TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD Y SEMILIBERTAD CONDICIONADA. AL TENER EL CARÁCTER DE PENAS, ES EL JUZGADOR QUIEN DEBE DECIDIR ESPECÍFICAMENTE, CUÁL DE LAS DOS OTORGA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones sostenidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo penal número 273/2002, el veintiocho de junio de dos mil dos, son fundamentalmente, las siguientes:
"QUINTO.- ... En cambio, supliendo la deficiencia de la queja a favor del quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que le agravia la determinación de la propia Sala, relativa a negarle, contrario a lo resuelto por el Juez a quo, el beneficio de la semilibertad condicionada, ya que, independientemente de que su otorgamiento implique la afectación de la libertad del sentenciado, a diferencia de la sustitución de la pena de prisión por trabajo a favor de la comunidad, se estima que deben otorgársele ambos beneficios, porque es a él a quien corresponde decidir a cuál de ellos se acoge de acuerdo a sus intereses, aunado a que en el nuevo Código Penal para el Estado de Guanajuato no existe disposición alguna por virtud de la cual se ordene que el otorgamiento de un determinado beneficio excluya la posibilidad de que se le conceda otro; por lo que el tribunal responsable al no llegar a dicha conclusión infringió, en perjuicio del amparista, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales."
CUARTO.-Las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo penal 470/2003, el tres de octubre de dos mil tres, sustancialmente son las siguientes:
"QUINTO.- ... Fue correcto que no se abordara el estudio del diverso beneficio de la semilibertad condicionada, atendiendo a que el artículo 49 de la legislación indicada en último término (Código Penal para el Estado de Guanajuato), dispone en forma disyuntiva que se conceda el beneficio de mérito o el relativo a la realización de trabajos a favor de la comunidad siendo por ello legal el proceder del órgano de apelación."
QUINTO.-Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Así, se tiene que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en resumen, estima que en términos del artículo 49 del Código Penal para el Estado de Guanajuato deben otorgarse, en su caso, los beneficios de trabajo en favor de la comunidad o de la semilibertad condicionada, porque es al sentenciado a quien corresponde decidir a cuál de ellos se acoge de acuerdo a sus intereses.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en esencia, considera que el numeral en cuestión dispone en forma disyuntiva que se conceda uno u otro de los beneficios en cita.
De lo expuesto se advierte:
a) Que al resolver asuntos similares puestos a su consideración, los órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica, es decir, si en términos del artículo 49, en relación con el 45 y el 48 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, cuando de acuerdo a la pena impuesta sea procedente decretar la sustitución de la misma, tanto por trabajo en favor de la comunidad como por semilibertad condicionada, debe el juzgador conceder específicamente una de dichas formas de sustitución, o puede determinar la procedencia de ambas y dejar a elección del sentenciado a cuál de ellas se acoge.
b) Que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las resoluciones respectivas.
c) Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados al ocuparse del artículo 49 del Código Penal para el Estado de Guanajuato arribaron a diferentes conclusiones.
De todo lo que se lleva dicho se llega a la conclusión de que en este caso sí existe contradicción de tesis, consistente en determinar si en términos del artículo 49, en relación con el 45 y el 48 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, cuando de acuerdo a la pena impuesta sea procedente decretar la sustitución de la misma, tanto por trabajo en favor de la comunidad como por semilibertad condicionada, debe el juzgador conceder específicamente una de dichas formas de sustitución, o puede determinar la procedencia de ambas y dejar a elección del sentenciado a cuál de ellas se acoge.
No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SEXTO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Como ya quedó establecido, la presente contradicción de tesis consiste en determinar si en términos del artículo 49, en relación con el 45 y el 48 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, cuando de acuerdo a la pena impuesta sea procedente decretar la sustitución de la misma, tanto por trabajo en favor de la comunidad como por semilibertad condicionada, debe el juzgador conceder específicamente una de dichas formas de sustitución, o puede determinar la procedencia de ambas y dejar a elección del sentenciado a cuál de ellas se acoge.
