cuando se emitió la sentencia reclamada, sino establecer si la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Unitario responsable, implica la violación a algún precepto sustantivo o adjetivo de la legislación penal aplicable, vigentes cuando la propia sentencia fue emitida y, por ende, la infracción a alguna de las garantías a que se refieren los artículo 14, 16 o 20 de la Constitución Federal; ello es así por lo siguiente: El artículo 56 del Código Penal Federal establece que: ‘Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. ...’. Ahora bien, la lectura de dicho numeral lleva a concluir que si entre la comisión de un ilícito y la extinción de la pena, surge una nueva ley, deberá aplicarse retroactivamente, cuando ésta beneficie al inculpado o al sentenciado, y que tal aplicación corresponde hacerla a la autoridad que conozca del asunto; esto es, si no ha concluido el proceso, será el Juez o tribunal de apelación que conozca de él, quien pueda aplicar tal disposición legal, mientras que, si se trata de sentenciados, corresponderá al Poder Ejecutivo, encargarse de la ejecución de las sanciones, aplicar de oficio, también, la ley más favorable. En este orden de ideas, si en el caso particular, al pronunciarse la sentencia de apelación, aún no entraban en vigor las reformas del Código Penal Federal ya citadas, la retroactividad de aquéllas no es una cuestión que deba resolverse en el amparo, sino en un procedimiento diferente, toda vez que ... en la actualidad se encuentra a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a la que corresponde la ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso y, por tanto, es ante esta dependencia que debe plantearse la aplicación retroactiva de la nueva ley. Al respecto, es aplicable la tesis publicada en la página 77, Volumen 32, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘RETROACTIVIDAD EN BENEFICIO DEL ACUSADO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. OPORTUNIDAD. Si antes de entrar en vigor reformas al Código Penal, la Sala responsable al resolver la apelación interpuesta por el acusado, no tuvo oportunidad legal de aplicar la nueva ley, pues se encontraba jurídicamente imposibilitada para aplicar la reforma benéfica para el acusado, éste puede plantear a la autoridad competente la aplicación de la nueva ley.’ y, la tesis visible en la página 605, Tomo I, Segunda Parte-2, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. CASO EN QUE SU INOBSERVANCIA NO VIOLA LAS GARANTÍAS. Cuando un reo es condenado en segunda instancia por determinado ilícito, y con posterioridad el Código Penal conforme al cual se le juzgó es abrogado por entrar en vigor otro nuevo, el cual sanciona en forma más benigna el propio delito, resulta claro que el concepto de violación aducido acerca de que el tribunal responsable al sentenciar no observó el principio de retroactividad de la ley, es infundado, en razón de que, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, y de acoger la irregularidad alegada implicaría calificar los actos de ésta sobre la base de normas legales que no regían en la época en que resolvió; por consiguiente, si el acto reclamado se ajustó a las disposiciones sustantivas y adjetivas ordinarias imperantes en la fecha del fallo, debe arribarse a la conclusión de que no se infringieron las garantías individuales del reo, quien debe acudir al procedimiento idóneo ante el ejecutivo, pidiendo la conmutación de las sanciones infringidas para lograr tal finalidad.’. En conclusión y por las razones expuestas, procede concluir declarando que es el caso de negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita." (fojas 127 a 149).
Con tales precedentes integró la siguiente jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 79, julio de 1994
"Tesis: IX.1o. J/16
"Página: 63
"RETROACTIVIDAD. CUÁNDO CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. El juicio de amparo es, en esencia, un medio de defensa cuyo objeto es examinar la legalidad del acto reclamado, pues el órgano de control constitucional decide si el acto reclamado viola o no garantías individuales, y en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, no pudiéndose admitir ni tomar en consideración, las pruebas no rendidas ante dicha autoridad; así pues, sería ajeno al objeto, esencia misma del juicio de amparo, disponer que se apliquen en beneficio del quejoso, las reformas de que hubiera sido objeto la ley penal (previendo una pena más favorable al sentenciado) cuando tales reformas no estaban vigentes al emitirse la sentencia reclamada, pues la litis en el juicio de amparo consiste en decidir si la sentencia reclamada se dictó conforme a la ley penal aplicable, es decir, la ley vigente cuando sucedieron los hechos o cuando la sentencia fue emitida, siendo de advertir que conforme al artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, si entre la comisión de un delito y la extinción de la pena, surge una nueva ley, ésta deberá aplicarse retroactivamente cuando beneficie al inculpado o indiciado y corresponde hacer dicha aplicación a la autoridad que conozca del asunto; es decir, si no ha concluido el proceso, será el Juez o tribunal de apelación que conozca de él, quien aplique la nueva disposición legal, mientras que si se trata de sentenciados, la aplicación de la misma corresponderá al Poder Ejecutivo, encargado de la ejecución de las sanciones aplicar la ley más favorable.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
"Amparo directo 285/93. ... 30 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque.
"Amparo directo 365/93. ... 25 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.
"Amparo directo 399/93. ... 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.
"Amparo directo 419/93. ... 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.
"Amparo directo 116/94. ... 28 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Francisco Miguel Hernández Galindo."
De la misma manera, el Tribunal Colegiado en mención, emitió ejecutoria en el asunto del que enseguida se informan los datos respectivos:
VI
Amparo directo 658/2002. Quejosa: ... Autoridades responsables: Tribunal Unitario del Noveno Circuito, con sede en el Estado de San Luis Potosí, Juez Cuarto de Distrito en el propio Estado, como ordenadoras, y director del Centro Preventivo de Readaptación Social Número Uno de esa entidad, como ejecutora. Acto reclamado: La sentencia dictada el seis de agosto de mil novecientos noventa y tres, en el toca de apelación número 246/2002-E, y su ejecución.
Ejecutoria:
"CONSIDERANDO: V. Los conceptos de violación son infundados. En efecto, la quejosa aduce, en síntesis, que la responsable, al confirmar la sentencia de primera instancia, no estudió todos y cada uno de los agravios planteados, con los que acredita la incongruencia de la sentencia dictada por el Juez natural, en la que la condena como responsable del delito imputado, aplicando un ordenamiento legal incorrecto, además de que el tribunal responsable, en la parte final del considerando tercero, para tener por acreditada su responsabilidad se apoyó como único medio de prueba en la declaración de un testigo de cargo, insuficiente para el dictado de una sentencia condenatoria, aplicando además, un ordenamiento legal que estuvo en vigor en el momento de los hechos y que fue reformado por uno más benigno; que se debió realizar un completo estudio de los agravios, para establecer y estimar si tenían o no sustento jurídico, y solamente en el caso de que se acogieran a éste, resultaría posible proceder al estudio formal y directo de las constancias a la luz de los agravios expresados; que la responsable repite la sentencia de primer grado y posteriormente sólo intenta responder a los agravios, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Federal de Procedimientos Penales; que el artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, y sólo la permite cuando sea en beneficio del procesado o sentenciado; que si ella presuntamente cometió un delito bajo la vigencia de una ley, y posteriormente durante el proceso se promulgó una nueva que le permitía el beneficio de la libertad bajo caución, por estimarse que su conducta encuadraría en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, conforme al decreto que modifica diversas leyes de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, y con posterioridad tal ley es modificada, no debió habérsele sentenciado ni confirmado la sentencia aplicando la ley en vigor en el momento de los hechos o la actual, sino la que le concedió el beneficio de libertad y que le era más benéfica, en virtud de haber adquirido derechos al amparo de dicha ley; que se pasó por alto que durante el trámite del proceso surgió una ley más benigna, tal como se desprende del artículo 195 bis del Código Penal Federal, expedido mediante decreto de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con vigencia a partir del primero de febrero del mismo año, ley penal intermedia que le era aplicable al establecer una penalidad atenuada, dado que la ley en vigor al momento en que sucedieron los hechos, así como la vigente cuando se dictó sentencia son similares, lo que no acontece con la intermedia, que establecía que si el delito se cometía sin llegar o tener como fin una acción diversa, en el caso tratándose del transporte de marihuana, sin rebasar las cantidades que establecían las tablas del artículo 195 bis del Código Penal Federal, se aplicarían éstas; que también el tribunal responsable fue omiso en dar contestación al agravio planteado en el sentido de que operaba la prescripción ‘de la acción’, lo anterior, aplicando debidamente lo dispuesto en el ya citado artículo 195 bis del mencionado ordenamiento por ser más benigno, pues tomando en consideración y atendiendo a los kilos de enervante con que fue detenida, establecía una penalidad de tres años, cinco meses, a cuatro años, tres meses, por lo que conforme al numeral 105 del citado cuerpo de leyes, el plazo para la prescripción se contará conforme al artículo 103 de la referida codificación, a partir de que se sustraiga a la acción de la justicia y requerirá de un plazo igual al término medio aritmético de la pena para el delito de que se trate, que lo es el de cuatro años, los que transcurrieron desde el día en que se libró la orden de reaprehensión, el dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, hasta el veintinueve de junio del dos mil dos, en que fue capturada e internada; que en la sentencia condenatoria se hace