El artículo 49 en cita, señala lo siguiente:
"Artículo 49. El tribunal del conocimiento al dictar la sentencia definitiva resolverá de oficio lo relativo al trabajo en favor de la comunidad o de la semilibertad condicionada."
En cuanto a la procedencia del beneficio de trabajo a favor de la comunidad, el artículo 45 de la legislación en estudio establece:
"Artículo 45. El trabajo en favor de la comunidad como sustitutivo de la pena de prisión podrá concederlo el tribunal al sentenciado, si la que se le fije no excede de cuatro años y cumple con los siguientes requisitos:
"I. Que haya pagado la reparación del daño y la multa;
"II. Que haya observado buena conducta desde tres años antes de la comisión del delito hasta la culminación del proceso; y,
"III. Que tenga un modo honesto de vivir.
"Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad."
Y en cuanto a la semilibertad condicionada, el artículo 48 del mismo ordenamiento legal dispone:
"Artículo 48. El tribunal podrá conceder al sentenciado la semilibertad condicionada si la pena de prisión que se le fije no excede de cinco años y cumpla con los siguientes requisitos:
"I. Que haya pagado la reparación del daño y la multa;
"II. Que otorgue la caución que le sea fijada por el tribunal;
"III. Que haya observado buena conducta desde tres años antes de la comisión del delito hasta la culminación del proceso; y,
"IV. Que tenga un modo honesto de vivir."
Ahora bien, la legislación sustantiva penal en comento les da a ambas figuras la categoría de penas, según se desprende del contenido del artículo 38, fracciones II y III, cuyo texto es:
"Artículo 38. Por la comisión de los delitos descritos en el presente código sólo podrán imponerse las penas siguientes:
"...
"II. Semilibertad.
"III. Trabajo en favor de la comunidad."
Por otra parte, el artículo 100 del código en estudio, contenido en el capítulo I, "Individualización", del título cuarto "De la aplicación de las penas y medidas de seguridad", del libro primero, reza:
"Artículo 100. El tribunal fijará las sanciones y medidas de seguridad procedentes dentro de los límites señalados para cada caso y que estime justas, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad del agente, para lo que tomará en consideración:
"I. El grado de afectación al bien jurídico o del peligro a que fue expuesto;
"II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;
"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo, ocasión y los motivos del hecho realizado;
"IV. La posibilidad del agente de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma;
"V. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito;
"VI. Las demás condiciones de los sujetos activo y pasivo, en la medida en que hayan influido en la realización del delito; y,
"VII. Las demás condiciones específicas o personales del agente, siempre y cuando sean relevantes para determinar el grado de su culpabilidad y que serán tomadas en cuenta siempre que la ley no las considere específicamente como constitutivas del delito o modificadoras de la responsabilidad."
Queda claro, entonces, que si es el juzgador el que debe fijar las penas y medidas de seguridad, y tanto el trabajo en favor de la comunidad como la semilibertad tienen el carácter de penas, es evidente, en consecuencia, que es el juzgador el que debe decidir cuál de ambos sustitutivos otorgará; no pudiendo tal cuestión quedar al arbitrio del sentenciado puesto que ello sería contrario a lo dispuesto por el citado artículo 100 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, esto con independencia de que el artículo 49 señala con toda precisión que es el tribunal del conocimiento el que debe decidir respecto al otorgamiento de una u otra figura.