una incorrecta valoración y apreciación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, al estimar que se integraba la prueba circunstancial, con base en los indicios consistentes en la declaración del agente de la policía y su confesión en el sentido de que viajaba en el autobús donde se encontró la droga; que al agente de la policía no le consta que hubiera tenido conocimiento pleno de la existencia del referido enervante, por lo que no se razonó debidamente los indicios para asignarles el valor de prueba plena; que el tribunal responsable en forma indebida suple la deficiencia a favor de la representación social federal, puesto que el pliego acusatorio es contrario a lo que ‘disponían’ los numerales 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establecen los requisitos que deben de satisfacerse en la acusación, y en el caso el fiscal adscrito en sus conclusiones, sólo se concreta a hacer una simple relación del material probatorio, y las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, sin que se advierta en las mismas una imputación directa del hecho delictivo, en virtud de que no existen elementos que de manera directa la incriminen, y que durante la secuela procesal hayan subsistido como suficientes para fincar una responsabilidad. A lo anterior debe decirse que no le asiste razón a la promovente del amparo en sus motivos de inconformidad, pues contrariamente a lo aducido por ésta, de autos aparece comprobado el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de transportación de marihuana, así como su plena responsabilidad penal en la comisión de dicho ilícito, con el parte informativo del agente de la Policía Judicial Federal ... con la declaración ministerial de la inculpada, en la que si bien manifiesta que la persona de nombre ... no la enteró del contenido de las maletas, ella ‘supuso que era marihuana’; con la fe ministerial del vegetal asegurado y el dictamen en que se determinó su naturaleza de narcótico, a que se ha hecho mención en los antecedentes que conforman el presente asunto. Por otro lado, es verdad que a la ahora quejosa se le consideró penalmente responsable del delito contra la salud en la modalidad de transportación de marihuana, previsto y sancionado por los artículos 193, fracción I y 197, fracción I, del Código Penal Federal vigente en la época en que acontecieron los hechos, sin embargo, es incorrecto que debiera de ser sentenciada al amparo de las reformas que sufrió el mencionado ordenamiento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con vigencia a partir del primero de febrero del mismo año, pues si bien el artículo 14 de la Constitución General de la República establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, en la especie no se le está dando efecto retroactivo a ninguna ley, además de que debe de tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 56 del citado cuerpo de leyes en cuanto a que ‘Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. ...’, lo que incuestionablemente lleva a la conclusión de que a toda persona se le debe sentenciar conforme a la ley vigente al suceder los hechos, y sólo que al momento del dictado de la sentencia esté vigente una nueva ley que le beneficie, debe tomarse ésta en cuenta, lo que conlleva a determinar que no puede aplicarse una ley que solamente estuvo vigente durante un lapso corto, cuya aplicación es jurídicamente imposible por estar derogada, por lo que en forma correcta el tribunal responsable se apoya en la que estaba vigente cuando se cometió el hecho delictuoso, dado que la nueva ley en vigor prevé las mismas sanciones, por lo que ningún beneficio le acarrearía su aplicación, por lo que aun cuando durante el lapso comprendido entre el momento de la comisión del delito hasta el día en que se dictó la sentencia, estuvo en vigor una pena más benéfica, el ilícito no se cometió bajo la vigencia de ésta, ni se encontraba en vigor al dictarse la sentencia definitiva, y en virtud de que las leyes únicamente rigen durante su periodo de vigencia y, por ende, solamente pueden regular los hechos que se produzcan entre la fecha de su entrada en vigor y la de su abrogación o derogación, la aplicación de una ley derogada iría en contra de los principios constitucionales de aplicación de la ley, concretamente contra el principio de validez temporal de ésta. Tampoco le asiste razón en cuanto a que manifiesta que al habérsele concedido el beneficio de la libertad provisional bajo caución bajo la ley vigente en ese momento, haya creado derecho alguno en su favor, pues ello únicamente le sirvió y benefició para el objeto de obtener su libertad temporal, sin que en tal resolución se haya precisado el delito ni las disposiciones que lo tip
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17964-447ac0ff/ley-penal-intermedia-no-puede-aplicarse-al-momento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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