Similares consideraciones a las presentes han sido sostenidas por esta Primera Sala en los siguientes criterios de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VI, julio de 1997
"Tesis: 1a./J. 30/97
"Página: 98
"SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SU CONCESIÓN CONSTITUYE UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR.-De conformidad con el artículo 70 del Código Penal Federal, la pena de prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador, apreciando para ello diversas circunstancias que atienden tanto a la ejecución de la conducta ilícita como a las características propias del sujeto activo. Dicha concesión constituye una facultad discrecional, porque la actualización de la consecuencia legal prevista en la norma no requiere la satisfacción de requisitos legales fijos y específicos, sino que está en función de un juicio de valoración realizado por el juzgador en el que, apreciando las peculiaridades y condiciones del caso en concreto, determinará la procedencia de la medida citada dentro del marco de referencia previsto por la ley, el cual únicamente alude a la cuantía de la pena de prisión impuesta y al carácter primodelincuente del sentenciado tratándose de delitos dolosos perseguibles de oficio. En este sentido, su ejercicio, como acto de autoridad, únicamente deberá cumplir con las garantías de fundamentación y motivación, consagradas constitucionalmente, pero su otorgamiento no constituye un derecho exigible por el sentenciado, ya que ello dependerá del juicio realizado por el juzgador, en el que concluya que en el caso concreto la pena sustitutiva puede cumplir con la finalidad buscada por la pena privativa de libertad, en términos del artículo 18 de nuestra Carta Magna, sin que sea óbice para lo anterior el supuesto previsto en el artículo 74 del Código Penal Federal, en virtud de que tal numeral se refiere al caso en el que, actualizándose el marco de referencia aludido, el juzgador omitió realizar el juicio valorativo mencionado, lo que conllevará, mediante la interposición del incidente relativo, que dicho juzgador considere si procede o no el otorgamiento de la sustitución, pero no tendrá como consecuencia necesaria la concesión del beneficio solicitado."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, junio de 2003
"Tesis: 1a./J. 21/2003
"Página: 136
"SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE POR EL JUZGADOR, SIEMPRE Y CUANDO LA PENA NO EXCEDA DE LA PREVISTA EN LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN ESE PRECEPTO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DEMÁS PREVENCIONES ESPECIALES.-De lo previsto en el mencionado precepto, en el sentido de que la prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del propio Código Penal Federal, por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años; por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años; o por multa, si la prisión no excede de dos años, se advierte que en dicho artículo se refleja la premisa esencial del sistema penal mexicano, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en lograr una verdadera readaptación social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacidad y la educación, al establecer la figura de la sustitución de la pena privativa de libertad, por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, por tratamiento en libertad, o bien, por multa. En consecuencia, los beneficios sustitutivos de la pena de prisión pueden aplicarse en forma indistinta, por el juzgador, siempre y cuando la pena privativa de la libertad no exceda de la prevista en los supuestos que establezca el propio artículo 70, armónicamente interpretado con las demás prevenciones especiales relativas a la institución de que se trata, lo que significa que la sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio, ni a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 del citado código."
En consecuencia, el Juez del conocimiento debe determinar cuál de dichas formas de sustitución otorga, puesto que si estableciera genéricamente la procedencia de ambas, de facto sería el sentenciado el que decidiera el sustitutivo aplicable, en contra de lo señalado en el artículo 100 del Código Penal para el Estado de Guanajuato.
En estas condiciones, esta Primera Sala estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio redactado con el siguiente rubro y texto:
-El artículo 49 del Código Penal para el Estado de Guanajuato establece que al dictar sentencia definitiva, el tribunal del conocimiento resolverá lo relativo al trabajo en favor de la comunidad o la semilibertad condicionada, figuras a las que la mencionada legislación sustantiva penal les da la categoría de penas, según se desprende del contenido de su artículo 38, fracciones II y III y, por otra parte, el artículo 100 del Código citado establece que el juzgador fijará las penas y medidas de seguridad. En congruencia con lo anterior, es evidente que el órgano jurisdiccional decidirá específicamente cuál de los sustitutivos referidos otorgará, sin que tal cuestión pueda quedar al arbitrio del sentenciado, ya que ello sería contrario a lo dispuesto por el indicado artículo 100. Por lo tanto, el Juez del conocimiento determinará cuál de dichas formas de sustitución otorga, ya que si establece genéricamente la procedencia de ambas, de facto sería el sentenciado el que decidiera el sustitutivo aplicable, en contra de lo previsto en el citado artículo 100 del Código Penal para el Estado de Guanajuato.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Sexto Circuito, a que este toca se refiere.
SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en el último considerando de esta resolución.
TERCERO.-Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como al Pleno y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; cúmplase y, en su oportunidad, archívese el presente toca, como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), José Ramón Cossío Díaz y Presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18641-49eac38a/trabajo-en-favor-de-la-comunidad-y-semilibertad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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